Sr. Juez Bonadío. Empecemos desde el principio. Pese a lo que se ha tratado de insinuar, en la llamada «causa dólar futuro» no se busca investigar un «negociado» ni un caso de corrupción. De hecho, en las 1.000 páginas del expediente, no hay ninguna denuncia sobre un eventual beneficio para algún funcionario, empresario u otra […]
Sr. Juez Bonadío.
Empecemos desde el principio. Pese a lo que se ha tratado de insinuar, en la llamada «causa dólar futuro» no se busca investigar un «negociado» ni un caso de corrupción. De hecho, en las 1.000 páginas del expediente, no hay ninguna denuncia sobre un eventual beneficio para algún funcionario, empresario u otra persona vinculada a la anterior gestión. Por caso, no se menciona ninguna sociedad off-shore en Bahamas o Panamá a nombre de ninguno de los supuestamente involucrados. Si bien al inicio de la investigación Ud. citó numerosos «testigos» para averiguar si el Banco Central le había vendido «dólar futuro» a algún amigo o conocido para así favorecerlo, insistiendo en obtener «las listas» de los que compraron, finalmente comprobó que la operatoria en el mercado de futuros se realiza en una «pantalla ciega», es decir, resulta imposible para el vendedor, por la naturaleza del sistema, conocer la identidad de los compradores y viceversa. Al volverse evidente que no existió ningún hecho de corrupción, fue mutando sobre la marcha lo que se está investigando en esta causa.
¿De qué delito se nos acusa ahora entonces? A ciencia cierta, aún no lo sé. En las 1.000 páginas no hay ninguna explicación al respecto. En la causa, después de descartar toda posibilidad de la existencia de un acto de corrupción, parece que se comenzara una «aventura de pesca», con el objetivo de intentar acusar a alguien de algún delito. Se encontró entonces la siguiente imputación: el Banco Central realizó contratos en pesos atados al valor futuro del dólar a un precio que, según se intenta (infructuosamente) demostrar, es «distinto al de mercado». Sinceramente, Señor Juez, la acusación es tan absurda que no sé por dónde empezar la explicación. Esto es así porque, indudablemente, cada vez que el Banco Central interviene en un mercado lo hace «con fines regulatorios del precio de mercado», cualquiera sea ese precio: la tasa de interés, el dólar presente, los contratos en pesos atados al valor futuro del dólar, los títulos públicos. Esta particularidad se debe a que cada vez que el Banco Central decide intervenir lo hace precisamente para modificar, para subir o bajar, alguno de esos precios, apartándolo del valor que tendría sin su participación. Si este accionar estuviera prohibido, si fuera ilegal, simplemente no existiría la política monetaria. Ni existirían los bancos centrales como reguladores del mercado. Esto no es una práctica argentina, sino que todas las autoridades monetarias del mundo realizan intervenciones en diversos mercados con el objetivo de alterar los precios vigentes de acuerdo a las metas de política económica que buscan alcanzar.
Señor Juez, la Carta Orgánica del BCRA sostiene que «El Banco Central de la República Argentina podrá: a) Comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia» (Artículo 18). Esto no quiere decir que deba hacerlo al mismo precio que tendría sin intervención, porque si no, no tendría ningún sentido intervenir y no podría cumplir el objetivo regulatorio allí descrito. Lo que significa es que debe operar con transparencia en sus intervenciones, es decir, no puede comprarle o venderle títulos o divisas o contratos a una persona o entidad a un precio que sea, por ejemplo, el doble o la mitad del que figura en la pantalla. Y Ud. mismo observó cómo operó el Banco Central en el período que analizó, donde todas las operaciones se hicieron de manera transparente en el correspondiente mercado a través del sistema de «pantalla ciega», sin posibilidad por parte de la autoridad monetaria de conocer quién es el otro participante en ninguna de sus operaciones.
En la causa comprobó Ud., además, que el Banco Central de la República Argentina interviene en el mercado de dólar futuro como lo hace la mayoría de los bancos centrales del mundo. Es una operatoria normal y parte habitual de la política cambiaria. La investigación se enfoca ahora a demostrar algo prácticamente esotérico: si el precio que fijó el banco central era o no el «correcto», o, como dirían los economistas aristotélicos del medioevo, el precio «justo». Así, si el Banco Central vendía por debajo o por encima de ese precio, la operatoria podría cuestionarse y perseguir por vía legal al que fijó ese precio. La tarea es ímproba: es perfectamente legal que el Banco Central opere en el mercado y que fije el precio que le parezca conveniente. ¿Cuál debía ser dicho precio? Para averiguarlo, cita a declarar usted a numerosos economistas, todos ellos pertenecientes a la alianza Cambiemos o claramente alineados con sus ideas políticas y económicas, para preguntarles si el precio del dólar que fijó el Banco Central en esos contratos era «adecuado». Todos los economistas de Cambiemos opinaron, previsiblemente, que no. Sin embargo ninguno de ellos dice, porque sería absurdo hacerlo, que fijar un precio distinto al que ellos creen correcto pueda ser un delito. Es más, en el expediente tiene lugar un verdadero debate porque los economistas de Cambiemos no consiguen ponerse de acuerdo. ¿Cuál sería el precio «adecuado» o «correcto» para los contratos en pesos atados al precio futuro del dólar? Alguno dice que debería haber sido igual o que es comparable al del llamado «dólar bolsa», otros al de los «forward» en dólares de Nueva York, otros al de los títulos «dólar link» en el mercado local y otros al del dólar corriente más la tasa de interés en pesos. La diversidad de opiniones existe y es válida, porque todos estos son «activos» de distinta naturaleza con precios naturalmente distintos entre sí. Pero es imposible afirmar que la venta de contratos atados al valor del dólar futuro a un precio distinto de alguno de aquellos configura un delito. Lo único que puede probarse es que entre los economistas suele existir una llamativa divergencia en las apreciaciones sobre la política económica, incluso cuando estos economistas son miembros de un mismo proyecto político, como es el caso de Cambiemos.
Luego, el expediente parece preocuparse por el monto operado y las ganancias o pérdidas que tuvo o iba a tener el Banco Central con esa operatoria. En primer lugar, hay que aclarar otra cuestión, también obvia. Cada vez que el Banco Central interviene en un mercado obtiene ganancias o pérdidas contables, por definición. Pero el caso es que el Banco Central no es un banco comercial privado que persigue la máxima ganancia con sus operaciones. Lógicamente, su Carta Orgánica no habla de un fin de lucro. Su función es distinta: «El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social» (Artículo 3). Su objetivo, según la Carta Orgánica, es hacer política monetaria, no maximizar sus ganancias o evitar las pérdidas. Si ese fuese el objetivo, se daría la paradoja de que el BCRA buscaría fijar el tipo más alto posible (¿infinito?) y pagaría 0% en la tasa de interés ya que así maximizaría su «ganancia». De hecho, en su su operatoria normal siempre genera ganancias y pérdidas contables, pero no pasa por ahí su objetivo, porque de otro modo no podría nunca dedicarse a regular los mercados según los propósitos y necesidades de la política económica.
El absurdo de esta denuncia puede demostrarse también, y de manera más contundente, con ejemplos del manejo de la política monetaria por parte del gobierno de Macri. La mega-devaluación de la moneda argentina que implementó este gobierno, mayor -por ahora- al 50%, estuvo acompañada de una fuerte suba de la tasa de interés. Si se siguiera el criterio que intenta imponer esta causa, habría que hacer una denuncia al presidente del Banco, al Ministro de Hacienda y al Presidente de la Nación. Me explico. El Banco Central fijó la tasa de interés que le paga a los bancos en 38%. Es altísima. Claramente, no es una tasa «de mercado» según el criterio de los propios economistas de Cambiemos, porque si Ud. concurre a un banco comercial privado y deposita su dinero, no le van a pagar más de 29% en concepto de intereses. De hecho, eso es lo que están haciendo los bancos: usted pone constituye un plazo fijo, le pagan 29% y los bancos comerciales «se dan vuelta», le prestan su plata al Banco Central a una tasa mucho más alta «que la de mercado» y tienen una formidable ganancia, sin correr riesgo alguno. Eso es lo que harían con su dinero. Así como lo escucha. Esta operación que se realiza con un título llamado LEBAC la vienen realizando desde diciembre y el BCRA ya acumuló una deuda de 475.000 millones de pesos en forma de LEBAC. Si se mide desde la perspectiva de las pérdidas, lo cierto es que el Banco Central va a perder una fortuna. El «costo» de esta medida será de más de 150.000 millones de pesos en el año. Muchísimo mayor que la supuesta «pérdida» que se analiza en este expediente. De hecho, podría Usted tranquilamente abrir una nueva investigación judicial y discutir si la tasa de interés que está pagando el Banco Central a los bancos comerciales, de 38%, es «de mercado», es muy alta o muy baja. Me animo a decir que todos los consultados dirán que es alta, simplemente porque es mucho más alta que otras tasas de interés nacionales y mucho más aún que las internacionales, que en dólares hoy son prácticamente 0%. Del mismo modo que se intenta hacer en esta causa, podría acusarse a las autoridades de operar «fuera de precio de mercado» y causarle gigantescas pérdidas al Banco Central. Sin embargo, no le estoy sugiriendo hacerlo. Aunque ciertamente no estoy en modo alguno de acuerdo con pagarles a los banqueros privados esa tasa de interés muy bien sé que se trata de una política económica (liberal) de este gobierno. Se puede estar de acuerdo o no, pero seguro no es materia del derecho penal, no es ilegal y no es delito.
Como queda claro luego del cambio de gobierno el 10 de diciembre de 2015, la mega-devaluación implementada y la ausencia de intervención en el mercado de futuros ha resultado en el incumplimiento por parte del Banco Central de todas y cada una de sus funciones. Con la mega-devaluación llevada adelante por la actual conducción del Banco Central, se ha perdido la estabilidad monetaria (la inflación se duplicó); la estabilidad financiera se ha visto profundamente deteriorada como lo muestran los continuos vaivenes en el valor del dólar y las consecuencias de esta devaluación están afectando negativamente el empleo y el desarrollo económico con equidad. La anterior política de intervención en el mercado de futuros, en cambio, no sólo era legal sino que era la correcta en términos económicos para un mejor cumplimiento de las funciones que establece la Carta Orgánica de este organismo.
Aporto otro muy breve ejemplo: desde que asumió Macri, el Banco Central vendió dólares en efectivo para bajar el precio del dólar en el mercado corriente (spot). Está en todos los diarios. Si más adelante se produjera una devaluación, bien podría iniciarse una causa similar a esta por las nuevas pérdidas del Banco Central. El argumento sería este: el presidente del Banco Central vendió dólares a 14 pesos. Ese no era el precio de mercado, obviamente, porque si los vendió fue justamente para intervenir y bajar el precio. Vendió barato. Luego, el dólar se fue a 16. El «delito» sería haber vendido barato y tenido una pérdida de 3 pesos por cada dólar. Supongamos que vendió USD 1.000 millones de dólares, entonces habría perdido $ 3.000 millones en pocos días. Todo dólar vendido a un precio inferior al actual puede ser considerado una «pérdida». Si en cualquier momento, más adelante, se produce una devaluación mayor, se podría recalcular la pérdida cada vez mayor y achacársela a las autoridades.
En esencia, este absurdo es el mismo que inspira esta causa. El Banco Central opera en el mercado de dólares o cualquier otro mercado de divisas o títulos para fijar un precio más bajo o más alto, y de ninguna manera puede sostenerse que incurre en un delito. Este absurdo conduce a pensar, entonces, que el Banco Central debería pedirle permiso a algún miembro del Poder Judicial cada vez que interviene en el mercado, porque de otro modo correría el riesgo de ser cuestionado cada vez que el precio es bajo o alto según un juzgado. Con este criterio, sería el Poder Judicial y no el Banco Central el que debería determinar el precio en todos los mercados, único modo que tendrían las autoridades de evitar ser juzgadas.
Veamos ahora con mayor profundidad el caso que se estudia. Descartó usted la hipótesis de corrupción. Luego tampoco pudo, por ser una tarea imposible, demostrar que existía un precio «correcto» al cual vender los contratos futuros y que el que usó el Banco Central fue «ilegal y ruinoso». Entonces, se abocó a una labor todavía menos fructífera: juzgar la política económica de nuestro gobierno en el terreno del tipo de cambio. Y descubrió que todos los testigos que citó de Cambiemos, como era de esperar, no estaban de acuerdo con la política económica de nuestro gobierno. ¡Qué novedad! Del mismo modo que yo y muchos otros, por caso, no estamos de acuerdo con la que está implementando el gobierno actual. Como, al parecer, este proceso consiste en evaluar la política económica en los tribunales federales, voy a explicar brevemente cuál fue esa política.
En primer lugar, como usted debe saber, la política económica no está compuesta sólo por la política monetaria, financiera y cambiaria, de las que específicamente se encarga el Banco Central. El Estado Nacional implementa su política a través de una variedad de instrumentos que se desarrollan en numerosas dependencias, no sólo en el Banco Central. Algunos de esos aspectos están explicitados en la Ley de Presupuesto que aprueba el Congreso de la Nación. Los principales objetivos de política de nuestro Gobierno fueron el crecimiento y la inclusión social, es decir, la producción y el trabajo argentinos. Si Usted observa la Ley de Presupuesto (N°27.198), verá que, para el año 2015, teníamos previsto un crecimiento positivo del PIB de 2,3% anual. Hace pocos días, el actual gobierno nacional dio a conocer la estadística de crecimiento del año pasado que arrojó 2,1%, siendo ya Jorge Todesca el director del INDEC designado por Macri (dato al 30/03/16). En un marco de crisis internacional, derrumbe del precio de las commodities y caída del PIB de -3,8% de nuestro principal socio comercial, Brasil, podría decirse que el objetivo de crecimiento se cumplió razonablemente. Este desempeño del crecimiento económico, entenderá Usted, señor Juez, no es obra del azar, sino que para alcanzarlo fue necesario ejecutar y coordinar múltiples acciones, de numerosas dependencias del Estado.
En el terreno del mercado cambiario, corresponde remitirse a la misma Ley de Presupuesto, donde se realizan estimaciones sobre las variables a 4 años. En la Ley de Presupuesto aprobada durante el año 2015, el tipo de cambio promedio para 2015 se fijaba en $9,45 por dólar y para 2016, el valor que aprobó el Congreso Nacional fue de $10,69 por dólar. Era esa la política económica que nos habíamos planteado desde el Gobierno Nacional, no secretamente, sino que fue explicada, discutida, y aprobada por el Honorable Congreso de la Nación. Y, tal y como lo fija la Carta Orgánica del Banco Central, la autoridad monetaria debe llevar adelante sus objetivos «en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional» (Artículo 3). Esto es, en el marco de la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso de la Nación y de la política económica implementada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. De hecho, si Ud. revisa las declaraciones del actual Ministro de Hacienda y Finanzas, y de la actual conducción el Banco Central, se dará cuenta de que ambos tienen planes absolutamente compatibles, dentro de la política (liberal) establecida por el gobierno. Tanto esto es así, que fue el propio Ministro de Hacienda quién anunció en conferencia de prensa la liberalización del mercado de cambios -incluso antes de que ocurriera efectivamente-, siendo ésta, una potestad del exclusiva del Directorio del BCRA.
Pero volvamos a lo que se cuestiona en esta causa. Lo que ocurrió en la segunda mitad de 2015 con el mercado cambiario es también conocido. Fue, como sabemos, un año electoral. Al repasar la historia argentina se observa que la incertidumbre política propia de un cambio de gobierno se traduce por lo general en incertidumbre económica. Por motivos que no pretendo explicar aquí, cada vez que se presentan situaciones de incertidumbre ciertos actores económicos tienden a «refugiarse» en el dólar. A ello hay que agregar que algunos sectores empresarios buscan casi siempre provocar una devaluación de la moneda, simplemente porque cuando esto ocurre se benefician económicamente. Muchas veces, estos sectores se montan en un clima electoral de incertidumbre para lograr esa devaluación a través de una «corrida cambiaria». El fenómeno se ha estudiado largamente. En nuestra historia reciente y pasada tuvimos muchos episodios como estos. Como puede observarse en el siguiente gráfico, cerca de las elecciones o de otros hechos que generan «incertidumbre», se han verificado intentos de «corrida cambiara», que se reflejan en una mayor demanda de dólares.
Sin ir más lejos, desde 2003 se sufrieron 9 corridas cambiarias. No tengo la intención de abundar en el tema ni ser demasiado técnico en la explicación, sin embargo, esquemáticamente, cuando se produce una «corrida cambiaria» las autoridades pueden tener dos reacciones: o el Banco Central se resigna a una fuerte devaluación -dejando «flotar» el tipo de cambio-; o, el Banco Central enfrenta la corrida con los instrumentos financieros de intervención de los que dispone. Si decide enfrentar la corrida, porque el programa económico del gobierno determina que no es conveniente que se produzca una devaluación, puede o no tener éxito. En particular, el gobierno del que formé parte no juzgaba positivo para el país que se produjera una fuerte devaluación en el segundo semestre de 2015. Puedo explicar sintéticamente los motivos; cuando el peso se deprecia violentamente, en Argentina, suelen ocurrir dos cosas: primero, se acelera la inflación y luego se produce una recesión. Sobre estos efectos de la devaluación existe un acuerdo bastante generalizado. Si no lo hubiera, de todos modos, basta con repasar los efectos que está teniendo la devaluación llevada adelante por el actual gobierno.
El mandato del gobierno del que orgullosamente formé parte terminaba el 10 de diciembre y nuestra política, tal como consta en la Ley de Presupuesto, era mantener la estabilidad cambiaria. Aunque no era relevante a los fines de la toma de decisiones durante el mandato de nuestro gobierno, cabe igualmente señalar que incluso entre los candidatos presidenciales con más chances también se había manifestado un consenso: no era conveniente devaluar el dólar, que al 10 de diciembre valía $9,75. Reproduzco algunas declaraciones públicas realizadas en medios masivos de comunicación, entre las numerosas que hay a su disposición. En su visita al programa Animales Sueltos, el periodista Alejandro Fantino pregunta «¿Tu dólar va a estar a $10?» a lo que el candidato por el FPV, Daniel Scioli contesta «Va a estar a $10. Va a haber dólares disponibles» (América TV, Animales Sueltos, 12/11/2015). En la edición del 17/11/2015 del diario Perfil puede leerse: «Mauricio Macri, dijo hoy «no» creer que la «devaluación sea la solución» y afirmó que «en diciembre» quiere tener un «dólar único». «No creo que la devaluación sea la solución», subrayó y afirmó que «la solución es bajar la inflación, se devalúa la moneda producto del proceso inflacionario que tiene este gobierno» (Perfil, 17/11/2015). Macri también sostuvo en televisión: «no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar, es mentira de él (de Scioli)» (América TV, Intrusos en el espectáculo, 17/11/2015). También, cuando el periodista Casella le preguntó «no me quedó claro, ¿no es verdad que no se va a poder comprar el aceite o que el dólar se va 15 pesos?», Macri respondió «No es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos. No es verdad, no es verdad» (Canal 9, Bendita TV, 18/11/2015). Hubo más declaraciones de idéntico contenido. El actual Ministro de Hacienda, Prat Gay dijo que el dólar en el futuro se iba a ubicar «más cerca de 9,5 si hacemos las cosas bien, más cerca de 16 si al que le toca hace las cosas mal» (TN, A dos voces, 28/10/2015). Por su parte, el actual Ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas, Frigerio sostuvo: «No vamos a devaluar porque ya se devaluó demasiado» (Cronista Comercial, 01/12/2015). Notoriamente lo que no se ciñe a la verdad es lo que sorprendentemente se afirma en el expediente, es decir, que era «público y notorio que los dos candidatos a hacerse cargo de la presidencia habían manifestado públicamente que era imprescindible una corrección del precio de la divisa estadounidense […]».
La política económica de nuestro gobierno no incluía una mega-devaluación de la moneda en 2015 y ambos candidatos presidenciales sostenían que tampoco la realizarían en 2016. El Banco Central, por su parte, se dedicó a la que es su tarea, es decir, a asegurar la estabilidad cambiaria, tal como sostiene su Carta Orgánica «en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional» (art. 3). Para cumplir con esta función dispone de varios instrumentos. El primero de ellos es intervenir en el mercado del dólar corriente (spot) comprando o vendiendo dólares. Otro instrumento que utilizan los bancos centrales para regular el mercado cambiario es la intervención en el llamado mercado de «dólar futuro». Explico brevemente de qué se trata porque el nombre puede resultar engañoso: en rigor, podría afirmarse que no se trata de «dólares» ni de «futuro». Me explico. Las operaciones de dólar futuro se realizan con contratos llamados «derivados». Se pactan íntegramente en pesos y se encuentran atados al valor del dólar en un determinado plazo. Su funcionamiento es el siguiente: permite que los privados pacten (anónimamente, a través del sistema de «pantalla ciega») entre ellos un determinado valor del dólar para una determinada fecha, digamos, para dentro de un mes. Supongamos que el dólar corriente vale hoy $9. Dos privados se ponen de acuerdo en un valor de $11 dentro de un mes. Uno de ellos pondrá la diferencia si, transcurrido un mes, el dólar vale más que $11 y el otro pondrá la diferencia si vale menos. El monto de la diferencia se pone en pesos. Ni un solo dólar está en juego en la operación. Estos contratos pueden venderse en el mercado y su precio es el llamado «dólar futuro».
¿Por qué los bancos centrales intervienen en el mercado de dólar futuro además del mercado de dólar actual? Porque, como ocurre en muchas decisiones económicas, el futuro ejerce una poderosa influencia sobre el presente a través de las expectativas que se forman los agentes económicos. Si hoy el dólar valiera $15 y en el mercado se estableciera un «dólar futuro» para dentro de un mes a $20, se estaría admitiendo indirectamente una devaluación, y el efecto sería semejante al que si la devaluación se produjera hoy mismo. El dólar a $20 dentro de un mes se convierte en el precio de referencia y ese valor del dólar, a través de las expectativas, influye sobre los precios de toda la economía de hoy y sobre todas las decisiones del presente. Ningún Banco Central permite que el precio futuro esté desalineado con el precio actual del dólar porque a través de las expectativas, el futuro se hace presente; de modo que convalidar un dólar futuro muy elevado es lo mismo que convalidar una devaluación. Pero, además, un salto pronunciado en el valor del dólar futuro fomenta una corrida cambiara en el presente, porque si el Banco Central convalida ese valor, a todos los agentes les convendrá siempre pasarse al dólar esperando que se produzca la devaluación, que cuenta con la convalidación de la autoridad monetaria. Así, si la autoridad no interviene en el valor del dólar futuro lo que hace es alimentar una corrida, porque hace más rentable tomar dólares frente a la opción de tomar pesos. Dicho técnicamente, la tasa de interés implícita del dólar es mucho mayor que la tasa de interés en pesos, por lo que los agentes se volcarán al dólar. Esta conexión entre la devaluación esperada y la tasa de interés es fundamental en la administración de la política cambiaria. Es por eso que los bancos centrales intervienen simultáneamente la cotización presente y futura del dólar y la tasa de interés para generar estabilidad cambiaria. El gráfico muestra cómo en un contexto de «corrida» cambiaria asociada a la incertidumbre económica, la actitud compradora se observa no sólo en el mercado de dólar corriente a través del aumento del volumen de las compras sino también en el precio del dólar futuro. Es por eso que los bancos centrales intervienen conjuntamente en ambos mercados. Son dos caras de un mismo fenómeno.
Simplificando: en 2015 el Banco Central evitó que se produjera una mega-devaluación inmediata de la moneda por causa de una corrida cambiaria. Este organismo autónomo, encargado de la estabilidad cambiaria, monetaria y financiera, intervino a tal efecto en los mercados que regula. No se hizo nada extraño, sino seguir implementando medidas en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, que estaban incluso plasmadas en la Ley de Presupuesto. Esto ocurrió en un contexto de incertidumbre electoral interna y de fuerte inestabilidad económica y financiera en el plano internacional y regional.
Debe saber Usted, Señor Juez, que siempre que en nuestro país se produjo una mega-devaluación, sus defensores le adjudicaron el carácter de «inevitable». Muchas veces, lo hicieron con el propósito de esconder sus consecuencias económicas y, más particularmente, de ocultar quiénes eran los ganadores e impulsores de este tipo de situaciones. Con una devaluación se benefician particularmente los sectores exportadores y financieros, y todos aquellos con capacidad de dolarizar sus activos. En cambio, se ven notoriamente perjudicadas las grandes mayorías, los trabajadores formales e informales, las clases medias, los jubilados, los pequeños productores y empresarios. Esto se debe, principalmente, a que la variación del tipo de cambio se traslada a los costos de los insumos y productos importados pero, además, frecuentemente, ese traslado a precios supera largamente la variación de los costos, más aun si no se implementan acciones y controles por parte del Estado para evitarlo. Controles que, dicho sea de paso, requieren de trabajadores y trabajadoras del Estado. Que requieren más y no menos Estado.
Así, la devaluación tiene como consecuencia la aceleración de la inflación, que reduce pronunciadamente el poder adquisitivo de los salarios y de otros ingresos fijos. Esta caída del poder de compra afecta a su vez a la demanda y el mercado interno, dando lugar a un proceso recesivo lo que en tanto da nuevo impulso a la caída de la producción interna, afectando principalmente a los pequeños productores y comerciantes. En síntesis, una mega-devaluación significa una brusca redistribución regresiva de la riqueza y del ingreso en favor de sectores concentrados, significa inflación, caída del salario real, recesión y desempleo. Esto ocurre con mayor virulencia si la devaluación no es controlada por el Estado en sus efectos ni compensada con otras medidas económicas. Nuevamente, basta con mirar el presente de nuestro país para entender de qué estoy hablando.
Señor Juez: aunque los testigos que citó, en su mayor parte vinculados a la Alianza Cambiemos, no estén de acuerdo con ninguna de las políticas que implementó el gobierno anterior en cualquiera de los 12 años en ejercicio, lejos está de las naturales atribuciones de un tribunal penal federal juzgar la legalidad del contenido de esas políticas. Es por eso que insisto en que esta causa tiene exclusivamente carácter político. De prosperar, este intento de judicializar la política económica sentaría un verdadero y novedoso precedente a escala mundial. Porque con este criterio las políticas del gobierno actual, que hasta ahora han redundado en una ostensible reducción del salario real, hay provocado el despido a miles de argentinos que perdieron su fuente de trabajo, consiguieron poner en jaque a buena parte de la industria y el comercio, enriquecer a los bancos con una elevadísima tasa de interés que además perjudica a la producción y el consumo nacionales; deberían también discutirse en tribunales. Por ese camino se llegaría al absurdo de que el poder judicial sea el que determina cuál política económica debe aplicarse en base a si es o no un delito. Sin embargo, como debería resultar obvio, evitar una mega-devaluación o enfrentar una corrida cambiaria como hizo tantas veces el anterior gobierno no configura delito penal alguno.
En todo caso, si lo que Usted busca, Señor Juez, es encontrar a los responsables de las grandes pérdidas que produce una mega-devaluación, no debería Usted perseguir a los miembros del gobierno del que formé parte, que justamente evitó varias mega-devaluaciones exitosamente en numerosas oportunidades. Lo que debería hacer es apuntar a los miembros del actual gobierno que fueron los que pusieron en práctica deliberadamente una mega-devaluación de magnitud histórica. En efecto, a pesar de que, durante la campaña electoral, el candidato presidencial de Cambiemos negó enfáticamente una futura devaluación, a sólo una semana de asumir, la nueva autoridad monetaria devaluó voluntariamente la moneda en un 40% y luego en más de 50%. Si el criterio es buscar responsables penales por los costos de la mega-devaluación del 17 de diciembre de 2015, le recomiendo además que no se concentre exclusivamente en algún aspecto del balance del Banco Central, porque el Banco Central es uno de los pocos actores que se ve beneficiado patrimonialmente en las devaluaciones, sino que debería identificar a las víctimas producto de los funestos efectos que ocasiona en las condiciones de vida de millones de argentinos.
Podría aquí explayarme largamente sobre los resultados positivos de las políticas aplicadas en 2015 que son en esencia las que venían aplicándose desde el año 2003 en la Argentina y cuyo resultado se refleja en la etapa más prolongada de la historia del país con crecimiento económico sostenido, desendeudamiento, reindustrialización e inclusión social. Lo que no puede discutirse es que este panorama cambió una vez que asumió el nuevo gobierno. El gobierno de Macri simplemente aplicó, de momento, una variante del clásico plan económico de corte liberal, lo que incluyó la liberalización del comercio, la reducción de los controles que evitan la fuga de capitales, la búsqueda de endeudamiento externo a cualquier costo, el agudo incremento de las tarifas de los servicios públicos, la reducción de las retenciones a las exportaciones, el fin de los acuerdos de precios entre los privados y el Estado, despidos y cierres de numerosos programas del Estado, encarecimiento del crédito, contracción fiscal y monetaria (ajuste), entre otras. Al menos, hasta el momento, puede afirmarse que gracias a este programa económico la inflación aceleró drásticamente su ritmo hasta alcanzar un sostenido 4% a 6% mensual. También comenzaron los despidos y los cierres de establecimientos que redundaron en la pérdida de más de 110.000 empleos. La devaluación condimentada por el ajuste, la apertura y la liberalización dan como resultado, previsiblemente, la inflación y la recesión que se están observando.
En cuanto al aspecto de la política económica que aquí nos ocupa, es decir, la cuestión cambiaria, el gobierno de Macri decidió implementar una mega-devaluación del peso el día 17 de diciembre, a una semana de asumir. Dicha devaluación vino acompañada por una liberalización del mercado cambiario y la eliminación los controles a la fuga de capitales. El tipo de cambio pasó de $9,79 el día 16 de diciembre a $13,75 al día siguiente, marcando una devaluación del 40%. El Banco Central dejó de intervenir en el mercado cambiario mientras el Ministro de Hacienda explicaba en conferencia de prensa cuál era la política de la autoridad monetaria: «Entre nosotros decíamos que necesitábamos un ingreso adicional de 10 mil millones de dólares para tener la confianza de que podíamos efectivamente levantar las restricciones cambiarias […]. Estamos hablando con bancos extranjeros, estamos hablando con las cerealeras, hemos llegado a acuerdos en muchos casos, estamos hablando con empresarios argentinos, más allá de las cerealeras, que están dispuestos a adelantar algunos fondos que tenían planeado para la inversión […] podemos decir que esos 10 mil millones dólares con los cuales nos sentíamos cómodos, estamos hablando de un rango de entre 15 mil y 25 mil millones de dólares de ingreso de divisas en las próximos cuatro semanas en Argentina. Con esa tranquilidad es que hoy, como dijimos antes, nos animamos a levantar esas restricciones, sin esa tranquilidad por supuesto no hubiéramos podido hacerlo».
Lo que en la realidad ocurrió fue muy distinto. La «lluvia de dólares» nunca se produjo, sino que en las siguientes cuatro semanas las reservas internaciones cayeron a USD 24,4 mil millones (22/12). Y se inició un proceso de presión cambiaria que llevó el valor del dólar a $15 en febrero y luego a $16 el 1º de marzo, superando la mega-devaluación la marca del 60%. El Banco Central cambió entonces su política y comenzó a intervenir en el mercado para combatir la «corrida» vendiendo dólares «fuera del precio de mercado» ya que buscaba bajar su precio, lo que implicó afectar las reservas. Desde el 18 de febrero al 2 de marzo se emplearon más de 680 millones de dólares con este propósito. Hoy el tipo de cambio, fijado por el Banco Central mediante sus intervenciones, es de aproximadamente $15 (en un solo día, el 1/3/2015, el BCRA vendió 280 millones de dólares), lo que implica una mega-devaluación del 54% desde que asumió Macri.
Como ya expliqué, los efectos económicos de esta devaluación, como parte de un plan económico ortodoxo, fueron numerosos. Específicamente y como resultado de la variación cambiara se observó una marcada elevación de los precios ya que naturalmente se encarecieron todos los productos importados, exportables o cuyo precio está atado al dólar. Hubo claros beneficiados, entre ellos, por ejemplo, se estima que el ingreso de los grandes exportadores de cereales creció en $155.000 millones sólo por la devaluación del peso. Este sector recibió también $26.000 millones por la reducción de las retenciones. El caso de los trabajadores y las clases medias es muy distinto, porque son los perdedores: sufrieron los efectos de la inflación mientras las tarifas de luz crecieron en AMBA un 644%, el gas un 300%, el agua un 375%, el tren y el colectivo un 100%, el subte 67% y aumentaron también los peajes, los impuestos, las naftas.
Estos son sólo algunos de los efectos de la devaluación y de otras medidas que conforman el plan económico de Macri. El resultado para el Banco Central debe analizarse de forma distinta. Patrimonialmente, las devaluaciones suelen beneficiarlo, ya que buena parte de sus activos están nominados en moneda extranjera (sean reservas o títulos públicos). De momento, con la devaluación, se estima que en 2015 el BCRA «ganó» contablemente más de 145.000 millones de pesos. Este efecto patrimonial no es privativo de Argentina. En realidad, numerosos países en el mundo, durante el último año, han experimentado depreciaciones en sus monedas. En muchos de ellos, particularmente entre los países emergentes que sufrieron con la caída del precio de las commodities y, simultáneamente, con fenómenos de intensa salida de capitales, optaron por resistir la «corrida» y si, de todos modos la devaluación finalmente se produjo, su Banco Central intervino para proteger el valor de la moneda y luego para administrarlo, evitando una devaluación aún mayor. No tendría sentido evaluar las políticas de cada una de las autoridades monetarias según las ganancias y pérdidas en el mercado de futuros o por la intervención en el mercado de dólar corriente tal y como se reflejan contablemente en los balances de sus bancos centrales.
De hecho, al mismo tiempo que nuestro Banco Central intervenía en el mercado de futuros durante la segunda mitad del año 2015, los bancos centrales de Uruguay y Brasil, para citar nada más que dos ejemplos, implementaban una política muy similar. No me consta que ningún juez en lo penal haya aceptado una denuncia de ese tipo en, por ejemplo, Brasil, que luego devaluó 54%, o en Rusia, donde la devaluación posterior fue del 80%, o incluso en la Unión Europea donde alcanzó el 20%. El caso ruso es muy ilustrativo, porque el Banco Central ruso se defendió de la corrida incurriendo en las que, según el criterio de esta causa, serían «pérdidas» millonarias. Lo hizo para evitar los efectos nocivos sobre las condiciones de vida de su población, «perdiendo» 110.000 millones de dólares para sostener el rublo. La devaluación se produjo igual y luego el Central siguió administrando el tipo de cambio.
Devaluación de países señalados entre el junio 2014 y abril 2016
Dicho de otra forma, cuando el gobierno de Macri decidió devaluar, el Banco Central «perdió» en el mercado de futuros, pero también «ganó» en términos de crecimiento de sus activos en pesos. Esta causa, de manera inexplicable, intenta aislar sólo la pérdida y achacársela al gobierno anterior que no devaluó en vez de responsabilizar al que sí lo hizo. De hecho, cuando se mira todo el completo cuadro en lugar de efectuar un recorte para «evaluar» sólo el «dólar futuro», se observa en el balance del Banco Central que la «ganancia contable» superó la «pérdida contable» y mejoró su patrimonio. Pero este enfoque es, a decir verdad, una forma muy extraña de analizar por separado uno de los tantos efectos económicos de la devaluación, que en Argentina favoreció claramente a los grupos exportadores concentrados y perjudicó a los asalariados y las clases medias, los jubilados, etc.
Señor Juez. Como dije, y para terminar, no hay en todo el expediente indicio de delito alguno, menos aún de un «negociado», ni de ninguna irregularidad en la habitual operatoria de «dólar futuro». Lo que sí cuestionan los testigos de Cambiemos es el aspecto cambiario de la política económica del gobierno anterior, partiendo de la premisa de que el plan económico del actual gobierno es mucho mejor. Es por eso que es ésta una causa exclusivamente política que pretende enjuiciar penalmente la política económica y cambiaria, lo cual no sólo es inconducente sino además absurdo. Pero todavía hay algo más extravagante: resulta desde todo punto inexplicable que Usted intente imputar, en base a un expediente difuso, a varios miembros del Poder Ejecutivo como es mi caso, en mi carácter de ex Ministro de Economía, y también al ex Secretario de Finanzas y hasta a la ex Presidenta de la Nación.
Ya he mostrado aquí que nada de lo que se imputa al Banco Central, la autoridad monetaria, es pasible de considerarse un delito ya que simplemente cumplía sus obligaciones persiguiendo sus objetivos como en otras oportunidades en estricto uso de sus atribuciones, de forma transparente y haciendo uso de los instrumentos contemplados en su Carta Orgánica. Lo hizo, además, en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional; y en particular, de las pautas aprobadas por el Congreso Nacional y convertidas en Ley de Presupuesto. ¿Qué esperaba Usted que hiciera?
Lo que quiero señalar ahora es que a lo largo de todo el expediente no se encuentra ninguna alusión a mi persona, con excepción de una. Más aun, los numerosos declarantes que desfilaron por su juzgado, entre los que se encuentran no pocos directores o ex presidentes del Banco Central de los últimos años, han declarado que no recibieron ni, en rigor, hubieran podido recibir instrucción alguna del Poder Ejecutivo, por tratarse el Banco Central de una entidad autárquica y autónoma. Así lo establece la Carta Orgánica, y así lo explicitaron todos los que declararon cuando específicamente se les preguntó al respecto.
Es por eso que los denunciantes, los diputados de Cambiemos Mario Negri y Federico Pinedo, así como el fiscal de la causa, pedían investigar si el Banco Central había cometido algún delito cuando administró la política cambiaria. Todo el expediente prueba que no lo hizo. Pero la seriedad de este proceso se ve sencillamente pulverizada cuando, sorpresivamente y sin ningún anclaje en todo lo actuado a lo largo de todo el expediente, decide Usted intempestiva y extemporáneamente citar a declaración indagatoria no sólo a las autoridades del Banco sino también a las autoridades del Ministerio de Economía y a la Presidenta. Logró sorprender hasta al denunciante Pinedo quien sostuvo que tal hipótesis es completamente ajena a la denuncia: «Yo fui uno de los denunciantes de esa operatoria. Yo no pensaba que tenía que ver la Presidenta. De hecho en la denuncia nuestra no figura en absoluto la Presidenta» (Vorterix Rock, 7/4/2015).
Decía que existe una sola declaración en la que soy personalmente mencionado. Esa excepción es la declaración del periodista Marcelo Bonelli del Diario Clarín que además aporta como «pruebas» sus propias notas en el diario Clarín y en otros medios del Grupo Clarín.
Sr. Juez, permítame una digresión. En mi desempeño como funcionario público fui objeto en más de una oportunidad de denuncias de este tipo, a las que he dado en llamar «denuncias voligoma» en alusión a un conocido adhesivo sintético. Describo el procedimiento: primero, el diario Clarín publica una nota -en mi caso particular muchas veces escrita por este mismo periodista Bonelli- en la que se denuncia un presunto delito que yo habría cometido. Inmediatamente, un tercero realiza una denuncia -en mi caso han sido casi siempre abogados vinculado a Cambiemos-, lo cual provoca una nueva nota en el diario (y en otros que lo repiten) señalando que he sido denunciado por un acto de corrupción. Luego, se inicia una causa judicial en mi contra basada exclusivamente en la supuesta investigación periodística que motiva la nota original. Aparecen después innumerables noticias acerca de la evolución de la causa judicial por corrupción que se cursa en mi contra.
Las denomino «denuncias voligoma» porque el procedimiento consiste en cortar y pegar la nota de diario Clarín, y convertirla en denuncia y causa judicial. Como ejemplo, menciono sólo uno de los casos recientes de este tipo, aunque hay varios: en numerosas notas periodísticas Bonelli aseveró que yo había favorecido a un financista «amigo mío» con cierta operación de compra de títulos del Banco Central, brindándole información privilegiada. Lo extraño del caso es que me enteré de la existencia de ese supuesto amigo mío, a quién no conocía ni por nombre, recién cuando leí la nota de Bonelli. La causa avanzó, fui acusado y finalmente sobreseído, después de más de un año. Esto no impidió que fuera acusado de corrupto en numerosas notas de Bonelli y de otros medios y periodistas ya que, al existir una causa que avanzaba, se daba el hecho como plausible (cuando no como cierto).
Como decía, he sido sometido, y aun lo soy en la actualidad, a varias de estas «denuncias voligoma» originadas por Bonelli u otros en los medios de comunicación del Grupo Clarín.
La particularidad de esta causa es que la «prueba» suministrada por Bonelli y su declaración aparece en esta causa recién después de que fui convocado a declarar. En este caso quien se basa en la denuncia periodística no es un abogado relacionado con Cambiemos, sino usted mismo, Sr. Juez, que trae a colación las notas de Bonelli y que lo convoca a declarar. Sólo así puedo explicarme por qué incluso antes de citarlo a declarar a Bonelli usted sostiene que los imputados forman «parte de un grupo de funcionarios … que de manera sistemática, concertada y organizada llevaron a cabo diversas acciones de carácter políticas y técnico administrativas … en violación directa de las competencias y atribuciones de sus cargos». Esta idea, Señor Juez, sólo la puede haber tomado de la declaración de Bonelli. O más bien, de la lectura probablemente previa a esta citación de sus artículos periodísticos.
Es por eso que me atrevo a sospechar que las notas publicadas en el diario Clarín y firmadas por Bonelli son el origen de toda esta bochornosa causa judicial. Sin ir más lejos, en un artículo muy reciente aparecido en el diario Clarín el día 8/4/2015, titulada «Dólar futuro: un negociado que acorrala a Cristina», Bonelli sostuvo que: «Como anticipó Clarín el 30 de octubre del 2015, está confirmado que el BCRA vendió el «dólar futuro» a un promedio de 10,60 pesos y que ese mismo billete cotizaba a 15 pesos en Manhattan». Al leerla se me aclararon las cosas.
Señor Juez, el día en que aparece por primera vez el tema del dólar futuro en el artículo periodístico de Bonelli, ese 30 de octubre de 2015, es, precisamente, el mismo día en que los diputados de Cambiemos Mario Negri y Federico Pinedo presentaron la denuncia contra las autoridades del Banco Central por una supuesta defraudación, denuncia que recae en su juzgado y que da origen a toda esta causa judicial. Será luego el mismo Bonelli cuando es llamado a declarar en este expediente el único de todos los testigos que afirma que este presunto delito fue «ordenado» por mi persona, es decir, por miembros del Poder Ejecutivo. En efecto, cuando usted interroga a Bonelli «para que exprese cómo le constan las apreciaciones vertidas en relación a los integrantes del Directorio del BCRA en cuanto obedecían al Ministro de Economía Axel Kicillof», Bonelli respondió «esas apreciaciones son de público conocimiento dado que las propuestas y designaciones de los directores allí mencionados fueron efectuadas por Axel Kicillof…». Esta es la primera vez que se me menciona en las 1.000 hojas.
Prosigue Bonelli en su declaración «Por otra parte, todo el sistema financiero conocía que el Directorio del BCRA le respondía a Axel Kicillof y que daba instrucciones a través del Director Feldman […]». Luego da más detalles: «con respecto a este operatoria de dólar futuro que llevó a cabo el BCRA, tengo conocimiento que los colaboradores de Daniel Scioli se comunicaron con Vanoli para advertirle de la operatoria y las consecuencias negativas que iba a tener para un eventual Gobierno de Daniel Scioli, y Vanoli se comprometió a morigerar la operatoria. Pocos días después Vanoli, que en ese momento aspiraba a continuar en el BCRA, se comunicó con los asesores de Scioli y les dijo que no podía morigerar la operatoria porque había una decisión política que le había transmitido Kicillof». Cuando usted le pide a Bonelli que explique cómo sabe estos «detalles», es decir, que aporte siquiera una prueba, Bonelli afirma que «Esto lo obtuve a través de fuentes y me amparo en el derecho constitucional a no relevar las mismas». Triste.
Probablemente, siguiendo esta «pista» que generosamente aporta Bonelli para probar mi conexión con este inexistente delito, cita Usted a declarar a un conocido «colaborador» de Daniel Scioli, Gustavo Marangoni. Lo hace para que corrobore la versión de Bonelli. Marangoni, sin embargo, lejos de ratificar los supuestos conocimientos secretos que a Bonelli le reveló su secreta fuente periodísticas confirma, de primera mano, lo aquí se ha expresado acerca del plan económico del candidato a presidente por el FPV. Cuando Usted le pregunta «para que diga si el equipo económico que integraba el declarante consideraba necesaria una corrección del tipo de cambio y en su caso qué cifras se consideraban», Marangoni responde que si ganaba las elecciones Scioli no se iba a realizar ninguna mega-devaluación: «de acuerdo a como lo dije antes el candidato hablaba del gradualismo en la estrategia cambiaria para atenuar el impacto inflacionario que siempre tiene el tipo de cambio con los precios. Lo único que manifestó el candidato públicamente es que el tipo de cambio de enero iba a estar a diez pesos, fue justamente como para señalar que no iba a hacer un cambio abrupto». Vemos así que no sólo no es verdad que, como se afirma en el expediente, era «público y notorio que los dos candidatos a hacerse cargo de la presidencia habían manifestado públicamente que era imprescindible una corrección del precio de la divisa estadounidense […]», sino que sus colaboradores afirman que evitar una mega-devaluación era justamente la intención del candidato.
Se da cuenta usted, Señor Juez, que si esto hubiera pasado, de ganar Scioli, el Banco Central lejos de perder plata con la venta de futuros hubiera ganado dinero al colocar el dólar en ese valor de $10. Toda esta causa sería abstracta, lo que basta para reducir al absurdo la imputación que se hace. Si entre diciembre de 2015 y junio de 2016, el dólar hubiese seguido la tendencia observada en 2015, el BCRA hubiera ganado más de 9.000 millones de pesos. No puede ser un delito que el Banco Central enfrente una corrida cambiaria operando en el mercado de dólar presente y futuro y en la tasa de interés. Menos todavía puede serlo si lo que se pretende señalar como un perjuicio para el Banco en realidad depende de acciones que se estaban negando en el presente (en la campaña) pero que luego se realizaron en el futuro (es el caso de la mega-devaluación que realizó el gobierno de Macri) o que directamente nunca iban a realizarse (en el caso de que ganara Scioli).
Usted le pregunta luego a Marangoni «cuáles fueron las razones económicas, monetarias o cambiaras que justificaban que el BCRA hubiera operado en el monto o precio en que lo hizo, responde: sin ser un experto en el tema entiendo, conceptualmente la operatoria de futuros busca trabajar sobre las expectativas del mercado». Lo mismo que he afirmado aquí.
Por último va al nudo de la acusación de Bonelli. Y como en un suspiro, el miembro del grupo de colaboradores del candidato Scioli echa por tierra toda la acusación que Bonelli hace y en base a la cual usted convoca a todos los imputados: «Preguntado por SS para que diga si el nombrado o alguien del equipo económico de Daniel Scioli mantuvo reuniones con el presidente o alguna autoridad del BCRA, en los meses que fueran referenciados responde: en mi caso por este tema del dólar futuro no. Desconozco si otra persona las tuvo […] Preguntado por SS para que diga si tiene conocimiento de alguna persona del equipo de asesores económico del candidato presidencial le haya planteado al presidente o a alguna autoridad del BCRA la necesidad de moderar la intervención de la entidad en el mercado de futuros de dólar, responde: No, no tengo conocimiento». Al final, era todo mentira, producto de la imaginación de Bonelli y el diario Clarín.
Reescribo entonces la trama oculta de toda esta causa: el día 30 de octubre de 2015, Marcelo Bonelli publica en el diario Clarín la nota titulada «Dólares a futuro: la más desfachatada maniobra K». Sostiene ahí que «El Gobierno dispuso vender a futuro dólares a un precio irrisorio, abriendo para grandes empresas un negociado que deberemos pagar todos en los próximos meses… Vanoli instrumenta una decisión de Axel Kicillof, quien lleva adelante la medida a través del control que tiene sobre el directorio del Banco Central…. Prat Gay redacta la denuncia por malversación de fondos públicos, que firmarían Federico Pinedo, Elisa Carrió y Mario Negri. Prat Gay es una figura en ascenso en el cerrado círculo íntimo de Macri. Fue el único economista visible que estuvo al lado de Macri en los festejos del domingo y ahora se lo menciona como candidato firme al Palacio de Hacienda.» (Clarín, 30/10/2015). Ese mismo día, los diputados Negri y Pinedo presentan efectivamente la denuncia que según Bonelli estaba escrita por Prat Gay, aunque Prat Gay ante usted declaró desconocer la normativa del Banco Central sobre futuros. Si fue Prat Gay quien redactó la denuncia, que justamente se basa en el supuesto incumplimiento de la normativa, ante Usted faltó a la verdad. O bien es ese otro producto de la imaginación de Bonelli.
Señor Juez, se ha pasado Usted todos estos meses investigando la existencia de estos hechos inventados por Bonelli y que están, para peor, basados en argumentos técnicos completamente equivocados como que a través de la operatoria se vendían dólares en el futuro: «el BCRA dilapida dólares a ese valor todo el mercado descuenta que el próximo gobierno se verá obligado a devaluar». En este expediente no se ha probado ninguno de estos hechos y, para peor, cuando a último momento Usted cita a declarar al colaborador de Scioli cuya identidad Bonelli no podía revelar, Gustavo Marangoni simplemente niega todas las fabulaciones de Bonelli. Estas son las dos últimas declaraciones de testigos que figuran en el expediente. Sin duda, deberían haber sido las primeras así nos ahorrábamos tanto suspenso. La declaración de Bonelli, entonces, revela el origen, el propósito pero sobre todo la absoluta falta de seriedad de toda esta denuncia. La declaración de Marangoni, por su parte, pone en estado de bancarrota a esta verdadera operación político-mediática-legal.
Fuera de los tecnicismos y cuestiones económicas en juego, la principal enseñanza que deja la lectura del voluminoso expediente de esta causa es que un Juez Federal de la Nación debería saber distinguir entre un posible delito y una simple operación político-mediática impulsada por el periodismo para favorecer a un partido político y perjudicar a otro. Y si logra reconocerlas debería abstenerse de participar y terminar formando parte de operaciones de esta naturaleza. El único objetivo de esas operaciones es la persecución de ciertas personas al pretender instalar ante la opinión pública que han cometidos un delito cuando no lo han hecho, y pretenden como mínimo dejar ante la opinión pública la sospecha de que son corruptos, o buscan provocar una foto en las escaleras de Comodoro Py y otros circos mediáticos a los que un Juez de la Nación no debería jamás prestarse.