La sociedad ha demostrado estar madura para afrontar debates sobre temas como el matrimonio igualitario o el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Lo logrado es el preanuncio de nuevas conquistas. Preocupan a los sectores retrógrados las demandas sobre el aborto o la separación de Iglesia y Estado. En lo que fue […]
La sociedad ha demostrado estar madura para afrontar debates sobre temas como el matrimonio igualitario o el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Lo logrado es el preanuncio de nuevas conquistas. Preocupan a los sectores retrógrados las demandas sobre el aborto o la separación de Iglesia y Estado.
En lo que fue del 5 de mayo al 15 de julio del año en curso un intenso debate galvanizó a buena parte de la sociedad argentina, se trataba del finalmente aprobado matrimonio entre personas del mismo sexo. Este logro fue caracterizado como una ampliación o profundización de la democracia, sin embargo sus implicancias son mas profundas.
Efectivamente en la madrugada del 15 de julio el Senado aprobó el proyecto de matrimonio igualitario, que ya tenía media sanción de Diputados, el 21 del mismo mes la Presidenta de la Nación sancionó la Ley 26618/10 que incorpora modificaciones al Código Civil extendiendo la institución matrimonial a personas del mismo sexo.
No cayó del cielo
El también llamado matrimonio igualitario es indudablemente una conquista democrática que se inscribe en los avances, limitados pero avances al fin, que se van logrando desde 1983 en adelante. Pero este avance constituye un mojón en nuestra historia como Nación, que se emparenta con la Ley de divorcio de 1987, y más atrás en el tiempo con la sanción del matrimonio civil en 1888 o el voto femenino en 1947.
La forma precipitada en que se desarrollaron los debates y la misma sanción no deja de ser sorprendente. Es indudable que estuvo habilitada por el kirchnerismo, pero el gobierno no puede arrogarse la titularidad de esta conquista de mayor igualdad y mayor democratización. Se debe reconocer la existencia de un amplio movimiento social de ciudadanos gay, lesbianas, bisexuales y transexuales que desde hace años vienen batallando por sus derechos como minorías. Por ser tratados como lo que son, iguales más allá de las diferencias, por ser sinceros sin que por esa sinceridad resulte castigada, sea en el ámbito familiar o el laboral. Sin ninguna duda este vasto movimiento, que se manifestara hasta altas horas de la madrugada frente al Congreso de la Nación aquel 15 de julio, ejerció presión y tuvo incidencia en la votación final.
Antecedentes
Hay que remitirse a 1971 para encontrar las primeras formas organizativas. Ese año se constituyó, en plena dictadura del Gral. Onganía, el Frente de Liberación Homosexual (FLH) que tuvo una amplia participación política hasta el golpe de 1976, se calcula que de los 30.000 detenidos-desaparecidos por el terrorismo de Estado 400 pertenecen a la comunidad homosexual. En 1984 se crea la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), cuyo objetivo no es otro que enfrentar y denunciar la represión y persecución de que eran objeto. Finalmente en 2006 se funda la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transexuales (FALGBT). La evolución del movimiento ha tenido un fuerte crecimiento a partir de ese momento, el mismo puede medirse por la convocatoria de las Marchas del Orgullo Gay-Lesbico que años tras año, combinando festejos y luchas, transitan desde Plaza de Mayo a la Plaza de los dos Congresos. La primera en 1992 reunió a no más de 200 personas, la última en 2009 a 50.000 según el cálculo policial, 100.000 para los organizadores
Algo más que mayor igualdad y democracia
La conquista de la legislación que habilita el matrimonio igualitario tiene una trascendencia que supera su objeto específico. Claro que también está el desafío de hacerla cumplir, como con la recientemente aprobada Ley de Violencia de Género. Se trata de batallas contra la moral dogmática en un país profundamente sexista, patriarcal, homofóbico, donde el oscurantismo clerical ha sido el gran derrotado. En el debate reciente las iglesias no defendían ningún principio religioso sino un orden moral naturalizado, una moral única e inmutable en el tiempo. Por eso es que no alcanzaba con decir que el matrimonio es exclusivo entre un hombre y una mujer, o que la familia se disolvería -curiosamente el mismo argumento que esgrimieron en 1888 cuando la ley de matrimonio civil y en 1987 cuando la ley de divorcio- y fue el propio arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, quién puso la impronta ideológica: habló de una «guerra de Dios».
No se trató de un simple error discursivo. El tutelaje moral forma parte de la dominación ideológica en el marco del sistema del capital. Si en las bases materiales de la sociedad la explotación, a los fines de la acumulación del capital, esta garantizada por el aparato represivo del Estado, en el plano ideológico la reproducción de la fuerza de trabajo y su control, necesarios para esa acumulación, está garantizada por los aparatos ideológicos del Estado, un rol no menor cumplen las iglesias. Entre nosotros particularmente la Iglesia Católica que recibe un tratamiento preferencial por parte del Estado. Religión, sexo, matrimonio, son los componentes de una tríada indisoluble de esta dominación. Constituyen un sistema de valores que han impuesto en el imaginario social, y que lo pretenden de una vez y para siempre.
Batallas por venir
En 1990 el escritor y periodista Carlos A. Brocato publicó un ensayo que marcó toda una época, Anticoncepción y aborto penúltima batalla contra la moral dogmática. Como se comprende ya desde el título anunciaba que habría otras batallas. El reciente triunfo de la igualdad es un eslabón más en esa batalla contra el dogmatismo, que ha abierto una grieta en el plano ideológico para dar cauce a otra batalla: el derecho de las mujeres a controlar su cuerpo y su vida reproductiva. Hasta ahora se les niega ese derecho pero lentamente logran se amplíe el alcance del aborto no punible y cada vez más el derecho internacional respalda sus reclamos.
La propia Iglesia Católica se ha autocriticado de su reciente (penosa) actuación respecto del matrimonio igualitario, obviamente preocupada porque perciben que el debate sobre el aborto crece en la sociedad. Es que saben de la existencia de un movimiento de larga data que bajo el lema: Anticonceptivos para no abortar, aborto libre para no morir, recorre el país desde hace dos décadas y que año a año es el centro de las deliberaciones y debates en los Encuentros de Mujeres, donde miles se reúnen para discutir problemas de género y del feminismo.
Hay entonces un amplio campo en el plano ideológico para democratizar la democracia para nuevos debates contra esa moral y el orden tutelar que esta nos impone. Es tiempo ya de hacer realidad el derecho de las mujeres a controlar su cuerpo y su vida reproductiva. Y sobre todo a batallar por otra tarea pendiente: la separación de la Iglesia y el Estado.
Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI – Economistas de Izquierda
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