Al gobierno le preocupa reactivar la economía, en tanto clave para la disputa del consenso electoral. La aspiración es ganar en primera vuelta las elecciones de octubre. Teme a la segunda vuelta y se juega todo en la estabilización económica para ganar consenso electoral y reconoce los límites del momento económico. Uno de los límites […]
Al gobierno le preocupa reactivar la economía, en tanto clave para la disputa del consenso electoral. La aspiración es ganar en primera vuelta las elecciones de octubre. Teme a la segunda vuelta y se juega todo en la estabilización económica para ganar consenso electoral y reconoce los límites del momento económico.
Uno de los límites es la inversión, y el otro, el saldo de las relaciones internacionales (balance comercial y de capitales), por lo que apuesta a la otra variable en juego, el consumo, que también ofrece ciertas limitantes.
Los inversores no apuestan si no tienen seguridad jurídica sobre sus inversiones, lo que incluye el tipo de cambio para repatriar y reorientar utilidades. Entre otras cuestiones eso se expresa en las expectativas sobre los títulos públicos, en alza ante la posibilidad de cambio de gobierno a fin de año, o en baja cuando suben las acciones del oficialismo para auto sucederse desde diciembre próximo.
Con el saldo comercial el problema es que aun con incremento de la cosecha, especialmente las 60 millones de toneladas de soja, los precios en baja constituyen un serio escollo que convoca a la retención de la producción en espera de alzas en los precios o modificaciones al tipo de cambio. El tema se agrava con vencimientos de intereses y capital de una deuda que crece y deteriora el balance externo de la economía local, junto a la recurrente fuga de capitales.
Sin posibilidad de ampliar la inversión o mejorar el balance externo, la expectativa está en el consumo. Varias discusiones entonces sobre la cuestión, y especialmente desde la política económica.
Una remite al consumo público, que tiene sus límites en la capacidad de creación de dinero y su reabsorción por parte del fisco, o sea, el flujo y reflujo del dinero en acuerdo con la política monetaria, crediticia y fiscal, asociada al impacto inflacionario.
Otra se vincula al consumo privado, especialmente popular, mediado por bajísimos ingresos de la mayoría de los trabajadores. La clave está en los ingresos resultantes de las convenciones colectivas, los que definen el conjunto de los ingresos fijos, de los no regularizados y los pasivos, por cierto, muy bajos. El salario promedio rondó los $6.000 al mes y la jubilación mínima de $4.700 es percibida por el 70% de más de 6 millones de jubilados nacionales. Al gobierno le preocupa el impacto fiscal sobre el ajuste salarial de lo que asume en su presupuesto, la presión empresaria por subsidios para atender incrementos por la demanda salarial y el impacto en la política financiera y monetaria de los mayores recursos conquistados en paritarias. Por eso, aun perjurando negociaciones sin techo, la pretensión es que el porcentaje de actualización corra en paralelo con la inflación esperada (un 25% y no el 15% que estima el INDEC). La lógica es que esos mayores ingresos abonen el consumo popular y con ellos se dinamice la alicaída producción.
El centro está en el consumo, función económica subordinada a la producción, que define el capital transnacional en todas las ramas de la economía. Con ello, el mayor consumo puede lubricar el consenso electoral al tiempo que consolida la extranjerización de la economía local. La dependencia profundizada es el resultado del curso de acción en materia económica. Por ello, el tema no pasa por reactivar la economía como sea, es decir, vía consumo, sino discutir el modelo productivo de inserción subordinada en la economía mundial. Es algo bastante minoritario en el debate electoral 2015 y que solo puede reinstalar en la conciencia social una dinámica en ascenso del conflicto social y la organización popular para la liberación.
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