*Este artículo es el resultado de un trabajo de investigación voluntario realizado en el marco del Grao de Xornalismo (Ciencias de la Comunicación) de la USC a finales de 2019
¿No sería muy impactante que se produjesen 16 ejecuciones a diario durante 3 años consecutivos en algún país del mundo? ¿Y no sería todavía más impactante que se publicasen noticias sobre dichas ejecuciones pero sin ofrecer una información completa? Pues esto es exactamente lo que está sucediendo y lleva sucediendo por mucho tiempo en Venezuela. Hace unos meses comenzaron a publicarse noticias sobre las miles de ejecuciones extrajudiciales que se vienen produciendo en Venezuela. Tras pensar y razonar detenidamente, ambas llegamos a conclusión de que es poco probable que esto sea real. Estaríamos hablando de que aproximadamente se producirían a diario entre 8 y 16 ejecuciones. Además, no podemos hablar específicamente de cuando se iniciaron estos linchamientos -aparte de un vago ‘en los últimos tres años’-, un dato que fortaleció todavía más nuestra teoría. Hemos encontrado numerosas noticias en diferentes medios, tanto nacionales como internacionales, e incluso la encontramos recogida en el Universal, un periódico de la oposición en Venezuela.
Antes de analizar las fuentes y los pasos seguidos para producir esta noticia, nos pareció interesante establecer algunos paralelismos con el pasado y el presente.
Entre el 18 de julio de 1936 y el año 1939 se produjeron aproximadamente 11.000 desapariciones forzosas, muchas de ellas fueron ejecuciones extrajudiciales de republicanos, galleguistas o comunistas, por las cunetas y muros de los cementerios de Galicia, lo que la sabiduría popular dio en llamar paseos. Hoy, 80 años después y tras una dictadura que quiso borrar ese horror de nuestra memoria, se levantan monumentos en su honor y existen numerosas demandas de reparación.
El 31 de marzo de este año los ciudadanos de Hong Kong empezaron una protesta contra la política china de asimilación de su territorio que se saldó, a día de hoy, con un estudiante muerto durante las cargas policiales, cinco suicidios y un asesinato provocado por un civil; de todos esos casos tenemos imágenes y sobrada información, incluidas las denuncias interpuestas por vía judicial, tanto de medios de comunicación como a través de redes.
El tercer caso que queremos proponer son las protestas en Chile, que comenzaron el 18 de octubre. El 5 de noviembre se cifraban en 23 los muertos que había provocado la brutal represión de las manifestaciones y son varios los miles de mujeres que han presentado denuncias a las fuerzas del orden acusándolas de haberlas violado mientras estaban detenidas. Y de todo esto, tenemos desde una página web específica para subir las denuncias documentadas hasta imágenes de algunas de las muertes y de las detenciones.
¿Por qué de gobiernos amigos, como el de Chile, y de protestas por las que mostramos una cierta solidaridad empática, como ocurre con las manifestaciones de Hong Kong, la prensa muestra imágenes de las víctimas mortales y, sin embargo, de los 16 muertos diarios de los últimos tres años provocados por un gobierno ‘enemigo’ no tenemos ninguna imagen?
Al final de esta investigación esperamos poder responder satisfactoriamente a estas preguntas.
Las fuentes periodísticas consultadas citan como única fuente a la ONG Human Rights Watch, otro de los muchos datos que llamaron nuestra atención. ¿Pero qué es exactamente lo que señala este informe? Ya el título de este informe es bastante sospechoso pues no proporciona el número exacto de ejecuciones sino que se limita a mencionarlas. Tras leer el documento hemos sacado 4 conclusiones, de las cuáles nos gustaría destacar que todavía nadie ha recopilado información detallada sobre cuántas de estas muertes a manos de agentes de las fuerzas de seguridad han sido ejecuciones extrajudiciales.
La investigación realizada por HRW se limita a 7 personas que, para garantizar su seguridad, se mantienen en el anonimato. En todos los casos hablan testigos presenciales que vieron lo sucedido. Sin embargo, no existen fotografías ni tampoco denuncias por los asesinatos. HWR justifica esta ausencia de pruebas en el miedo a la represión pero… ¿dónde están las fotografías de los entierros? ¿Y aquellas de las lápidas de los fallecidos? No existe absolutamente ningún documento sobre los muertos. Esta sería la segunda de nuestras conclusiones. No es posible que no exista ninguna prueba que justifique lo que está sucediendo en Venezuela… Además, HRW asegura que para realizar el informe siguió uno realizado por la oficina del ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos). ACNUDH realizó una investigación exhaustiva de 20 casos de personas que fueron asesinadas entre junio de 2018 y abril de 2019. Lo curioso es que recibieron descripciones prácticamente idénticas de que agentes de las FAES dispararon y mataron a hombres jóvenes al intentar aprehenderlos en circunstancias en las que el uso de la fuerza letal no era necesario. Sin embargo, a pesar de que en el mejor de los casos se pueden contabilizar una veintena de casos (los 7 casos consultados por HRW se refieren a 4 sucesos en total) como ya mencionamos anteriormente, las cifras que se manejas en los medios de comunicación son sobre 18000 ejecuciones, un dato bastante alejado de lo que es la realidad…
A continuación intentaremos mostrar cómo se elaboraron los datos que dan cuenta de esas 18.000 ejecuciones.
Existen tres fuentes primarias: los datos ofrecidos oficialmente por el ministerio de Interior y las entrevistas realizadas tanto por diferentes ONGs (Human Rights Watch, PROVEA, Monitor de Víctimas y COFAVIC) como por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Los datos oficiales del ministerio del Interior son concluyentes: en el año 2016 se produjeron 5.995 delitos de ‘resistencia a la autoridad’, que en el año 2017 se redujeron a 4.998 casos; en total 10.993 delitos durante los años 2016 y 2017. De todas formas, y esto es importante tenerlo en cuenta, nada en la página web del ministerio puede llevar a pensar que esos 10.993 casos sean muertes… en todos los casos se habla de delitos contra la autoridad, que puede ser algo tan simple como oponer resistencia a una detención (igual que en España).
¿Qué pasó en los años 2018 y 2019, en los que no existen todavía datos oficiales?
Los datos de estos dos años, empleados tanto por la ONG Human Rights Watch como por la Oficina del ACNUDH, proceden de informes elaborados por las ONGs PROVEA, Monitor de Víctimas y COFAVIC, en los que se ofrecen los siguientes datos:
a) el informe de COFAVIC, que reporta 9.563 asesinatos en 2017-2018, no se basa en ninguna investigación, tan sólo extrapola aleatoriamente los datos del ministerio del interior;
b) el informe del Monitor de Víctimas, que reporta 256 asesinatos en Caracas en 2018, convierte las cifras de muertes en enfrentamientos con la policía por delitos relacionados con el tráfico de armas o de drogas en ejecuciones extrajudiciales;
c) el informe de PROVEA, que informa de 275 asesinatos en el primer trimestre de 2019, convierte también a las víctimas de redadas policiales relacionadas con delitos comunes en ejecuciones extrajudiciales.
No obstante, analizando los informes de las ONGs y de la Oficina del ACNUDH en busca de nombres concretos de personas asesinadas, solamente podemos llegar a sumar una veintena (no decimos un número exacto porque en algunos casos se mantiene en el anonimato el nombre del informante y tenemos la impresión de que se refieren a una única muerte).
El New York Times titulaba un artículo del 2 de septiembre “Llueven las balas en Río de Janeiro”, para informar de que desde la toma de posesión como gobernador de Río de Wilson Witzel en enero de 2019, el número de muertes de la represión de la delincuencia asciende a más de 800 personas y a lo largo del artículo hay abundante documentación gráfica de las operaciones policiales…
¿Por qué el diario Universal, que lidera la oposición mediática contra el gobierno de Maduro en la propia Venezuela, cuando el 18 de septiembre informa de las 18.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela lo hace desde su corresponsalía en Washington y tomando pie en el informe de HRW? ¿Acaso un medio como el Universal, que tiene libertad para moverse por el territorio venezolano, no puede informar en vivo y en directo de lo que está ocurriendo sobre el terreno en esos barrios en los que según el artículo la FAES ejecuta a 18 personas al día desde hace 3 años? ¿No sería la denuncia de esas ejecuciones la primera misión obligatoria para un medio? ¿Será que toda esta información está cocinada en un laboratorio mediático?
Con estas preguntas damos paso al enunciado de las conclusiones, que son de dos tipos: unas relacionadas con la propia producción de las noticias y otras, con las razones profundas que motivan la creación de esas noticias.
Después del análisis de esta noticia hay una conclusión que se nos presenta inevitablemente: la pérdida de credibilidad de la ONG Human Rights Watch, que elabora un informe de conclusiones, que se corresponde con el redactado por la Oficina del ACNUDH, sin trabajar sobre el terreno y sin contrastar fuentes de los informantes primarios.
En relación con esa conclusión, llegamos a una segunda consecuencia relacionada con la primera: la pérdida de credibilidad de los medios que reproducen una información que les llega de fuentes externas sin someterla a la más mínima crítica tal y como nosotras hemos procedido, ya no digamos a un trabajo sobre el terreno, que puede ser más complicada para un periodista que puede estar en una redacción situada a varios miles de kilómetros de Venezuela.
Como acabamos de señalar, tiene que haber algún motivo profundo que justifique el descrédito al que se exponen los medios analizados y la ONG Human Rights Watch.
Después de analizar objetivamente la situación en Venezuela: bloqueo internacional que ha provocado el desabastecimiento de la población, injerencia política de EEUU y la UE en los asuntos internos del país, libertad de prensa reconocida incluso por la ONG Reporteros Sin Fronteras…, apoyo mayoritario de la población…, creemos que este puede ser el motivo profundo: atacar al gobierno de Venezuela, quizás porque usa los recursos naturales del país para sacar a la población de la pobreza: ¡un mal ejemplo para un mundo en el que aumentan las desigualdades y los ricos son cada vez más ricos!
Por eso creemos que estamos ante una estrategia global, de guerra de cuarta generación, donde el bloqueo económico juega un papel, el asedio militar otro, la oposición política otro y los medios de comunicación otro, compartiendo un objetivo común: ¡derrocar un gobierno que rige los destinos de un país que ‘flota’ sobre la mayor reserva de petróleo del planeta!