El Congreso de EEUU eximió al Departamento de Defensa de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA), desde que en diciembre de 2005, se aprobó la Ley de Autorización de Defensa 2006 que otorga inmunidad total a «los archivos operacionales’ de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, en inglés) […]
El Congreso de EEUU eximió al Departamento de Defensa de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA), desde que en diciembre de 2005, se aprobó la Ley de Autorización de Defensa 2006 que otorga inmunidad total a «los archivos operacionales’ de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, en inglés) que sean requeridos invocando la FOIA, el principal mecanismo que ha permitido el acceso de los ciudadanos y organizaciones a los documentos secretos federales.
La FOIA otorgaba acceso a las fuentes de información gubernamentales a los llamados grupos ‘perro-guardián’ de la sociedad estadounidense, es decir organizaciones de derechos humanos y civiles como la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) que en 2005 consiguió documentos oficiales de 44 autopsias realizadas en Afganistán e Irak a prisioneros asesinados por torturas durante interrogatorios (Ver Proyecto Censurado Nº 7). La nueva legislación autoriza a la DIA a frustrar el acceso a los archivos que puedan revelar violaciones a los derechos humanos argumentando los esfuerzos del gobierno en su lucha contra «el terrorismo».
La reforma legal pudo, por ejemplo, frustrar el trabajo de la ACLU y de otras organizaciones que han recurrido a la FOIA para desclasificar más de 30.000 documentos que involucran a las diferentes ramas de fuerzas armadas estadounidenses en torturas y maltratos de detenidos extranjeros en Afganistán, Bahía de Guantánamo e Irak, incluido el escándalo de Abu Ghraib.
Numerosos documentos secretos clave salieron a la superficie en investigaciones originadas en los archivos de la DIA realizadas por organizaciones como la ACLU, incluso un memorándum de 2004 que contiene evidencia de brutales interrogatorios militares norteamericanos a los detenidos en Bagdad, así como un informe oficial que describe el abuso contra los detenidos iraquíes como violaciones de la ley internacional de derechos humanos.
De acuerdo a Jameel Jaffer, un abogado de la ACLU que ha participado en las investigaciones sobre las continuas torturas, «si la Agencia de Inteligencia de la Defensa puede confiar en una excepción o exención de la FOIA, entonces documentos como aquéllos que obtuvimos esta última vez no se pondrán hacer públicos en absoluto». El resultado final de tal exención, dijo en The New Standard, es que «muy probablemente tendrán lugar más abusos, porque no habrá vigilancia pública sobre las actividades de la Agencia de Inteligencia de la Defensa».
Jaffer agregó que debido a que la DIA dirige investigaciones encargadas a otras agencias de seguridad nacional relacionadas, los documentos protegidos por la exención también podrían contener evidencia crítica de cómo operan otras ramas militares.
La ACLU batalló recientemente contra la norma de exención FOIA de la CIA, en un pleito contra el esfuerzo de la agencia por retener información que involucra supuestos abusos contra detenidos iraquíes. La defensa de la CIA se centró en la invocación de la exención de la FOIA y, aunque un juez federal finalmente atropelló la regla, Jaffer citó el caso como evidencia de ‘exepción resbaladiza’, un estiramiento gradual de la ley para extender a todas las agencias federales el escudo protector del escrutinio público.
Según el lenguaje de la Ley de Autorización de Defensa, un archivo operacional puede ser cualquier información relacionada con «la conducta de operaciones de inteligencia extranjera o contrainteligencia o inteligencia o arreglos de enlace de seguridad o la información intercambiada con los gobiernos extranjeros o con sus servicios de inteligencia o seguridad».
Los críticos advierten que un lenguaje tan vago equivale a una luz verde para que la DIA frustre, sin la justificación apropiada, una amplia gama de demandas legítimas de información. Steven Aftergood, director de la organización de investigación Proyecto sobre el Secreto Gubernamental, advirtió: «Si se desploma la categoría de ‘archivos operacionales’ sería el final antes de empezar».
Thomas Blanton, director del proyecto Archivo de Seguridad Nacional, de la Universidad George Washington, agregó: «Estas exenciones crean un agujero negro para que la burocracia pueda manejar casi cualquier tipo de información que desee. Y usted puede apostar a que la DIA y otros querrían esconder la información estilo Guantánamo y Abu Ghraib.
La Asociación de Periódicos de EEUU informó que gracias a los esfuerzos del lobby de la Iniciativa de Transparencia y de otras defensoras del gobierno abierto, los negociadores del Congreso impusieron una fecha sin precedente de de dos años para el ‘ocaso’ de la exención de la FOIA a favor del Pentágono, terminando en 2007.
Actualización de Michelle Chen
La Agencia de Inteligencia de la Defensa, brazo de inteligencia del Ministerio o Departamento de Defensa, ha sido una fuente para la información crítica sobre las operaciones extranjeras del Pentágono, así como para las observaciones de la DIA sobre la conducta de otras ramas de las fuerzas armadas. Su demanda de inmunidad ante la Ley de Libertad de Información del año pasado no fue el primer esfuerzo por acorazar sus datos ante el grueso público, pero llegó en un momento en que el fervor contra el anti-terrorismo-gubernamental estaba subiendo la cresta.
Los grupos que propician el gobierno abierto advierten que el pedido de exención de la FOIA, de lo que ya disfruta la Agencia de Central de Inteligencia, terminaría cerrando un cauce mayor para la información en una burocracia gubernamental que habla enigmáticamente con las barreras formales e informales del secreto. La demanda del Pentágono alarmó a los grupos como la ACLU, que ha confiado pesadamente en tales datos para construir los casos respecto a la tortura y abuso de detenidos en Irak.
(http://www.aclu.org/torturefoia/released/042005).
Desde que fue publicado mi artículo, ya fue aprobado el texto de la propuesta para el presupuesto de Departamento de Defensa del año fiscal 2006. (La versión pública de la propuesta puede leerse aquí, en el website de GPO, enterrada en la página 472:
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-
bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_bills&docid=f:s1042pp.txt.pdf.).
La reforma se refiere específicamente a la inmunidad de ‘archivos operacionales’, aunque esto se define un poco ambiguamente.
Otro desarrollo en esta vertiente del problema durante el último año fue que el secretismo y la recolección de inteligencia se han trocado en un álgido problema político doméstico. Como resultado, la atención pública prestada al retroceso gradual en las leyes sobre transparencia, o de gobierno abierto, está empezando a encender alguna acción en el Congreso y los informes de investigadores, no simplemente describiendo la información secreta ‘per se’ sino también las nuevas categorías cuasi-clasificadas que han emergido desde el 11 de septiembre (http://www.fas.org/sgp/congress/2006/index.html).
Temprano este año, el Pentágono iniciaba una revisión amplia en todo el ministerio de Defensa sobre las prácticas FOIA, aunque se ignora si esta evaluación interna conducirá a cambios reales sobre cómo se descubre la información o se resguarda de la esfera pública. http://www.defenselink.mil/pubs/foi/DoD_FOIA_Review.pdf).
Para más información sobre este problema, vea:
Proyecto de Secretismo Gubernamental, grupo ‘perro-guardián’ animado por la Federación de Científicos de EEUU:
http://www.fas.org/sgp/congress/2006/index.html
Los Archivos de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington mantienen -on line- una extensa colección de documentos FOIA y ha emitido numerosos informes y estudios sobre el secreto gubernamental y políticas de FOIA: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/foia.html
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Fuentes
– New Standard, May 6, 2005
Title: «Pentagon Seeks Greater Immunity from Freedom of Information»
Author: Michelle Chen
– Newspaper Association of America website, posted December 2005
Title: «FOIA Exemption Granted to Federal Agency»
Community Evaluator: Tim Ogburn
Student Researcher: Rachelle Cooper and Brian Murphy
Autores fuente
– Michelle Chen pertenece al equipo de reporteros del diario The NewStandard. Involucrada con los medios independientes por más de una década, escribe, trabaja y actúa en la ciudad de New York. También ha escrito para ¡Extra!, suplemento!, Legal Affairs e Inthefray.com. Algunos de sus trabajos pueden verse (en inglés) en el NewStandard:
http://newstandardnews.net/content/index.cfm/action/show_contributor_bio/contributorID/305
– La Newspaper Association of America, NAA (Asociación de Diarios de América) se define como una organización sin fines de lucro que representa a 2.000 periódicos de EEUU y Canadá, el 90% de circulación diaria, una industria periodística que totaliza 55 mil millones de dólares. Su sitio web: http://www.naa.org/.
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*) Proyecto Censurado (Project Censored) es un programa a cargo del profesor de sociología Peter Phillips, de la Universidad Sonoma State de California, que desde hace 30 años emite un estudio anual sobre las 25 grandes noticias «top» ocultadas por la gran prensa de EEUU. Estas «25 historias top» sobre grandes temas sustraídos del debate periodístico ofrecen una radiografía actualizada de la sociedad estadounidense y la política exterior de EEUU, cuyo conocimiento permite comprender mejor los designios del imperio. Los textos completos pueden verse (en inglés) en http://www.projectcensored.org/censored_2007/index.htm#1.
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Traducido para Argenpress por Ernesto Carmona