«(…) bajo las condiciones existentes, los capitalistas privados inevitablemente controlan, directamente o indirectamente, las fuentes principales de información (prensa, radio, educación). Es así extremadamente difícil, y de hecho en la mayoría de los casos absolutamente imposible, para el ciudadano individual obtener conclusiones objetivas y hacer un uso inteligente de sus derechos políticos.»(Albert Einstein, ¿Por qué […]
«(…) bajo las condiciones existentes, los capitalistas privados inevitablemente controlan, directamente o indirectamente, las fuentes principales de información (prensa, radio, educación). Es así extremadamente difícil, y de hecho en la mayoría de los casos absolutamente imposible, para el ciudadano individual obtener conclusiones objetivas y hacer un uso inteligente de sus derechos políticos.»
(Albert Einstein, ¿Por qué socialismo? Artículo publicado en Monthly Review, Nueva York, mayo de 1949)
La observación citada del genial Albert Einstein fue confirmada casi cuarenta años después en el Plan Estratégico 1996-2001 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO), el cual advertía que si la concentración de la información, la comunicación y el soporte técnico quedaban en pocas manos, se resentiría seriamente la democracia en el mundo. La propiedad de los medios de comunicación masiva se ha reducido significativamente en el mundo en estos diez años, lo que ha traído como consecuencia el aumento de la concentración de la información por la monopolización de la propiedad.
Dicha concentración PERMITE de HECHO que los derechos de expresión de todos y todas consagrados en el Artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos y el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sean ejercidos sólo por los propietarios de los medios y sus empleados obedientes, quienes agrupados en asociaciones gremiales justifican y mantienen por ser empresas comerciales la utilización de la información como una MERCANCÍA al servicio de una visión unilateral de organización de la sociedad, el capitalismo, porque les produce enormes ganancias.
Información y opinión: derechos de todos y todas
En Venezuela los derechos expresión, opinión, información y a estar informados están establecidos en consonancia con el espíritu del Artículo 1° de la Declaración de los Derechos Humanos que señala: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.» La defensa del gobierno venezolano de la igualdad en el ejercicio de estos derechos de TODOS y TODAS, que son indivisibles y complementarios y no de un grupo que concentre la propiedad de los medios, le ha ocasionado y seguirá ocasionando constantes acusaciones de ser una amenaza para el hemisferio, por parte de la administración de Estados Unidos y de algunos medios nacionales que manipulan, tergiversan y ocultan la verdadera información.
Prueba de la prepotencia de los dueños de los medios, de mantener un sistema en el cual sus opiniones son presentadas como «la verdad» o la «información» son los ejemplos que se citan a continuación, en los cuales SE CONFUNDE OPINIÓN CON INFORMACIÓN y se conculcan abiertamente los derechos de todos y todas establecidos en la Constitución Nacional, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos Humanos.
En el marco del «Día Internacional de la Libertad de Prensa«, apoyándose en los «opinadores de oficio» y en presuntos «analistas» los medios repiten, la misma vieja historia, según la cual, la libertad de prensa es una especie de «poder supraconstitucional» que sólo reconoce su propia Ley.
Un «poder» por cuya causa los Estados estarían obligados a concederles inmunidad e impunidad para que puedan atentar libérrimamente contra la institucionalidad democrática, una concesión extensiva a sus cultores, es decir, a periodistas, a los dueños de los medios e incluso a las asociaciones gremiales como la inefable Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), para que no puedan ser objeto de la acción de la justicia ordinaria, aún cuando estén incursos en delitos de injuria o difamación cuyas demandas han sido accionadas por particulares y no por el gobierno como reiteradamente se quiere hacer ver ante la opinión pública.
La manipulación de un oficio garantiza la impunidad
Las y los periodistas junto a algunos medios que acusan al gobierno de agresión, intimidación o de aplicar «restricciones legales» a la libertad de expresión, son los mismos que públicamente participaron en el Golpe de Estado en abril de 2002. Son célebres los documentos en prensa y los programas de televisión y radio, donde revelan su participación en dicho Golpe; en el sabotaje petrolero durante 63 días en diciembre 2002 y enero y febrero de 2003; y en la violencia callejera (guarimba).
Los medios empleando como arma el «sicariato moral» de funcionarios e instituciones públicas, juzgan a priori, dejando entrever y en algunos casos, señalando de forma directa -sin elementos probatorios- que el responsable de cualquier crimen es el gobierno bolivariano, llegando al extremo de acusar directamente al Presidente de la República Hugo Chávez.
Los escenarios del teatro mediático
Se trata de la permanente puesta en escena del gran teatro mediático imperial, cuyos acólitos actores financiados por la National Endowment for Democracy (NED) son adiestrados en el aprendizaje de los libretos escritos por la Central Intelligence Agency (CIA) y el Departamento de Estado para irrumpir luego en los medios de difusión con matrices de opinión que convierten a las víctimas en victimarios y a estos últimos en víctimas, una práctica que justifica intervenciones o ataques según la doctrina de la «guerra preventiva» y que sirve para consolidar un nueva jurisdicción, es decir, la «justicia mediática«. (Pulse aquí)
Esta justicia patrocinada por los «halcones» de la Casa Blanca, solo juzga la libertad de expresión en función de los intereses de los dueños de los medios, de los «periodistas palangristas» -ambos siervos imperialistas- y discrimina, segregando y negando de plano el derecho a la información y de opinión del pueblo, pues este derecho es sólo para aquellos que alcanzan el beneplácito de ser reconocidos por el imperio y sus cipayos como miembros de la «sociedad civil».
Inmunidad para delinquir
A propósito del Día Internacional de la Prensa diversas organizaciones y personeros sesgadamente han formulado críticas a lo que ellos han denominado: «acoso judicial»; «censura»; «limitaciones a la libertad»; «restricciones a periodistas»; «intimidación», «hostigamientos verbal», «ataques» entre otros que acompañados con cifras igualmente sesgadas sirven para la apoyar la sistemática campaña de Washington contra Venezuela.
Dicha campaña queda evidenciada cuando la Secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, en una nueva agresión a los asuntos internos de Venezuela afirmó que: »en Venezuela, la mezcla de nuevas leyes sobre la difamación y el contenido de los medios de comunicación, el hostigamiento legal a periodistas y la intimidación física, tuvieron como resultado limitaciones a la libertad de prensa y un clima de autocensura».
Contrariamente a lo expresado por la Secretaria de Estado, en la República Bolivariana de Venezuela existe plena libertad de expresión e información que son garantizados por la Carta Magna en los artículos 57º y 58º, el primero de ellos establece la libertad de expresión acompañada por la plena responsabilidad que debe asumir quien haga uso de este derecho, es decir, la responsabilidad ulterior. «Artículo 57: Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.»
Mientras que el segundo artículo arriba señalado, no sólo reafirma el derecho a la información veraz, oportuna y sin censura sino que dispone la replica y rectificación de la información inexacta. «Artículo 58: La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.»
Los que delinquen escudándose en la libertad de expresión
Ibeyise Pacheco, Marianela Salazar y José Ovidio Rodríguez (Napoleón Bravo) son, entre otras, las figuras más notorias sobre las cuales se ha diseñado la estrategia que presenta como cierta la presunta amenaza a la libertad de expresión por parte del gobierno. Sin embargo, la periodista Ibeyise Pacheco fue condenada por el Poder Judicial a través de un tribunal (no por el Poder Ejecutivo) a nueve meses de prisión por la comisión del delito de difamación agravada continuada. Se trató de una acusación privada introducida por el coronel del Ejército Ángel Bellorín.
El citado oficial, informó que en el año 2002, la mencionada periodista publicó en su columna que él había cambiado una calificación en la Universidad Santa María, así como también en su hoja de servicio del Ejército. Ante ese hecho él envió a la periodista los documentos que probaban la falsedad de tales acusaciones, pero la periodista jamás rectificó, en razón de lo cual él decidió demandarla penalmente el 22 de mayo de 2002. Agregó Bellorín, que la periodista solo se dignó a presentarse ante el tribunal transcurridos 414 días (el 10 de julio de 2003) de introducida la demanda.
La propia periodista leyó un comunicado el 09 de febrero (Pulse aquí para ver la nota sobre este comunicado) desde el Palacio de Justicia en Caracas, en el cual manifestó públicamente sus disculpas al Coronel Ángel Bellorín, retirando los señalamientos efectuados contra este oficial, a quien acusó en un medio de difusión comercial en 2001, de no poseer méritos para su ascenso militar, ni para detentar el titulo de abogado. Un caso que evidencia como una acción privada se le quiere falsificar endilgándosela al gobierno.
Por su parte, Marianela Salazar confirmó en su columna del 3 de mayo de 2006 que es suya la voz empleada en los videos denominados «Venezuela una amenaza real» cuyo contenido son un claro ejemplo de la matriz de opinión que se construye en los EEUU para propiciar su intervención en Venezuela. (Pulse aquí para verlos). Pero además la periodista enfrenta un juicio por el delito de calumnia contra el actual Vicepresidente Ejecutivo, José Vicente Rangel y el gobernador del Estado Miranda, Diosdado Cabello. A estos funcionarios la periodista los acusó según un escrito realizado en el año 2003 de haber cometido irregularidades en el desempeño de sus funciones, realizando negociaciones para la compra de radares.
La Responsabilidad social en radio televisión vs. Licencia para difamar
Los medios de difusión comerciales han manifestado su rechazo a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (pulse aquí), un texto legal que establece entre otras cosas, restricciones para la difusión de la publicidad (alcohol, tabaco, drogas, violencia y sexo explícito) y de programas que atenten contra la formación psicológica, afectiva y educativa de la niñez y de la juventud.
De igual manera, dicha Ley señala en varios de sus artículos (5º,6º, 7º, 8º 9º, 12º, 13º y 14º) la obligación de las emisoras radiales y televisivas de ofrecer una programación cultural, donde se resalten los valores propios de la nación venezolana, asegurando la participación ciudadana y la contraloría social de las usuarias y usuarios. En ningún caso esta Ley establece censura previa, al contrario, ratifica los derechos a la libertad de expresión e información, acompañándolos del principio de responsabilidad ulterior dispuestos en la Constitución Nacional.
En Venezuela al mejor modo estilo de «James Bond» personaje de ficción que encarna al agente 007 en las películas inspiradas en la obra del escritor ingles Ian Lancaster Fleming, los periodistas ejercen, sin freno o medida alguna, una muy particular licencia para difamar y que Martín Guédez define así: «Devenidos en novísimos señores feudales a consecuencia de la protección política que reciben de los grandes centros de poder mundial, no sólo expresan su opinión, por alocada y agresiva que esta sea, sino qué, la emprenden contra objetivos personales hasta no dejar títere con cabeza, o reputación y buen nombre sucios, siempre que esto contribuya a dar fiel cumplimiento al plan general desestabilizador detrás del cual se mueven como perros de presa y por el que cobran». (Pulse Aquí para leer artículo completo de Martín Guédez)
Nota: Para mayor información acerca del tratamiento mediático en Venezuela pulse aquí: (1), (2), (3) (4) , (5) , (6) y (7)