Una organización de periodistas lanzó el miércoles una inusual batalla legal ante la Comisión Europea, para que se desclasifiquen los argumentos confidenciales que Bruselas remite a los tribunales de la Unión Europea. El Tribunal de Primera Instancia, la segunda corte de la UE, celebraba una inusual sesión de los trece jueces de la […]
Una organización de periodistas lanzó el miércoles una inusual batalla legal ante la Comisión Europea, para que se desclasifiquen los argumentos confidenciales que Bruselas remite a los tribunales de la Unión Europea.
El Tribunal de Primera Instancia, la segunda corte de la UE, celebraba una inusual sesión de los trece jueces de la Gran Sala para analizar la petición de la Asociación Internacional de la Prensa (API, con sede en Bruselas) para forzar al ejecutivo de la UE a que los documentos estén disponibles al público.
La Comisión mantiene desde hace tiempo una política de confidencialidad de todos los informes legales presentados ante el tribunal y el Tribunal Europeo de Justicia, la más alta instancia de la UE.
La API pidió a la Comisión en 2003 siete informes judiciales sobre casos que van desde decisiones de la competencia a importantes fusiones empresariales o disputas entre los estados miembros sobre pactos de viajes aéreos transatlánticos.
El Ejecutivo de la UE desclasificó dos de los documentos en casos que consideraba cerrados, pero declinó abrir los que continuaban pendientes.
Las normas de la UE dicen que las instituciones del bloque de 27 naciones deberían rechazar el acceso a los documentos si su desclasificación «minara la protección de (…) los procesos judiciales y asesoría legal (…) a menos que exista un interés público dominante en su desclasificación».
La API argumenta que la opinión pública tiene un interés dominante en conocer los puntos de vista de la Comisión y en febrero de 2004 pidió al Tribunal de Primera Instancia que ordene a la Comisión que desclasifique los documentos.
Los periodistas sostienen que el secreto les dificulta aportar una información precisa e integral de los casos judiciales.
La Comisión argumenta que proteger al tribunal de la presión pública, que teme que se genere de la publicación de los documentos, es más importante que dar a los periodistas la información.
La Comisión indica que el propio tribunal ha instruido a su registrador que se asegure de que ninguna tercera parte acceda a archivos sin el permiso del presidente de la corte, y solo después de que las partes hayan sido escuchadas.
«Las partes tienen el derecho a defender sus intereses libres de todas las influencias externas y particularmente de las influencias de parte de los miembros del público», argumentó la Comisión, según un documento judicial difundido el miércoles.
La asociación de periodistas dijo que algunos tribunales nacionales han accedido a facilitar documentos de este tipo, excluyendo secretos de negocios, y ninguno ha determinado que esto les impida dar fallos justos.