En el mes de Enero de 2005 la Secretaría de Energía de la Nación publicó el «Boletín Anual de Reservas de Hidrocarburos 2003»; al analizar la cubicación de las reservas comprobadas de gas natural al 31 de Diciembre de ese año se observa que las cuencas sedimentarias del país contaban con 612.496 millones de m3. […]
En el mes de Enero de 2005 la Secretaría de Energía de la Nación publicó el «Boletín Anual de Reservas de Hidrocarburos 2003»; al analizar la cubicación de las reservas comprobadas de gas natural al 31 de Diciembre de ese año se observa que las cuencas sedimentarias del país contaban con 612.496 millones de m3. Ahora bien, si a tal volumen de reservas certificadas se le restan los 48.280 millones de m3 producidos en 2004, las reservas comprobadas de este fluido disminuyeron a 564.216 millones de m3; es decir, un horizonte de vida inferior a los 12 años de disponibilidad de gas, contemplando el nivel de producción del año pasado, lo que supone un agotamiento definitivo de los yacimientos gasíferos hacia el año 2016. No obstante, si se consideran las proyecciones del ENARGAS en la producción de este hidrocarburo para los años 2005 y 2010, correspondientes a 60.000 millones de m3 y 90.000 millones de m3, respectivamente, la disponibilidad de gas natural alcanzará a cubrir las necesidades energéticas del país hasta el año 2012 como máximo. Estos escenarios no sólo están basados en los aumentos proyectados para el mercado interno (principalmente incremento del consumo en las centrales eléctricas y en las industrias), sino también por aquellos correspondientes a las exportaciones, que superarían el 21% al finalizar el presente decenio (el año pasado representaron más del 15% de la producción total de gas).
Las líneas del párrafo precedente sugieren la posibilidad de ocurrir un colapso energético o, en su defecto, la importación total de energía, al comienzo de la década entrante. Tal colapso ocurriría en el sistema de transmisión de energía eléctrica, más fallas parciales con origen en la capacidad de fuerza de las usinas. A su vez, la escasez de combustibles obligaría al gobierno a implementar y regular un programa de racionamiento en la entrega de gas natural, GNC, GLP, gasolinas, gasóleos y demás combustibles derivados del petróleo crudo por parte de las productoras, sin olvidar la escasez de insumos requeridos por la industria petroquímica para la elaboración de agroquímicos, plásticos, fertilizantes, etc. Esto se debe a que Argentina depende en un 90% de los hidrocarburos petróleo y gas natural para cubrir sus necesidades energéticas (y un 60% de dependencia hidrocarburífera en el suministro de energía eléctrica).
Considerado este problema, comenzaremos el informe identificando a los agentes económicos que operan en la oferta primaria de gas natural para luego analizar el comportamiento de los mismos. Respecto a la concentración económica de las reservas comprobadas de gas natural, según la Secretaría de Energía de la Nación, se puede observar que en 2003 sólo 7 empresas eran propietarias del 82,3% de las reservas, siendo Repsol YPF el propietario más importante: 289.669 MM de m3 o 47,3% de concentración (incluidas las de Pluspetrol), siguiéndole el conglomerado anglo-estadounidense BP-Amoco (más la local Bridas) que controla a Pan American Energy con 56.389 MM de m3 o 9,2% de concentración, la filial francesa Total Austral y el consorcio germano-estadounidense Wintershall Energía con 46.900 MM de m3 cada uno o 7,7% de concentración cada uno y la estatal brasileña Petrobras con 34.078 MM de m3 o 5,6% de concentración, entre los principales propietarios. Cabe destacar que de acuerdo a lo establecido por el Art. N° 34 de la Ley N° 17.319 (de Hidrocarburos): «(…) Ninguna persona física o jurídica podrá ser simultáneamente titular de más de cinco (5) concesiones de explotación, ya sea directa o indirectamente y cualquiera sea su origen». A modo ilustrativo, Repsol YPF es titular de 85 concesiones de explotación y la estatal brasileña Petrobras es titular de 32 concesiones de explotación en Argentina. La misma violación se replica para el caso del Art. N° 25, concerniente a los permisos de exploración.
En relación a la producción de gas natural registrada en 2003, el 95% de la misma se concentraba en 5 empresas. Repsol YPF ocupa el primer puesto, ya que resulta ser el mayor productor gasífero de Argentina, con una participación directa del 39,3%, la que se eleva a un 49,2% al sumar la de Pluspetrol (propiedad de Repsol); luego le siguen la francesa Total Austral con 21,5%, la anglo-estadounidense Pan American Energy con 10,9%, la estatal brasileña Petrobras con 7,1% y la argentina Tecpetrol (Techint) con 6,2%, entre las de mayor producción. Mientras que en lo concerniente a las exportaciones realizadas en 2003, sólo 7 compañías petroleras concentraban alrededor del 86% (U$S 275 millones) de las mismas (más de U$S 320 millones), siendo el principal exportador Repsol YPF con 46,3% de concentración económica (incluye Pluspetrol), siguiéndole Pan American Energy con 9%, Total Austral con 7,8%, Wintershall Energía con 7,6%, Mobil con 6,8%, Sipetrol (filial de la estatal chilena ENAP) con 5,1% y Petrobras con 3,2%.
Si bien la morfología del mercado gasífero es más abierta que en el esquema previo a las reformas estructurales (pues, no existe una empresa que controle la cadena gasífera integralmente, como lo hiciera hasta 1992 Gas del Estado), el marco regulatorio emergente de tales reformas no se ve para nada reflejado cuando se analiza la participación de los agentes económicos de dicho mercado en las diversas fases de la cadena gasífera y en los diversos eslabones de los segmentos petróleo y eléctrico (los principales productores de hidrocarburos son: transportistas, distribuidores y consumidores industriales de gas natural; participan en el transporte, refinación y comercialización del crudo y derivados; participan también en la generación, transporte, distribución y consumo industrial de energía eléctrica), sino más bien el desarrollo de un mercado de competencia cada vez más imperfecto, en particular por la alta concentración registrada tanto en la propiedad de las reservas como en la extracción y en la exportación.
Al analizar las exportaciones de gas natural argentino, en base a datos del ENARGAS, se puede observar que finalizado el ejercicio 2004 las exportaciones totales de este hidrocarburo se incrementaron un 8% respecto al año anterior, es decir, alcanzaron los 7.299 millones de m3. En el caso de las exportaciones destinadas a Chile, el incremento fue superior al 7% en relación al año 2003, totalizando 6.731 millones de m3; las exportaciones efectuadas a Brasil aumentaron más de un 9%, alcanzando 448 millones de m3; y las exportaciones realizadas a Uruguay se incrementaron más del 77%, alcanzando 120 millones de m3. En suma, del total de las exportaciones de gas natural registradas el año pasado, 92,2% se destinaron a Chile, 6,2% a Brasil y a Uruguay el 1,6% restante.
Cabe destacar que en los tres primeros meses de 2004 las exportaciones de gas natural realizadas a Chile alcanzaron registros históricos. Para el mes de Enero del año pasado se observa un incremento del 26% en las exportaciones de este energético a Chile respecto a igual mes de 2003. En Febrero de 2004 se registró un aumento del 33,5% en relación a mismo mes del año anterior, y un 8,5% respecto a Enero de 2004. En el primer mes de la denominada «crisis del gas de 2004» (Marzo) se registró casi un 9% de aumento respecto a igual mes del año 2003, mientras que para el mes de Abril del año pasado se registraron volúmenes de exportaciones similares a los de igual mes de 2003. La única disminución relevante llegó en el mes de Mayo, registrándose un -12% respecto a igual mes del año anterior, mientras que en Junio de 2004 se lograron nivelar los volúmenes de exportación con registros similares a igual mes de 2003, y 5,6% superior a Mayo de 2004.
La evidencia indica que las «restricciones» supuestamente aplicadas a la exportación de gas natural no tuvieron ningún efecto durante los tres meses que duró la denominada «crisis del gas de 2004» (Marzo-Abril-Mayo), que, vale decir, fue provocada por las productoras gasíferas para presionar a la Administración Kirchner a que incremente significativamente las tarifas de servicios públicos de electricidad y gas natural. Cabe recordar al respecto que la demanda interna durante tales meses de «crisis del gas de 2004» registró, según ENARGAS, un incremento del 12,6% en relación al año 2003 y del 6,7% en comparación con el año 2000, en particular aumentos del sector industrial, explicados más precisamente por los antecedentes históricos, y por las centrales termoeléctricas por haberse tratado de un año hidrológicamente pobre, dando por consiguiente una insuficiencia en la capacidad de transporte, también explicada por los antecedentes históricos. Pero también se observan incrementos similares e incluso superiores a los del analizado trimestre «crítico» de 2004 para otros años: el incremento ocurrido en el trimestre Marzo-Abril-Mayo de 1997 respecto a igual período de 1996 fue equivalente al 11%, y el aumento ocurrido en mismo trimestre de 1999 respecto a igual período de 1998 fue equivalente al 18,3%; y ni en 1997 ni tampoco en 1999 se presentó una escasez de gas.
A su vez, tanto la demanda interna y la exportación de gas natural durante 2004 estaban previstas en el documento «Prospectiva 2002» que Secretaría de Energía de la Nación publicara en Mayo de 2003. Tampoco debe olvidarse que entre las opciones de contingencia de corto plazo de la Administración Kirchner que aparecen en el documento «Plan Energético Nacional 2004-2008», publicado en Mayo de 2004, se encuentra la importación de gas natural proveniente de la cuenca de Tarija, Bolivia. Ese gas natural que el Estado argentino le compra al Estado boliviano (a través de YPFB), es propiedad de filiales de Repsol YPF que operan en el país andino (Maxus y Andina). Una extorsión excelentemente planificada por el oligopolio energético y una respuesta absurda e inconcebible por parte del Estado nacional.
Estas maniobras de extorsión se replican también para el caso del gas-oil (insumo primordial para el sector agropecuario, entre otras ramas de actividad). Durante el verano de 2005, las refinadoras (en particular SHELL y ESSO, según medios de prensa gráfica) cortaron el suministro de gas-oil, como mecanismo de presión para que el gobierno elimine las retenciones a la exportación y permita que el precio del combustible comercializado en el mercado local sea referenciado con el internacional (lo que impactaría notablemente en la canasta familiar por la inflación que dispararían tales aumentos). A eso se le llama aquí y en cualquier parte del mundo extorsión. Sin embargo, ninguna de las empresas involucradas en las extorsiones de 2004 y 2005 fue sancionada con el rigor de la ley.
Desde Febrero de 2005, los presidentes de Chile, Ricardo Lagos, y de Argentina, Néstor Kirchner, mantienen conversaciones respecto a la provisión de gas natural al país trasandino, las cuales parecerían señalar que no ocurrirían restricciones a las exportaciones; no obstante, el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, no descartan la posibilidad de crisis coyunturales, al mismo tiempo que han manifestado implementar «premios y castigos» a los usuarios residenciales (los más cautivos) del mercado interno y proponer a las empresas del sector un cronograma de aumentos tarifarios. Por su parte, los productores hidrocarburíferos se preparan para una nueva ofensiva: eliminar las retensiones a la exportación y lograr aumentar con cifras de tres dígitos las tarifas del gas y de la electricidad (y también lo desean para el crudo y sus derivados), y eso requiere, desde sus «perspectivas», de prácticas similares a las realizadas el año pasado.
Ahora bien, según la consultora EQUIS, alrededor de 13 millones y medio de ciudadanos argentinos no tienen acceso al gas natural por redes (a modo ilustrativo, el 100% de los hogares de las Provincias del NEA: Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, no tienen acceso al gas natural), donde aproximadamente el 58% de los mismos (más de 10 millones de ciudadanos argentinos) vive por debajo de la línea de pobreza, consumiendo energéticos alternativos: 80% consume gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafa y el 20% restante quema leña, plásticos, residuos vegetales/animales, etc. Sin embargo, las exportaciones de gas natural continúan incrementándose año tras año, cuando las Leyes Nacionales 17.319 (de Hidrocarburos) y 24.076 (Marco Regulatorio del Gas) las prohíben al encontrarse insatisfecho el mercado interno. Este es uno de los resultados de los programas de privatización de la cadena hidrocarburífera: nula expansión de la red troncal de gasoductos para abastecer el mercado interno y construcción de 10 nuevos gasoductos para satisfacer únicamente las necesidades energéticas de mercados foráneos entre 1996 y 2003 (7 a Chile, 2 a Uruguay y 1 a Brasil). Vale recordar que el último gasoducto troncal en ingresar a la red fue el NEUBA II, en 1988, construido por Gas del Estado S.E. El fracaso del modelo energético neoliberal es indudable.
Para la cuestión particular de asegurar el abastecimiento interno antes que las exportaciones cabe traer a colación el artículo tercero de la Ley Nº 24.076: «Las exportaciones de gas natural deberán… (…) ser autorizadas por el Poder Ejecutivo Nacional… (…) en la medida que no se afecte el abastecimiento interno»; así como también lo estipulado en la introducción de la Ley N° 17.319: «La exportación de hidrocarburos y sus derivados es legislada en estrecha coordinación con el aseguramiento de la autosuficiencia del país en la materia, ya que el Poder Ejecutivo la autorizará siempre que se trate de cantidades no requeridas para la adecuada satisfacción de las necesidades internas».
De las líneas precedentes emergen cuatro interrogantes de relevante consideración:
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¿cómo es posible que el gobierno no haya sancionado con el rigor de la ley a las productoras gasíferas por haber provocado cortes en el suministro del fluido para el mercado interno y que la opción de contingencia más importante del mismo haya sido la importación de gas natural proveniente de Bolivia perteneciente a la productora que lideró tales extorsiones?
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¿cómo es posible que se permitan falsas denuncias del gobierno chileno sobre supuestas restricciones a las exportaciones ilegales de gas natural argentino durante 2004 cuando solamente sufrieron una disminución considerable en el mes de Mayo y en el resto del año recibieron cantidades superiores a las de años anteriores?;
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¿cómo es posible que se permitan exportaciones ilegales de gas natural cuando más del 36% de la población no tiene acceso a la red?;
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¿cómo es posible que se permitan exportaciones ilegales de gas natural y que al mismo tiempo el gobierno aplique aumentos tarifarios para disminuir el consumo de los usuarios cautivos del mercado interno (camuflado como Programa de Uso Racional de la Energía -PURE-)?
En lo concerniente al consumo nacional de gas natural registrado en 2004, según el ENARGAS la demanda interna fue equivalente a 33.476 millones de m3, representando un incremento del 8,6% respecto al consumo nacional de 2003 (30.830 MM de m3), y casi un 7,2% de aumento en relación a 2000 (31.238 MM de m3), año en que se había registrado la mayor demanda interna. De esos 33.476 millones de m3 de gas natural consumidos en el mercado interno durante 2004, 20,7% correspondió a usuarios Residenciales, 3,3% a Comercios, 1,1% a Entes Oficiales, 33,5% a las Industrias (incluye RTP-Cerri), 30,9% a las Usinas Eléctricas (incluye consumo de gas en «boca de pozo»), apenas 9,1% al Transporte Automotor (GNC) y 1,4% a Subdistribuidores.
Cabe señalar que al analizar la producción total de gas natural de 2004, equivalente a 48.280 millones de m3, en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación, considerando un consumo nacional y exportaciones de este fluido equivalentes a 33.476 millones de m3 y 7.299 millones de m3, respectivamente, en base a datos del ENARGAS, no queda muy claro cuál fue el destino de los 7.505 millones de m3 restantes; en 2003 quedaron sin resolver el destino de 15.442 millones de m3. Por consiguiente, emerge la siguiente sumatoria de interrogantes: ¿exportaciones no fiscalizadas + venteo excesivo + explotación irracional no fiscalizada para consumo propio de las productoras en su afán por incrementar la producción de petróleo para exportación + manipulación de datos por parte de las productoras para incrementar el valor de las acciones que cotizan en bolsa? No es descabellado pensar en ello cuando el Estado se ha divorciado de sus funciones básicas en el sector energético: gestión, planificación, control y regulación de la cadena energética como resultado de las reformas estructurales iniciadas en los ’90.
El oligopolio energético resultante de tales reformas tiene desde hace tiempo el poder para actuar en la formación de precios de combustibles y tarifas de gas y electricidad, así como también el poder para operar ideológicamente a través de los medios masivos de comunicación social. Si el Estado no cumple con sus funciones básicas, no recupera la renta energética y no informa a la comunidad las estadísticas verdaderas que explican la situación del sector clave de la economía, las posibilidades de desarrollo de Argentina se verán perdidas entre los años 2010 y 2012, cuando las reservas probadas de petróleo y gas natural (cuya explotación cubre el 90% de las necesidades energéticas del país) queden definitivamente agotadas.
No obstante, durante los próximos meses y años es probable que se presenten «crisis coyunturales» (léase cortes provocados de suministro) en la oferta de energía del mercado interno, es decir, extorsión del oligopolio energético sobre el gobierno para que elimine las retenciones a la exportación, aumente los precios de combustibles, tarifas de gas y electricidad del mercado local tomando como referencia los precios y tarifas internacionales, perjudicando así toda iniciativa del gobierno en signar la planificación económica en un proceso de industrialización basado en la capacidad estructural para desarrollar mediante nuestros propios recursos los medios de producción correspondientes a los estándares internacionales de tal proceso y avance científico-técnico, ya que sin energía abundante y barata no es posible tal iniciativa de reforma del aparato productivo nacional.
Buenos Aires, Marzo de 2004
Nota: (1) Para el Grupo Repsol YPF, Argentina representa el 73% de su producción total de petróleo y el 61% de su producción total de gas natural en el mundo. Para la estatal brasileña Petrobras, Argentina representa el 60% de su producción total de petróleo y el 40% de su producción total de gas natural. Para mayor información, véanse los sitios webs: http://www.repsol-ypf.com.ar y http://www.petrobras.com.ar.
Investigador del Área de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la Universidad del Salvador; Investigador del Instituto de Energía e Infraestructura de la Fundación Arturo Íllia (FAI); y; Analista energético del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO). Email: [email protected]