El control financiero y político del Estado gravita sobre la búsqueda de una televisión de servicio público en Venezuela, propósito anunciado por el gobierno de Hugo Chávez. «¿Cómo hará el gobierno para no influenciar los medios que financie y cómo harían éstos para no ser progubernamentales?», clamó en forma de pregunta a IPS Maryclen Stelling, […]
El control financiero y político del Estado gravita sobre la búsqueda de una televisión de servicio público en Venezuela, propósito anunciado por el gobierno de Hugo Chávez.
«¿Cómo hará el gobierno para no influenciar los medios que financie y cómo harían éstos para no ser progubernamentales?», clamó en forma de pregunta a IPS Maryclen Stelling, socióloga y docente de la Universidad Católica Andrés Bello.
«No tenemos medios de servicio público, en poder de los ciudadanos y que los defiendan, sino al servicio del gobierno o de la oposición», destacó Stelling, coordinadora del no gubernamental Observatorio Global de Medios. «La marca es el desequilibrio», sentenció.
Un estudio todavía inédito del Observatorio sobre las televisoras venezolanas medidas con un índice de equilibrio de 1 a 9, «las mostró a todas reprobadas, con un índice por debajo de 4,5 puntos, y las de peor comportamiento fueron RCTV y VTV», dijo Stelling.
RCTV es Radio Caracas TV, una compañía privada que desde 1953 opera la señal Canal 2 de televisión abierta, a la cual Chávez ordenó no renovar la licencia a partir de mayo, acusándola de «golpista». VTV, Venezolana de Televisión, que ocupa el Canal 8, es la televisora gubernamental.
«No han sido medios para la información veraz, multidimensional y plural, sino al servicio de una fuerza y en contra de otra, en medio de la batalla política que se ha librado en Venezuela en los últimos 8 o 10 años», remarcó Stelling, para quien «los medios privados entraron en batalla ocupando espacios de los partidos políticos».
Empresarios privados tienen el 78% de las estaciones de televisión VHF de toda Venezuela, según el ministro de Telecomunicaciones, Jesse Chacón, en tanto el 22% son del Estado. En UHF son privadas el 82%, estatales 7% y comunitarias 11%.
De las estaciones AM de radio, el sector privado tiene el 77%y el estatal el 23%, mientras que de las FM los privados tienen el 68%, los comunitarios el 24% y el Estado maneja el 8%, indicó el ministro.
Chacón dijo que «debemos darle a los venezolanos un canal de TV de servicio público. Es un mandato constitucional y entrará en operaciones este año», y comentó que «ojalá los venezolanos pudiéramos tener algo parecido a la BBC británica».
Según Marcelino Bisbal, director de posgrados en Comunicación de la Universidad Católica, hasta septiembre de 2006 el Estado tenía el control de cuatro televisoras de alcance nacional, más Telesur (el canal satelital de los gobiernos de Argentina, Cuba, Uruguay y Venezuela) y de 18 televisoras comunitarias.
Bisbal suma además el control de la Radio Nacional, la radio YVKE y 143 emisoras comunitarias, una agencia de noticias y 73 periódicos, comunitarios en su mayoría.
Las radios y televisoras comunitarias reciben apoyo técnico y financiero del Estado para su instalación. Una revisión de sus pautas publicitarias y las de numerosos impresos comunitarios muestra el sostén indirecto, a menudo casi único, de las partidas de publicidad del sector público.
Para Bisbal «los sucesos de 2002 (un breve golpe de Estado y una larga huelga petrolera) desataron la necesidad de que el gobierno se dotara de una plataforma mediática que fuera capaz de hacer frente al paisaje de medios privados».
El anuncio de que se abrirá una radio y televisión de servicio público lo hizo Chacón el 26 de enero al explicar el destino que tendrá después de mayo la señal del Canal 2.
«Queremos lograr la ruptura del esquema según el cual quien tiene el medio tenga el mensaje, y que en cambio se entreguen segmentos de programación a productores independientes, productores comunitarios o alternativos y también privados, como la gente que produce novelas», dijo Chacón.
El ministro se abstuvo de explicar razones para destinar a la futura TV de servicio público el Canal 2, que era privado, y no algunos de los que ya están en manos del Estado. Un modelo deseado, insistió, «es el europeo, de televisión de servicio y no de lucro».
Óscar Lucien, del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central, criticó al gobierno por «desnaturalizar reales y sentidas expectativas ciudadanas, usurpándolas y colocándolas al servicio de un proyecto personalista y autocrático».
«¿Quién puede negar que durante muchos años sectores importantes de la sociedad han manifestado un reclamo justo y legítimo por contar con una mejor calidad de los medios radioeléctricos, en particular de la televisión?», se preguntó Lucien.
Pero esa aspiración «se tergiversa y manipula para arbitrariamente cerrar un canal que mantiene una línea editorial contraria al gobierno», agregó Lucien, un comunicólogo y columnista de prensa ubicado en las trincheras de oposición.
Para el teórico de la comunicación Antonio Pasquali, autor del clásico «Comunicación y cultura de masas», en Venezuela «vivimos el síndrome de las Malvinas, el de las guerras en principio justas pero libradas por un contrincante indigno con armas, principios y fines equivocados, y el caso de RCTV es típico al respecto».
El experto recoge así el argumento de que el cierre de RCTV es una represalia política por su línea opositora, expuesto por la empresa, gremios empresariales y de prensa, políticos de oposición, organizaciones internacionales de derechos humanos e incluso por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza.
Otras televisoras privadas de línea opositora durante los sucesos de 2002, como Televen y Venevisión, esta última del magnate de las comunicaciones Gustavo Cisneros, dieron luego marcados giros en su línea editorial, pero no RCTV ni Globovisión, un canal de 24 horas de información que es blanco frecuente de las críticas del oficialismo.
Mientras el gobierno realiza reuniones con productores audiovisuales independientes o agrupados en cooperativas para estudiar la futura programación del Canal 2, el presidente Chávez insistió en que «aunque chillen cuanto quieran, no renovaremos la concesión a ese canal golpista que se llamó RCTV».