Tras dos meses y medio de inédita movilización de chacareros en todo el país, el 25 de mayo quedó en evidencia la magnitud de la sublevación de las capas medias. En Rosario ocurrió la mayor concentración en oposición a un gobierno registrada por la historia argentina. Hubo allí participación de sectores altos e incluso oligárquicos […]
Tras dos meses y medio de inédita movilización de chacareros en todo el país, el 25 de mayo quedó en evidencia la magnitud de la sublevación de las capas medias. En Rosario ocurrió la mayor concentración en oposición a un gobierno registrada por la historia argentina. Hubo allí participación de sectores altos e incluso oligárquicos del campo. Pero por lejos, la mayoría de los asistentes pertenecen a la pequeñoburguesía.
Para un gobierno hay dos maneras de concitar el rechazo de las clases medias: asumir sin rodeos las necesidades de los de abajo, o alinearse, también sin cortapisas, en función del interés de los de arriba.
¿Cuál de estas opciones tomó Cristina Fernández? ¿Por qué ha provocado un vuelco masivo de las clases medias urbanas y rurales en contra de la política oficial y de la figura presidencial?
No se podrán resolver estas incógnitas sin comenzar por una constatación inicial: el elenco gobernante es, él mismo, expresión social, ideológica y programática de las clases medias.
La naturaleza de clase de este gobierno es justamente el punto que ha provocado errores a izquierda y derecha, llevando a unos a sumarse a un inexistente «kirchnerismo» y a otros a igualarlo con los dos gobiernos anteriores, hegemonizados por el capital financiero internacional.
Con el agravante de que carece en grado absoluto de sustento organizativo propio, éste es un gobierno empeñado en alcanzar un «capitalismo serio» (con ese grado de precisión define su ideología), es decir, empeñado en defender los intereses de la burguesía, lo cual incluye, como aconsejaba Keynes, hallar «justificación social y psicológica de grandes desigualdades en los ingresos y en la riqueza, pero no tan grandes disparidades como existen en la actualidad». En sentido riguroso, sin embargo, no es un gobierno de la burguesía. Accedió al poder luego de que el sector del capital que dio un golpe de mano en 2001 y programó y realizó el viraje en 2002, fallara en la articulación necesaria para poner un representante orgánico. Marginales a la clase dominante y más aún al Partido Justicialista, los gobiernos de Kirchner y su esposa calzan, en todo y por todo, en la categoría de pequeñoburgués. Un gobierno de tal naturaleza es una anomalía que sólo encuentra explicación en la profundísima crisis estructural argentina (1), es insostenible en el tiempo y está sometido a la ley inapelable de la sociología política según la cual las clases medias no tienen, ni pueden tener, programa estratégico propio. Como las capas sociales a las que pretende representar, cuando no puede vivir más el día a día, un gobierno tal es arrastrado a uno u otro extremo del arco político.
Durante cinco años (2002-2006) las medidas tomadas por Eduardo Duhalde a instancia de los grupos más concentrados de la economía local, acosados por la descontrolada voracidad imperialista, permitieron enmascarar por completo la situación real del país.
Llegado al poder por obligada escogencia de aquellos grupos (Techint y Clarín a la cabeza de ellos), el elenco kirchnerista, sin un mínimo de sustento político propio (recuérdese que con el apoyo de Duhalde y del poder real detrás del trono, sólo obtuvo el 22% de los votos), Néstor Kirchner fue beneficiario de un rebote económico tan espectacular como la caída que lo explica. Ya en 2007 los problemas estructurales reaparecieron con todo vigor. Pero la inexistencia de una oposición burguesa (razón precisamente de la anomalía gobernante) y la inconmensurable incapacidad y falta de autoridad de las izquierdas, todo sobre la base de un crecimiento anual del 10% y una serie de medidas que favorecieron a nichos de mercado electoral, como los jubilados, convirtieron aquel 22% de Kirchner en el 45% de su esposa. En ese escuálido resultado estaba prefigurada la dinámica real del elenco gobernante. Pero faltaba la irrupción de la realidad económica -y su utilización por parte del imperialismo y sus socios locales- para que explotaran fuerzas subterráneas y se hiciera patente. A esto se sumó un ingrediente hasta ahora camuflado: la colosal ineptitud de las principales cabezas del gobierno para todo aquello que demande algo más que una transacción de usura política.
Ya a fines de 2006 había llegado la hora de tomar definiciones. Pero la cercanía de las elecciones aconsejó y permitió demorarlas. La burguesía se dispuso a poner un representante genuino. Sin embargo en pocos meses Roberto Lavagna mostró que no era capaz de lograr apoyo político. Temeroso de un nuevo período de descontrol, el capital en su conjunto se resignó a seguir con el matrimonio. El grupo Clarín fue la clave para el resultado de octubre.
Es en este contexto que, acosado por las necesidades del fisco, fuente de todo poder oficial, el 10 de marzo se impuso una escala móvil de retenciones al agro, que partiendo del 35% preexistente instaló una progresión que podría llegar, en el caso de la soja, hasta un 95%. Dicho sea de paso, esto se hizo contrariando formalmente todas las reglas del sistema republicano. Difícil saber si quien propuso y firmó esta medida actuó simplemente como yuppie irresponsable, o si fue un caballo de Troya ingresado de contrabando en el equipo ejecutivo. Como sea, lo cierto es que nadie lo impidió. El gobierno puso en evidencia las urgencias que lo acosan y, sin sospecharlo, fabricó un bloque opositor de extraordinarias proporciones y de segura trascendencia política.
Frente a frente
Después de la jornada de ayer, con dos actos por la fecha patria, Argentina ha entrado en una fase agravada de la crisis arrastrada durante dos meses y medio. Las fotos de la concentración oficial en Salta, contrastadas con las de las organizaciones agrarias en Rosario, vuelcan violentamente el fiel de la balanza contra el gobierno, revelan un malestar de enormes proporciones en las clases medias y constituyen un golpe del cual el Ejecutivo en su actual composición no podrá reponerse.
En magnitudes numéricas, el gobierno perdió en proporción de 1 por 5. Pero hay dos componentes de ese número que lo hacen más significativo. Uno de ello es la composición geográfica (y también social, pero sobre eso volveremos más abajo): el pueblo de Salta apenas si contribuyó para la concentración. Alrededor de mil ómnibus provenientes en su mayoría del gran Buenos Aires garantizaron la concurrencia que el gobernador local no aseguraba por una razón tan simple como elocuente: el jefe del peronismo local, el ex gobernador Roberto Romero, hombre de ultraderecha íntimamente asociado al Departamento de Estado, está en contra del nuevo presidente del PJ; y todo indica que su discípulo y sucesor, el también derechista y oligarca Juan Urtubey, ostenta el gobierno pero no tiene el poder.
No hay que decir que quienes colmaron los ómnibus no eran militantes convencidos, comprometidos al punto de viajar 30 horas para escuchar una alocución de 14 minutos. A falta de base social, clientelismo. A falta de estrategia, manipulación. Como sea, el problema mayor está en esos 14 minutos: Fernández no pudo presentar el «acuerdo del bicentenario» anunciado en las semanas anteriores. Peor aún, no logró que uno solo de los destinatarios del acuerdo la acompañara en el palco. La excepción a esta afirmación es todavía más reveladora de la orfandad oficial: entre los ministros estaba sentado el titular de la CGT, Hugo Moyano.
Impedida de presentar un programa y resuelta a ignorar lo que estaba ocurriendo en Rosario, Fernández no tenía nada que decir. No dijo nada, pues, aunque no se privó de usar su fugaz paso por el escenario para reiterar reprimendas con la acritud habitual de su tono admonitorio, que tantas voluntades le ha enajenado en tan poco tiempo.
No debería haber lugar para la confusión: la caída vertical de la imagen presidencial, sobre todo en las filas de la pequeñoburguesía, poco tiene que ver con su estilo. Cuenta, desde luego, porque bloquea toda comunicación entre gobierno y gobernados, pero las clases medias han pasado volcánicamente a la oposición porque la bonanza económica torció el rumbo de sus destinatarios y el gobierno se distanció del programa que aquellas requieren.
El hecho es tanto más elocuente porque ése debería ser el programa natural de este gobierno; respondería a su propia naturaleza de clase. Lo resumió en su discurso en Rosario -probablemente sin pretender decir tanto como dijo- el dirigente agrario Alfredo De Angeli: «si hubiéramos firmado un acuerdo, señora, usted estaría encabezando este acto».
Fernández no lo firmó. Y aquí está la respuesta a la pregunta inicial de este texto: la sublevación antikirchnerista de las capas medias no resulta de una política oficial alineada con los trabajadores y el tercio de la población por debajo de la línea de pobreza; ni por una política de combate frontal con el imperialismo en defensa de la soberanía sobre los recursos naturales; tampoco por una propuesta socialista que enerve los sentimientos conservadores del chacarero. Ocurrió lo contrario, como describe un artículo publicado el mismo 25 de mayo por un dirigente de la FAA, Pedro Peretti, quien denuncia sin rodeos «la monumental transferencia de los productores a los exportadores por el tema trigo; que bajo la mirada cómplice, desentendida y sospechosa del Gobierno, constituyó uno de los mayores despojos de la última década».
Como veremos enseguida, al otro lado de la línea de confrontación el programa presentado por el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, encarna una propuesta radical dentro de los límites del capitalismo. O, para decirlo de otro modo, interpreta las necesidades de las capas medias del campo, y por lo mismo ataca al gobierno desde la izquierda.
Ya volveremos para abundar sobre esta afirmación, intragable para quienes sólo vieron que al lado de Buzzi estaba el jefe de la Sociedad Rural Argentina, nido de las fuerzas más retrógradas y represivas desde su fundación en 1866.
Naturaleza y dinámica del gobierno
Aunque está dicho, repitámoslo: éste no es el gobierno del capital financiero internacional. La Casa Rosada no responde a los dictados de Washington y esto la hace objeto de constantes presiones y conspiraciones de todo tipo. No obstante, el gobierno ha puesto de manifiesto en pocos meses un brutal giro a derecha. Esto ocurre por un cúmulo de razones, entre las cuales la ineptitud no es dato despreciable, como tampoco lo es la corrupción. Pero esos factores cuentan sólo subordinados a la razón determinante: no hay margen nacional ni internacional para sostener una posición centrista más allá de un cierto límite.
Véanse desde esta perspectiva los datos por todos conocidos: el primer factor de violento desgaste del gobierno, la inflación, no comenzó con la lucha del campo; y el flagelo tan temido por 9 de cada 10 habitantes no fue combatido con medidas que ataquen la raíz del problema, por la simple razón de que tal política supone un choque frontal con el gran capital. El gobierno no hizo sino gestos vanos. El resultado fue un vuelco fabuloso de riquezas a favor del gran capital, el aumento vertical de la pobreza y una afectación muy sensible para las mayorías, incluidas las clases medias. La renovación anticipada y por 40 años de contratos petroleros; el tren de alta velocidad; la renovación de licencias del espacio radioeléctrico en beneficio del grupo Clarín; la definición contrapuesta a la renacionalización de Repsol, trocada por una supuesta «argentinización» de una mínima proporción de su capital; la permisividad con las empresas mineras que implica el saqueo descarado de las riquezas minerales; todo a la vista de una sociedad paralizada. Estas políticas envuelven actos de corrupción, sí, pero son ante todo concesiones a la presión imperialista y del gran capital. Las maniobras de la fuerza naval argentina en un portaviones atómico estadounidense, haciendo juegos de guerra en nuestras aguas territoriales en el mismo momento en que Washington revive la IV flota y desde el Caribe apunta al corazón de América Latina, no está siquiera en línea de continuidad con el alineamiento suramericano que Duhalde (el hombre de la Internacional Negra en Argentina), imprimió a la política exterior en 2002. Y esto también lo observa, aunque en total pasividad, el conjunto social. Al menos en el campo, todos vieron con espanto la propuesta oficial de crear una suerte de «Junta Nacional de Granos privatizada», que entregaría el control del comercio exterior a los famosos 6 corsarios de las exportaciones. Nadie desconocerá que la extrema presión del gran capital no puede enfrentarse con palabras; ¿pero quién puede señalar un solo intento de concientizar, movilizar y organizar a las masas desposeídas, a las juventudes, para dar esa batalla?. Nadie tampoco, y esta afirmación incluye a las franjas de izquierda que se sumaron al gobierno, desconoce el giro brutal que implica el ingreso del kirchnerismo al PJ y la decisión de Kirchner de convertirse, con el título de presidente, en rehén de lo peor, lo más corrupto y reaccionario de la política en Argentina.
Es un hecho por todos conocidos el alineamiento oficial con la caballería del capital financiero en su invasión al campo, como Gustavo Grocopatel y Roberto Urquía, para no hablar de la política oficial en favor de los antiguos y nuevos grupos que usufructúan la exportación de carnes, granos y productos lácteos, o en favor de las transnacionales agroquímicas. En el período de las grandes e inesperadas ganancias las clases medias del campo pudieron haber incluso celebrado que Kirchner llevara en su avión a Grobocopatel y Fernández defendiera con grandes ditirambos a Urquía, para catapultarlo al Senado. Pero tras la beligerancia de estos 75 días aquella identificación ilusoria con el héroe de la soja o el zar del aceite no sobrevivió. El discurso de los representantes de pequeños y medianos productores agrícologanaderos ha ido cambiando en la misma medida en que la lucha obliga a pensar y permite ver dónde se ubicada cada uno.
Qué hay bajo la denominación «el campo«
Desde luego el abanico opositor reunido en Rosario no representa una alternativa revolucionaria y ni siquiera homogénea. En el inesperado bloque manifestado en la lucha agraria y la manifestación de Rosario gravita la derecha y está activa la mano del imperialismo. No hemos descubierto eso por escuchar la jerigonza llorosa del Sr. Miguenz. Permítasenos citar un texto redactado para la edición Nº 25 de América XXI, de abril de 2007, donde decíamos en relación al viaje de George W. Bush a varios países suramericanos:
«La gira de Bush estuvo antecedida por una escalada de presiones diplomáticas y económicas sobre varios países. Menos ruidosa -y menos burda- pero más efectiva, fue la táctica en relación con el Cono Sur, apoyada sin rodeos en una propuesta de orden económico, mediante un artilugio sacado como conejo de la galera de un mago: el etanol como base para la sustitución de los combustibles fósiles. Los estrategas del Departamento de Estado plantean un negocio a las clases dominantes en Brasil, Uruguay, Argentina y Bolivia (que extienden a India y Suráfrica), consistente en comprarles maíz, caña de azúcar y otros cereales, para producir combustible, crear una organización de países productores de estas materias primas y desafiar a la OPEP. En este pase mágico hay un aspecto técnico, ya planteado por Fidel Castro y retomado por Hugo Chávez (ver www.americaxxi.com.ve), que deriva en dilemas estratégicos relativos a la utilización de la tierra en el planeta, aparte de la viabilidad económica real de esta variante, en un mundo capitalista acuciado por la caída tendencial de la tasa de ganancia. Pero el costado económico-político de corto y mediano plazos está a la vista: se trata de acuerdos de libre comercio (de mano única, por ahora) propuestos por Washington en un área específica, con garantía de altos precios a largo plazo, para cereales provenientes del Cono Sur de América Latina. El Departamento de Estado busca denodadamente aislar a Venezuela. Si lo lograse, siquiera parcialmente, tendría una primera condición esencial para avanzar en su política agresora. Es presumible que en el corto plazo los gobiernos oscilantes no resuelvan sus vacilaciones en uno ni en otro sentido» (subrayado ahora).
He aquí los hechos 14 meses después: las vacilaciones genéticamente determinadas del gobierno argentino, la ausencia de una estrategia de emancipación nacional verdadera -y razones de otro orden, como la desesperada avidez por los negocios- dieron lugar a una violenta transferencia de ingresos en todas las áreas de la economía nacional, «bajo la mirada cómplice, desentendida y sospechosa del Gobierno», como con sutilidad y precisión dice el dirigente de la FAA. El problema es que el beneficio de los grandes grupos económicos no podía en ninguna hipótesis fortalecer a un gobierno de naturaleza pequeñoburguesa que se pretende «nacional y popular».
Así se rompió el bloque del capital que lo llevó al poder y se abrió el espacio para que la maniobra estratégica del imperialismo cobrara viso real y pusieran contra las cuerdas no ya a la presidenta, sino a la institucionalidad del país. Y esto precisamente en momentos en que Estados Unidos prepara una agresión militar contra Venezuela, Bolivia, Ecuador y por supuesto, Cuba y Nicaragua.
No hace falta genio analítico entonces para ver la mano del imperialismo en esta partida. Para interpretar cómo se entrelazaron planes y hechos reales, en cambio, hace falta como mínimo una mirada objetiva. Ante todo, admitir que el primer resultado de esta política oficial es un realineamiento social, en el cual el gobierno ha quedado a la derecha del conjunto expresado en Rosario.
En Rosario plasmó una relación de fuerzas entre los componentes de la protesta agraria ya visible en las semanas anteriores. Después de semanas de piquetes y negociaciones fallidas, los asistentes al acto en Rosario fueron, en proporción abrumadora, componentes de la pequeña burguesía agraria, acompañados por sectores de las capas medias urbanas, muy afectadas por el conflicto en curso. En el palco, esa relación de fuerza se tradujo en forma y contenido. La Federación Agraria puso dos de los cinco oradores: el primero y el último (De Angeli representó además a los llamados «autoconvocados», el sector más combativo del conjunto). El dirigente entrerriano hizo un diagnóstico crudo y verbalizó una propuesta de continuidad de lucha frontal. Luego siguieron los discursos de Coninagro, Carbap y la SRA, en los que los oradores ocultaron su programa de fondo y se limitaron a reivindicar los reclamos comunes, poniendo énfasis contra las retenciones móviles.
Mientras tanto, en la multitud resonaba la consigna entonada por los jóvenes de la FAA: «¡¡Reforma agraria ya!!», para recibir al último orador, Eduardo Buzzi. Su discurso denunció «las enormes transferencias del productor a las exportadoras y a las industrias aceiteras», pero salió de lo estrictamente agrario y explicó que «para nosotros no alcanza con hablar de las retenciones, de la leche y de las economías regionales, nosotros creemos que debemos hablar del contexto que vive la Argentina (…) no estamos en un proceso testimonial, estamos en un proceso transformador en serio». Entre los lineamientos que defiende Buzzi señaló la necesidad de «limitar la rentabilidad de los grupos más concentradores, de los grandes exportadores, que son los grandes beneficiarios porque ganan fortunas y los pequeños y medianos productores vemos cómo se nos despoja». Completó la idea explicando que «el problema central es cómo se redistribuye la riqueza».
En un golpe de efecto que resonaría muy particularmente en la Casa Rosada, Buzzi leyó una carta de Darwina Galliquio, integrante de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de Rosario, presente en la concentración: «los chacareros sabemos quiénes son los enemigos» leyó Buzzi, para continuar enseguida con la denuncia de Galliquio «contra la concentración de la tierra y su enajenación desde el 24 de marzo de 1976, cuando se abrió un proceso nefasto». Al lado, los presidentes de la SRA y Carbap, Miguenz y Llambías, miraban rígidos a la lejanía.
En uno de los tramos más definidamente políticos de su exposición Buzzi sostuvo que «el gobierno de los Kirchner es hoy una barrera para el desarrollo del país», inmediatamente aludió a la posibilidad de un plebiscito, instancia reglada por la Constitución, para conocer la opinión de la sociedad sobre temas importantes. «Estamos preparados para tomar las decisiones que haya que tomar», dijo.
Si un mes atrás podíamos decir que pese a arrastrar a los pequeños y medianos chacareros el conflicto se circunscribía a las clases dominantes, después del 25 se puede afirmar que la radicalización dio lugar a un vuelco en las relaciones de fuerza y ahora el protagonismo principal lo tienen los chacareros, no sólo en sentido numérico sino también político.
Con el oído afinado de la más rancia oligarquía, el diario La Nación registró lo ocurrido y alertó que el discurso de Buzzi desplazó «al campo, en bloque, hacia la izquierda».
En bloque, sí. Es una interpretación exacta de lo ocurrido. Los terratenientes no pudieron defender su propio programa, porque la inabarcable multitud que los escuchaba hubiera reaccionado violentamente contra ellos. Eso no los hace menos peligrosos, por supuesto. Pero ubica exactamente el lugar que ocupan en este nuevo bloque social y político, que cambia el mapa del país y presumiblemente continuará transformándose a sí mismo, como lo ha hecho desde un comienzo signado por la hegemonía terrateniente a esta expresión en la que las relaciones de fuerza se invirtieron. Dependiendo del curso de los acontecimientos de aquí en más, la toma de distancia de las clases medias del campo respecto de los grupos exportadores y los representantes del capital financiero en la producción agrícola ganadera, verificada en 75 días de lucha, ocurrirá también en relación con los terratenientes.
Dos caminos
En respuesta al inédito desafío de Rosario, el gobierno se volvió sobre sí mismo y levantó la reunión prevista con las cuatro entidades para el 26. El jefe de gabinete declaró que probablemente tomará una resolución unilateral. Ésta consistiría en bajar el techo de las retenciones y ofrecer algunas ventajas a los pequeños productores, tales como reintegro de las retenciones y primas por distancia de los puertos de embarque. Es dudoso que esas medidas resuelvan el conflicto. En todo caso, con o sin continuidad de las medidas de fuerza, está fuera de duda que el gobierno está obligado a resolver mucho más que el nivel de las retenciones. El revés sufrido el 25 de mayo acentuará la debilidad del Ejecutivo. La inflación de mayo está calculada en el 3%. El alza de precios dio lugar a una cascada de reclamos sindicales que necesariamente continuará. El Banco Central perdió 1700 millones de dólares de la reserva. La oligarquía y sus medios de comunicación golpearán sin tregua al gobierno y otro tanto hará el sector burgués que lo acompañó hasta diciembre último. Sin márgenes para la condescendencia, el imperialismo redoblará sus presiones sobre la Casa Rosada, al compás de una situación día a día más grave en Suramérica, con foco en Bolivia y Venezuela.
Para salir de esta encrucijada por un camino coherente con su alegado compromiso «nacional y popular», el gobierno debería comenzar por desandar el camino que lo llevó al PJ. La recaudación fiscal debería hacerla manteniendo las retenciones hasta que se articule lo necesario para la recuperación de la renta de la tierra con elevadas regalías para el petróleo y la minería, y con la creación de un ente estatal que monopolice el comercio exterior, fije los precios de las exportaciones en pesos y controle los ingresos reales de los grandes grupos económicos agrícolo-ganaderos. Del mismo modo debería eliminar el Iva para todos los productos de la canasta alimentaria, reemplazándolo por impuestos progresivos a las ganancias y garantizar salarios y jubilaciones mínimas equivalentes a la canasta familiar. Un paso imprescindible es reestatizar todas las empresas privatizadas y acabar con el infamante proyecto del «tren bala», para dar lugar a la reactivación de una moderna red ferroviaria que cubra todas las necesidades del país.
Para lograr la fuerza política necesaria, Fernández y su esposo tendrían que convocar a las masas a la movilización y a la organización. Y en lugar de intentar un imposible equilibrio para ser amigos de Chávez en cuestiones pecuniarias y enemigos en estrategia política, sin demora deberían integrar Argentina al Alba y emprender el camino de la unión suramericana. Sólo así podría el gobierno reubicarse frente a la protesta agraria y tener autoridad moral para imponer las retenciones que la necesidad interna reclame y los precios internacionales permitan.
Que cada quien concluya si este giro del matrimonio gobernante es o no esperable. De lo que no puede haber duda es de que en caso de no realizarse, la naturaleza pequeñoburguesa del elenco gobernante quedará como un mero dato sociológico y éste habrá pasado a ser el gobierno del gran capital enfilado frontalmente contra los intereses de la nación y de las mayorías populares.
Lejos de recuperar la iniciativa política, en 75 días el Ejecutivo ha ido perdiendo más y más terreno, en todos los planos. No vemos posible que se revierta esta situación si no se adopta un plan de acción del tipo señalado.
El fracaso del «pacto social», denominado para la ocasión «acuerdo del bicentenario», deja a Fernández sin horizonte visible. Recuérdese el punto que hemos señalado una y otra vez: el inicio y la dinámica de este conflicto sólo se explica por la fractura del bloque burgués que en 2001 cambió el curso del país y en 2003 le entregó el gobierno a Kirchner. De allí que no es descartable que el país se deslice hacia una situación de ingobernabilidad. Si se alcanzara ese punto, la estabilidad institucional estaría en juego.
Sea cual sea el desenvolvimiento episódico de la situación, de un lado, la coalición de las capas medias del campo se engrosará en las ciudades e incorporará crecientemente sectores obreros. Estamos nuevamente ante la tendencia a un realineamiento político en torno de sectores de las capas medias (como lo fuera el Frente Grande a mediados de los ’90, aunque el tono del conflicto presumiblemente le dará otro carácter y contenido). Del otro, el capital financiero y la embajada estadounidense redoblarán las presiones sobre un gobierno debilitado que no podría resistir semejante fuego cruzado.
En el actual estado de relaciones de fuerzas sociales y políticas, toda ruptura del orden institucional favorecería a la derecha y el imperialismo. En esa misma exacta medida, las fuerzas revolucionarias deberemos defenderlo. No, desde luego, sometiéndonos al chantaje oficial, sino a partir de un programa general y de un alineamiento inequívoco en la coyuntura con los pequeños y medianos productores del campo en su lucha actual, asumiendo algunas de las consignas levantadas por la FAA, tales como la reversión del drenaje de riquezas hacia los 6 corsarios y los grandes grupos agrofinancieros, la oposición a la concentración de la tierra y la lucha por la reforma agraria.
Del mismo modo, una perspectiva revolucionaria no puede plegarse a una alianza con organizaciones y dirigentes como los de la SRA, Carbap y otras de la misma calaña. El frente único de la FAA con terratenientes es un hecho objetivo provocado por la hondura de la crisis, la torpeza del gobierno y la inexistencia de una organización política capaz de representar en el momento y hacia el futuro los intereses de las capas medias del campo y la ciudad. Desconocer ese hecho objetivo invalida una estrategia revolucionaria, privándola de un aliado imprescindible. Pero eso no puede confundirse -seguramente no en la estrategia, pero tampoco, ni por un instante, en la táctica- con la posibilidad de constituir un bloque político con SRA, Carbap y congéneres. En alianza con el capital financiero y con Washington la oligarquía buscará recuperar el poder que perdieron con el golpe de mano de 2001. Y si para ello necesita y puede recurrir a un golpe de Estado, lo hará. La posibilidad puntual de que organizaciones diferentes del campo actúen unidas en torno a puntos concretos está en la lógica de las luchas reivindicativas circunscriptas al marco de una sociedad capitalista. Pero si se asume la necesidad de una revolución, es preciso ensamblar las luchas reivindicativas con la lucha política y ésta con la organización que dará la batalla.
En ese sentido, no cuentan sólo los postulados programáticos, sino también los métodos. Hay que señalar que los cortes de rutas, cuando dejan de ser expresión espontánea de una situación desesperada, no son aceptables para una estrategia de unidad social y política de las grandes mayorías. Sólo en condiciones excepcionales es correcto apelar a tal medida. Dijimos lo mismo cuando, de los piquetes de los despedidos de YPF en el Sur, en 1997, se pasó al corte de calles y rutas en todo momento y lugar, sin importar quiénes y cuántos participaban en ese tipo de acciones.
Por lo mismo que no discrimina al afectado, el corte como método habitual no distingue al enemigo y, bien al contrario, lo confunde por completo. No es casual que después del 25 los primeros en cortar una ruta fueran los afiliados a Carbap.
A quienes apelan a esa medida con intenciones de justa lucha, hay que decirles que el efecto inmediato y relativamente fácil logrado con un corte, revierte rápidamente y desarma por completo al movimiento social que se involucra. Véase si no a los denominados «movimientos piqueteros»: cooptados por el gobierno o disgregados e incapacitados para una acción política propia, por la simple razón de que con tales métodos no pueden consolidar una base social propia y mucho menos ganar espacio en la sociedad: o se arrojan a los brazos de alguien con poder y dinero, o se volatilizan con más pena que gloria.
Justo es reconocer que la línea de no hacer cortes totales, sino limitarlos a los transportes de los productos agrarios en cuestión, indica la comprensión del problema y el esfuerzo por superarlo. Pero no es suficiente. Nada puede reemplazar la tarea, seguramente más difícil que cortar una ruta, de unir la genuina rebeldía del campo con las víctimas del sistema en los barrios y ciudades, en las fábricas, en las universidades; elaborar democráticamente una plataforma política y organizar a millones para luchar por el poder político. No será fácil atacar por izquierda esta propuesta, con gritos de vacua combatividad. Ya conocemos cómo terminan los súper revolucionarios que rechazan esta necesidad y derrochan beligerancia… hasta que consiguen una subsecretaría en algún ministerio.
Así como el gobierno no puede continuar en una posición equidistante entre revolución y contrarrevolución, a los genuinos luchadores del campo les sucede lo mismo. No hay espacio para medias tintas. Se trata de luchar por el poder político, para encarar una revolución profunda, que dé vuelta como un guante las relaciones sociales y comience a andar en pos del socialismo.
Por su lado el oficialismo está urgido a asumir y revertir la dinámica que lo ha atrapado. Está probado que no resulta posible oscilar entre derecha e izquierda sin definirse jamás. Y ahora se ha llegado demasiado lejos. Dejando de lado el fiasco numérico del acto oficial en Salta, hay que volver sobre la composición social de ese acto: sí, allí estaban los pobres de toda pobreza, los marginalizados, los condenados a la miseria, la ignorancia, el hambre. Pero no concurrieron por decisión y compromiso militante, ni tampoco como parte de una cruzada oficial para acabar con la desgracia de estas gentes y la de sus familias. Fueron acarreados para que el papelón no fuera absoluto. Desplazar 30 mil personas de Buenos Aires a Salta para hacerle claque a la Presidenta durante 14 minutos es mucho más que un despilfarro imperdonable de dinero. Es una vil manipulación de seres humanos. Para que no nos viéramos obligados a hacer esta denuncia hubiese bastado una conducta diferente de la oradora: debía hablarles a ellos, explicarles por qué están como están, cómo hará el gobierno para sacarlos de ese abismo, educarlos, reconocerlos, darles confianza, organizarlos, trazarles objetivos precisos de lucha.
Ninguna consideración táctica hará callar nuestro desprecio, nuestra condena sin atenuantes a esta conducta oficial. Y no sólo por respeto a la condición humana de esas personas, sino porque esto sigue. Allí, en esa masa manipulable, el capital cuenta con la base social para enfrentar las grandes luchas que se aproximan en Argentina. Si el gobierno no corrige muy drásticamente su rumbo, estará dando los primeros pasos hacia la utilización de desocupados como fuerza de choque contra chacareros primero, contra obreros después, contra el pueblo todo finalmente. Ya vimos esbozos de esto en varios episodios durante los dos últimos años, protagonizados por el aparato de la CGT (Hospital Francés, Asamblea de Subterráneos en el Bauen, desplazamiento de 400 supuestos camioneros a la ruta 14 en abril pasado). Hacemos un llamado a todas las fuerzas sanas del gobierno -y a priori no excluimos sino a algunos ministros de siniestros antecedentes- para que tomen conciencia de la dirección en que están siendo arrastrados por una correntada que no parecen comprender.
Pero una política revolucionaria no puede reposar en llamados al gobierno y sus adherentes.
Es preciso redoblar energías para lograr que un programa antimperialista enhebre las multitudinarias fuerzas dispersas y abra paso a una organización antimperialista y anticapitalista. Es posible recomponer las fuerzas en diferentes planos, avanzar en la unidad social y política de millones de trabajadores, chacareros, estudiantes, profesionales, amas de casa, que no se oyen ni se ven pero están, piensan, sienten, comprenden, sufren a la vista de una nueva esperanza ya irremediablemente frustrada.
La iniciativa reciente de un conjunto de organizaciones para realizar una Convocatoria por la liberación nacional y social, es un signo de que también en las izquierdas hay reservas y búsqueda. Para dar el salto cualitativo que la realidad exige, bastará con ensamblar esa voluntad con la comprensión del momento histórico que vive América Latina, con la asunción plena del papel fundamental que puede cumplir Argentina, tanto si es recuperada por la estrategia yanqui, como si por fin se afirma una organización de masas, antimperialista y anticapitalista, capaz de sumar a nuestro país al torrente revolucionario regional.
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1.- Este texto continúa la carta abierta difundida el pasado 15 de mayo y se respalda explícitamente en dos comunicados de la Unión de Militantes por el Socialismo relativos al conflicto agrario, emitidos con fecha 26 de marzo y 2 de abril. Por exigencias de la exposición aquí se repiten en más de un caso datos y conceptos. Para fundar más ampliamente esta toma de posición remitimos al libro «Argentina como clave regional», específicamente el capítulo VI y el Epílogo.