El presidente Javier Milei acaba de emitir un decreto que le asigna 100 mil millones de pesos de “gastos reservados” a la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Lo que salta a primera vista es que, una vez más, la consigna de “no hay plata”, tan mentada por este gobierno desde antes de asumir, tiene una aplicación muy selectiva.

El 18 de julio de 1936 suele ser mencionado como el día del “estallido de la guerra civil española”. No hay tal cosa. No fue un “estallido” sino el momento de un golpe llevado a cabo por militares, con el apoyo indisimulado del gran empresariado, los terratenientes y la Iglesia. Y la activa complicidad de las grandes potencias fascistas.

Durante la llamada guerra civil española participaron como voluntarios y voluntarias tanto argentinas y argentinos como españolas y españoles que habían transcurrido años de su vida en nuestro país y retornaron a España después de haber desenvuelto una labor militante en el Río de la Plata.

Se habla mucho de “crueldad”, “perversión” o “ensañamiento” cuando se hace referencia a ciertas acciones del gobierno argentino actual. Se suele así atribuir al campo de la conformación psíquica o el temperamento ser un eje central de las políticas en curso.

El pasado jueves se han sancionado la llamada “ley bases” y la apodada “paquete fiscal”. El gobierno de Javier Milei consiguió trascender por primera vez su posición de minoría acentuada en el poder legislativo y logró contrarrestar en parte la movilización popular contra esas normas.

Estamos en un momento propicio para la profundización del pensamiento y la acción orientados a producir una transformación sustancial de América Latina. Se requiere reflexión, organización y audacia.

Los senadores votaron la Ley Bases en un indudable triunfo del Gobierno que llama la atención sobre las perspectivas y profundidad del proceso que vive hoy la sociedad argentina.

Un libro de muy reciente publicación recorre similitudes y diferencias en la operatoria de secuestros y supresión de identidad de bebés y niños por parte del régimen franquista y del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, todo encuadrado en un examen histórico y doctrinario de vastos alcances.

Para justificar la supresión o desmantelamiento de algún organismo público se afirma que es un organismo “militante”, para despedir personal se aduce que son “militantes”. La categoría parece ser sospechosa por definición, cuando no culpable de algún delito. Quienes forman parte de ella serían un lastre para “los argentinos de bien”.