Están asesinando en público el «debido proceso», están aniquilando el principio de la inocencia, la reserva de la dignidad y la garantía de la privacidad. Están avasallando los derechos fundamentales y están produciendo una mezcla monstruosa de persecución y condena, ilegales e ilegitimas, con premeditación, alevosía, ventaja y en público. Un delito de «lesa humanidad» […]
Están asesinando en público el «debido proceso», están aniquilando el principio de la inocencia, la reserva de la dignidad y la garantía de la privacidad. Están avasallando los derechos fundamentales y están produciendo una mezcla monstruosa de persecución y condena, ilegales e ilegitimas, con premeditación, alevosía, ventaja y en público. Un delito de «lesa humanidad» cometido con impudicia e impunidad desaforadas. Es el rol actual de los «mass media» burgueses.
Está desarrollándose una fase aguda (peligrosísima para las democracias) de las emboscadas «políticas» mafiosas, que usan el linchamiento mediático contra todo lo que les presente oposición o razón crítica. Esta creciendo una fase monstruosa del odio burgués que, desde sus máquinas de guerra ideológica, expresan la lógica de los empresarios que se adueñaron de los gobiernos -y de la totalidad de los «medios de comunicación»- para ejercer venganza vil, «periodismo de guerra», tráfico de calumnias, acusaciones infundadas, falsificación de imágenes, guerra psicológica y veredictos espurios dichos con la soltura de los ignorantes a que nos tiene acostumbrados la farándula mediática e informativa oligarcas.
Ser juez, hoy, se vuelve una vergüenza agravada. En los casos, excepcionales, de profesionales con mediana conciencia de Justicia Social y defensa de la dignidad humana, debe ser pesadísimo el paisaje de colegas que sucumben a los mandatos de los «jefes» que los hunden en la servidumbre más perniciosa e irreparable. Y no son pocos. Se trata de un espectáculo patético en el que una vida de estudio y trabajo se rinden ante el capricho del odio donde sacrifican para siempre nombre, prestigio y conciencia y alguna vez tuvieron. Todo a cambio de «centavos».
A las mafias mediáticas parece que nada les satisface, que les queda chico el dominio actual sobre gobiernos y gobernantes cocinados en caldos de fraudes y corrupción estructural. Ya nada los «llena». Para los fines del odio burgués los funcionarios, paridos desde los «medios», son gerentes doctorados en ineficiencia y, por eso, la burguesía se ve impelida a intervenir directamente en el «poder judicial» para asegurarse de que logrará cumplir su cometido de linchamiento sin importar qué leyes hubiere que deformar, degenerar o pisotear. Para eso cuentan con payasos «letrados» hambrientos de banalidad publicitaria, palmaditas en la cabeza y propinas gordas. Y abundan.
No deja de ser llamativa la «velocidad» acelerada por el odio de la «justicia» cuando hay casos que se dirimen en las pantallas televisivas. Contrario a la «tradición» ineficiente de jueces y leguleyos, capaces de demorar eternamente juicios de personas «pobres» o trámites simples… cuando hay tufo de fama mediática se convierten en sagaces tratadistas de la jurisprudencia con velocímetro ultrasónico. Son rapiditos para popularizar el uso de la «justicia» como herramienta de la venganza burguesa. Son permisivos voluntaristas cuando se trata de filtrar imágenes y expedientes que ensucien la dignidad y la vida misma de las personas victimadas. Son la barbarie lenguaraz cuando se trata de suprimir el derecho a la privacidad, el debido proceso y la presunción de inocencia para que reine en su esplendor la obscenidad de la sentencia y la condena dictada en las pantallas (y sus adláteres) por los tiempos televisivos y la premura del odio oligarca.
Un juez, suponemos sin ingenuidades idealistas, debe proteger a las personas que están a expensas de sus procesos y veredictos. Incluso en los casos de flagrancia, un juez debe ver por la precisión conceptual y técnica de la sanción, debe ser celosos del escrutinio de los hechos, de la tipificación del delito y de la axiología indispensable del veredicto para que se constituya en fortaleza moral de la comunidad y de ninguna manera en escarnio o injusticia. Uno supone, sin ser un bobo útil, que debe primar el rigor de la ética encarnada en en el trabajo arduo y complejo de un juez y de sus equipos, que faltar a ese rigor es lastimar a las víctimas y ser injusto también con los culpables. Eso no repara el daño ni resarce a la sociedad de los daños hipotéticos.
Ha costado mucho a la humanidad construir márgenes de confianza sobre la Justicia y sobre sus expertos. Ha costado mucho en un mundo donde reina la anarquía de la impunidad amasada por la clase dominante contra la clase trabajadora. Ha costado mucho desarrollar una cultura de la Justicia y mucho también hacerla clara y hacerla rápida. Incluso con todos sus fracasos reales y concretos, con la injusticia errática y corrupta del sistema judicial en sociedades divididas en clases, con la injusticia lacerante en la demora de los trámites y de los juicios, con la injusticia consustancial a un sistema de castigos que no reparan con puntualidad ni velocidad los daños a las víctimas… con todo eso, el muy poco prestigio que ha logrado la justicia del sistema imperante, se va a la basura gracias a la estupidez política de las jaurías neoliberales dispuestas a destruirlo todo para saciar su avaricia y usura. Y hay jueces que lo permiten, lo celebran y los ejecutan.
Más que nunca ésta es la hora de los pueblos. Es la hora en que se debe analizar de fondo todo aquello que viene ocurriéndonos, a escala mundial y a escala regional, por la metástasis del neoliberalismo infectando su putrefacción en todas las escalas de la vida en sociedad y de la vida en lo particular. Con el paso del tiempo se hace más urgente la creación de fiscalías populares especializadas en delitos comunicacionales. Fiscalías populares capaces de iniciar una corriente crítica del maridaje mafioso que viene destruyendo los últimos reductos de justicia, y sus nociones más fundamentales, que pudieren quedar en la estructura judicial del capitalismo.
Es un delito exhibir a personas en transito de procesos judiciales, por más que genere mucho «rating». Es un delito exhibir a personas heridas o fallecidas para satisfacer morbos mediáticos patológicos. Es un delito emitir juicios «mas media» sobre la inocencia o la culpabilidad antes o durante el debido proceso. Es un delito acusar a cualquier persona saltándose la presunción de inocencia y saltándose las evidencias con su respectiva diversidad de enfoques y valoraciones éticas, jurídicas, políticas y sociológicas. Es un delito destruir el prestigio y el buen nombre de las personas sin asumir el responsabilidad social alguna y convirtiendo el drama de otros en negocio de odios y revancha de clase. Es un delito usar los medios concesionados por los pueblos para atacar a los pueblos en sus bases culturales y jurídicas más preciadas y es un delito obrar con alevosía propagandista para beneficiar los intereses de una secta gobernante. Como, por ejemplo, hicieron con «Frida-Sofía», niña mexicana inexistente bajo los escombros donde nunca estuvo. Ni una palabra de los jueces, por ahora.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.