Comunidades acusan racismo institucional y persecución política detrás del juicio

Un hecho que marcará la historia judicial ocurrió este martes, cuando el lonko Florentino Curican, del territorio pewenche de Lonquimay, declaró como testigo de la defensa en mapuzungun, lengua materna, con traducción de la Defensoría Penal Pública Mapuche y la propia Fiscalía—un hito inédito en años de persecución a autoridades ancestrales, consagrado en el Convenio 169 de la OIT y en leyes nacionales.

Cabe destacar que el fiscal Enrique Vásquez estaba altamente cuestionado por haber sido mencionado en informes parlamentarios y por su rol en la Operación Huracán, el bullado caso de manipulación de pruebas e implantación de evidencia por parte de Carabineros. Su figura también ha generado controversia por presuntos nexos con la red de influencias del abogado Luis Hermosilla .

“Denunciamos que el sistema de compra de tierras de CONADI, regulado por la Ley Indígena, empuja a las autoridades mapuche a negociar directamente con latifundistas y empresarios, exponiéndolas a denuncias por extorsión”

El presidente Kast anunció en su Cuenta Pública una reforma a la Ley Indígena 19.253 para permitir arriendos e hipotecas sobre tierras bajo protección. La medida generó el amplio y categórico rechazo de diversas expresiones de los movimientos indígenas e Chile, quienes advierten sobre un nuevo despojo territorial.

El caso del Lonko Guillermo Ñirripil no es un hecho aislado, sino que se inserta en una problemática estructural que ya fue objeto de condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), evidenciándose las vulneraciones a los estándares internacionales y agravando el daño a la identidad cultural y espiritual de personas de pueblos originarios privados de libertad.

En un sentido testimonio, el Lonko Guillermo Ñirripil desmonta la acusación de extorsión, explicando cómo el valor sagrado de la palabra mapuche fue utilizado como una trampa por latifundistas. Comunidades denuncian un patrón donde la negociación territorial se criminaliza para beneficiar a empresas forestales.

Los afectados relatan que perdieron absolutamente todo: camas, alimentos, herramientas y recuerdos. Señalan directamente a los latifundistas, en particular a la familia Bunster, por replicar las prácticas incendiarias de sus antepasados.

La situación del lonko Guillermo Ñirripil Cheuquepan —de la comunidad Miguel Cheuquepan, en la comuna de Curacautín—, autoridad tradicional respaldado por 21 comunidades mapuche del territorio que abarca Lautaro, Curacautín, Perquenco, Victoria, Lonquimay, Vilcún y Padre Las Casas, ha sido calificada por estas como un ejemplo paradigmático de persecución penal continuada.

Se da cuenta de cómo fue desposeído de sus bienes y tierras ancestrales, y de cómo hasta el día de hoy sus descendientes se ven perjudicados por la pérdida total de sus tierras, bienes y raíces culturales.