Un pueblo cordobés de 800 habitantes será subastado casi en su totalidad, debido a una hipoteca impaga suscrita hace años con el banco español BBVA. Los vecinos pidieron tiempo para negociar, y ofrecieron como garantía su futura cosecha de aceitunas. Empero, un juez de Buenos Aires hizo caso omiso a las protestas y decidió culminar […]
Un pueblo cordobés de 800 habitantes será subastado casi en su totalidad, debido a una hipoteca impaga suscrita hace años con el banco español BBVA. Los vecinos pidieron tiempo para negociar, y ofrecieron como garantía su futura cosecha de aceitunas. Empero, un juez de Buenos Aires hizo caso omiso a las protestas y decidió culminar la demanda.
La localidad de Olivares de San Nicolás (de ella se trata) está ubicada en el departamento de Ischilín, sobre unas 9.000 hectáreas. Las tierras se hallan divididas en tres sectores denominados San José, San Nicolás y Santa Isabel. Los pobladores han construido una escuela, una comisaría, un campo de deportes y hasta una iglesia.
El caserío nació durante la década de 1930 como parte de la empresa Olivares y Viñedos San Nicolás, la mayor fuente laboral de la zona. Esa compañía cuenta con una gran plantación de olivos orgánicos, ya que posee una superficie de 1.200 hectáreas cultivadas con más de 100.000 árboles.
El jefe comunal electo, Carmen Antonio Heredia, aseguró que existe incertidumbre y preocupación entre los pobladores porque el magistrado Carlos Molina Portela ya dispuso la subasta -para el 18 de diciembre- a raíz de las deudas hipotecarias de los dueños de las tierras en las que está emplazado el poblado.
El problema jurídico se produjo porque la empresa propietaria del terreno donó 20 hectáreas al Gobierno provincial para que allí se construyeran viviendas, pero las parcelas están incluidas en la escritura de la hipoteca que ahora debe ser ejecutada.
El abogado Eduardo De Luca, que patrocina a los lugareños, explicó que el recurso que busca frenar el remate está basado en la imposibilidad del poder judicial de disponer de bienes del Estado. Incluso, algunas familias invocaron sus derechos sobre las tierras que habitan desde siempre, aunque no tengan títulos de propiedad.
Mientras el tema se resuelve en los estrados y el escándalo se esparce por todo el país, los habitantes no duermen. Ya no sienten seguro el suelo bajo sus camas.