Fiel a su estilo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), creada en la década del ´50 del siglo pasado, a iniciativa de la Central estadounidense de inteligencia (CIA), seguramente convertirá su próxima cita en la ciudad de Caracas en una provocación contra Venezuela, Ecuador y contra la reciente iniciativa de los mandatarios del Grupo Río. […]
Fiel a su estilo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), creada en la década del ´50 del siglo pasado, a iniciativa de la Central estadounidense de inteligencia (CIA), seguramente convertirá su próxima cita en la ciudad de Caracas en una provocación contra Venezuela, Ecuador y contra la reciente iniciativa de los mandatarios del Grupo Río.
Estos acaban de firmar un documento en oposición al eje central de la política exterior de Washington, conocido como la doctrina de la guerra preventiva.
El resultado de la reunión en la capital venezolana fue preanunciado por el informe que la SIP divulgó en octubre pasado.
Respecto de Venezuela, la SIP dijo «la libertad de expresión e información que periodistas y medios de comunicación independientes ejercen y defienden es un valor que el que gobierno intenta suprimir definitivamente».
Al referirse a Ecuador sentenció que «en este período el presidente Rafael Correa mantuvo en general una actitud de beligerancia contra la prensa. Un juicio contra el director de diario La Hora y un texto legal para prohibir la difusión de ciertos videos fueron los acontecimientos más preocupantes».
En su campaña desinformativa -especialidad que perfeccionó la SIP cuando defendió a capa y espada las dictaduras que asolaron nuestra región en décadas pasadas- la entidad que en la actualidad preside Earl Maucker criticó que el 21 de mayo último el presidente Correa haya pedido a llevar a la justicia «a los medios que atenten contra la verdad».
Insólita recriminación esa, pues con esa innovación el presidente Correa no hace otra cosa que cumplir con sus obligaciones constitucionales. Todo el sistema jurídico contemporáneo, comenzando por la legislación y la práctica judicial estadounidense, faculta a los ciudadanos a protegerse con la ley frente a conductas mediáticas tergiversadoras.
Los más recientes debates teóricos y políticos en el ámbito de la comunicación social propugnan el estricto cumplimento del derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos a informar y estar informados, derecho que tiene, entre otros, los siguientes enemigos concretos: la manipulación, la desinformación y la mentira sistemática por parte de los grandas corporaciones periodísticas, y la concentración de medios y recursos tecnológicos en pocas y transnacionalizadas manos.
Respecto de cómo algunos medios defendidos con ahínco por la SIP han aplicada sus concepciones de «guerras mediáticas» contra los actuales gobiernos de Venezuela y Bolivia, por ejemplo, nos remitimos a recomendar la lectura de los informes del Observatorio de Medios de APM (www.prensamercosur.com.ar), como así también los valiosos trabajos sobre esas prácticas en Argentina que produce la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).
Sobre Argentina, el informe de octubre último de la SIP dice: «el clima de libertad de prensa se ve deteriorado por la obsesiva tendencia del gobierno hacia la uniformidad de pensamiento, sin dar lugar al pluralismo de ideas. Los funcionarios de primera línea rehúyen de las conferencias de prensa y del diálogo directo con los periodistas».
«Medios de comunicación y asociaciones de periodistas argentinos expresaron su crítica por ser excluidos de las conferencias de prensa o de los actos públicos que realiza la senadora Cristina Fernández de Kirchner y el propio presidente Néstor Kirchner en su giras por Europa o Estados Unidos, aceptando en cambio entrevistas sólo con la prensa extranjera».
Respecto de eso dos párrafos, la SIP es desmentida por sus propios socios de Argentina, el conjunto de medios poderosos que, en bloque, ofrecen líneas editoriales adversas al gobierno, sin que éste haya tomado una sola medida legal o ilegal contra ellos.
Además, en ¿qué manual o desarrollo teórico sobre periodismo se afirma que las conferencias de prensa a cargos de los propios mandatarios o lo contactos directos de éstos con los medios son condiciones necesarias para que en el país que se trate rija la libertad de prensa?
Cada gobernante y cada ciudadano tienen el derecho inalienable de relacionarse con la prensa en la forma que lo crea correcto o conveniente, conforme a la ley vigente.
A lo que sí están obligados los Estados democráticos es a informar sobre sus actos y, en ese sentido, decenas de diarios, semanarios y canales de televisión, cientos de emisoras de radio e incontables medios electrónicos argentinos informan a diario y al instante sobre lo que sucede en el país, sin que ningún acto de censura haya sido promocionado por el gobierno nacional.
La SIP pone el acento sobre la supuestas discriminaciones en las pautas publicitarias del Estado argentino, reclamos las más de las veces falsos de medios y empresarios que, por sus apoyos a dictaduras y gobernantes condenados por delitos de lesa humanidad, deberían ser sometidos a la Justicia.
Ahora bien, el propio informe de la SIP sobre Argentina resalta que: «el fallo de la Corte ha fijado criterios objetivos sobre la racionalidad y los recaudos para evitar la discriminación en la distribución de la publicidad oficial. La sentencia considera que el gobierno de la provincia de Neuquén obró arbitrariamente al reducir sensiblemente la publicidad oficial con ese medio de prensa en diciembre del 2002 y suprimirla en enero del 2003».
Si los tribunales y la propia Corte Suprema de un país adoptan decisiones como la citada -demostración fehaciente del funcionamiento del Estado de Derecho-, en qué se apoya la SIP para poner en duda la vigencia de la liberta de prensa. En nada, simplemente se trata de una mentira más.
En su último informe, de octubre de 2007, la SIP también acomete contra Brasil.
Dice: «hay preocupación sobre iniciativas aisladas que afectan a la libertad de prensa con amenazas, ataques, abusos y delitos cometidos contra periódicos e medios de comunicación. La prensa brasileña enfrenta reiteradas amenazas contra la libertad de expresión comercial representada por las gestiones de una agencia reguladora, Anvisa, para que se legisle el contenido publicitario mediante decretos administrativos que ignoren la Constitución».
Por supuesto que esas imputaciones no tienen apoyatura fehaciente, ya que la propia SIP no pudo ofrecer prueba alguna de actos gubernamentales brasileños que violen la legislación del país.
Nunca está de más resaltar que las «preocupaciones» de la SIP por la prensa sólo se refieren a los intereses comerciales, económicos y financieros de las grandes corporaciones mediáticas y a la condena sistemática de todo gobierno o proyecto de Estado transformador y democrático, surgido de las voluntades populares.
Otro blanco permanente de la SIP son lo medios públicos, los que, más allá de sus imposibles imperfecciones mientras los Estados de la región no asuman en forma definitiva su defensa irrestricta y una concepción amplia sobre los mismos, conforman la mejore herramienta para hacer realidad el derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos a informar y estar informados.
Por ejemplo, nada dijo la SIP sobre las irregularidades de una decisión judicial adoptada en la provincia argentina de Mendoza, donde el lobby de un grupo privado, sospechado de vínculos con el narcotráfico y organizaciones terroristas anticubanas de Miami, logró sacar del aire al Canal 7 de la televisión pública nacional, en un acto que no cuenta con sostén jurídico alguno. Es que la SIP forma parte de ese entramado antidemocrático.
En este artículo fueron citados los casos de Venezuela, Ecuador, Argentina y Brasil porque sin duda las campañas sistemáticas de la SIP contra esos países serán utilizadas en los próximos días para manipular la situación regional, de cara a la firme decisión adoptada por los mismos en la última cumbre del Grupo Río, en defensa de Ecuador ante las agresiones de Colombia y Estados Unidos.
En Argentina, al igual que en el resto de los países de área, los grandes medios asociados a la SIP ya lanzaron sus campañas desinformativas, en conjunción con las maniobras y presiones diplomáticas de Washington, propiciatorias de la extensión del llamado Plan Colombia y de un escenario bélico en América de Sur.