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Panorama político-sindical

500 cortes y un solo reclamo: el hambre ya no espera

Fuentes: Rebelión

Movimientos sociales y organizaciones barriales se convocaron reclamando alimentos para los más de 40.000 comedores populares de todo el país, que no reciben suministros desde diciembre, y por un aumento en los planes de asistencia social.

“Para que nos reciba la ministra vinimos”, “para que nos vean”, decían los que fueron parte de la movilización que unificó el reclamo de las organizaciones sociales peronistas y de izquierda y que se expresó con 500 cortes de rutas y accesos en todo el país. “Este es el reclamo de los barrios para que llegue la comida a los comedores”, dice Esteban «Gringo» Castro de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Esta manifestación fue el inicio de formal del plan de lucha acordado por las organizaciones, las que además reclaman “diálogo” ya que no tienen interlocución ministerial.

Como todo lo que hace el gobierno de Javier Milei, la única respuesta de Capital Humano fue a través de redes sociales. Confirmaron la decisión de “quitar a los intermediarios”. En rigor, sacar a las organizaciones de la trama de la asistencia comunitaria e insistieron en que “llegará directamente” y las personas «deberán dar cuenta de la comida que compran». Y prometen un aumento en la Tarjeta Alimentar que pasaría de 66.000 pesos en diciembre a 132.000 en febrero. Según el ministerio esto es para terminar con la «extorsión y el negocio multimillonario para el cartel de empresas proveedoras de alimentos del Estado».

Entre los manifestantes hay una frase que se repite una y otra vez: «En los comedores no hay ni un grano de arroz para comer». Es más, afirman que «quieren quitar a los intermediarios, pero sin las organizaciones, es imposible llegar a los barrios” evaluaban. “Por eso vinimos y tenemos derecho a manifestarnos”, afirmaban.

Cuando la cantidad de manifestantes desbordó de las veredas a las calles, irrumpieron los uniformados. “Tengo a la Federal rodeándonos” informaba inquieto por celular, el organizador de una columna mientras decenas de hombres trajeados de gris llegaban a la esquina y se movían rápido entre la gente. Detrás de ellos unos quinientos efectivos de la Policía Federal llegaron en filas, desde Juncal, y acordonados, comenzaron a presionar a los manifestantes hacia las veredas. Era imposible. La cantidad de gente era tal que volvían a ganar la calle. Hubo empujones, gritos. La primera estocada de violencia policial fue con gases, pero los manifestantes no tenían intención de irse. No hubo corridas.

Las columnas se reordenaban una detrás de otra y fueron tomando la calle Pellegrini. Las agrupaciones le demostraban al gobierno de Javier Milei el poder de la organización tras un reclamo unificado: el plato de comida; en la primera medida de fuerza destinada a reclamar por el ajuste que tanto disfruta este presidente.

Junto con la UTEP y el Polo Obrero estuvieron también la Corriente Clasista y Combativa (CCC); Libres del Sur; el Frente Nacional Territorial (FeNat CTA-A); el Frente Barrial CTA-T; del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR); del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre muchas otras.

Ante la falta de respuesta del Gobierno nacional, la articulación de las agrupaciones gestó este histórico corte imponiéndose al protocolo de forma pacífica. Cortaron el tránsito. Tomaron la calle.

Mientras en los accesos a la Ciudad se replican los cortes: en el ingreso desde La Plata; desde la zona de Tigre; también por los ingresos desde Luján o Moreno. En provincia de Buenos Aires, algunos se dieron en el Cruce de Varela, el Triángulo de Bernal, la fábrica de Alpargatas, Ruta 3 a la altura de Camino de Cintura, y la rotonda de Lemos en Los Polvorines. En la rotonda de Lavallol en Esteban Echeverría; en 197 y Panamericana, y en la intersección de la Ruta 4 y la Ruta 8.

Omar Giuliani, del FeNat (CTA-A) describe: “Hay 10 millones de personas sin un plato de comida, por eso nos juntamos, las organizaciones de izquierda, los peronistas y los espacios gremiales, en este plan de lucha que recién comienza. Analizaremos luego como seguimos, pero hasta ahora no hubo ningún llamado al diálogo, el gobierno no nombra funcionarios y los que nombra, son como este ministro que nos endeudó por 100 años ¡es tremendo!”.

Lágrima de cocodrilo” Pettovello justificó la falta de entrega de mercadería a los comedores

Mientras cientos de referentas y referentes de comedores comunitarios se hicieron presentes en la puerta del Ministerio de Capital Humano y exigieron que se entregue la mercadería que esta gestión le niega, Capital Humano expresó que: “sabemos que el proceso de normalización de la economía que iniciamos cuando asumimos afecta sobre todo a los que menos tienen. Es por eso que en el área más sensible también estamos haciendo cambios de raíz”.

El comunicado ponderó el fortalecimiento de la tarjeta Alimentar. “Es para nosotros la política más eficiente a la hora de asegurarnos que no haya un argentino que pase hambre: llega de forma directa al bolsillo de 3.8 millones de personas sin ningún intermediario”.

Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario General de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep), dijo desde la protesta en las puertas de Capital Humano: “por supuesto que celebramos que haya un incremento en la Tarjeta Alimentar, pero me parece que hay un desconocimiento muy profundo, ellos mismos reconocen que tienen limitaciones en el alcance ya que abarca a 3.8 millones de personas y hoy estamos hablando que en la Argentina hay más de 27 millones de personas en situaciones de pobreza”.

El dirigente, que participó de las medidas de fuerza en reclamo por mercadería expresó que los comedores y merenderos realizan un trabajo comunitario que incluso excede la alimentación de millones de familias. “En los barrios más humildes, en donde a veces no hay Internet, donde no hay absolutamente nada, el comedor cumple una tarea central a la hora de constituirse como un mecanismo, un dique de contención es la última barrera de contención para impedir que avance el crimen organizado, la violencia horizontal y el narcotráfico”, resaltó.

La olla popular, para Gramajo, permite construir organización en el territorio y es mucho más eficiente a la hora de abarcar un problema de 27 millones de personas que han caído en situación de pobreza. “Esperamos que el gobierno, mientras termina de pensar su política alimentaria, decida abastecer rápidamente a los comedores comunitarios de todos los sectores que tienen vida y trabajo en cada uno de los barrios más humildes de la Argentina”, concluyó.

No obstante, debido a la grave crisis económica y el encarecimiento desmedido de los alimentos -sobre todo los que el mismo Ministerio menciona- la realidad es que aún con el aumento en la Tarjeta, las familias no pueden comer. Cabe destacar que la suma que perciben es de $ 40.000 si se trata de una familia con un hijo, $ 69.000 si tienen dos hijos y de $ 91.000 a partir de los 3 hijos.

“¿Se puede alimentar a un hijo con $ 40.000 pesos? No se coman el amague, lo que hicieron fue quedarse con 150.000 millones de pesos del presupuesto de los comedores. ¿Por qué no salieron a auditar hace dos meses cuando de cada comedor hay nombre y apellido de las personas que lo gestionan?”, expresó Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, desde las puertas del Ministerio de Capital Humano.

El dirigente destacó que existe un Registro Nacional de Comedores Comunitarios (Renacom), que los 44.000 merenderos que recibían la mercadería se encuentran registrados, que existen expedientes de rendiciones de cuentas en el ex ministerio de Desarrollo Social y, además, que otras gestiones también practicaron auditorías.

Lo que está haciendo este gobierno es criminal, no lo hizo nadie, ni siquiera el que hoy cogobierna, ni siquiera (Mauricio) Macri cortó los comedores, lo que hizo fue auditarlos, que los auditen y mientras tanto que le den la comida a la gente”, manifestó.

Según trascendidos, el Ministerio de Capital Humano se encuentra en tratativas con empresas de alimentos a fin de que el Estado les compre, a partir de licitaciones, alimentos excedentes cuya fecha de vencimiento está próxima. Es decir, ante el hambre del pueblo puede florecer un negocio rentable para los empresarios. Al respecto, Belliboni dijo: “¿Se dan cuenta de lo peligroso que puede ser? Ese mecanismo puede generar enormes enfermedades en toda la población más desnutrida del país”.

Paro nacional docente de CTERA  

El paro nacional docente convocado por CTERA ha tenido un 80 % de acatamiento en las diez jurisdicciones que el lunes debían comenzar el ciclo lectivo. En todas las provincias se realizaron actos, concentraciones y movilizaciones exigiendo Paritaria Nacional Docente, pago del FONID y del Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, fondos para comedores escolares y programas educativos, en defensa del salario y de los haberes de las y los docentes jubilados. El acto en la Ciudad de Buenos Aires fue frente al Palacio Pizzurno, donde estuvo presente la conducción de CTERA con representantes de todo el país. Sonia Alesso, Secretaria General, entre otros conceptos, expresó: «Veo caras de muchos compañeros y compañeras con quienes compartimos la Carpa Blanca, veo caras de compañeras y compañeros con quienes recorrimos los momentos más difíciles en el ajuste menemista de los 90.»

La situación en nuestras barriadas populares y en cada una de nuestras escuelas, es una situación verdaderamente terrible: no alcanza la partida de comedor, no alcanza la partida de copa de leche, no hay plata para comprar guardapolvos, útiles escolares. No puede haber una maestra, un maestro, un pibe, una piba, que según donde nació es lo que va a cobrar; según donde nació, es si va a tener oportunidades dignas para enseñar y aprender. Por esas leyes luchamos las y los docentes argentinos.» Al finalizar, Sonia Alesso, afirmó: «Decirles que peleamos 1003 días en la Carpa Blanca para tener una Ley de Financiamiento Educativo, durante años para garantizar el Fondo de Compensación Salarial, que peleamos por políticas educativas, por la extensión de jornada, por la 5ª hora, por Conectar Igualdad; gracias, compañeras de Conectar Igualdad, pido un aplauso porque a estas trabajadoras las quieren despedir y cerrar ese programa. Quiero decirles también que defendemos la formación docente gratuita y en ejercicio a cargo del Estado nacional. Hay un ajuste brutal en el Plan Nuestra Escuela, que va a significar menores fondos y decirles también a nuestras y nuestros docentes jubilados que vamos a defender la jubilación nacional, la Caja Nacional, el 82% y también las cajas provinciales. La Ctera votó por unanimidad un plan de lucha nacional. Por eso exigimos que haya paritaria nacional docente, no una reunión informal y vamos a ir a plantear aumentos de salarios, aumento de comedor y copa de leche, aumento de los programas nacionales y vamos a continuar el plan de lucha votado por CTERA, construyendo una gran marcha nacional educativo, confluyendo con todos los docentes del país.»

Este martes 27, la CTERA concurrirá a la reunión convocada por el gobierno nacional. El miércoles 28 se realizará un encuentro de Secretarias y Secretarios General de nuestra organización para evaluar la situación.  

Paro contundente en Santa Fe  

Los gremios docentes de la provincia movilizaron este lunes en la ciudad de Santa Fe, dando inicio a un paro por 48 horas en rechazo a la propuesta salarial del gobierno. Reclaman una nueva convocatoria a paritarias que mejore la propuesta salarial del 7% y cumpla con lo adeudado de la paritaria 2023. Desde el gobierno aún no brindaron novedades al respecto a nuevas instancias de diálogo, por lo que las medidas de fuerza podrían repetirse para la próxima semana.

Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, señaló que la masiva movilización “expresa el malestar” que tiene la comunidad docente e instó al gobierno a hacerse eco del reclamo. En tanto, el titular de Sadop, Martín Lucero, aseguró que se trata del paro “más contundente de los últimos 15 años”. La medida de fuerza provincial también forma parte de un paro nacional lanzado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) en rechazo al ajuste del gobierno de Javier Milei en materia educativa. 

Finalmente, las clases no arrancaron el lunes 26 de febrero. La fecha estaba fijada en el calendario oficial desde diciembre, ni bien asumió el gobierno de Maximiliano Pullaro, que incluso convocó a los gremios los primeros días de enero para que las negociaciones salariales se den con buen margen de tiempo antes del inicio del ciclo lectivo. Pero a casi dos meses del primer encuentro hubo pocos avances. Y por eso este lunes los gremios docentes de toda la provincia manifestaron su enojo en una masiva movilización que partió desde la Plaza del Soldado hacia la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe. La convocatoria también contó con la participación de los sindicatos de la salud, Amra y Siprus. La oferta que el gobierno provincial puso sobre la mesa en el último encuentro paritario contemplaba un 43,3% de aumento que se desagregaba en un 14% correspondiente a enero, un 22,4% a liquidarse por planilla complementaria en febrero, y un 7% a pagarse con el salario de marzo. Desde el gremio denunciaron que la oferta real del gobierno fue de un 7%, mientras que el 36,4% restante correspondía a lo adeudado en el marco de la paritaria 2023. El malestar de los gremios quedó reflejado en las mociones de rechazo que se pusieron en consideración durante las asambleas y la inclinación casi total a no aceptar la propuesta: de los 33.243 docentes que participaron de la votación en Amsafe, 32.882 rechazaron la propuesta, mientras que en Sadop, solo 3 de 280 escuelas optaron por aceptar.

Durante la jornada de reclamos, Alonso señaló que hubo un “100% de acatamiento” al paro, en las escuelas públicas de la provincia. “Es una movilización masiva de lo que fue una votación también masiva con la participación de 33.000 docentes”, expresó el dirigente de Amsafe. “Creo que el gobierno tiene que leer este mensaje, que expresa el malestar que tenemos porque mintió: intentó hacer creer que la propuesta era del 43,4% y en verdad es del 7%”, detalló.  En ese sentido, el referente de los docentes públicos explicó que la propuesta del gobierno representa unos 21.000 pesos en el bolsillo, al mismo tiempo que perderá unos 28.700 pesos por la decisión del gobierno nacional de quitar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). “Eso explica esta plaza llena, eso explica el 100% de adhesión y eso explica el malestar que tenemos los docentes. Entiendo que el gobierno de la provincia tiene que leer esto y convocar a una nueva paritaria. Y en esa nueva paritaria tiene que presentar una propuesta en línea con lo que nosotros venimos planteando”, evaluó Alonso.

En tanto, Lucero también se refirió al importante acatamiento de las escuelas privadas a la medida de fuerza y aseguró que las Cámaras empleadoras manifestaron su preocupación ante los recortes de subsidios que prevé el gobierno nacional para el sector. “Estamos ante el paro más contundente de los últimos 15 años”, expresó y agregó: “El recorte de subsidios termina impactando en la economía de la escuela. No tanto por lo que la escuela recibe, sino porque se lo tienen que aumentar a los padres. Se empieza a generar el círculo perverso donde los papás dejan de pagar y empiezan a perder la posibilidad de ver a sus hijos en las escuelas. Creo que es una preocupación compartida”. En ese sentido, el titular del gremio que nuclea a los docentes privados consideró que después de muchos años se está discutiendo una paritaria “en la cual los docentes pierden siempre”. Lucero remarcó que entre la quita del FONID y la propuesta del gobierno, los docentes “están discutiendo 8.000 pesos de menos” en la paritaria provincial. “Me parece que eso es lo que ha generado esta adhesión, y que esté lleno de gente de Rosario en esta plaza”, señaló.

Por último, el dirigente consideró que se trata de una movilización histórica que marca “un clima de época” en la provincia y apuntó contra el gobierno provincial, por la discusión que busca abrirse en relación al presentismo: “Esto se evita con una propuesta salarial que pueda ser tratada. Creo que el gobierno no la va a hacer, porque lo único que hemos escuchado fueron declaraciones como, las de Fabián Bastía, que dice que hay que discutir el 33% de ausentismo, cuando el ausentismo en la docencia es del 10%. Pero si el ministro de Gobierno de la provincia no sabe de qué se trata el presupuesto educativo que maneja, imaginate lo lejos que estamos de poder llegar a un acuerdo”.  

70% de acatamiento en Córdoba, según UEPC  

El paro docente en Córdoba tuvo un acatamiento más alto del esperado este lunes, en el inicio del ciclo lectivo 2024. Desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) informaron que el 70% de los maestros y maestras se sumaron a la medida nacional convocada por CTERA. La movilización en la capital provincial fue multitudinaria. Durante la marcha por el centro de Córdoba hubo cánticos contra las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei, particularmente por la baja del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) que se enviaba a las provincias para engrosar en un 8% el salario docente.  

Jorge Macri aplica la motosierra al Programa Cultural en barrios  

Los trabajadores del Programa Cultural en Barrios, del Circuito de Espacios Culturales y otros programas afines del Gobierno de la Ciudad, se declararon en estado de alerta y movilización. En las últimas horas, los coordinadores fueron notificados del recorte de horas cátedra, lo que se traduce en cierre de talleres y el consecuente despido de docentes de los programas. En un comunicado, la junta interna de ATE en la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura informó que, además, el gobierno porteño decidió eliminar los talleres virtuales, gracias a los cuales cientos de vecinos con diferentes imposibilidades físicas podían acceder de forma gratuita. Con más de 38 años en vigencia, el Programa Cultural en Barrios en una de las políticas culturales con más penetración territorial de la Ciudad, con una oferta de 600 talleres gratuitos, de disciplinas como teatro, multimedia, danza, plástica, literatura o música, que se dictan en 36 Centros culturales distribuidos por las distintas comunas. Pero, como denuncian sus trabajadores, las condiciones de trabajo y salariales son, ya hace años, “paupérrimas”.

A la fecha no percibieron los salarios de enero y, debido a la modalidad de contratación -de planta transitoria-, no cobran antigüedad y sus haberes son la mitad de los de un docente de otros sectores del ministerio de Cultura. “Todos los años nuestra planta docente se da de baja a pesar de ser una “planta transitoria”, que ya lleva casi 20 años”, apuntaron desde el colectivo de trabajadores, y añadieron que otro punto crítico es la falta de insumos para trabajar, “por lo cual casi siempre lo paga el propio alumnado”. Ahora se suma una baja del presupuesto totalmente arbitraria, sin haber aún siquiera conocido el trabajo que cada docente y cada coordinador lleva adelante día a día para sostener cada espacio, y que así cada vecinx pueda acceder a bienes culturales de manera libre y gratuita, derecho fundamental establecido en la Constitución de la Nación y de la Ciudad”, expresaron.  

Solo hay plata para el garrote

De acuerdo a un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), publicado en diciembre pasado, el presupuesto proyectado por el gobierno de Jorge Macri para este año contempla una reducción del gasto del 6,15% en términos reales, en relación con el presupuesto vigente al tercer trimestre de 2023. A excepción de “Servicios de Seguridad”, todas las funciones del gasto se desplomaron, y una de las áreas más afectadas es justamente Cultura, cuyos fondos disminuyeron un 22,2%, con un recorte del gasto del Ministerios de Cultura del 18,7%.

Los recortes efectuados también impactan en los demás ítems de “Servicios Sociales”: con una disminución del 11,7% del presupuesto para Vivienda, un 5,9% en Salud y un 2,3% el de Educación, y en áreas tan sensibles como Salud mental o asistencia a personas en situación de calle.  

Camioneros consiguió un aumento de 45% en dos cuotas  

En un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros acordó con las Cámaras empresariales un incremento salarial de 45% a pagar en dos tramos: 25% en marzo y 20% en abril. Las partes lograron ponerse de acuerdo durante una audiencia llevada adelante en la Secretaría de Trabajo del ministerio de Capital Humano de la Nación. De esta manera, Moyano se asegura que los salarios de los transportistas queden por encima de la suba del costo de vida estimado por el mercado para los próximos meses. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, las consultoras estimaron 15,3% para marzo 13% para abril.  

Comercio cerró una paritaria de 17,4%  

Por otra parte, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) selló con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) un alza 17,4% desde febrero, lo que lleva sueldo el básico a $658.000 con presentismo.  Un comunicado de la CAC explica que se tomó «como base de cálculo las remuneraciones básicas convencionales equivalentes a las correspondientes al mes de diciembre de 2023, con la incorporación de las sumas no remunerativas hasta dicha fecha, con más un porcentual del 11 % remunerativo«. En esa línea, la organización empresarial informó que el pacto «tiene vigencia desde el 1° de febrero de 2024 y hasta el 31 de marzo de 2024, sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron a reunirse en el mes de marzo de 2024 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido». Al mismo tiempo, las Cámaras empresariales aclararon que los incrementos del acuerdo en cuestión «no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación».  

Paro en Página 12 y Diario Popular

“Hace dos meses trabajamos GRATIS para una empresa que recibe una pauta millonaria y no cumple sus obligaciones. Basta de listas negras, basta de aprietes. Queremos cobrar”, expresaron desde la Comisión Gremial Interna de Diario Popular.

Denuncian pagos en cuotas y listas negras, ya que, tras dos meses sin percibir salarios, la empresa resolvió pagar los sueldos solo a algunos trabajadores y trabajadoras. Afirman que tampoco se están abonando ART, obra social y aportes jubilatorios, ni se respetan los acuerdos paritarios.

En tanto, los trabajadores y las trabajadoras de Página 12 informaron que recibieron una comunicación por parte de la Editorial La Página S. A., en la que se les indica que se comenzará a realizar descuentos salariales “a todo aquel que adhiera a medidas de acción directa (llámese paro, huelga, retención de tareas, etc.)”.

En la notificación agregan: “El Grupo Octubre respeta absolutamente el derecho a huelga de todo trabajador, pero nos vemos en la necesidad de informar que el ejercicio de dicho derecho trae aparejado la pérdida de cobro del salario. Esta práctica, de descuento del salario del día de paro, resulta perfectamente lícita y ha sido convalidada por la justicia en innumerables ocasiones”.

Ante esta respuesta por parte de la empresa, la asamblea de trabajadores y trabajadoras del diario resolvió por unanimidad iniciar un paro de actividades tras el cierre de la edición del sábado 24 de febrero.

Volverían al paro en prensa escrita

En plenario abierto de delegados y delegadas del SiPreBA, reunido el jueves 22/2 resolvió profundizar el plan de lucha en prensa escrita en caso de no tener ningún tipo de respuesta a su reclamo en la próxima audiencia paritaria del martes 27/2. Los trabajadores y las trabajadoras de prensa escrita tenemos salarios básicos 30% por debajo de la línea de indigencia. Necesitamos una recomposición urgente que impacte en el bolsillo de nuestros compañeros y nuestras compañeras, al mismo tiempo que permita mejorar las escalas de convenio. Las empresas de prensa escrita, que se han enriquecido durante muchos años, recibieron enormes aportes del Estado en los últimos tiempos. Desde la pauta publicitaria oficial hasta subsidios como los ATP durante la pandemia. Ahora pretenden que quienes trabajamos en medios tengamos 0% de recomposición salarial en el peor contexto inflacionario de los últimos 30 años. Desde el SiPreBA, como parte de nuestro reclamo para discutir en la paritaria, intimamos a las empresas a que presenten sus números financieros, para que a partir de eso podamos tener una negociación en base a datos concretos. Todavía no hemos recibido ninguna respuesta a ese pedido, sobre el cual algunas las compañías con más de 300 trabajadores tienen obligación legal. Como agravante, algunas empresas otorgan recomposiciones parciales por fuera de la paritaria, pretendiendo destruir la negociación colectiva y perjudicar a quienes trabajan en medios más pequeños. Por nuestra parte, denunciamos esta práctica desleal del sector empleador en la paritaria y exigimos que traigan soluciones a la próxima audiencia del martes 27/2. Mientras tanto, por resolución del plenario, quienes nos representan en la paritaria quedaron mandatados y en caso de que no exista una propuesta superadora, convocaremos a un nuevo paro general de prensa escrita para el jueves 29/2.

Cooperativas de trabajo en estado de alerta en Córdoba

El Programa de Integración Socio urbana por ley garantiza que el 25% de los trabajos a realizar en cada barrio deben ser hechos por los propios vecinos organizados en cooperativas.

Javier Montalvo trabajador de la Economía popular, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Córdoba (MTE) explicó que forman parte de una cooperativa de trabajo e integran la mesa de barrios populares. Este mes tuvo gran protagonismo en la Ley 27453 que es la que permite relevar todos los barrios del país que carecían de servicios básicos como luz, agua y cloacas.

“Particularmente en Córdoba se ejecutaron 40 obras, no solamente fueron compañeros quienes ejecutaron, si no también fueron muchas compañeras que se animaron a trabajar en estas obras”, destacó Montalvo.

También destacó la importancia del trabajo realizado por las cooperativas en todos los barrios del país y destacó que es vergonzante el show mediático que se armó contra el Fondo de Integración Socio Urbana: “el hecho de que hoy se ponga en juego este tipo de mentiras queriendo manchar el laburo de las cooperativas, de estos fondos, la verdad que es una vergüenza para nosotros porque esto ha generado mucha dignidad hacia la clase trabajadora pobre, hacia los barrios populares, ha permitido urbanizar barrios y va a seguir permitiendo llevarle más dignidad a muchas familias”.

Gremios aeronáuticos anunciaron un paro

La decisión de las nuevas autoridades de Aerolíneas Argentinas e Intercargo de ofrecer un 12 % de incremento salarial a cobrar recién en los primeros días de abril, llevó a tres de los gremios aeronáuticos a convocar a un paro de 24 horas previsto para el próximo miércoles 28 de febrero. Así lo anunciaron Edgardo Llano, titular de la Asociación del Personal Aeronáuticos, (APA), Pablo BIró de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y Rubén Fernández de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA). 

Según expresaron los gremios a través de un comunicado, «la pauta ofrecida solo profundiza la pérdida de poder adquisitivo registrada en el actual periodo paritario, llevando a un desfasaje salarial insostenible del 70 % respecto a la inflación registrada».

En ese sentido, los tres sindicatos informaron que «dada la intransigencia adoptada por Aerolíneas Argentinas e Intercargo, los sindicatos aeronáuticos APA, APLA y UPSA comunicamos que, por causas ajenas a nuestra voluntad, nos vemos obligados a declarar paro total de actividades» el próximo miércoles 28 de febrero.

Por último, el comunicado indica que el aviso del paro se realiza «con una antelación suficiente para que ambas compañías puedan tomar los recaudos necesarios para no afectar a los/las usuarios/as, responsabilizando a sus autoridades por los inconvenientes que pudieran surgir».

Paro de trenes

El sindicato La Fraternidad que agrupa a maquinistas dijo que la medida convocada a nivel nacional para el miércoles 21 fue en reclamo de aumentos salariales.

Los otros gremios ferroviarios destacaron que se ha «acordado un 16 % a cuenta y la prórroga de la vigencia del Bono Presencialidad en compensación como parte del desfasaje del último acuerdo del año 2023 por los meses de noviembre y diciembre».

Por el paro, La Fraternidad fue el único gremio que no participó de la reunión con Trabajo que, de todas maneras, no logró llegar a un acuerdo. Los funcionarios apenas ofrecieron un 12 % y eso obligó a los otros gremios a retirarse. Sergio Sasia, titular de Unión Ferroviaria, reconoció que «la propuesta fue insuficiente, pero existe buena fe para continuar negociando». Sasia señaló además que «los gremios son optimistas respecto de la posibilidad de recibir una mejor respuesta».

Pero Maturano no comparte ese optimismo. «Las medidas del gobierno impactan en los salarios más bajos, sobre todo, y en las distintas actividades no se llega a fin de mes. No queremos que se rompa la paz social y haya una convulsión social de una magnitud que nos haga retroceder al 2001». 

Para el dirigente ferroviario, la CGT debe encabezar un plan de lucha para que «la situación no se desmadre, por lo que tiene que ponerse al frente de todos los sindicatos, ya que la única oposición es hoy la central obrera, porque eso no existe en los partidos políticos», dijo e insistió con que el Gobierno libertario está incrementando los niveles de pobreza y exclusión «por lo que se impone un paro de la CGT».

La paritaria de los estatales: UPCN aceptó y ATE rechazó

El Gobierno fijó un aumento salarial del 12 % para febrero a los trabajadores estatales nacionales. La propuesta fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y rechazada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). «No es posible con nuestra firma avalar este ajuste, ya que la decisión oficial licúa los salarios», advirtió Rodolfo Aguiar, titular de ATE.

La reunión paritaria se desarrolló en la sede de la Secretaría de Trabajo. Por parte del Gobierno, participaron el secretario de Transformación del Estado, Armando Guibert; el subsecretario de Evaluación Presupuestaria, Enrique Pinedo, y su par de Presupuesto, Carlos Sgarbi, entre otros funcionarios. Por ATE estuvieron Mercedes Cabezas, secretaria adjunta, y Flavio Vergara, del área de Convenios Colectivos de Trabajo; y por UPCN, Diego Gutiérrez, representante paritario.

El sindicato que a nivel nacional conduce el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, aceptó el incremento del 12 %, pero ATE lo rechazó.

«El Gobierno nos empuja al conflicto, por lo que el gremio ratifica la jornada nacional de lucha, el paro de 24 horas y las movilizaciones de la próxima semana», anunció Aguiar. El dirigente consideró «insuficiente» la propuesta ante el 20,6 % de inflación del último mes. Sostuvo que «el ofrecimiento no se corresponde con la evolución de los precios en las últimas semanas» y que «agrava el deterioro salarial». 

Para Aguiar, «es una oferta que aumenta el número de estatales con ingresos por debajo de la línea de pobreza». Remarcó que «frente a una paritaria que muchas veces actúa como rectora de otras negociaciones salariales, no es posible avalar con nuestra firma este ajuste. Se trata de una rebaja salarial planificada para la administración pública. El Gobierno tiene todos los recursos presupuestarios, pero decidió aplicar un recorte de gran magnitud».

ATE convocó a un paro para el lunes 26 en reclamo por mejores salarios

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro para lunes en reclamo por un aumento salarial por encima de la inflación, la reincorporación de los recientes despedidos y su pase a planta permanente. La medida de fuerza fue definida el martes 20 junto al Frente de Sindicatos Estatales y de Gremios de Empresas del Estado de la Argentina.

El Gobierno nacional dispuso un aumento salarial del 12% para febrero para este sector, pero el incremento solo fue aceptado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). ATE, por su parte, lo rechazó.

En este marco, su secretario general, Rodolfo Guiar, cuestionó las medidas de ajuste que impactan sobre los ingresos de trabajadores y jubilados que «tocaron fondo, no rebotaron, siempre se quedaron ahí, en el fondo». «Le ponen techo a las paritarias y las quieren hacer desaparecer. El ajuste es intencional y deliberado. Además, continúan las amenazas de despidos a los intentos de privatizar empresas públicas», reclamó.

Y agregó: «Con estas ideas, si al Gobierno le va bien, nos va a ir muy mal a todos. Reclamamos aumento salarial ya por encima de la inflación, inmediata reincorporación de despedidos sin causa y pase a planta permanente. Además, rechazamos cualquier intento de privatización, el Estado no está en venta».

De esta huelga también participó la Federación Judicial Argentina (FJA), la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la RA (FEPROSA), la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios-Histórica (CONADU-H), la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), la Federación de Trabajadores de Energía de la RA (FETERA), la Federación de Profesionales del GCBA y el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), entre otras.

La salud pública paró el lunes 26

Los conflictos de salud en Argentina van creciendo a medida que se deterioran los salarios y las condiciones laborales. El brutal ajuste que atraviesa a las provincias y a los municipios impacta de lleno en los 1.700 hospitales, en las más de 6.000 unidades sanitarias y en el medio millón de trabajadores de la salud pública de todo el país.

En ese contexto, y en el marco de una crisis generalizada del sector público, la semana pasada se definió la convocatoria a un paro nacional de todos los sindicatos que integran el Frente de Gremios Estatales, para el lunes 26 de febrero. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) que tiene varios focos de conflicto activos en numerosas provincias del país.

El miércoles concluyó el paro por 48 horas de la Asociación de Profesionales de la Salud (Aproslar), en reclamo de aumentos salariales y pases a planta.

Por su parte, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Santa Cruz (Aprosa) convocó a un paro de 24 horas el jueves, exigiendo la apertura de una paritaria salarial y el pago del arancelamiento.

En el sur del país, la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) confirmó su participación en la jornada nacional del 26.

En tanto, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad de Santa Fe (Siprus) resolvió convocar a un paro por 48 horas para los días lunes 26 y martes 27.

Paro nacional de 24 horas del gremio sanidad”

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Héctor Daer, anunció el martes 20 un paro de 24 horas de los trabajadores de ese gremio para el jueves en contra de las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Javier Milei.

Frente a la intransigencia de las cámaras empresariales, el Consejo Directivo de ATSA resolvió convocar a un paro nacional de actividades a partir de las 00 horas del jueves 22 de febrero”, informó el cosecretario de la CGT a través de su cuenta en la red social X.

El dirigente sindical advirtió asimismo que el gremio llevará adelante “todas las acciones gremiales necesarias para la recomposición salarial” en el sector.

Levantan paro en hospitales de comunidad

El día miércoles, el sector de hospitales de la comunidad CCT 103/75 cerró un acuerdo salarial que ronda el 31% Mientras el sindicato habla de “un gran logro”, los trabajadores lo ven insuficiente.

Nuevamente se divide a los trabajadores, levantando la medida de paro convocada para el día jueves en los hospitales de comunidad, que justamente en su mayoría fueron los que recibieron subsidios del Estado. El paro, mientras tanto, se mantiene en otros lugares porque no se cerró el acuerdo salarial.

Héctor Daer acusó al Gobierno de “empobrecer al país”

El líder de la CGT, tras haberse conocido el superávit fiscal de enero se refirió a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, al cual acusó de “empobrecer” al país.

En ese sentido, hizo referencia a la “celebración” que la gestión de Milei hizo acerca del superávit fiscal del primer mes del 2024, y lanzó: “Festejar el superávit fiscal de enero con no haber pagado nada, no haber derivado ninguno de los fondos, no haberle mandado un peso a ninguno de los comedores, que licuó las jubilaciones, los salarios, si este es el rumbo, no va a mejorar nada”.

Y cerró diciendo: “Va a hacer un país empobrecido absolutamente”.

Universidades nacionales: el Gobierno propuso 6% de aumento en febrero para docentes y no docentes

La propuesta salarial del 6% para el mes de febrero se suma a los porcentajes ya acordados en las paritarias firmadas en los meses de noviembre y diciembre de 2023 con el gobierno anterior. Sin embargo, desde el Frente de Sindicatos de Universidades Nacionales advierten que la pérdida del poder adquisitivo del salario de docentes y no docentes es de más del 50% respecto de la inflación de los meses de diciembre y enero. “Lo mínimo que reclamamos es que nuestros salarios no pierdan respecto de la inflación; la propuesta del Gobierno está muy lejos de esa equiparación. Por ello, rechazamos ese porcentaje”, aseguran.

Desde el Frente señalan que además el Gobierno pretende establecer una rebaja salarial para la docencia preuniversitaria quitando el FONID, incentivo que representa un porcentaje importante del salario preuniversitario: “Rechazamos también de plano esa pretensión y exigimos al Gobierno que haga efectivo el pago del FONID para los meses de enero y febrero y acuerde una recomposición del Fondo de manera urgente. Reclamamos también la actualización de las garantías salariales de ambos sectores”.

Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales responsabilizan al Gobierno Nacional por la situación conflictiva generada al pretender que se acepte la pérdida salarial más importante desde que existen registros: “Exigimos al Gobierno Nacional que convoque de urgencia una nueva instancia paritaria en la que haga un ofrecimiento acorde a la pérdida salarial de nuestros sectores. Este conflicto salarial ocurre en un contexto de recorte del presupuesto universitario que pone en riesgo el normal funcionamiento de las universidades nacionales. Defendemos la universidad pública y gratuita al servicio de las grandes mayorías, salarios dignos para trabajadoras y trabajadores y jubilaciones dignas”, afirman desde el Frente, que conforman CONADU Histórica, CONADU, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA, FATUN.

Docentes universitarios convocaron a paro

El Plenario de Secretarías Generales de CONADU Histórica definió convocar a paro nacional el 26 de febrero, confluyendo con la convocatoria de CTERA junto al resto de los niveles de la educación. Explican que la medida de fuerza tendrá carácter activo, ya que se realizará con otras actividades que se definan en cada lugar como movilizaciones o acciones de difusión y visibilización (radios abiertas, volanteadas, conferencias de prensa, etc.).

La jornada de protesta es en reclamo por la grave situación presupuestaria que atraviesan las Universidades públicas por el brutal ajuste que ha puesto en peligro su continuidad de funcionamiento, dado que el gobierno nacional ha decidido enviar los mismos fondos asignados en noviembre de 2022 para el año 2023, sin los aumentos otorgados en virtud de los acuerdos paritarios. “A esta situación se le suma la estrepitosa caída de los salarios frente a la inflación producida por la devaluación y la desregulación de precios decretada por el gobierno de Milei”, agregan desde CONADU Histórica. Estas medidas se realizan en el marco de la Jornada Nacional de Protesta acordada por el Frente de Gremios Estatales, que integran representantes no solo de docentes universitarios, sino también de trabajadores estatales de todos los sectores, de la administración, la salud pública, la cultura, la educación, los organismos de investigación y desarrollo de ciencia y tecnología, etc.

Desde CONADU Histórica ratificaron además “la necesidad de seguir fortaleciendo la unidad de acción con las restantes federaciones docentes y no docentes con las que se ha constituido el Frente Sindical Universitario”. Este Frente se reunirá el próximo 4 de marzo para coordinar un plan de acción conjunto. En ese punto, la Federación definió impulsar declaraciones en Consejos Superiores y Directivos en defensa de la Universidad Pública; promover la realización de una medida de acción directa universitaria (la semana del 11 marzo), y trabajar para la construcción de una gran movilización nacional universitaria para ponerle freno al ajuste presupuestario y lograr la recuperación salarial frente a la crisis que está profundizando la política instrumentada por el gobierno.

Municipales santafesinos lograron un incremento salarial del 34,5 %

En reunión de la Comisión Paritaria Municipal los representantes de Intendentes y Presidentes Comunales y FESTRAM acordaron un incremento salarial del 34,5% sobre enero 2024. El mismo será abonado en su totalidad y en un único pago con los haberes del mes de febrero. El porcentaje de aumento establecido en el acta es totalmente remunerativo y bonificable y será trasladado a los beneficiarios pasivos de todas las Cajas Municipales y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe. El acuerdo lleva el monto del Salario Mínimo Garantizado de Bolsillo a $336.490. La discusión salarial continuará durante el mes de marzo donde las partes acordaron una nueva reunión de la Mesa Paritaria.

Por otra parte, FESTRAM trasladó a la misma la necesidad de acordar el incremento de una ayuda escolar la que será tratada en la próxima reunión de paritaria. Además, se planteó que no deben sufrir el descuento del presentismo los trabajadores afectados por el dengue y sus variantes de gran impacto en el norte santafesino.

El Banco Nación no se vende

Viernes 9 de febrero | 13:34 «Luego que se diera marcha atrás con la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación y quedaran sin efecto, entre otros puntos, las privatizaciones de las empresas del Estado y entre ellas la banca pública, el jueves 8 tomamos conocimiento que el Sr. Federico Sturzenegger instruyó al Directorio del Banco Nación a convertir dicho banco en una Sociedad Anónima».

Así comienza el comunicado firmado por la Comisión Directiva la Asociación Bancaria, el poderoso gremio que nuclea a trabajadores y trabajadoras de la banca pública y privada de todo el país. «El Banco Nación no se vende» se titula. Desde el sindicato denuncian que «al igual que lo hicieron con la recientemente caída ley, este tema también lo trataron en la oscuridad de la noche, con la contratación del mismo estudio jurídico, sin la libre intervención de funcionarios del Banco, reunidos a solas, en una maniobra que parece ser costumbre a la hora de tomar decisiones, como esta sombría y tenebrosa determinación del Directorio».

En ese marco la Bancaria se declaró «en estado de alerta» por lo sucedido y adelantó que continuarán con las medidas necesarias para defender la entidad y a sus trabajadores y trabajadoras. Como primer paso, convocaron «un gran acto en defensa del Banco, el día martes 20 de febrero, en rechazo de la privatización, transformación en S.A. o la metodología que pretendan usar para arrebatarnos el BNA».

Mayor gasto en intereses de la deuda

En enero, cuando Caputo, como ministro de Economía de Milei festejó el déficit fiscal cero, «por primera vez el Estado gastó más en intereses de la deuda que en jubilaciones», según el MATE. «Ni siquiera en la primera mitad de 2001, antes de que el megacanje de la deuda pateara los vencimientos de intereses de la segunda mitad, se llegó a que se paguen más de intereses que de jubilaciones», advierte el economista Lavih Abraham, del MATE.

El peso de la deuda estalló en 2002, con la devaluación del peso que la llevó del 48% al 147% del PBI. Hasta el tercer trimestre de 2023, antes de la última depreciación de la moneda, era del 88%. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el aumento del peso del gasto en intereses en relación a jubilaciones «sólo se revirtió temporalmente en un contexto de renegociación de los pasivos del Tesoro nacional», se refiere el MATE -que integran Sergio Arelovich, Marco y Diego Kofman, Natalia Pérez Barreda y Abraham- a la reestructuración de 2020. «No obstante, el pago de intereses volvió a representar un gasto importante en la segunda mitad del mandato. Aun así, las jubilaciones siempre representaron, por lejos, el principal gasto del Estado nacional», continúa. «Todo esto cambió con el desembarco de Milei en la Casa Rosada», advierte el MATE.

«La fuerte devaluación de diciembre disparó los precios y licuó los gastos primarios (antes del pago de intereses) del Estado, principalmente las jubilaciones, cuya evolución está atada a una fórmula que actualiza con un retraso significativo el monto de los haberes: comparó con un año atrás, el gasto en jubilaciones cayó 38% en enero», alertan en referencia al índice de actualización votado en 2020 también. «Pero, al mismo tiempo, la devaluación encarece, en moneda local, el costo de los intereses de endeudamiento en moneda extranjera, porque hacen falta más pesos para pagar una determinada cantidad de dólares. Por primera vez entonces los intereses de la deuda representaron el principal componente del gasto del Estado, desplazando a las jubilaciones al segundo lugar», finalizan los economistas con sede en Rosario.

Y eran la casta nomás

El presidente Javier Milei, en entrevista con Jonatan Viale, confirmó el bono de $70.000 para los jubilados que cobren la mínima y aseguró que la Ley de Movilidad jubilatoria es «un espanto». Al ser consultado por la pobreza, Milei defendió que el ajuste caiga sobre los jubilados porque «no hay plata». 

«Hay que hacer un bono porque la fórmula es un espanto. Si vos todo el tiempo tenés que estar generando bonos es porque la fórmula no camina. Nosotros estábamos proponiendo una fórmula que al menos les mantuviera el poder adquisitivo a los jubilados«, destacó el presidente.

Luego, analizó: «El problema en Argentina es que todos se empobrecieron. ¿Sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados«, mencionó. “Pero no podemos ajustar a los jubilados”, le recriminó el periodista, a lo que el presidente contestó: “Bueno, el problema es que no hay plata. Estás ajustando a los más chicos también, ahí hay más de 60% de pobres o, mejor dicho, dos tercios de los chicos son pobres”, dijo.   

La “casta” son los jubilados: aportaron el 33% del esfuerzo del gasto primario nacional 

La reducción del gasto primario fue de $2,7 billones en enero 2024. Son datos que publica el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). De esta manera, el pasado mes se concretó el mayor recorte real interanual de gasto público de los últimos 30 años.

Con ingresos iguales que en 2023, toda la mejora del resultado fiscal fue explicada por la reducción del gasto. Pero hay que prestar atención a los sectores que aportaron. Del análisis de la ejecución presupuestaria del Sector Público Nacional no Financiero (SPNNF) del mes de enero de 2024, surge que los ingresos totales tuvieron una variación interanual real de 0,7%. Esto en función de que los ingresos tributarios crecieron un 0,8% y los ingresos no tributarios cayeron levemente en términos reales. Por el lado del gasto primario, se registró un descenso del 39,4% interanual real. Cabe destacar que esta variación real del gasto primario resultó ser la mayor variación interanual real de los últimos 30 años.

Como resultado, el déficit primario se transformó en el primer mes de gobierno de Javier Milei en un superávit primario de $2.010.000 millones. El gasto en intereses aumentó 26% en términos reales respecto al mismo mes del año pasado. El déficit fiscal se convirtió en un superávit fiscal de $518.400 millones. Todo el cambio del resultado fiscal fue explicado por una reducción real del gasto. Desde el punto de vista del aporte al monto total ahorrado de $2,7 billones, los gastos que más se redujeron y más aportaron fueron jubilaciones y pensiones contributivas: $885.074 millones. En definitiva, las Jubilaciones y pensiones contributivas aportaron el 33% del esfuerzo.

Esta semana los gobernadores comenzaron a alertar sobre los subsidios a los servicios. En el caso de interior, por la eliminación del Fondo Compensador del Transporte y la suba en las tarifas a la energía. En este caso, por los subsidios a la energía se dejó de pagar por $366.451 millones. También en obra pública o inversión real directa (-$321.474). En cuanto a las transferencias totales a las provincias el dato definitivo del dinero que no giró a los gobernadores fue $310.781 millones.

Entre los cuatro aportaron casi $1.883.000 millones a moneda de enero 2024, es decir el 70% del total ahorrado. Sacando un promedio de cuánto significó cada gasta en “la torta de dinero” que no devengó Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, los subsidios a la energía representan el 14%, la inversión real directa el 12%, las transferencias a provincias el 12%, completando la tabla los salarios públicos con el 11%.

Además, según un informe del bróker financiero Cohen el superávit fiscal se logró en base de impuestazos y “pagadioses” porque los ingresos crecieron un 0,8% en enero por el desempeño de dos impuestos: las retenciones, que recaudaron un 90,5% más que en enero 2023 descontada la inflación y el PAIS, que castiga la compra de dólares y que el gobierno extendió a todas las importaciones, además de subir su alícuota. En cambio, la recaudación del resto de los impuestos cayó un 12% real. Aquí se incluyen al IVA y Ganancias, dos tributos íntimamente vinculados a la actividad económica.  

Hasta Gita Gopinath alertó sobre la situación social  

En entrevista al diario Clarín señaló: “… será muy importante asegurarse de que la sociedad asuma el ajuste de forma equitativa y que el costo no lo asuma solo la clase media, la clase media baja y los pobres, sino que todos los segmentos de la sociedad contribuyan a la consolidación fiscal”. “… se be aumentar el apoyo social para asegurarse de que la carga del ajuste se reparta equitativamente como mencionaba. Este gobierno ha reconocido la importancia de proporcionar asistencia social y han subido las transferencias a los programas de asignación por hijo y alimentos.

También han proporcionado becas para ayudar a las familias, incluyendo de clase media, para mantener a sus hijos en la escuela. Pero se necesitarán más medidas de este tipo. Será importante además mantener el valor real de la asistencia social focalizada y las jubilaciones, que deben seguir el ritmo de la inflación. No se trata solo de hacer el ajuste, sino de asegurarse su buena calidad”.  

FUENTES: Tiempo Argentino, Perfil, Red Eco Alternativo, Agencia FARCO, Prensa Fesprosa, Página 12, Canal Abierto, Télam, Infogremiales

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