Los gremios docentes agrupados en la CGT convocaron a una nueva medida de fuerza, frente al estado de vulnerabilidad que atraviesa el sector. Además, el lunes ratificaron su adhesión los titulares de CTERA.
El martes 21 los representantes sindicales se reunieron con el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, en la sede de la central obrera, para dar a conocer en conferencia de prensa el alcance de la medida.
A través de un comunicado, los sindicatos docentes le exigen al Gobierno la urgente apertura de una paritaria nacional y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el cual implica entre un 10 o 20% adicional en el salario.
Por otra parte, enfatizan en la necesidad de incrementar el presupuesto para la educación tanto en escuelas como universidades públicas, y también aquellos espacios como comedores o programas educativos.
Además, exigen que no se modifiquen los regímenes jubilatorios de los docentes nacionales y provinciales, y que se frene el traspaso de las cajas provinciales a la Nación, entre otros puntos.
En este marco, el próximo jueves los trabajadores de CTERA también se movilizarán hacia el Congreso para exigir tanto la restitución del FONID como el tratamiento del financiamiento universitario.
Paro universitario
Tras un mes sin respuestas del gobierno luego de la marcha universitaria, el Frente Sindical Universitario definió profundizar el Plan de Lucha con una Jornada de Protesta el miércoles 22 de mayo y un Paro Nacional Universitario el 23 de mayo al cumplirse exactamente un mes de la histórica movilización en Defensa de la Universidad Pública. La medida fue tomada por la totalidad de las federaciones docentes y no docentes del país, reunidas la tarde del miércoles 15 de mayo en la sede de CONADU.
«Las medidas de fuerza son una respuesta a la actitud diletante del gobierno. Pasó un mes de una movilización histórica en defensa de la universidad y el gobierno juega al avestruz escondiendo la cabeza frente a la realidad. A eso se suma la provocación que representa el anuncio unilateral de un acuerdo con la UBA por los gastos de funcionamiento, dejando afuera a 170.000 docentes, 50.000 no docentes y a las universidades del resto del país. Nadie se salva solo. Hay que destacar que muchos de esos son docentes y no docentes de la propia UBA que siguen sin respuesta con una inflación que supera el 70% desde que asumió Milei», expresó Federico Montero, Secretario de Organización de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universidades.
«Los docentes de la UBA confiamos en que las autoridades de la UBA van a apoyar las medidas de fuerza que resolvieron las federaciones docentes y no docentes. No vamos a caer en la trampa que nos plantea el gobierno de enfrentar la situación de los docentes y no docentes de la UBA con las autoridades. Pero tampoco vamos a aceptar que se dé por superada la emergencia mientras la universidad se sostiene sobre el esfuerzo y el bolsillo de los trabajadores» señaló Pablo Perazzi, Secretario General de FEDUBA, el gremio que representa a los docentes e investigadores de la UBA.
El Frente Sindical también resolvió apoyar las resoluciones de la asamblea convocada por organismos de Derechos Humanos, sindicatos y movimientos sociales en el sentido de movilizar contra la sanción de la llamada «Ley Bases» el día que se trate en el Senado de la Nación. «Vemos con preocupación que haya sectores de la política que evalúen apoyar parcialmente la Ley Bases a cambio de un supuesto financiamiento para la universidad pública. La idea de una universidad para unos pocos privilegiados en un país que se hunde en la pobreza es una aberración que no vamos a acompañar», señaló Montero.
En un reciente estudio de la CONADU, se demuestra que para todo el año 2024 las universidades tienen asignado un presupuesto igual al presupuesto ejecutado en 2023. Para tener el mismo poder adquisitivo que en 2023, el presupuesto debería ser hoy de $5.084.012 millones. Pero es de $1.415.919 millones. El ajuste que se ha producido, entonces, llega al 72%. Es la “licuación” que festeja Milei.
En el aspecto salarial, el mismo estudio subraya que el 90% del presupuesto universitario lo conforman los salarios de docentes y no docentes, que han perdido el 30% de su capacidad adquisitiva. El Secretario Torrendell miente cuando dice que los salarios “se siguen incrementando al calor de los aumentos mensuales”. Incrementar los salarios por debajo de la inflación no es aumentarlos: es reducirlos.
Está pasando en las universidades algo que no sucedía desde hace más de 20 años: hay docentes por debajo de la línea de pobreza. Por ejemplo: la categoría Ayudante con dedicación semiexclusiva (20 horas) queda por debajo de la media canasta básica. Los salarios de bolsillo de más de la mitad de los cargos docentes universitarios no superan hoy la canasta que define la línea de pobreza.
Diputados: aprobaron un ultimátum al Gobierno por el presupuesto universitario
Por Carolina Ramos
El anuncio de un “acuerdo” con todas las universidades nacionales por más fondos para gastos de funcionamiento no movió el amperímetro en la Cámara de Diputados, donde la UCR y Unión por la Patria se unieron para aprobar un ultimátum al oficialismo con el fin de dictaminar este jueves un proyecto consensuado que garantice un presupuesto actualizado.
En una sesión caliente donde se colaron también otros temas (desde el conflicto diplomático con España hasta el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual), la oposición aprobó un emplazamiento a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para que avancen esta semana en una ley consensuada.
La moción, que fue acordada en reuniones improvisadas en el recinto ante los ojos de todos, recibió 152 votos a favor (del radicalismo, Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, el Frente de Izquierda y otros bloques minoritarios) y 81 en contra, de La Libertad Avanza y el PRO.
Según la hoja de ruta aprobada, este jueves deberá haber dictamen sobre una ley para garantizar el financiamiento universitario y el martes próximo sobre la reposición del Fonid, un fondo que se repartía entre las provincias para mejorar salarios docentes y que, según estimaciones del oficialismo, genera un déficit fiscal de “entre 1 y 1,4 millones de pesos”.
En rigor, el oficialismo ya había convocado a las comisiones para este jueves, en un intento por desactivar la sesión. Sin embargo, el jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo, denunció una maniobra “artera” por la cual se dejaba abierto un resquicio para no dictaminar. “El tiempo está pasando y las soluciones no están llegando”, advirtió.
El “plan A” del radicalismo era aprobar sobre tablas una propuesta para actualizar por IPC (Índice de Precios al Consumidor) los gastos de funcionamiento de las universidades desde el 1° de enero de 2024 en adelante. Pero la moción no obtuvo los dos tercios de los votos necesarios (recibió 131 votos afirmativos y 101 negativos) porque Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica no acompañaron.
El anuncio del Gobierno
En su conferencia de prensa matutina, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que se alcanzó un “acuerdo” con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se formalizará el próximo lunes, para aumentar los gastos de funcionamiento de todas las casas de altos estudios en un 270%, un incremento similar al que se había dado unilateralmente a la UBA (Universidad de Buenos Aires).
“Esto va a permitir dotar a las universidades de los recursos en términos de gastos en funcionamiento, que entendemos que es necesario. La idea es que terminemos con la discusión en términos presupuestarios”, informó Adorni en Casa Rosada.
Quórum y debate
El anuncio abrió un interrogante: la UCR debía definir si mantenía o no la sesión, que estaba pedida desde el viernes. Cuando faltaban apenas minutos para el horario convocado, los diputados se reunieron de urgencia y decidieron seguir adelante. Si bien celebraron el anuncio del Gobierno, advirtieron que no hubo reacción por parte del CIN y que entre los rectores hay desconfianza porque todavía no se conoce la resolución.
Así, llegaron al quórum con la ayuda de Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros diputados de espacios provinciales como Agustín Domingo (Río Negro), Sergio Acevedo (Santa Cruz) y Osvaldo Llancafilo (Neuquén). El radicalismo, de todos modos, tuvo algunos ausentes: uno de ellos fue el neurocientífico Facundo Manes.
“Esta es una sesión ridícula, ignominiosa, desprolija y grave”, arremetió Finocchiaro cuando ya habían pasado varias horas de debate sobre otros temas. Y agregó: “Todos apoyamos a las universidades públicas, pero hay cuestiones que ya han sido resueltas por el Gobierno nacional en el día de ayer y que se van a instrumentar el lunes”.
El exministro macrista aseveró que “se le está dando la oportunidad al kirchnerismo de demostrar cuánto les preocupa la educación cuando su brazo sindical va a dejar a todos los chicos del país sin clases el jueves” en el marco de un paro nacional. “El kirchnerismo busca que este gobierno se vaya. Están en el límite del sistema democrático”, lanzó.
En un recinto caldeado, Finocchiaro elevó aún más la tensión al asegurar que el último viernes De Loredo se había comprometido a bajar la sesión si se convocaba al plenario de comisiones. “Le pregunté a De Loredo si era así y su respuesta fue ‘Sí, Ale’”, reveló, y añadió con ironía: “Faltó a su palabra. Quién sabe qué culpas tiene que lavar el diputado De Loredo para hacer esto”.
El cordobés no se quedó callado y contestó que Finocchiaro “falta absolutamente a la verdad”. Y, de paso, aprovechó para lamentar el “bajo nivel” que tuvo como ministro de Educación de Mauricio Macri.
Imprecisiones de Torrendell
En medio de las visitas de funcionarios para aprobar la Ley minibús, el turno del secretario de Educación, Carlos Torrendell, no pasó desapercibido. En su caso, concurrió a la comisión de Educación de Diputados para hablar del financiamiento de las universidades. El funcionario tiene en su cabeza negociar el presupuesto universitario luego de la masiva marcha que reclamó por las universidades hace casi un mes. En ese mes, nada mejoró en la situación de las universidades (al punto de que ayer la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA envió un comunicado para anunciar que no van a prender las estufas ante la ola polar). Ante la visita al Congreso, Torrendell puso buena cara a la presencia de gremios docentes y vendió a los senadores otro país: “Estamos progresivamente aumentando el presupuesto, por supuesto no de la forma deseada, pero sí de la forma posible y responsable”, anunció.
El ministro no se dejó asustar por los reclamos e insistió con otras frases: “Aunque los recursos puedan escasear, proporcionalmente la apuesta por la educación resulta simbólica y efectivamente consistente”. El funcionario no arriesgó hipótesis sobre cómo se mantendrían abiertas las universidades.
“Entiendan que llevamos cinco meses de un Gobierno que está enfrentando de forma novedosa toda esta situación”, suplicó. Luego insistió con afirmaciones de carácter general, del tipo: “La educación para nosotros es vital y el presupuesto universitario también. Se plantea que parecería que esto no es así, a partir de comparaciones con las situaciones previas. Y no podemos comparar lisa y llanamente la situación actual con la anterior, como si eso demostrara una minusvaloración del presupuesto universitario, en un contexto de crisis económico relevante, en donde se quiere hacer un tratamiento de las cuentas públicas ordenado”.
Pese a las preguntas concretas que le hicieron los diputados Daniel Arroyo, Danya Tavela y Maximiliano Ferraro, Torrendell no pudo aportar detalles sobre el futuro. Solo dijo que: “El mes que viene, sobre los gastos de funcionamiento de mayo, también va a haber un segundo aporte”.Pero no supo decir de cuánto sería, ni qué pasará con las universidades que tienen a su cargo hospitales.
Torrendell dijo que le parecía comprensible que desde las universidades le pidan «previsibilidad» para saber, por ejemplo, si van a poder pagar la cuenta de la luz del mes que viene. A continuación, vino el consabido «pero». “Entiendo el anhelo de previsibilidad, pero también es complejo”, aseguró. No obstante, prometió que cualquier universidad que requiera de recursos extra para el pago de tarifas de energía o seguridad, podrá pedir ayuda para afrontarlo y “eso va a ser abonado”. No explicó tampoco ni cómo ni cuanto se pagará.
Por otra parte, dijo que va a cambiar el paradigma de financiamiento educativo «que pase más de la lógica de distribuir recursos a una lógica centrada en lo que podríamos llamar una eficiencia integral, que contemple dos dimensiones”. Esas dos dimensiones serían que “los recursos vayan a los que menos tienen” y además “distribuir los recursos para que efectivamente los alumnos aprendan, que haya una mejora en los aprendizajes”. “Argentina lleva muchas veces esta lógica de repartir recursos y no de vincularlos con un direccionamiento inteligente”, aseguró.
Por último, Torrendell reveló que los salarios docentes están retrasados. “Evidentemente hay una pérdida en relación a la inflación de los salarios del mundo educativo y docente”, afirmó. “Hemos estado convocando a paritarias y, aunque no se pudo acordar, hemos otorgado aumentos durante estos meses. La idea es seguir ampliándolo, de manera de ir mejorando paulatinamente la situación salarial”, sostuvo.
A su vez, prometió que se fortalecerán los programas de Ciencia y Técnica y se continuará con las becas doctorales. “Nuestra idea es, en diálogo con Economía, por lo menos iniciar las obras que se puedan, priorizar las de educación y con las universidades que están con obras más avanzadas”, dijo sobre la infraestructura.
En Misiones la lucha sigue
El lunes se reunió la mesa salarial compuesta entre el Gobierno provincial y los gremios docentes que integran la llamada Mesa de Diálogo (UDPM, Sidepp, Semab-CEA, UDA-Amet y Sadop).
El gobierno salió a anunciar un acuerdo, pero la realidad es que la propuesta dividió a los gremios: UDMP y Sidepp (CTERA-CTA) firmaron, en este caso los gremios de la CGT no lo hicieron. UDA anunció un paro por 48 horas para el martes 21 y el miércoles 22 de mayo.
El Gobierno ofreció para el mes de mayo elevar el sueldo básico de $74.900 a $100.000 por cargo testigo, subir el piso provincial a $400.000, abonar Garantía Nacional de febrero en la primera semana de junio, dejando “abierta” la Mesa de Diálogo “a efectos de seguir trabajando recomposición salarial y demás temas de interés colectivo”. En concreto significa un aumento del 34%, cuando la docencia está pidiendo un 100% debido a los bajos salarios, pero también a la pérdida en relación a la inflación.
Fue el ministro de Educación, Ramiro Aranda, quien anunció el aumento por redes sociales.
Pero lo que puso en jaque la mesa “antisalarial” y la división de las delegaciones gremiales fue el movimiento que ha surgido desde abajo y mantiene las rutas y plazas ocupadas. A poco de conocerse la noticia, se hicieron asambleas espontáneas de docentes, que democráticamente votaron rechazar el aumento de 34%.
El lunes nuevos sectores se sumaron a las protestas. Productores yerbateros reclaman contra las medidas del gobierno y trabajadores de la salud llegaron con sus ambulancias al centro. Allí hay un acuartelamiento de la policía provincial por aumento.
“Vamos a seguir acá hasta que nos den algún tipo de solución”, dijo una maestra de la ciudad de Eldorado, que desde el sábado permanece en el corte. Muy cerca suyo, un cartel resume a la perfección el pedido de ella y de sus colegas: “Se mata un buen docente sin un sueldo decente”. Mientras que un agente de policía cobra de bolsillo $467.000, un docente recién iniciado gana alrededor de $240.000 y uno de máxima antigüedad $394.000. El lunes al mediodía, la mayoría de los gremios desconocieron por insuficiente el acuerdo firmado por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) y el Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (SIDEPP) que lleva el sueldo inicial de un maestro a $400.000.
Mejoró la oferta, pero igual habrá paro
El gobierno provincial santafesino repuntó un tanto la propuesta de aumento salarial que le formuló ayer a los gremios docente y estatal al proponerle una mejora global de 18% escalonado entre los sueldos de abril, mayo y junio. Los sindicatos quedaron en consultar a sus bases y contestar, pero desde ya la docencia avisó ayer que adherirá al paro nacional que Ctera realizará en todos los niveles de educación, y al que también se plegará la docencia universitaria, un reclamo dirigido al gobierno de Javier Milei.
El Ejecutivo mantuvo ayer sendas reuniones, primero con ATE y UPCN, luego con Amsafe, Sadop, UDA y AMET.
Los ministros de Gobierno, y de Economía, Fabián Bastía y Pablo Olivares, reconvinieron la propuesta del 10% ofrecida a principios de mes y esta vez mejoraron: 9% de incremento para el sueldo de abril que sería retroactivo, 5% en el salario de mayo, y 4% más en el de junio. De acuerdo a lo que pondera la Casa Gris, de aceptar la oferta cada empleado de la administración central tendría una mejora inmediata del sueldo de 75.000 pesos, lo que para las categorías inferiores del escalafón representa más que el 9% de recomposición inicial. Y en relación al sueldo de marzo, el incremento a cobrar en los primeros días de junio sería no menor a 150.000 pesos, por el retroactivo acumulado de abril.
«Es una propuesta que amerita ponerla a consideración de los trabajadores», avaló el secretario adjunto de ATE, Marcelo Delfor. Y a la par, Jorge Molina, titular de UPCN, terció en la misma dirección: «Pensando en que el país va camino a un proceso de inflación decreciente, se puede preservar el salario de los trabajadores. Esta es la mejor propuesta después de varias semanas que venimos trabajando. Es una propuesta considerable, en el marco y contexto nacional», aceptó.
Lo que queda por zanjar es el reclamo gremial por el descuento aplicado por la Provincia a todos los que hicieron paro el 8 de mayo. «Hicimos presentaciones por escrito con respecto a ese tema. El gobierno todavía no tiene una respuesta positiva hacia ese reclamo», dijo Molina.
La respuesta del gremio estatal se conocerá el miércoles, luego de que las bases deliberen en asambleas y resuelvan en plenario. Menos combativo que los docentes, se descuenta que estos sindicatos aceptarían la oferta.
Idéntica propuesta transmitieron Bastía y Olivares a los negociadores docentes. Y todos salieron con la misión de contestar en la semana. En el caso de Amsafe, hoy se realizarán votaciones en todas las seccionales y el miércoles se volcarán las respuestas por la aceptación o el rechazo de la propuesta en asamblea general.
Mientras la negociación transcurría en Santa Fe, a nivel nacional Ctera maduró un paro nacional de 24 horas a realizarse este jueves. Y tanto Amsafe como Sadop, UDA y AMET comunicaron de inmediato su adhesión.
«Este paro nacional tiene que ver con el incumplimiento del gobierno nacional no sólo por no convocar a paritaria, sino por no enviar fondos a las provincias. Exigimos que lo haga para sostener las políticas educativas, para el incentivo docente, la transferencia de recursos al sistema previsional. Por eso el paro de 24 horas en todo el país», explicó Rodrigo Alonso, secretario general del sindicato de docentes de enseñanza pública.
«Seguiremos exigiendo que el gobierno no aplique ningún descuento por paro. El gobierno incumplió con la paritaria 2023, hay claros motivos por los que llevamos adelante esta medida. El gobierno no puede descontar un día de paro a trabajadores que reclaman el incumplimiento de la misma patronal», agregó por otra parte.
El paro convocado por Ctera y los sindicatos docentes enrolados en CGT obedece a «la falta de avances en las negociaciones salariales y la ausencia de convocatoria a la paritaria nacional por parte del Gobierno».
El reclamo docente plantea la convocatoria a la paritaria nacional que da marco a las paritarias provinciales, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), cuya eliminación por parte de Nación significó una poda salarial del 10 al 20% a valores de diciembre.
Asimismo, el planteo de Ctera reclama «más presupuesto educativo, el envío de recursos para infraestructura escolar y para comedores escolares, urgente aumento de emergencia a los salarios de las y los docentes jubilados». En la misma línea, se opone al traspaso de las cajas previsionales a Nación por parte de las provincias que no lo hicieron, como Santa Fe. Y contra la modificación de los regímenes jubilatorios para docentes, en riesgo con la reforma previsional implícita en la Ley Bases.
Docentes de AMSAFE entre aceptar y rechazar la propuesta salarial
En la tarde del martes, se llevó a cabo una asamblea departamental de AMSAFE Castellanos, en donde se analizó la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial y se definieron las mociones que se votarán este miércoles.
Recordemos que la propuesta implica un 9% para abril, un 5% para mayo y un 4% para junio, con base de marzo pasado, lo que implica un 18% trimestral.
En ese marco, se definieron dos mociones, a saber:
· MOCIÓN 1:
Rechazo de la propuesta por insuficiente. Paro de 24 hs el día 23/05 con acciones locales para visibilizar la problemática nacional y provincial. Paro de 48 horas los días 29 y 30/05 coincidiendo con el tratamiento de la Ley Bases con acciones nacionales y provinciales.
· MOCIÓN 2:
Percibir en disconformidad la propuesta salarial, declarándola insuficiente y exigir la reapertura de paritarias para primera quincena de junio.
Vale destacar que se reciben los votos hasta este miércoles a las 14:00. (entregar en Moreno 183 o enviar escaneado a: [email protected])
Claves del proyecto de ley Bases en Ciencia y Tecnología
A continuación, cuatro claves a tener en cuenta sobre cómo el proyecto afecta a trabajadores estatales en Ciencia y Tecnología.
1. Injerencia del Ejecutivo sobre los organismos públicos
El proyecto de ley en su artículo 3, incisos a y b, faculta al Poder Ejecutivo a «modificar o eliminar las competencias y funciones» que considere innecesarias de los organismos públicos. También dice que no puede disolver el Conicet (otros organismos y reparticiones, como el INCAA, el Malbrán y la ANMAT también están exceptuados), pero lo único que le prohíbe es eliminarlos. Es decir, el gobierno podrá hacer todo lo que indican los incisos a y b: modificar sus competencias y funciones.
2. Agencia, INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos no están exceptuados de la eliminación
La nueva Ley Bases no incluye en el listado de excepciones a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), al Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otros que sí podrían eventualmente desaparecer.
3. Liquidación por vaciamiento
El artículo 5 de la Ley Bases autoriza al Poder Ejecutivo nacional a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar gran parte de los fondos fiduciarios públicos. En el caso de la Agencia, el fondo fiduciario le permite mantener su funcionamiento y otorgar subsidios para realizar investigaciones. Si se disuelve el fondo, se disuelve la razón de ser de la Agencia.
4. Más despidos
En el nuevo proyecto de Ley Bases, que obtuvo dictamen afirmativo en el recinto con 142 votos, se establecen modificaciones llamativas en la ley que regula el Empleo Público (25.164/99) y que advierten sobre el intento de desmantelamiento de funciones esenciales del Estado, entre ellas la función CyT. El capítulo IV del proyecto establece que la dotación de la planta permanente de la Administración de Parques Nacionales (APN) puede quedar en “disponibilidad inmediata”, ya sea porque se cierra el organismo o dependencia donde reviste el agente o -aquí la novedad- porque se determine un exceso de dotación mediante informe emitido por el órgano competente (actualmente bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros).
Amenaza de muerte a estudiantes en Rosario
La presidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Violeta Finocchiaro, integrante de Patria Grande, y un representante estudiantil de la Escuela de Enfermería de Ciencias Médicas de la misma institución recibieron mensajes intimidatorios y amenazas de muerte. “Para vos cárcel o bala. Sabemos dónde encontrarte. VLLC”, fue el contundente mensaje recibido. Las autoridades de la universidad repudiaron el hecho y acompañaron en la denuncia judicial. “No casualmente se llevan adelante contra militantes de agrupaciones estudiantiles, en un claro intento de amedrentamiento y avaladas por la circulación de discursos de odio. Estas acciones intimidatorias tienen como contexto la lucha que protagonizamos contra el desfinanciamiento a las universidades nacionales, la deslegitimación de lo público y el intento de acallar las voces de luchadores populares”, expresó, por su parte, el gremio de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD), que convocó a movilizar el miércoles y la tarde de este jueves.
En tanto, el gremio de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD) también se sumó al repudio y convocó a movilizar el miércoles y la tarde del jueves de la semana pasada. “En ambos casos se radicaron las denuncias correspondientes ante la Justicia. Desde COAD acompañamos con toda nuestra solidaridad y nos ponemos a disposición de lxs estudiantes involucradxs, al tiempo que repudiamos enérgicamente estas amenazas que – no casualmente – se llevan adelante contra militantes de agrupaciones estudiantiles, en un claro intento de amedrentamiento y avaladas por la circulación de discursos de odio, en el marco de una lucha que venimos protagonizando contra el desfinanciamiento a las universidades nacionales, la deslegitimación de lo público, el intento de acallar las voces de lxs luchadorxs populares. Con la consigna ‘Si tocan a unx respondemos todxs’, nos convocamos mañana jueves”, expresó en un comunicado el COAD.
Por su parte, el gremio docente Amsafe Rosario adhirió al comunicado del COAD y exigió también “el esclarecimiento de los hechos y hacemos responsable al Estado por lo que está sucediendo, cuando desde los gobiernos se está atacando a la educación pública y todos los derechos conquistados”.
Episodios como estos se dan en un contexto en el cual desde el mismo Gobierno de Javier Milei se avalan y legitiman los discursos de odio, como la recordada frase amenazante de “cárcel o bala” de José Luis Espert en su cuenta de X contra la legisladora del Frente de Izquierda y los Trabajadores Myriam Bregman.
Dispararon contra un jardín de infantes y una escuela primaria
Dos nuevos ataques de intimidación pública se registraron entre la noche de ayer y la mañana de hoy en establecimientos educativos. Un jardín de infantes de zona oeste y una escuela primaria de Constitución al 3200 fueron blanco de balaceras. En ambos lugares, los tiradores dejaron notas con mensajes que mencionan a la policía. Los episodios se suman a otros dos registrados en la escuela Richieri, de Moreno y San Luis, donde se encontraron notas amenazantes el martes y el miércoles. Crece la preocupación ante sucesos que ya tienen antecedente en meses anteriores. «Nos hace recordar situaciones muy complejas del año pasado», dijo Juan Pablo Casiello, de Amsafe Rosario, y preguntó: «¿Hasta cuándo las comunidades educativas vamos a ser víctimas de la violencia?». Desde el gremio advirtieron «sobre la posibilidad de que una vez más la política del desembarco de tropas federales estuviera fracasando».
Cinco balazos disparados alrededor de las 23 del jueves generaron alarma en la zona de Felipe Moré al 2300. Al llegar personal policial constató dos impactos contra la fachada del Jardín Nº 209 «Noemí Fontana», levantó cuatro vainas servidas y halló una nota intimidatoria que dejaron los agresores en la puerta de la institución.
Desde Fiscalía indicaron que por testimonios se pudo saber que se trató de dos personas que se trasladaban en una moto; aunque algunos vecinos contaron a la prensa que vieron a un grupo de entre dos y cuatro personas, que pasaron a pie. Luego de las primeras medidas tomadas en el lugar, las clases se dictaron ayer con normalidad, aunque hubo un amplio operativo policial a la entrada y a la salida de los alumnos. «Se sigue sosteniendo que la escuela es el mejor lugar donde pueden estar nuestros niños, así que las puertas están abiertas. Queremos transmitir tranquilidad y decirles que desde el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación ya se están investigando estos hechos. Desde Educación tenemos una circular desde el primer momento que asumimos, que se transmitió a supervisores y supervisoras, con un teléfono SOS que se atiende las 24 horas para que den aviso y nosotros intervenimos con aviso a Seguridad», indicó una representante del ministerio de Educación provincial.
El segundo ataque tuvo lugar en Constitución al 3200. Se hablaba de cuatro tiros disparados contra el portón que recién fueron advertidos en la mañana del viernes. La principal hipótesis es la balacera se produjo alrededor de la 1 de la madrugada y que el objetivo en realidad era la fachada de la escuela Nº 1.202 “Gendarmería Nacional”, donde ayer por la mañana estaban suspendidas las actividades. Aquí también se secuestró una nota con contenido similar al de la encontrada en el otro establecimiento, y que según trascendió mencionaba a una persona por presunta venta de droga y a la policía. Esta vez no se difundieron los términos exactos de las notas de amedrentamiento.
En tanto, desde el ministerio de Seguridad indicaron que los operativos que se ponen en marcha luego de este tipo de situaciones «son los que se vienen haciendo a raíz de estos hechos, con patrulleros como los que están ahora en la zona», dijeron sobre el protocolo.
En las comunidades educativas la preocupación crece porque no es la primera vez que las escuelas son utilizadas como el lugar elegido por las bandas para dejar mensajes. «En el caso de Richieri, las notas se referían al uso de armas»; y en los nuevos hechos apuntan al accionar de «grupos narco y complicidad policial», plantearon desde Amsafe Rosario. Casiello lamentó «niveles de violencia muy brutales» en ambos hechos, que generan «angustia y temor».
Al mismo tiempo, el gremio de docentes públicos de la provincia de Santa Fe expresó en un comunicado que «aunque desde las autoridades se pretenda tapar o minimizar estas situaciones, se trata de hechos gravísimos que no pueden dejar de preocuparnos muy seriamente. Advertimos sobre la posibilidad de que una vez más la política del desembarco de tropas federales estuviera fracasando. Volvemos a decir que el camino para acabar contra estas manifestaciones extremas de la violencia narco está en dar respuestas a las urgentes necesidades de la juventud y de toda la comunidad de los barrios y, por otro lado, en cortar los vínculos con estas bandas de distintos sectores del poder». Y finalizaron: «Abrazamos a las comunidades de estas instituciones educativas y comprometemos nuestro acompañamiento. Los gobiernos (tanto el nacional como el provincial) son responsables de la escalada de violencia y exigimos al Ministerio de Educación que garantice el cuidado de lxs alumnxs, lxs trabajadorxs y los edificios escolares».
Los colegios privados solicitan que se amplíe el alcance de los vouchers
La Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP) y la Asociación de Institutos Privados de Buenos Aires (AIEPBA) le solicitaron al Gobierno que amplíe el alcance del Programa de Vouchers Educativos a todos los colegios que no sean de gestión pública.
Las entidades que representan a los establecimientos privados le enviaron una nota a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano para que los vouchers también alcancen a los alumnos de las escuelas que reciben menos del 75% de subvención estatal o incluso, se beneficie a las que no reciben ningún tipo de subsidio.
El programa gubernamental permite actualmente que accedan las escuelas privadas que reciben un aporte estatal del 75% al 100% y que la cuota mensual no supere los $54.396, por lo que desde el ámbito educativo privado buscan que ese requisito se elimine para que puedan aplicar todos los estudiantes que lo necesiten.
El programa gubernamental permite actualmente que accedan las escuelas privadas que reciben un aporte estatal del 75% al 100% y que la cuota mensual no supere los $54.396
Los beneficiarios reciben el 50% del valor del arancel de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas, en función de la cuota base de marzo de 2024 para los meses de mayo, junio y julio, con un tope de $27.198 por hijo. Solo pueden acceder al beneficio económico las familias cuyos ingresos no superen los 7 salarios mínimos.
El escrito presentado al área que encabeza Carlos Torrendell señala que “consideramos que ya se han establecido las bases para determinar el grado de ejecución del presupuesto asignado, por lo que es el momento adecuado para reconsiderar la extensión del programa”.
En el marco del pedido de extensión, destacaron la medida del Ejecutivo asegurando que «valoramos la iniciativa del gobierno nacional que respalda a un sector de la sociedad que se esfuerza por mantener a sus hijos en el sistema educativo privado, contribuyendo indirectamente a las instituciones de gestión privada que representan cerca del 30% del alumnado argentino». Los colegios privados solicitan que se amplíe el alcance de los vouchers
La Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP) y la Asociación de Institutos Privados de Buenos Aires (AIEPBA) le solicitaron al Gobierno que amplíe el alcance del Programa de Vouchers Educativos a todos los colegios que no sean de gestión pública.
Las entidades que representan a los establecimientos privados le enviaron una nota a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano para que los vouchers también alcancen a los alumnos de las escuelas que reciben menos del 75% de subvención estatal o incluso, se beneficie a las que no reciben ningún tipo de subsidio.
El programa gubernamental permite actualmente que accedan las escuelas privadas que reciben un aporte estatal del 75% al 100% y que la cuota mensual no supere los $54.396, por lo que desde el ámbito educativo privado buscan que ese requisito se elimine para que puedan aplicar todos los estudiantes que lo necesiten.
El programa gubernamental permite actualmente que accedan las escuelas privadas que reciben un aporte estatal del 75% al 100% y que la cuota mensual no supere los $54.396
Los beneficiarios reciben el 50% del valor del arancel de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas, en función de la cuota base de marzo de 2024 para los meses de mayo, junio y julio, con un tope de $27.198 por hijo. Solo pueden acceder al beneficio económico las familias cuyos ingresos no superen los 7 salarios mínimos.
El escrito presentado al área que encabeza Carlos Torrendell señala que “consideramos que ya se han establecido las bases para determinar el grado de ejecución del presupuesto asignado, por lo que es el momento adecuado para reconsiderar la extensión del programa”.
En el marco del pedido de extensión, destacaron la medida del Ejecutivo asegurando que «valoramos la iniciativa del gobierno nacional que respalda a un sector de la sociedad que se esfuerza por mantener a sus hijos en el sistema educativo privado, contribuyendo indirectamente a las instituciones de gestión privada que representan cerca del 30% del alumnado argentino».
Fuentes: Página/12, Perfil, La Izquierda Diario, ANRed, Rosario 12
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.