Por tercer viernes consecutivo, las esquinas de las 15 comunas porteñas y otras en el Conurbano bonaerense fueron el lugar para rechazar la última serie de tarifazos de servicios y transporte público con palmas, cacerolas y cantos. «Porque el acceso a los servicios públicos es un derecho humano» porque «las tarifas no pueden aumentar más […]
Por tercer viernes consecutivo, las esquinas de las 15 comunas porteñas y otras en el Conurbano bonaerense fueron el lugar para rechazar la última serie de tarifazos de servicios y transporte público con palmas, cacerolas y cantos.
«Porque el acceso a los servicios públicos es un derecho humano» porque «las tarifas no pueden aumentar más que nuestros salarios», reclamaba la convocatoria al «ruidazo» hecha en la Ciudad de Buenos Aires por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Argentina en Red y el Movimiento Comunero, que convocó a miles de vecinos a través de las redes.
Para este 2019 se espera un fuerte incremento en los servicios, especialmente en los primeros cuatro meses del año. Este sábado 12 el colectivo subió un 38,5%. También aumentaron los trenes. El agua pegará un incremento del 48,5%. Mientras que la electricidad y el gas aumentarán en torno al 55%. A esto se le suma, entre otras subas, peajes y prepagas.
En febrero llegará el subte a $ 16.50, en tanto en abril de 2019 costará $ 21. Esto representa un aumento del 180% en un año.
Entre 2016 y abril de 2018, el gas se ha incrementado 1.261 %, el agua sin medidor 956 % y la electricidad 1.435 %, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Una marcha de antorchas que se había anunciado para resistir al tarifazo atravesó la Ciudad el jueves. Representantes de las organizaciones convocantes -con el protagonismo más visible de Pablo Moyano (secretario adjunto de Camioneros), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Pablo Micheli (CTA Autónoma)- se subieron a un acoplado para terminar el acto sobre la avenida Entre Ríos, al pie del Congreso. «No damos por agotada, con esta proclama, la protesta contra el tarifazo y el ajuste brutal. Al contrario, llamamos a realizar marchas en todo el país», aseguró la locutora que leyó el documento conjunto firmado por la CTA de los Trabajadores, el Movimiento 21F (moyanismo), el Frente Sindical para el Modelo Nacional (del que forma parte el gremio mecánico SMATA), la CTA Autónoma y las 62 Organizaciones.
«Que quede claro: no nos resignamos ni levantamos bandera blanca y seguiremos en las calles movilizados hasta derrotar la política de hambre y el ajuste. Decimos no a la Reforma Laboral. Decimos no a la Reforma Previsional. Decimos no al tarifazo. Basta de atropellos contra el pueblo argentino», decía el último párrafo de la declaración conjunta.
En los alrededores del palco, una vez que concluyó la lectura del documento, se empezaron a escuchar dos consignas: «Las escuelas no se cierran» y «paro, paro, paro/paro general». En ese momento confluían los trabajadores de la educación de la CABA con simpatizantes de la oposición que se muestran fastidiados con el rol de la conducción de la CGT.
También el Frente de Izquierda se movilizó con sus propias banderas, criticando los límites de la convocatoria y planteando un programa que enfrente los tarifazos pero también plantee una salida de fondo para el conjunto de los servicios públicos.
Desde hace tiempo, frente a los ataques de los tarifazos, la izquierda ha venido planteando medidas como la estatización de los servicios bajo gestión de trabajadores y técnicos. Una estatización que, junto al control de los usuarios populares, garanticen un servicio de calidad con tarifas accesibles en todos los servicios públicos
Las protestas se repetirán cada jueves en diferentes puntos del país y hasta el 7 de febrero. E l próximo 17 en Rosario y Santa Fe, el 24 en Mar del Plata, el 31 en Bariloche y el 7 de febrero en Mendoza.
En Misiones, la «Multisectorial contra los Tarifazos» convocó una marcha frente a SAMSA, la empresa responsable de administrar, distribuir y cobrar el agua en la ciudad de Posadas y alrededores. El reclamo fue principalmente por el incremento en las boletas de los servicios tanto de agua como de energía eléctrica, servicio que también ha retirado la tarifa «social» por orden del presidente Mauricio Macri y la obediencia del gobernador de la provincia, Hugo Mario Passalacqua.
El juez federal de La Plata, Alberto Recondo, le exigió al Gobierno de Macri que informe sobre los últimos aumentos en las tarifas de los servicios públicos dispuestos en diciembre, al dar curso al reclamo de un usuario que alegó no poder pagarlas, aunque rechazó una demanda colectiva para frenar las subas.
Con el apoyo de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE), la cooperativa de distribución de electricidad más importante del país, CALF, anunció que no pagará el aumento eléctrico impuesto por el Gobierno Nacional, a través de la mayorista Cammesa. La conferencia de prensa se realizó este viernes en la sede nacional de FACE, en Cerrito 146. «No es una cuestión de rebeldía. Si los usuarios no pueden pagar, las cooperativas no podrán pagar a Cammesa», razonaron.
Desde el punto de vista del usuario, ejemplificó Carlos Ciapponi, titular de CALF: «Un vecino de Neuquén de un consumo normal de una vivienda de clase media-baja estaba pagando 300 pesos a principios de 2016 y hoy intenta pagar $ 5.400, sin contar el aumento que viene ahora». Además, volvió a criticar la falta de inversiones y la ineficiencia por parte de Cammesa, la cámara mayorista que vende la electricidad a las distribuidoras.
Guillermo Farabello, que además es presidente de la cooperativa eléctrica de Gualeguaychú y representa a las 18 cooperativas de Entre Ríos, profundizó en ese sentido: «Desde las cooperativas se les da respuesta a todos los usuarios, a las pymes, a la producción agrícola, a los residenciales. Esa es la función social que cumple también la cooperativa para quien no puede pagar. Entonces, no es lo mismo que la posición de las empresas privadas del sector, que te cortan el servicio y listo».
Por los gremios
El Correo Argentino concretó el cierre de sus sucursales en las localidades de Loma Negra e Hinojo, ambas del partido de Olavarría. Serían las primeras en una lista de 160 terminales a cerrar en distintos puntos del país.
La Mesa Nacional de Trabajadorxs de Prensa exigió un aumento que recomponga el valor de los salarios en Radio Nacional .
El lunes los trabajadores de Radio Nacional, de todos los gremios y en todas las emisoras provinciales, realizaron un paro de 24 horas bajo la consigna «el sueldo no alcanza». No es para menos: mientras el último día hábil de 2018 Mauricio Macri firmó el decreto que autoriza un aumento del 25 % a ministros y secretarios, beneficiando entre otros a Hernán Lombardi, el funcionario que encabeza los medios públicos, recién ahora les está ofreciendo un incremento del 15 % a los trabajadores de la emisora pública, en cuotas y sin retroactividad.
Esta misma situación se repite en la TV Pública y en el resto de los medios estatales. La «paritaria cero», en un contexto inflacionario y en el que paralelamente se abrieron planes de retiros voluntarios, trazó un panorama desolador en la emisora, con sueldos escuálidos, producciones mínimas y servicios eliminados. Basta un ejemplo: la cronista acreditada en Casa Rosada se fue de la emisora y nunca fue reemplazada.
El paro general y federal del lunes fue el segundo en las últimas dos semanas, tras el realizado el 21 de diciembre. En ambos casos, tanto la AM 870 como las emisoras provinciales no tuvieron programación al aire, ante la masividad de la adhesión.
La agencia Noticias Argentinas atraviesa una fuerte crisis y los trabajadores de prensa comenzaron un paro por tiempo indeterminado. Exigen el pago en tiempo y forma de los salarios, ya que les vienen pagando en cuotas y aun no cobraron el salario correspondiente al mes de diciembre.
Noticias Argentinas es la única agencia privada que quedó en pie, tras el cierre de DyN y el despido de todo su personal.
Además, la gestión de Hernán Lombardi dejó a Télam en jaque, con 370 despidos y una redacción paralela formada en Tecnópolis, ante la protesta de los trabajadores de la agencia que reclaman la reincorporación de sus compañeros.
El Grupo Octubre del sindicalista Víctor Santa María (Secretario General del SUTERH) decidió despedir del programa «Que vuelvan las ideas» de AM750 a Paula «Poli» Sabatés, delegada en Página/12 por el SiPreBA. El despido se produjo luego de reclamos por el pago incumplido de paritarias a las y los trabajadores del diario y la fundación de una Asamblea de mujeres y una Comisión de género por parte de la única delegada mujer de la Comisión Interna del diario.
Los guardavidas anunciaron este jueves un paro por tiempo indeterminado a partir del sábado ante la falta de acuerdo con los dueños de los balnearios de la ciudad y también el Municipio de Mar del Plata.
La protesta, que incluirá movilizaciones en los balnearios de «La Feliz», fue anunciada tras una nueva audiencia realizada entre las partes en el Ministerio de Trabajo. Durante el encuentro, el Sindicato de Guardavidas y Afines y la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) -que representa al sector público y también al privado- rechazaron la oferta del 34% de aumento realizada por la Cámara de Balnearios (Cebra) y volvieron a pedir una suba del 40%.
La medida de fuerza comprenderá a los 300 bañeros que se desempeñan en los balnearios privados, pero también a los 400 que trabajan bajo la órbita municipal ya que la paritaria de los primeros fija los salarios del resto.
El Ministerio de Trabajo citó a las partes para el próximo martes y siguió los mismos pasos que con los empleados municipales dictando la conciliación obligatoria al igual que para frenar la protesta que puso en jaque a la ciudad nada menos que en el arranque de la temporada, en el conflicto que mantuvo durante un mes el intendente local, Carlos Arroyo, con los empleados municipales por falta de acuerdo en torno a la suba salarial 2018. Después de un mes sin limpieza ni servicios básicos en la ciudad, los trabajadores retomaron este miércoles sus tareas habituales y ahora se abre un paréntesis de 15 días hábiles para intentar destrabar la negociación.
El secretario General del gremio docente de la Ciudad de Buenos Aires, UTE, Eduardo López, denunció que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, bloqueó la inscripción online a las escuelas nocturnas.
Como ya había avisado la gestión de la Ciudad, en el marco del fuerte ajuste aplicado en la educación pública, el gobierno encara la idea de cerrar 14 escuelas nocturnas. Aunque después la gestión Larreta comunicó que daría marcha atrás, no parece tener un correlato con lo que ocurre.
De hecho la Multisectorial Contra el Cierre de las Escuelas confeccionó un video donde se expone que la página oficial para acceder a los cursos bloqueó la opción nocturna.
Ante el bloqueo de la página oficial, desde los gremios docentes UTE y Ademys instalarán mesas de inscripción en la puerta de las 14 escuelas cerradas para anotar a los estudiantes que quieran inscribirse y ya avisaron que no iniciarán las clases de no revertirse esa situación.
Durante la última semana de diciembre y la primera de enero, 109 trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología recibieron la noticia de que sus contratos anuales serían renovados sólo por tres meses, en lo que consideran desde ATE es el preludio a otra tanda de cesantías.
Como respuesta, los trabajadores del Ministerio se han movilizado y se declararon en asamblea permanente en algunas direcciones. Además empapelaron de afiches los pasillos. Estas acciones ya han logrado revertir varios de los casos planteados.
Trabajadores Brigadistas se encuentran acampando en el Parque Nacional Lanín, cercano al edificio de la Intendencia, para denunciar y reclamar por la reincorporación de los despedidos a quienes no se les renovó el contrato laboral. Son 75 trabajadores combatientes de incendios forestales de temporada de alto riesgo con contratos temporarios, 3 brigadistas anualizados (2 de la Reserva Nacional Otamendi y 1 en el Parque Nacional Copos), una trabajadora administrativa del Parque Nacional Laguna Blanca, además de los 2 voluntarios rentados del Parque Nacional Iguazú, con quienes había un compromiso previo con el gremio de un pase a planta transitoria que no sólo no se cumplió sino que los despidieron.
El Intendente escuchó los reclamos de los Brigadistas, pero no dio ninguna respuesta, se entiende que estas medidas de ajuste y de eliminación de fondos provienen del Gobierno Nacional que genera la discontinuidad laboral y afecta el funcionamiento de Áreas Protegidas, acrecienta los riesgos, las funciones operativas básicas de seguridad de trabajadores, de pobladores y a la comunidad en general.
Las cesantías en el Estado no se detienen. Ahora los nuevos despidos se dieron en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom). Se trata de 12 trabajadores de ese sector de todo el país. Los mismos se suman a otra ola de cesantías en diversas áreas y organismos de todos los niveles del Estado, profundizando el ajuste sobre los estatales.
El martes 8, trabajadoras y trabajadores estatales encabezados por la conducción nacional de ATE y la CTA Autónoma manifestaron ante la Biblioteca Nacional en rechazo a los 20 puestos perdidos en el organismo. Las organizaciones realizaron un corte y una radio abierta en Avenida Las Heras y Agüero.
Gaiman es una localidad chubutense que queda a 15 kilómetros de Trelew. Allí se encuentra la planta de Algas Soriano, que hasta el 2017 era la única del país que producía agar-agar y carrageninas, sustancias elaboradas a partir de algas marinas que sirven como gelificante para dulce de batata, dulce de leche, cremas, chacinados y otros productos alimenticios.
Los 23 trabajadores y trabajadoras de la planta de Gaiman, como así también los de Bahía Bustamante, que se dedican a la cosecha, no cobran sus salarios desde julio del año pasado. Por el momento están cobrando un subsidio de $ 5.000, gestionado por la Municipalidad y la Provincia.
Para evitar posibles enfrentamientos, el gobierno provincial de Cambiemos, encabezado por Gerardo Morales, apoyado por el gobierno nacional y la UOM trasladó la presentación del preventivo de crisis de la fundición Aguilar de Palpalá (Jujuy) que amenaza con despedir a los 144 trabajadores a la Ciudad de Buenos Aires.
En la primera audiencia en el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, en su sede porteña, a medio país de la planta, tanto Abel Furlán, secretario de Organización de la UOM nacional, como Froilán Peloc, secretario de la UOM jujeña negaron la entrada de los dos compañeros de base que viajaron a la audiencia mandatados por una asamblea de trabajadores. No obstante, presionados por la presencia de los compañeros acompañados por un grupo de activistas de la Corriente Metalúrgica Independiente, la negociación quedó en suspenso.
Será en una asamblea de fábrica donde se decida si se sigue en CABA o se vuelve a Jujuy donde se realizó una marcha de vecinos y organizaciones sociales acompañando a los obreros de Aguilar.
En la audiencia por el cierre de la multinacional china Cofco de la planta en Valentín Alsina, que implica el despido de 200 trabajadores, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó una conciliación «obligatoria» que no lo es ya que la empresa no está obligada a dejar ingresar a los trabajadores a la planta.
Los trabajadores permanecen en las puertas de la planta, en Carlos Pellegrini 4370, realizando un acampe. Allí reciben la solidaridad de otros gremios y de sus propios compañeros aceiteros. También de organizaciones sociales y políticas.
Los y las trabajadoras ferroviarias del Belgrano Norte, tras vencerse la conciliación obligatoria, vuelven a estar en estado de alerta y movilización. Resolvieron también exigirle a la Unión Ferroviaria un paro y un plan de lucha nacionales contra los despidos, cierres de ramales y por la paritaria postergada.
La empresa La Nirva, que elabora el conocido alfajor «Grandote», se encuentra en concurso preventivo y reina la incertidumbre laboral entre los trabajadores alimenticios que vienen denunciando sueldos impagos desde hace más de cinco meses.
La Asamblea de Trabajador@s de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de La Plata, ante la falta de voluntad de diálogo de los representantes del Municipio, resolvió convocar para el jueves 10 de enero un Paro de 48 horas y realizó el viernes 11 una manifestación en las puertas de la Municipalidad por:
Reincorporación inmediata de los despedidos Basta de precarización laboral Aumento de salario Reconocimiento en la tarea Plena implementación del sistema de protección y promoción de derechos de los niñ@ No a la baja en la edad de imputabilidad.
Paritarias 2019
La Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Señaleros y la Asociación de Personal de Dirección, estipularon un incremento salarial del 10% para los primeros meses del año, más un 5% en concepto de suma fija. A ese 15% se le adiciona una gratificación extraordinaria equivalente al 10% del sueldo bruto total de diciembre de 2018, que en la práctica podría contemplarse como un bono de fin de año.
Las partes explicitaron que el 15 de marzo comenzarán las nuevas reuniones para encarar la recomposición salarial para lo que queda de 2019.
Aunque el proyecto de presupuesto estipula el techo salarial de este año, contemplando una inflación del 23%, las proyecciones privadas hablan de un aumento de precios que se ubicará cerca del 30%.
De allí que las empresas que participaron de la Encuesta de Remuneraciones que realiza la consultora Pricewaterhouse Coopers Argentina (PwC Argentina), indicaron que los incrementos salariales para este año rondarían entre el 26% y el 29% promedio, casi a la par de lo que el mercado prevé de inflación para este año, según el relevamiento del Banco Central.
La CICOP (trabajadores de la salud) demanda que la gobernadora María Eugenia Vidal convoque a la paritaria final 2018 tal como se comprometió, para tratar salarios, becarios y seguridad laboral, y reclama políticas de salud integrales.
Nuevos «feriazos» de pequeños productores
Pequeños productores nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) realizaron este jueves un nuevo feriazo en Plaza Miserere, en el barrio porteño de Balvanera, bajo la consigna «Pagá menos, comé mejor y apoyá a los trabajadores de la tierra».
La iniciativa busca generar un debate público sobre la crisis que atraviesa el sector y concientizar sobre las diferencias que existen entre los precios que se pagan en los supermercados y verdulerías y la escasa retribución que el pequeño productor recibe en su quinta.
La organización advirtió también que la devaluación, los altos costos de producción y los aumentos en los servicios están «ahogando» a los pequeños productores. Los trabajadores de la tierra producen más del 80 % de las verduras que se consumen en Buenos Aires y zonas aledañas.
En la misma línea los productores reclaman por la falta de políticas públicas para el sector y cuestionan la eliminación del Monotributo Social Agropecuario. Se trata de un sistema que le permitía al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permitía acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.
También reclaman por el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1.450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 %. El impacto del recorte fue aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 %. A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 %, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser visto como un gasto.
El feriazo continuó el viernes en la Plaza Retiro.
Vía libre para los despidos
El Gobierno desactivó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que frenaba los despidos. Se trata del 1043/18 y era parte del acuerdo con el que había sellado paz social para diciembre junto con el bono de fin de año.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial el 12 de noviembre pasado, estableció «un procedimiento por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa de trabajadores con contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a diez días previo a hacerla efectiva».
Ante esa información, la cartera de gobierno quedó facultada «de oficio o a petición de parte a convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar (durante el plazo de diez días) las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción laboral».
«El mecanismo de informar antes de despedir no surtió ningún efecto. Solo evidenció la ausencia de una política del Gobierno frente a la crisis de empleo o, lo que es lo mismo, un permiso para que los empresarios despidan sin consecuencias», afirmó el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte.
El asesor de empresas, José Zabala, de AMZ & Asociados, confirmó que en los casos en que sus clientes resolvieron concretar despidos cumplieron con el preaviso ordenado por el DNU pero que en ninguno de ellos hubo convocatoria posterior de Producción y Trabajo.
Pablo Smurra, asesor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dijo tener constancia de compañías que habían enviado la notificación a la repartición pública a la espera de un llamado que nunca llegó, por lo que cumplido el plazo de diez días los despidos quedaron ratificados con el pago de la indemnización correspondiente.
Al filo de la resolución, la multinacional del vidrio «Pilkington» despidió trabajadores con años de antigüedad, haciendo saber que a partir del 14 de enero «prescinde de sus servicios» sin causa, manifestando haber cumplido las «formales» notificaciones de rigor al ministerio de Producción que el gobierno acordó con la CGT a cambio del «bono de fin de año».
Patronales
La crisis en el sector Pyme de la región santafecina se multiplicó de un año para el otro, según los registros de la Federación Industrial de Santa Fe. Mientras en todo 2017 hubo veinte pequeñas o medianas empresas que se acogieron a la figura del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), el 2018 terminó con 248 empresas en esa situación.
El vicepresidente de Fisfe, Víctor Sarmiento, reveló además que hay unas 60 empresas en espera de inscribir su PPC ante el Ministerio de Trabajo.
La consultora y empresa de venta de bienes raíces y subastas Adrián Mercado publicó recientemente un informe en el que relevaron la totalidad de los comercios en la zona más transitada de la calle Florida y descubrieron que de un total de 1.286 locales, 272 se encontraban vacíos. Esto representa un 21%, una cifra que supera el promedio histórico que siempre se encontró por debajo de 10%.
En el sector aseguran que cierran 400 locales por año en la Ciudad de Buenos Aires. El dato más fuerte es que siguen desapareciendo restaurantes y bares históricos, con muchos años de trayectoria.
Los especialistas aseguran que la rentabilidad operativa del negocio ronda entre el 1% y 3 %, cuando históricamente rondó el 15 %.
A través de un comunicado en las redes sociales, los dueños de «Los Compañeros», ubicado en Avenida Belgrano al 100, dieron a conocer la noticia. «Estimados clientes: les comunicamos que este bar cerró sus puertas, gracias Mauricio Macri». Por el cierre, doce personas quedarán en la calle. Es la primera caída de un bar histórico en 2019.
«Queridos, clientes, vecinos, familias, con dolor les comunicamos que esta casa después de 63 años a partir del 18/01/2019 cerrará sus puertas definitivamente debido a la ya conocida situación económica del país». Con este breve mensaje, los dueños de la panadería «La Primavera» de La Plata anunciaron su decisión de bajar las persianas.
General Mills, una de las empresas alimenticias más importantes del mundo, negocia la venta de sus operaciones en Argentina. Se trata de los dueños de La Salteña, de tapas para empanadas y pastas frescas y secas que fabrica en su planta ubicada en la localidad bonaerense de Burzaco, que desembarcó en el país en 1995 y debido a los malos resultados que viene sufriendo por causa de la recesión y la caída del consumo, tiene como objetivo abandonar el mercado local. El establecimiento emplea a cerca de 500 trabajadores.
La Federación Argentina de la Industria Maderera señaló que en el 78,3% de las empresas del sector cayó la producción en 2018, mientras que el 35% de las mismas redujo su dotación de personal.
La industria petrolera de Chubut y Santa Cruz perdió en los últimos tres años más de 6.000 puestos de trabajo, lo que representa el 24 % del total de los empleos existentes en el sector a mediados de 2015.
La peor parte de la crisis ocupacional petrolera se la llevó Santa Cruz, con un total de 3.528 empleos menos en tres años. Esa cifra representa la tercera parte (33,4 %) del total de empleos petroleros existentes en la provincia en 2015. De esos más de 3.500 empleos perdidos en tres años, la mayor cantidad, casi 1.500, ocurrió en el último año.
En el medio de este proceso, hubo varios conflictos por cierre de pozos o amenazas de levantamiento de equipos, que terminaron con arbitrajes del gobierno a favor de la flexibilización de las condiciones de contratación.
El primer paso en la habilitación de estos mecanismos de precarización lo dio el sindicato petrolero de Neuquén, encabezado por el senador Guillermo Pereyra, para ser aplicado en los contratos laborales de Vaca Muerta. Sin embargo, «aunque Vaca Muerta permitió crear 1.700 puestos en Neuquén, el saldo de los últimos tres años arroja resultados negativos, con una retracción de 1.381 empleos» frente a 2015.
No obstante, el ministro de Producción de la Nación, Dante Sica, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, firmaron una adenda para evitar la conflictividad en el sector petrolero. Básicamente es un pacto para limitar el derecho de huelga en las plazas de exploración y explotación no convencional de hidrocarburos.
De todos modos, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo, que comanda David Castro con 4.000 afiliados, decidió no poner su firma en este convenio.
Debido a la baja en el consumo y la severa crisis económica que vive la Argentina, el sector textil registró 17.000 puestos de trabajo menos entre 2015 y 2018, según la Fundación Pro Tejer.
En septiembre de 2015 existían más de 115.000 puestos de trabajo formales en la actividad, mientras que durante el año 2018 la cifra disminuyó a 98.000 empleados registrados. Eso sin contar el impacto sobre el sector informal.
Empleados de la fábrica textil SportTech S.A de Villa Lynch se encuentran de paro y en asamblea permanente ya que la empresa les adeuda sueldos, aguinaldo y bono de fin de año.
«Estamos en nuestros puestos de trabajo en resguardo de una posible estafa y vaciamiento del establecimiento. El martes 8 tuvimos la primera jornada de lucha, guardias y asambleas las 24 horas», señaló Fernando Castillo, secretario general del Sindicato Unido de Costureros y Empleados del Vestido (SUCEV) de la CTA-Autónoma.
La fábrica textil, trabaja con las multinacionales Nike, Adidas y Puma. Según relatan los trabajadores, el sector empresarial rechazó sistemáticamente pedidos de trabajo de las marcas para luego justificar que la crisis generalizada del país afecta a la producción.
Se trata de al menos 120 empleados de los sectores de costura, transfer, corte, administración y el sector jerárquico que se encuentra en estado de alerta y a la espera ya que, si bien la fábrica presentó un pedido de quiebra en diciembre, al haber empezado la feria judicial todavía no existe ningún decreto que lo constate.
Además, exigen que se les pague el retroactivo del aumento de abril, mayo y junio que se les adeuda, los sueldos del mes de diciembre, vacaciones del período 2018, el bono y el aguinaldo completo.
El viernes 4, la empresa otorgó compulsivamente las vacaciones a los trabajadores y temen que la fábrica no abra sus puertas y haya vaciamiento de las maquinarias y materias primas.
¿Sindicato narco en Argentina?
Tras el reciente reconocimiento oficial del sindicato a la medida de Flybondi, su principal competidora en el segmento de las low cost se encamina por el mismo rumbo. Norwegian Air Argentina ya presentó los papeles frente al Ministerio de Producción y Trabajo para el reconocimiento de su propia organización.
Norwegian es una firma de capitales noruegos, pero constituida en la Argentina para poder hacer vuelos de cabotaje, y cuenta con aproximadamente 150 empleados. Hasta hoy la empresa no tiene personal agremiado y lo tiene encuadrado bajo el Convenio colectivo de trabajo de Comercio.
La Unión de Empleados de Norwegian (UNEN) será liderado por un viejo conocido del sector: Alejandro Botana, quien fuera ex secretario general de UALA, el gremio que nuclea a los pilotos de Austral y debiera dejar su cargo en 2016 por su cercanía con la gestión Cambiemos.
Flybondi, la empresa fuertemente relacionada con funcionarios de Cambiemos también tendrá su gremio. Así lo oficializó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, mediante la Resolución 4/2019.
El secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, se refirió al nuevo sindicato para el personal de Flybondi, autorizado por el Gobierno nacional en tiempo récord y disparó contra el Gobierno, la empresa y los nuevos «gremialistas».
El también secretario Adjunto de la CTA de los Trabajadores sostuvo que «quieren crear un sindicato para que no haya controles sobre Flybondi», y precisó: «El ministro Dietrich no puede desconocer que al frente del sindicato que él propicia va a estar un narcotraficante».
Tras conocerse que, en forma expeditiva, el Gobierno nacional habilitó la creación de un sindicato aeronáutico a la medida de las necesidades flexibilizadoras de la low cost favorita de Cambiemos, al otorgarle la personería jurídica a la Asociación Sindical de Trabajadores de Flybondi Líneas Aéreas, se reveló que el jefe de ese gremio es un narco piloto que estuvo preso dos años por volar el avión que llevó cocaína a España en un famoso caso.
Según publicaron varios medios periodísticos y tal como queda expuesto en el documento que firmó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, con aval de su par de Transporte, Guillermo Dietrich, para impulsar el gremio que recogerá a todas las ramas de actividad dentro de una única empresa, el secretario general del sindicato de Flybondi es Matías Miret, el piloto que estuvo dos años preso por volar el avión que transportaba una tonelada de cocaína con destino a Barcelona, tras haber despegado de El Palomar, con la famosa aeronave de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá.
Hace unos días, en diciembre pasado, un audio explotó la polémica, ya que en el mismo se escuchaba al ex CEO de Flybondi, Julian Cook, confirmando que el propio Dietrich lo había llamado a su teléfono personal para asegurarle que el Gobierno había accedido al pedido de crear un sindicato a la medida de la empresa.
«Hola Fernando. Me acaba de llamar Dietrich para decirme que hoy firman lo del sindicato. Abrazo. Chau», se escuchó a Cook, que estaría hablando con Fernando Granelli, que figura como integrante del gremio y es ex piloto de Macair Jet S.A., la ex aerolínea del Grupo Macri.
Este no es el único vínculo de Flybondi con el narcotráfico, ya que su CEO, Julian Cook fue directivo de Southern Winds, la famosa aerolínea de las narco valijas.
Los dirigentes gremiales Ricardio Cirielli (APTA) y Pablo Biro (APLA) expresaron recientemente que en la industria aeronáutica se sospecha que Flybondi «podría pertenecer a un cartel mexicano del narcotráfico».
Los gremios de empresas low cost ya evalúan conformar una Federación para sumar fuerzas. Es que la inscripción que les brinda el Ministerio no es suficiente para negociar paritarias ni muchos menos para encarar la firma de un Convenio colectivo de trabajo diferenciado.
Fuentes: Sputnik, La Rastrojera TV, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Clarín, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, APU, Anred, argentina.indymedia, Página12, Canal Abierto, InfoGremiales, marcha.org.ar, periodicoelroble.wordpress.com
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