La Justicia jujeña decidió la prórroga extraordinaria de la preventiva en plena feria judicial y sin notificar a la dirigente social. La defensa de la líder de la Tupac Amaru advirtió sobre la arbitrariedad y el carácter persecutorio de la decisión.
Tras el fallido megaoperativo con 21 allanamientos simultáneos en busca de pruebas contra la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, en el marco de la causa abierta en su contra por supuesta asociación ilícita y «lavado de activos», el Poder Judicial jujeño ordenó en plena feria una prórroga extraordinaria de la prisión preventiva de Sala por un año más. La orden llega a 21 días de que se cumplan dos años de su detención y sin previo aviso a la defensa de la dirigente social, que tampoco fue notificada de los allanamientos realizados el jueves.
«Tomaron esta decisión sin siquiera correr vista a la defensa, lo que conlleva una violación de la igualdad de partes que debe regir el proceso penal. El fundamento central de la prórroga es que la defensa presentó innumerables recursos y nulidades, pero esto carece de sentido porque todas las presentaciones se realizaron en el marco del legítimo derecho a la defensa, que es un derecho constitucional», advirtieron los abogados de Sala a través de un comunicado.
Según el propio Poder Judicial de la provincia gobernada por el radical Gerardo Morales, la Sala Penal de Feria, integrada por María Silvia Bernal, José Manuel del Campo y la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Clara Langhe de Falcone, los recursos presentados por la defensa de Sala son «claras dilaciones procesales». Además invocaron «la complejidad del delito investigado, la sospecha del riesgo de alteración o destrucción de pruebas y la necesidad ineludible de protección de las víctimas o denunciantes, que aún deberán declarar en el juicio».
La Sala de Feria coincidió así con los argumentos del fiscal Diego Cussel y decidió extender por un año más la preventiva de Sala, a pesar de que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ya dictaminó que se trata de una «detención arbitraria» y ordenó en octubre de 2016 que el Estado nacional tome las acciones necesarias para la «liberación inmediata», decisión que la Casa Rosada delegó en la provincia.
«El argumento de ‘la complejidad’ de la causa no es válido para prolongar una medida de excepción como la prisión preventiva. De ningún modo han especificado cuáles son las ‘complejidades’ invocadas, ni valoran la calificación de su detención como arbitraria realizada por el Grupo de Trabajo de la ONU, que fue refrendada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)», denunciaron los abogados de la dirigente social, quienes también resaltaron que «los argumentos vinculados con la supuesta intimidación de testigos tampoco ha sido probada en ninguna instancia».
En cuanto a los allanamientos y en particular el realizado en la casa de la titular de la Tupac Amaru, el abogado Marcos Aldazábal los definió como parte del «montaje de un show mediático». Es más, señaló que no se encontró nada y «terminaron llevándose papeles y facturas de servicios que no tienen ningún valor jurídico y que no tienen que ver con nada». En cuanto a las excavaciones, Aldazábal dijo que las realizaron en «una zona en que todo el año está tapada por agua, con lo cual es imposible que encontraran algo».
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/87363-una-persecucion-perpetua