Alrededor de las 11 de la mañana del pasado jueves, empezó el juicio que se les seguirá a los ex brigadieres Hipólito Rafael Mariani y César Comes por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Mansión Seré. También será de la partida el ex teniente coronel Alberto Pedro Barda, único de […]
Alrededor de las 11 de la mañana del pasado jueves, empezó el juicio que se les seguirá a los ex brigadieres Hipólito Rafael Mariani y César Comes por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Mansión Seré. También será de la partida el ex teniente coronel Alberto Pedro Barda, único de los acusados que está imputado por dos homicidios agravados. Los tres represores fueron responsables de subzonas correspondientes al Primer Cuerpo de Ejército.
En los tribunales de Comodoro Py, los militantes de Derechos Humanos se preguntaban si estarían parados al lado de alguno de los genocidas que iban a ser enjuiciados. Esa duda no era ingenua. Tanto Barda como Comes y Mariani gozan del privilegio del arresto domiciliario. Barda, quien comandó la represión en varias localidades entre las que se incluyen Mar del Plata y Necochea, arribó al edificio de Retiro sin custodia policial. Eso sí, tanto él como sus camaradas en el banquillo, tenían una custodia de lujo. Once militares retirados que los ovacionaban desde la sala de prensa.
Para terminar la jornada que se inició con la acusación de la Fiscalía, los ex brigadieres Comes y Mariani decidieron declarar. Sostuvieron que formaron parte de la «lucha antisubversiva». Pero remarcaron que la Aeronáutica, arma a la que pertenecían, estaba más abocada a una posible guerra con Chile que al exterminio. Afirmación que contrasta con la realidad de la existencia de múltiples campos de tortura y muerte en la zona que ambos manejaron. Por su parte, Barda- una vez más- prefirió el silencio.
El ex coronel Barda se desempeñó entre 1976 y 1977 como comandante de Artillería de Defensa Aérea 601 y como jefe de la subzona 15 de Seguridad y del Área 1.5.1. Es decir, tuvo bajo su órbita de influencia las ciudades de Mar del Plata, Necochea, Balcarce y Mar Chiquita. Fue responsable de los centros clandestinos de detención ubicados en esa zona: La Cueva o el Viejo Radar, la Base Naval, la comisaría cuarta, el destacamento de Batán, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Mar y el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA). Está imputado por los homicidios agravados del abogado Jorge Candeloro y de Analía Magliaro así como de la privación ilegal de la libertad y los tormentos a Marta García de Candeloro.
El ex brigadier Mariani ejerció desde diciembre de 1976 hasta fines de 1977 como comandante de la subzona 16 de seguridad del Primer Cuerpo de Ejército. Estuvo a cargo de la jefatura de la Brigada Aérea con asiento en Palomar. En calidad de titular de esa área, fue responsable de la represión desplegada en el partido de Morón, lugar donde funcionaron los campos de concentración Mansión Seré, Brigada Aérea de Castelar, Brigada Aérea de Morón, la Comisaría tercera de Castelar y el Hospital Posadas. A este militar de 82 años se le imputan los secuestros y aplicación de tormentos a Jorge y Juan Brid, Pilar Calveiro, Jorge Cardozo, Guillermo Fernández, Mario Galvano y Claudio Tamburrini.
César Miguel Comes sucedió a Mariani en la jefatura de la subzona 16. Desde febrero de 1977 hasta febrero de 1979 ejerció como jefe de la VII Brigada Aérea con asiento en Morón. Este genocida de 82 años deberá responder ante la justicia por los secuestros por la privación ilegal de la libertad y los tormentos a delitos cometidos contra Tamburrini, Américo Abrigo, Carlos García, Alberto Garritano, Moira López Arrieta y Daniel Rosomano.
Las imputaciones que pesan sobre los tres genocidas son mínimas, si se las compara con las responsabilidades con las que contaban en la estructura represiva. Sólo en Mar del Plata, jurisdicción de Barda, hubo 500 desaparecidos.
Tanto Mariani como a Comes fueron elevados a juicio por crímenes cometidos en Mansión Seré, uno de los centros clandestinos de detención que funcionó en Castelar. Mario Galvano, sobreviviente de ese campo de exterminio, le dijo a ANRed: «Buscamos que se los condene como genocidas, que se les de la pena máxima«. Consultado sobre sus expectativas con este proceso judicial, afirmó: «Espero que este juicio cumpla pero, sobre todo, que se lleve a juicio a más gente que tuvo que ver con el circuito represivo».
Por el fin de los privilegios a los genocidas
Una vez terminada de leer la acusación y abierto el debate, la querella encabezada por la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos hizo un reclamo al Tribunal por las condiciones de privilegio que gozan Comes, Mariani y Barda. La abogada Myriam Bregman les recordó a los jueces que Mariani y Comes están excarcelados desde el 15 de diciembre de 2006 mientras que Barda cuenta con un arresto domiciliario en un departamento en la Avenida del Libertador.
«Están imputados de delitos de lesa humanidad y las penas en expectativa son altas, existiendo el riesgo concreto de que se profuguen para evitar tal castigo», sostuvo Bregman. Asimismo, la abogada relacionó esta posibilidad con la realidad que se enfrenta la Justicia, que son los más de 50 represores prófugos. El ejemplo más elocuente de esta posibilidad fue la fuga emprendida días atrás por Julián «Laucha» Corres, el torturador de «La Escuelita» que fue hallado el lunes en el placard de la casa de su madre.
Bregman solicitó que se revoquen los privilegios a Barda, Comes y Mariani y que sean alojados en alguna dependencia del Servicio Penitenciario Federal. Las condiciones de excepción de las que gozó el prefecto Héctor Febres, también enjuiciado por el mismo Tribunal, sirvieron de ejemplo. Febres había permanecido detenido en la Base Delta de la Prefectura, arma a la que pertenecía y allí fue envenenado. El TOF 5 no había dado lugar a la solicitud de la querella de enviarlo a cárcel común.
A continuación, tomó la palabra Liliana Mazea- en representación del querellante Mario Galvano- y adhirió a la presentación de Bregman. Paradójicamente, el fiscal Félix Crous no adhirió a la postura de las abogadas. Crous, como representante del Ministerio Público, debería haber exigido la cárcel común para los represores, como desde sus discursos reclama la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este mismo fiscal junto a Carlos Dulau Dumm habían omitido acusar al ex capellán Christian Von Wernich por el homicidio de una detenida-desaparecida, poniendo en duda su calidad como tal.
Un juicio oral pero no público
Como viene haciendo desde un tiempo atrás, el Tribunal Oral Federal 5 – a cargo de Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías- impidió la televisación y grabación de las audiencias. No sólo eso. Impidió que las Madres lleven sus pañuelos y que los militantes de los organismos de Derechos Humanos exhiban sus identificaciones, símbolos de la lucha contra la impunidad.
«Me parece que es restrictivo. El juicio y lo que se diga en él son temas que competen a toda la sociedad», manifestó Galvano. Días atrás, las organizaciones que integran la querella de Justicia YA! habían afirmado que dado el carácter de los crímenes de la dictadura que procuraban el exterminio de una porción de la sociedad y el disciplinamiento social en su conjunto, era fundamental que se asegurara la publicidad del proceso. Más aún, sigue siendo fundamental que se den a conocer los rostros de los genocidas que están siendo juzgados ya que sólo se cuenta con material fotográfico de Barda.
La hinchada de los genocidas
A simple vista, la sala de prensa no estaba plagada de periodistas. Once militares retirados estaban apostados en las primeras filas del salón. Cuando el Tribunal relataba los vejámenes a los que fueron sometidos los detenidos- desaparecidos, nada parecía perturbarlos. Momentos antes, habían vivado a su compañero de armas, el ex brigadier Comes.
Los militares que poblaban la sala eran los «muchachos de Comes», quienes habían compartido sus funciones en la Fuerza Aérea. Anotaban con detalle cada una de las acusaciones que pesaban sobre su compañero. Entre ellos, estaba el ex brigadier golpista Jesús Capellini, quien en 1975 había intentado derrocar al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Capellini, fiel a su estilo, estuvo junto a su camarada caído en desgracia; como también, lo está para protestar desde las cartas de lectores de La Nación cuando no se permite honrar la memoria de algún represor fallecido.