El pasado jueves los vecinos del Barrio Nueva Esperanza se concentraron en la Legislatura bonaerense, en la Ciudad de La Plata, para pedirle al Poder Legislativo que vote la expropiación del predio de Merlo Gómez. Se trata de 3.000 familias que vienen luchando por el derecho a una vivienda digna y ocupan hace más de […]
El pasado jueves los vecinos del Barrio Nueva Esperanza se concentraron en la Legislatura bonaerense, en la Ciudad de La Plata, para pedirle al Poder Legislativo que vote la expropiación del predio de Merlo Gómez.
Se trata de 3.000 familias que vienen luchando por el derecho a una vivienda digna y ocupan hace más de un mes el predio ubicado entre la ruta 1001 y 1003, en la localidad de Merlo.
El avance de la especulación inmobiliaria, de los barrios cerrados, de la regulación exclusiva del mercado y la falta de mecanismos para garantizar este derecho hacen que la única forma en que puedan acceder a un techo para sus familias sea mediante la ocupación de tierras. Este predio se encontraba deshabitado hace largos años y había devenido en un basural. Son familias que se asentaron en el lugar, lo limpiaron, organizaron el espacio para construir un barrio con calles, plazas y merenderos para los más pequeños y que quieren que se les dé la posibilidad de acceder a la compra de las tierras de manera que puedan pagarlas.
El pedido al Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat hace una semana y a la Legislatura bonaerense es avanzar en la conformación de una mesa de diálogo ante el conflicto habitacional.
Se volvió a incendiar un conventillo en el barrio de La Boca
El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Ministro Brin al 700, a dos cuadras de La Usina del Arte. Según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti, dieciséis personas resultaron heridas, cinco de las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales.
Es el sexto conventillo que se incendia en el mismo barrio en el transcurso de los últimos cuatro años. Cada uno de estos episodios dejó decenas de familias en la calle y varios heridos de gravedad. Incluso, el incendio del 13 de octubre de 2013 -que destruyó dos conventillos en Melo 586- terminó con la vida de dos chicos de diez y once años y dejó a once familias sin vivienda. En ese momento, los vecinos expresaron que el incendio fue intencional y que el Gobierno de la Ciudad sólo les había prometido un subsidio de 1.800 pesos por tres meses. Frente a esta situación los inquilinos hacen un llamado a la solidaridad ya que han perdido casi todas sus pertenencias, por lo tanto, están necesitados de productos de limpieza, colchones y alimentos no perecederos, que comenzaron a recolectar el jueves y lo seguirán haciendo el martes 8 de diciembre de 16:00 a 20:00 en Emilio Lamarca 1860.
Según el censo 2010, en la Ciudad, 19.571 personas viven en inquilinatos y el 70% en La Boca.
El PRO, ECO y la mayoría del FpV regalan terrenos de la Ciudad al Arzobispado
Se trata de la transferencia de 30.000 m2 por 20 años el jueves pasado al considerarlos «innecesarios» para la gestión de la Ciudad. En el marco de la falta de vacantes, escuelas con dificultades edilicias graves y un déficit habitacional de 500.000 porteños, el peso del Arzobispado se hizo sentir en la Legislatura. El diputado Ramal del Frente de Izquierda se opuso junto a otros legisladores de la oposición.
Los terrenos están en distintos barrios de la Ciudad, algunos en las zonas más cotizadas, por ejemplo, sobre la Av. Santa Fe, Coronel Díaz o Figueroa Alcorta. Otros están situados en las comunas del sur que tienen los índices más altos de déficit habitacional.
La única modificación que se logró fue la de la escuela primaria Nº3 «Primera Junta» y el jardín Nº2 «Margarita Ravioli», en Caballito, que iba a pasar de ser parte del polideportivo que usan los chicos a pertenecer a la parroquia de Caacupé. Ante la movilización de la comunidad educativa en el barrio y en la Legislatura el oficialismo tuvo que sacar el terreno del proyecto alegando un «error en los planos».
Se aprobó también en primera lectura, el permiso de uso por 30 años de otro predio de la Ciudad a la Universidad Torcuato Di Tella, a pesar de la oposición de los vecinos del barrio.
En el documento titulado «Proyecto de Gobierno. Urbanización de villas y asentamientos» se detalla la propuesta nacional del PRO. La misma se realizó teniendo en cuenta solo los datos obtenidos de CABA, donde villas y asentamientos son, de acuerdo al proyecto, lugares en donde se afincan extranjeros recién llegados y delincuentes asociados al narcotráfico.
De la elaboración de la propuesta participaron; la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y otras corporaciones similares, interesadas en la regularización dominial de estos barrios informales, que así ingresan al mercado formal de tierras y por ende los ubicados en zonas mejor localizadas en cuanto a su accesibilidad pueden ser atractivos para los inversores, mucho más si se acompaña esto de una «flexibilización» de las normas de Planeamiento Urbano.
Al respecto, pretenden aprobar en estos días una Ley que dicte la supremacía del Plan Urbano Ambiental (PUA) sobre el Código de Planeamiento Urbano (CPU), con el objetivo oculto de poder dictar ciertas normas urbanísticas sin pasar por el Poder Legislativo.
Por otra parte, los programas para villas y asentamientos son una buena excusa para buscar financiamiento externo, que luego se dirija en su mayor parte a consultoras y constructoras asociadas. La gestión de la Ciudad ha abusado en la contratación de consultoras, tercerizando incluso el control de obra, haciendo a un lado los recursos humanos estatales.
En otro orden de cosas, ha llegado el momento de avanzar en la regularización y posterior urbanización de villas y asentamientos que se encuentran sobre terrenos nacionales. El caso más emblemático es el de la villa 31 y 31 bis, que desde al año 2009 espera ver materializado de acuerdo a la Ley de urbanización 3343.
En cuanto al presupuesto, lo realizado en la Ciudad, no es de lo más prometedor, teniendo en cuenta que la participación anual del área de vivienda en relación al presupuesto total de la Ciudad en los últimos diez años pasó del 5.3% al 2.4%, aunque de acuerdo a tratados internacionales de DD HH, a los cuales la Argentina y la CABA adhirieron, las autoridades nacionales y locales tienen la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda, especialmente de las personas más vulnerables. Todavía no se sabe en qué lugar del organigrama se ubicará la Secretaria de Hábitat, ni donde estarán ubicados los programas de vivienda, ya que el Ministerio de Planificación no formará parte de la estructura del nuevo gobierno. Está claro que no hay intención de crear un Ministerio de Vivienda a nivel nacional. En su propuesta, el PRO critica la gran cantidad de programas existentes y define que va a centralizarlos, pero en la Ciudad hicieron lo opuesto, desguazando el Instituto de Vivienda y creando cinco áreas que atienden la problemática del hábitat.
La gestión del presidente electo en la Ciudad de Buenos Aires en materia habitacional ha beneficiado a los contratistas privados y ha sido la más regresiva como política social. Baste recordar que Roberto Apelbaum, primer presidente del IVC, venía de un cargo ejecutivo en IRSA, la mayor empresa privada de emprendimientos urbanos.
La urbanización de los barrios Inta, Piletones y Cildañez, mediante entrega de títulos y pequeñas obras de mejoramiento barrial, sin participación vecinal -salvo las cooperativas amigas de la gestión, que sobrefacturan todas las obras- y sin un plan de urbanización serio en 8 años, hace difícil que podamos creer que van a urbanizar 100 villas al año.
Vecinas y vecinos de barrio El Tropezón (Córdoba): el gobierno no quiere cumplir el acuerdo para construir las viviendas prometidas
Esta zona al noroeste de la ciudad de Córdoba está resistiendo un desalojo, aún cuando hace más de 20 años que legítimamente viven allí, debido a la construcción de un puente en la zona que pretende «agilizar» el tránsito hacia el estadio mundialista de fútbol «Mario Alberto Kempes».
Hace algunas semanas recrudecieron las acciones del gobierno de De La Sota y hubo tensión entre la policía y los vecinos y vecinas. Producto de la resistencia del barrio, el acompañamiento de organizaciones sociales, abogados y medios de comunicación alternativos, se logró firmar un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social para construir las nuevas viviendas cerca del barrio, ya que las obras están resintiendo el mobiliario de las casas donde hay alrededor de 150 familias.
El plan de obras, debía incluir un plazo de finalización de 14 viviendas en Barrio Héroes de Malvinas, y la urbanización in situ de las aproximadamente 130 familias que aún residen en Villa El Tropezón. En marzo de este año la Provincia ya había ofrecido construir viviendas en un terreno contiguo, pero aún no se avanzó en nada al respecto.
A casi un mes de la firma del acuerdo no han recibido ninguna confirmación del comienzo de la obra, razón por la cual los vecinos y vecinas decidieron cortar media calzada.
Inmediatamente policía y gendarmería llegaron al lugar de modo muy violento e intimidatorio.
Finalmente, levantaron el corte con la promesa de que al día siguiente algún representante de Desarrollo Social se acercaría a dialogar. En el transcurso de la mañana del martes se realizó esta reunión entre el representante del Ministerio y la asamblea de vecinos pero no se llegó a ningún acuerdo.
Las familias que desde 2013 ejercen el derecho de posesión legítima en Barrio Nueva Esperanza, en Córdoba, han sido víctimas en la madrugada del sábado 28 de noviembre de una brutal e ilegal represión. El lunes 30, se convocaron ante los Tribunales II donde realizaron la presentación de un habeas corpus colectivo y una denuncia penal a los policías que intervinieron. Además, el martes marcharon desde Colón y Cañada en repudio a lo sucedido.
Las familias denuncian que la policía cordobesa actuó sin orden de desalojo ni allanamiento: «actuó en connivencia con la empresa Gama que pretende usurpar esas tierras para sus negocios inmobiliarios», agregaron.
«Anoche empezaron a llegar móviles, llegaron con comisarios y empezaron a tirar ladrillazos a la gente que estaban en la carpa, golpearon a criaturas, a gente grande la tiraban al suelo. A una señora la empujaron a un pozo y se quebró la pierna, ocasionándole una fractura expuesta y ahora está internada en el de Urgencias», relata Ariel Murúa vecino de Barrio Nueva Esperanza sobre lo ocurrido el sábado.
Susan recuerda la feroz represión y relata el ensañamiento que ha tenido la policía con las mujeres: «Se abusan de las mujeres, ayer a las vecinas las sacaban de los pelos, las golpeaban, les pegaban en el piso, y nadie podía hacer nada, se abusaban de las criaturas y no hay nadie que nos venga a ayudar».
Los comisarios de la zona norte a cargo del operativo serían Corvalán, González y Arias, acompañados, según versiones de los vecinos por un miembro del Estado mayor policial.
«Ellos nunca vienen con orden de desalojo, con ningún papel. Y te dicen que si querés ver un papel andate a la Unidad Judicial 14 bis ahí la vas a tener. Y hemos ido a averiguar y allí no hay nada, hemos ido a Tribunales y tampoco hay nada».
Según trascendidos, el accionar de la policía se podría explicar por un arreglo entre los hijos del dueño de Gama, Jorge Petrone, y la policía de la zona para garantizar el desalojo. Cabe recordar que el año pasado el Tribunal de la Cámara 10ª del Crimen condenó al empresario de Gama S.A. Jorge Petrone a 5 años y seis meses de prisión; a su primo Oscar García, a 3 años y seis meses; al vendedor Diego Oxandaburu, a 4 años y tres meses; a la escribana María Pace, a 3 años y seis meses; al tramitador Ramón Ordóñez, a 3 años; al escribano Alfredo Enz a 4 años por sus responsabilidades en ilícitos relacionados con un campo ubicado junto a la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz.
Agrupaciones vecinales defienden humedales
El domingo 15 de noviembre, miembros del Movimiento en Defensa de la Pacha, la Comunidad Qom Cacique Ramón Chara de Benavídez (Tigre) y la Asamblea en Defensa del Humedal (Escobar) ingresaron a La Bellaca, un campo ubicado a orillas del Arroyo Claro en Villa La Ñata para comprometerse con la «protección de este territorio», indicaron.
«Los humedales se pueden habitar, pero sin destruirlos», criticaron los impulsores de la manifestación.
«Reclamamos a los funcionarios provinciales y municipales no autorizar la construcción del barrio privado Santa Ana de EIDICO, un nuevo country náutico del Complejo Villa Nueva, que en total ya ocupa 900 hectáreas, o sea, el equivalente a casi 1.000 manzanas», advirtieron los integrantes de estas tres agrupaciones vecinales.
A principios de octubre, el Movimiento en Defensa de la Pacha solicitó a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires la copia de los estudios de impacto arqueológico financiados por el emprendimiento Santa Ana, para poder evaluarlos. A las pocas semanas, la información les fue denegada y al mismo tiempo la empresa alambró tres pequeños sectores que corresponderían a los sitios arqueológicos. Desde noviembre de 2014, en el Concejo Deliberante de Tigre se encuentra cajoneado un proyecto de ordenanza para prohibir los barrios privados por el daño social, ambiental y cultural que generan. Esta posición es sostenida por el MDP, la Asamblea de Vecinos Inundados de Tigre, la Asamblea Delta, la Asamblea en Defensa del Humedal en Escobar y muchas otras organizaciones de toda la Cuenca del Río Luján. La propuesta de prohibición de los barrios privados cuenta con el respaldo de especialistas en temas urbanísticos y ambientales de gran prestigio, quienes a fines de 2014 divulgaron una carta pública. Allí, relacionaban «la saga de eventos de inundación producidos en los últimos tres años en la cuenca del río Luján» con las «profundas transformaciones ocasionadas por el uso residencial en áreas no aptas para ese fin», con efectos a nivel local y en localidades de la cuenca media.
Reinaldo Roa (66), vecino guaraní del barrio La Paloma de El Talar (Tigre), dirigió algunas palabras a los compradores de lotes de este tipo de emprendimientos, el cual las inmobiliarias promocionan como una vida supuestamente más en armonía: «Si destruyen la naturaleza, se destruyen a ustedes mismos».
Esto no significa que no puedan habitarse estos territorios, pero debe respetarse el humedal: «Si no rellenan, se pueden hacer viviendas, si ayudan a cuidar la naturaleza, bienvenido sea. Los humedales están hace miles de años, es patrimonio de la naturaleza, no se puede destruir», explicó.
«Somos parte de la naturaleza, si eso se pierde perdemos todos nosotros», concluyó.
El martes, habitantes del Barrio Independencia, uno de los asentamientos más grandes de San Martín amenazaron con tomar un predio junto al Camino del Buen Ayre, en José León Suárez. Personal de la Municipalidad de San Martín negoció la salida de la gente, mientras que policías de Protección Ciudadana municipal y de La Bonaerense impidieron la entrada de materiales de construcción o carpas.
El predio, de unas 30 hectáreas, queda a la vera del Camino del Buen Ayre, a la altura de la calle Artigas. Se trata de una laguna que fue rellenada ilegalmente hace muchos años, luego pasó a manos de la CEAMSE y ahora fue adquirido por empresarios que planean poner allí un parque industrial.
La Agrupación Clasista Lucha y Trabajo y otras organizaciones se movilizaron y cortaron el martes Corrientes y Callao, en solidaridad con las 130 familias que ocupan tierras en el barrio Villa Cordobita de Tandil desde hace dos meses. Allí se espera un inminente operativo policial ya que la Cámara de Apelaciones de Azul dio plazo hasta este jueves 3 para que la Policía Bonaerense desaloje las familias ocupantes.
«Esta resolución se valió de escrituras y boletos de compra-venta denunciadas por nulas en otra causa, que curiosamente quedó a cargo del mismo fiscal y la misma jueza que ahora intentarán llevar adelante el desalojo. Las tierras en cuestión, pertenecían a Tandilia SRL. Esta empresa quebró en 1960 por lo que los lotes poseen titularidad acéfala y vacante. Por eso sigue abierta la causa judicial sobre la legalidad de los documentos presentados para solicitar el desalojo. Ahora, con el desalojo se pretende consagrar la impunidad y el millonario negocio inmobiliario de tierras robadas por Mario Cerviño en connivencia con el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y otros funcionarios públicos», denuncian las familias afectadas.
Una buena
El gobierno de Santa Fe entregó la semana pasada 100 terrenos con servicios a igual cantidad de familias de la comunidad Qom en la zona sudoeste de Rosario.
Se trata de parcelas ubicadas en la zona de Rouillón al 4000 que cuentan con todos los servicios básicos (luz, agua, veredas, desagües pluviales, alumbrado público y arbolado, entre otros), tras una inversión de 17,5 millones de pesos.
Las 100 familias de la comunidad Qom tomaron posesión el martes 24 de noviembre.
La iniciativa se enmarca dentro del programa provincial «Mi Tierra, Mi Casa» que tiene por objetivo promover el acceso a suelo urbanizado por parte de sectores que hoy no logran resolver su problema habitacional.
Fuentes: Anred, Radio Zumba la Turba, Medio Palo Noticias, www.marcha.org.ar, ADN, Indymedia Córdoba, Ecos Córdoba, www.santafe.gov.ar, La Izquierda Diario, Red Edo Alternativo, buenosaires2punto0.com.ar, Inquilinos Agrupados, Clarín, APU.
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