El gobierno de Cambiemos está impulsando un proyecto político, sin lugar a dudas, regresivo. Sin embargo, se enfrenta limitaciones por diferentes frentes: un mundo en crisis, la resistencia popular y las disputas entre las propias fracciones del bloque en el poder. Al respecto, su programa económico no parece mostrar grandes novedades respecto de los pronósticos […]
El gobierno de Cambiemos está impulsando un proyecto político, sin lugar a dudas, regresivo. Sin embargo, se enfrenta limitaciones por diferentes frentes: un mundo en crisis, la resistencia popular y las disputas entre las propias fracciones del bloque en el poder.
Al respecto, su programa económico no parece mostrar grandes novedades respecto de los pronósticos iniciales. Se trata de un cambio en favor de los sectores más concentrados de la economía, con particular énfasis en los capitales que operan en el sector financiero, los exportadores y el de servicios. La panoplia de políticas aplicadas apunta a elevar la rentabilidad de estos sectores, en detrimento de todas las clases populares y las fracciones menos concentradas del propio capital (PyMEs).
La mayoría de representantes empresarios en el gabinete nacional es la forma más evidente de este sesgo, pero de ninguna manera su manifestación más cruda. Son las políticas económicas las que expresan con coherencia este sesgo inicial del programa de Cambiemos, sesgo que desmonta el argumento de «darle tiempo»: a medida que los meses pasan, sólo se hace más visible que sus medidas apuntan a beneficiar a unos pocos y perjudicarnos a la mayoría. La supuesta lucha contra la inflación no parece ser el objetivo real del gobierno; caso contrario, está fracasando de manera estrepitosa, pues hasta el momento lo que hay es una aceleración respecto del año previo.
Las pocas medidas compensatorias que se han aplicado no alteran el sentido general del programa. El gobierno cuenta con la ventaja de poder mantener la atención puesta en la discusión de «la herencia», que en su lectura se reduce a la manipulación del Estado por un grupo de saqueadores. Lamentablemente, esta interpretación parece convalidarse con los episodios de corrupción explícita que se suceden ante las cámaras (caso Báez y caso López). No deja de sorprender que en este aspecto, el presidente Macri y sus funcionarios principales pueden competir palmo a palmo con la dirigencia saliente. Sólo por mencionar, los dos pilares de la política económica están involucrados en operaciones sospechosas de fraude: el ministro de economía Prat Gay por su actuación en el JP Morgan, causa por la que declaró en estos días Arbizu en Nueva York, y el presidente del Banco Central Sturzenegger, por el Megacanje de 2001. Podríamos sumar otras causas de dudosa legitimidad, como el hecho de que 8 integrantes del gabinete estén involucrados en los Papeles de Panamá o el caso del presidente del Banco Nación, Melconian, que litigó junto a los fondos buitres contra Argentina.
Estas son continuidades fuertes en la falta de ética de la dirigencia, pero que no debe eludir considerar los sesgos concretos de las políticas económicas. Y en este respecto, la disputa no está aún saldada, pues se requiere fuerza política para poder convalidar el nuevo bloque en el poder. Justamente, el gobierno enfrenta múltiples desafíos en este respecto: un mundo en crisis donde las oportunidades escasean, la resistencia social que no cede, pero también las disputas entre las fracciones ganadoras del propio bloque en el poder. Sin dudar del sesgo regresivo general, estas tres condiciones significan dificultades reales para llevar adelante el programa. Nos concentramos en la última aquí.
Disputas dentro del bloque
Las fracciones ganadoras del nuevo orden político-económico son los capitales concentrados exportadores, los que operan en los servicios públicos y los financieros (que no se limitan a la banca). Cada fracción ha reclamado medidas en su favor, y definen los lineamientos centrales del programa del gobierno. De conjunto, han recibido transferencias de ingresos calculadas en $281.106 millones, o unos 19.383 millones de dólares.
Así, la devaluación de diciembre y febrero, junto a la quita o reducción de retenciones a las exportaciones, apostaban a elevar las ganancias de los sectores exportadores, en particular, del agro y la minería. Esta elevación del tipo de cambio apostaba a darle mayor competitividad también a los sectores industriales concentrados que exportan.
El problema en este respecto se vio por partida triple. En primer lugar, el error de diagnóstico de suponer que se trataba de un simple problema doméstico y no de un cuadro de recesión mundial y de nuestros principales socios externos (Brasil en particular). La corrida mundial desatada por el referendo en Gran Bretaña para salir de la Unión Europea ha reforzado la tendencia a devaluaciones generalizadas, limitando el alcance de esta política como factor de competitividad. Mejores precios no pueden compensar la falta de demanda. En segundo lugar, el ajuste cambiario impulsó una aceleración de la inflación, lo cual erosiona la propia competitividad que se pretende ganar por esta vía. El dólar pasó de $9,50 en diciembre a $16 a fines de febrero, momento en el que el Banco Central reforzó su intervención para lograr bajarlo hasta $14. Es decir, desde diciembre hasta antes del Brexit, la devaluación fue del 47%. Pero la inflación promedio, en el mismo plazo, fue del 28% (datos de la CTA), lo cual erosiona gran parte de las ganancias, lo que es particularmente sensible en sectores de la cúpula empresarial de menor competitividad relativa.
En tercer lugar, un lugar especial ocupan los 4 aumentos en los precios de los combustibles, que favorecieron a las grandes petroleras (que tienen su hombre en el ministerio de energía, el accionario de Shell, Aranguren). Estos aumentos han erosionado particularmente la competitividad ganada por la devaluación y la quita de retenciones, y es interesante porque provoca una disputa explícita entre fracciones ganadores con el nuevo gobierno: la Sociedad Rural ha señalado que estos aumentos se llevaron tres cuartos de lo ganado con la quita de retenciones.
Justamente, el aumento de tarifas de los servicios públicos busca elevar las ganancias de las empresas que operan en el sector, a pesar de que no se ha mostrado hasta el momento ninguna prueba pública de que el atraso en las tarifas ocasione pérdidas. Su incremento obedece a prioridades de economía política: el sector está controlado mayormente por capital de origen extranjero, al que Cambiemos busca tentar y beneficiar.
Los servicios públicos impactan en las estructuras de costos de todos los sectores: energía y transporte son transversales a cualquier producción. Esto opera en especial detrimento de la producción industrial y la construcción, golpeando incluso a sectores exportadores. Por eso los incrementos de tarifas elevaron la inflación en el segundo trimestre que cierra, lo que de conjunto golpeó muy duro los presupuestos de los hogares.
El problema aquí es este mismo carácter transversal: la suba de estos precios ha afectado a muchos sectores sociales, que han presentado sus reclamos por vías judiciales, manifestaciones y petitorios. Estos reclamos han puesto freno transitorio y parcial a algunos aumentos, pero su alcance es limitado. Las subas hasta ahora realizadas componen entre un tercio y la mitad de los aumentos previstos por el gobierno. Esto significa que la negociación y conflicto actual son la primera etapa de una batalla que se repetirá en algunos meses. El desgaste político no es solo para los sectores afectados que hoy peticionan, sino para el propio gobierno que de esta forma pierde por partida doble: no alcanza aún los valores esperados, lo que atenta contra su asociación con el capital extranjero, y sin embargo las subas ya estipuladas impulsan la inflación.
Y finalmente, el tercer socio y gran ganador, es el capital financiero. Las políticas en su favor han sido sistemáticas, debido al peso central que ocupa la deuda en el proyecto de Cambiemos. El canje de 10.000 millones de dólares de deuda intra-Estado por bonos con privados a principios de año, el pago a los fondos buitres con una emisión total de 16.000 millones de dólares más, y con ello, la apertura a emisiones de bonos provinciales; todos títulos que pagan elevados intereses en corto plazo. Sin embargo, la joya del esquema han sido, sin duda, las LEBAC emitidas por el Banco Central para quitar pesos del mercado y estabilizar así el dólar. Estas letras llegaron a pagar casi 38% anual de interés en renovaciones cada 35 días, constituyendo una fuente inmensa de rentabilidad. El ejercicio es interesante: un operador que haya cambiado dólares por pesos a fines de febrero (a $16), y haya renovado 3 veces esos fondos en LEBAC, y los haya retirado a dólares nuevamente las semanas previas al Brexit (amenaza de inestabilidad conocida con antelación), a $14, obtuvo una rentabilidad cercana al 28% en dólares… ¡¡¡en un trimestre!!! Un negocio difícil de hallar en cualquier otra parte del mundo. No es extraño que el presidente Macri aclarara que pensaba repatriar fondos que mantiene en el exterior, para invertirlos en bonos.
El problema es que esta auténtica timba implica un incremento del déficit cuasi-fiscal, contra los supuestos objetivos del gobierno. Por otra parte, con estas tasas de rendimiento, no hay ningún incentivo a prestar a sectores productivos, lo que implica menor inversión. La recesión es la actualidad y el horizonte cercano. Finalmente, las letras emitidas son equivalentes a todos los billetes circulando en la economía, y son de muy elevada liquidez, lo que significa que pueden correr al dólar con mucha facilidad, como de hecho, comenzaron a hacerlo la última semana de junio, elevando nuevamente el tipo de cambio por encima de los $15. Esto agrega inestabilidad cambiaria a los demás riesgos económicos y políticos que frenan toda recuperación de la actividad.
Como se ve, el gobierno no tiene las cuentas fáciles. Sus políticas está orientadas de manera muy evidente a beneficiar a los sectores más concentrados del capital, pero no está claro que tenga la capacidad para subordinar a quienes pierden. Más aún, las disputas entre las diversas fracciones del bloque en el poder no alcanzan tampoco un acuerdo estable aún, lo cual redunda en la presión que mejor conocen: la extorsión económica mediante recesión. Hasta que la correlación de fuerzas entre clases y al interior del bloque en el poder no alcance algún tipo de estabilidad -siempre precaria- no es esperable que la economía se recupere, más allá de promesas y deseos. El pato de la boda, claro, lo pagamos las clases populares, afectados por la inflación, recesión y creciente desempleo.
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