La victoria de Macri pone en peligro las conquistas sociales de los últimos 15 años, entre ellas, las del movimientos de fábricas y empresas recuperadas, del que Andrés Ruggeri es uno de los principales investigadores. Director del programa de investigación Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, el antropólogo argentino Andrés Ruggeri ha documentado […]
La victoria de Macri pone en peligro las conquistas sociales de los últimos 15 años, entre ellas, las del movimientos de fábricas y empresas recuperadas, del que Andrés Ruggeri es uno de los principales investigadores.
Director del programa de investigación Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, el antropólogo argentino Andrés Ruggeri ha documentado como pocos un movimiento que aglutina actualmente a 350 empresas y da trabajo a 16.000 personas.
¿Cuál es tu análisis sobre la victoria de la derecha en Argentina y qué importancia tienen en ella los posibles errores de la izquierda?
Por primera vez en mucho tiempo la derecha logró construir una base de legitimación social suficiente como para ganar una elección, lo que implica que logró votos incluso en sectores populares.
La pregunta es cómo lo logró, o mejor dicho, que es lo que no supimos ver y prevenir para evitarlo. El gobierno de Cristina Kirchner venía con un desgaste innegable después de 12 años, con una situación económica que, por primera vez en mucho tiempo, afectaba la capacidad de consumo de gran parte de la población, y se enfrascó en una pelea con el multimedios Clarín, que lo absorbió.
Hay que decir que fue sometido a un bombardeo mediático y a un hostigamiento sin parangón, como también sucede en los otros países de la región con gobiernos de izquierda o progresistas. Falló en atacar algunas bases del poder económico de la gran burguesía, en desarticular el poder corporativo de jueces y empresas de comunicación, etc., pero sobre todo en fomentar la organización popular de base, los medios comunitarios, la economía autogestionada, etc., todas políticas que le hubieran permitido llegar con más fuerza a la disputa electoral. Recordemos que se perdió por menos del 3% en un balotaje.
Pero más allá de estos errores políticos y de construcción, el problema es que no se advirtió el potencial de la derecha para construir una base social reaccionaria capaz de movilizarse, basada en los sectores más retrógrados de la clase media, sectores que siempre existieron y que en los 70 apoyaron la dictadura, por ejemplo. Se subestimó la capacidad de Macri para hacer una campaña electoral eficaz, y se descuidó la disputa de esos sectores medios y medios bajos.
El gran éxito de la derecha, y esto no es un fenómeno exclusivamente argentino, es lograr construir un votante-consumidor, que adquiere un voto como un producto del supermercado, y la derecha hizo una campaña brillante para aprovecharlo, mintiendo deliberadamente en el período preelectoral.
Ese votante-consumidor, paradójicamente, fue generado o, mejor dicho, reforzado, por el propio éxito de la política económica del gobierno, que basó la recuperación de la economía en el mercado interno, a través del consumo. De esta forma, en vez de fomentar un sujeto popular organizado y consciente, terminó fomentando un conjunto social desmembrado, individualista y consumista, que además pensó que las conquistas de la lucha del 2001, y los beneficios sociales logrados en estos 12 años eran derechos adquiridos que no estaban en riesgo. Convencerlos de esto último fue un gran logro de la campaña de la derecha, clave para su triunfo.
¿Qué está pasando en el kirchnerismo?
Hay un doble fenómeno bastante llamativo. Por un lado, una absoluta falta de reacción de la dirigencia frente a la ofensiva macrista, que incluso se vio en la campaña electoral. Macri está gobernando a través de decretos de dudosa constitucionalidad, sin llamar a sesiones del congreso, está despidiendo trabajadores del Estado en forma masiva, destruyendo rápidamente la ley de medios, que es la gran bandera del kirchnerismo y, sin embargo, la reacción de los dirigentes, salvo excepciones en las segundas líneas, no aparece.
Es probable que, como en otras épocas, el oportunismo y la falta de convicciones estén ganando terreno en una parte del aparato político peronista y eso tenga paralizado al partido. Por abajo, en cambio, hay mucha movilización, militancia y ganas de salir a enfrentar al macrismo. Se moviliza la gente en forma espontánea o casi, por convocatorias desarticuladas, a través de las redes sociales, y eso ya se vivió en el período entre la primera y la segunda vuelta electoral, cuando decenas de miles de personas salieron a tratar de evitar el triunfo macrista y por poco lo logran, frente a la pasividad de la campaña oficial.
Pero este movimiento de las bases corre el riesgo de agitarse y desmoralizarse si no es acompañado por organización y si no tiene una mínima estrategia política más allá del enojo o la reacción caso por caso frente a despidos y atropellos del gobierno.
Ahí es donde la desidia de la dirigencia está comenzando a ser dañina, pues ayuda indirectamente al macrismo, no sólo por su propia inacción sino por la desmoralización que produce en la base. En el caso de Cristina, hace muy poco que dejó el Gobierno -lo hizo con una despedida multitudinaria, de medio millón de personas- y es probable que sean otros quienes tengan que asumir el papel de enfrentarse públicamente a Macri, o que ella piense eso.
¿Cuáles son las leyes que protegen al movimiento de empresas recuperadas y cuáles pueden ser los riesgos con el gobierno de Macri?
La legislación argentina es bastante confusa con respecto a la realidad concreta de las empresas recuperadas. De alguna manera, se puede decir que los trabajadores, a través de sus luchas, fueron forzando la letra de la ley para conseguir algunos espacios que les permitieran avanzar.
Para ser más claros, la legislación no habilita la ocupación de fábricas y el traspaso de la propiedad privada a la propiedad colectiva de los trabajadores, pero hay algunas vías que permiten avanzar en ese sentido. La ley de quiebras fue cambiada en pleno período neoliberal, en 1995, para favorecer la liquidación de las empresas quebradas, dejando en la calle a los trabajadores.
La ocupación de las fábricas buscó evitar el desmantelamiento de los establecimientos para poder volverlos a poner en producción. A partir de 2000 y 2001, la presión de los trabajadores y los movimientos sociales comenzó a conseguir la sanción de leyes de expropiación, por las que el Estado declaraba de interés público las empresas en quiebra, las expropiaba y las cedía a la cooperativa de los trabajadores.
Estas leyes son temporales y siempre bastante discutidas, pero sirven para que los trabajadores frenen el proceso de remate y expulsión, y logren la autorización legal para explotar la empresa. Posteriormente, en 2011, se consiguió la reforma de la ley de quiebras y se habilitó el proceso mediante el que los trabajadores de la empresa fallida, si forman una cooperativa y le demuestran al juez la factibilidad del proyecto, pueden canjear la deuda de indemnizaciones y salarios -que por lo general en las quiebras nunca consiguen cobrar- por la propiedad de la empresa.
Este proceso es igualmente complicado y muchas veces entra en un vacío judicial que se prolonga en el tiempo y hace fracasar la recuperación o da chances a los empresarios o acreedores del anterior propietario a hacerse de la empresa por otros medios. En los últimos años, hubo algunos desalojos de fábricas tomadas por demoras en el proceso de la ley de quiebras, como en el caso de la gráfica Mom, que mientras se desarrollaba el proceso en el juzgado comercial, fue desalojada por la policía metropolitana (creada en la ciudad de Buenos Aires por el actual presidente cuando era alcalde, y que estaba a sus órdenes) en base a una denuncia por «usurpación» en otro juzgado.
Lo que queda claro es que, más allá de las leyes, es la correlación de fuerzas sociales y políticas lo que habilita que estas leyes sean más o menos flexibles, más o menos favorables o duras. El 2001 provocó una correlación de fuerzas favorable que fortaleció a los trabajadores y abrió el camino para la mayoría de las recuperadas. Bajo el Gobierno de Mauricio Macri, es altamente probable que se intente un proceso regresivo y de ataque hacia los trabajadores, en una correlación de fuerzas más desfavorable que en la década anterior. La fragilidad legal que acabamos de describir es un marco que propicia esa reacción neoliberal y pone en peligro la misma existencia de las empresas recuperadas por los trabajadores.
¿Por qué es importante el movimiento de empresas recuperadas?
Las empresas recuperadas tienen importancia a mi entender por varias razones, pero voy a destacar dos. La primera es que, en tiempos de neoliberalismo a nivel mundial, en que en todo el mundo millones de trabajadores son expulsados de sus puestos de trabajo, la recuperación de las unidades productivas que cierran por parte de los trabajadores representa una resistencia y a la vez una salida a esta situación.
Recuperar una empresa significa impedir que sea eliminada del entramado económico de una región o un país determinado y junto con ella sus puestos de trabajo y los entramados productivos a los que se vincula. Y, por sobre todas las cosas, crea una organización del trabajo basado en relaciones básicamente democráticas, igualitarias y colectivas, en las que la explotación del trabajador no es la base sobre la que se estructura todo el funcionamiento del sistema económico. Esa es, entonces, la segunda razón que me parece importante, que más allá de todas las dificultades que experimentan en el proceso real y concreto, la empresa autogestionada apunta hacia la creación de una lógica económica alternativa a la del capital, y lo hace a partir de una situación concreta, de una necesidad y una resistencia.
¿Cuántas son ahora, aproximadamente, en Argentina y qué balance se puede hacer de las empresas recuperadas, ocupadas y autogestionadas?
El cuarto relevamiento que hicimos a fines de 2013 nos dio como resultado la existencia de 310 empresas recuperadas en el país, que ocupaban a aproximadamente unos 14.000 trabajadores. Actualmente, y con motivo del cambio de Gobierno, estamos haciendo una actualización de esos datos que nos lleva a un número aproximado de 350 casos, y unos 16.000 trabajadores.
Lo interesante de estos números es que más de la mitad son posteriores a la crisis de 2001, incluso extendiendo el período hasta fines de 2003. Desde 2010 a la fecha, las empresas recuperadas son unas 110, mientras que entre 2001 y 2003 se recuperaron unas 150. Es decir que el conjunto de empresas recuperadas del país está dividido más o menos en mitades: una mitad, las más antiguas, provenientes de las postrimerías del período menemista y de la etapa neoliberal de los años 90, que se ido desarrollando durante todos estos años y que se consolidó, llevando más de 10 años en autogestión.
Y otra mitad, recuperadas posteriormente, en etapa de expansión de la economía o de un impacto mucho más leve de la crisis internacional debido a las políticas del Gobierno kirchnerista basadas en priorizar el mercado externo y proteger la economía de las importaciones desenfrenadas, lo que a pesar de que los empresarios continuaron con sus prácticas fraudulentas -origen de la mayoría de las empresas recuperadads- el ambiente para el desarrollo de cooperativas de trabajadores fue mucho más favorable que en la época de la crisis o antes.
Otra cuestión a destacar es que los procesos de recuperación no son sin lucha o sin conflicto. Es decir, lo que en Europa se conoce como buyout, el proceso legal por el cual una empresa en quiebra puede transformarse en cooperativa de trabajadores, en nuestro país implica necesariamente algún tipo de conflicto, incluso para obligar a los jueces a habilitar el proceso de buyout (habilitado desde la reforma de la ley de quiebras en 2011). Por lo cual la decisión de intentar autogestionar la empresa o la fábrica es una decisión colectiva que no depende de mecanismos administrativos sino de la lucha obrera, y hay cada vez más conciencia y aceptación dentro de la clase trabajadora de que esto es posible.