El proceso de juicios contra los perpetradores del Genocidio argentino de los 70 es histórico y tiene un carácter ejemplar para la región, pero no son «mágicos», sino uno de los decantados históricos de la lucha de clases de los últimos treinta años. Con el magnifico fallo emitido por el Tribunal Oral Federal Número Uno […]
El proceso de juicios contra los perpetradores del Genocidio argentino de los 70 es histórico y tiene un carácter ejemplar para la región, pero no son «mágicos», sino uno de los decantados históricos de la lucha de clases de los últimos treinta años.
Con el magnifico fallo emitido por el Tribunal Oral Federal Número Uno de La Plata, bajo la presidencia del Dr. Carlos Rosanzky (16 condenas a prisión perpetua en cárcel común y la caracterización de lo ocurrido como un Genocidio liso y llano, ya no «en el marco de un genocidio» como había sentenciado hasta ahora) el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad pega otro salto hacia adelante, fija un nuevo piso jurídico y confirma algunas de nuestras caracterizaciones que trataré de exponer sencilla y brevemente.
Uno. El proceso de Juicio y Castigo tiene un carácter histórico por la sencilla razón de que de los muchos genocidios sufridos (el cometido por el Imperio Español contra los pueblos originarios, el perpetrado por el naciente Ejercito del Estado Argentino contra la nación guaraní (exterminaron tres de cada cuatro paraguayos varones) y los pueblos originarios que habitaban al sur del Río Colorado en la llamada Campaña del Desierto y de los miles y miles de asesinados, torturados, encarcelados, perseguidos y discriminados de todos los modos y por todas las razones por las cuales el Poder persigue a sus oponentes, durante todo el siglo XX) esta es la vez primera en que se juzga de un modo sistemático, relativamente masivo, con una aproximación creciente a la verdad de lo ocurrido y en todo el territorio nacional, a quienes cometieron los crímenes que hoy conocemos como Terrorismo de Estado. Y son «históricos» porque nadie nos regaló nada y mucho menos el Poder Judicial que avaló el Genocidio en su momento y que acompañó todas las estrategias de impunidad que la sostuvieron desde el final de la dictadura hasta principios del siglo XXI, cuando la gran movilización popular del Diciembre del 2001 metió crisis a todas las formas de dominación, incluyendo de manera destacada a la impunidad de las democracias radical y peronista. Las incansables luchas por la Verdad, la Memoria y la Justicia lograron abrir los juicios que Alfonsín y Menem habían clausurado, rompieron los límites que todos habían imaginado para estos juicios y crearon una situación social tal que -como reconoció el mismísimo Presidente de la Corte Suprema- los juicios son irreversibles y no por decisión presidencial o de la Justicia, sino porque hoy forman parte del contrato social de los argentinos y por ello han fracasado todos los intentos por acotar los juicios a unos pocos juicios «paradigmáticos» o circunscribirlos a los militares y policías: jueces, curas, médicos y ahora un Ministro del gabinete de la provincia de Buenos Aires ya han sido condenados, y las puertas para juzgar a los poderosos empresarios que avalaron y se beneficiaron del Genocidio (los dueños de Ledesma, Ford, Acindar, Mercedes Benz, Papel Prensa, etc.) se vienen abriendo, y se terminarán abriendo. El proceso de reparación excede largamente a los agraviados directamente; como decía Foucault, estos juicios demuestran que «el derecho genera verdad» y por ello han ampliado la conciencia ciudadana, han resignificado la historia reciente como se puede verificar en el modo que fue cambiando la calificación del Golpe: interrupción del proceso democrático, golpe de estado militar, cívico militar y ahora se aprecia su costado empresarial, religioso y comunicacional. Y vamos por más, por la comprensión de que somos mucho más una sociedad post genocidio, que herederos de la Gesta de Mayo.
Dos. Acaso de un modo algo contradictoria, la Argentina aventaja a casi todos los países de la región en el proceso de Juicio y Castigo y en el de construcción de Memoria en contra del Olvido o la falsa Memoria que construyeron la dictadura primero con los «desaparecidos» y los radicales de Alfonsín y los peronistas de Menem con la teoría de los dos demonios. En tanto países como Brasil o Bolivia, con fuertes partidos populares y de raigambre progresista como el PT o el MAS en el gobierno, han sepultado el pasado bajo un pesado manto de olvido u otros como Chile o Perú conocen muy acotados procesos judiciales donde el monto de la pena y el tipo de condena parecen ridículos al lado, por ejemplo, de las dieciséis condenas a perpetua que dictó el TOF de La Plata en la causa Circuito Camps, nuestro proceso aparece ejemplar y enfrentado tanto a las formas más duras de la impunidad, los casos de Colombia o Guatemala, como con el promocionado ejemplo sudafricano de «justicia transicional» basado en el concepto de canjear impunidad por «información», apuesta que si alguna vez fue cierta, ha fracasado de manera escandalosa. Como dijera Fidel en las escalinatas de la Facultad de Derecho al valorar la lucha del pueblo contra el menemismo («hundido en la fosa más profunda del Océano»), también en este tema nuestro ejemplo alienta la lucha de otros pueblos y golpea el valor central del sentido común donde se asienta la dominación: a los poderosos nunca les pasa nada. Esta vez, al menos a una parte y por algunos de sus crímenes, les pasa.
Tres. Hace casi justo un año, cuando se sancionó la oprobiosa Ley Antiterrorista, el fiscal Alagia reconoció en una columna publicada en Pagina 12 que se había equivocado al pensar que con el avance de estos juicios, esas cosas no podrían ocurrir. Sin embargo ocurren, y no solo leyes como la Antiterrorista o la vitalidad de las «reformas Blumberg» que instalaron la ideología de la mano dura en el Código Penal, con las consecuencias esperadas de criminalización de la pobreza y la transformación del sistema penitenciario en una maquina de destruir humanidad. También subsiste una cultura represora que produce cientos de casos de ejecuciones sumarias extrajudiciales, una pena de muerte criolla que nuestro Toto Zimerman bautizara como Gatillo Fácil cuando el caso Budge, o tortura en sede policial e incluso represión a los que luchan por derechos sociales o resisten la mega minería u otras injusticias. Los juicios no son inocuos, pero tampoco son mágicos. No resuelven lo que se debe resolver en el terreno de la política, de la construcción de poder popular, entendido como autonomía verdadera y proyecto político liberador con arraigo de masas populares suficiente, pero aportan en esa dirección. Por eso molestan al Poder Real, al que propuso y se benefició del Genocidio al que no le gusta para nada que sea puesto en la mira de cientos de miles de Argentinos que le pierden respeto y veneración. Los juicios son una especie de balance histórico de la lucha del pueblo contra el olvido y la impunidad, pero en la medida que la derecha se recompone encuentra modos de reinstalar su discurso. De la mano del alerta por la «inseguridad» colaron la idea de que el «garantismo» es la madre de todos los problemas, y un falso garantismo -según Mariano Grondona, lúcido pensador de las clases dominantes- hace que «solo» haya juicios para uno de los dos demonios y por eso una y otra vez vienen por los Dos Demonios: por la idea de que si hubo represión desmedida fue porque antes hubo violencia terrorista del lado popular, idea que «ingenua» o «perversamente» los diputados del oficialismo y la oposición progresista votaron o facilitaron la aprobación de un subsidio a los familiares de los militares fallecidos en ocasión del ataque montonero al Cuartel 29 de Formosa en 1975, equiparando de hecho las acciones, equivocadas o no, que no es lo que ahora se discute, de organizaciones populares que buscaban la liberación nacional y social con los actos de un Estado que no vaciló en exterminar miles de seres humanos del modo más cruel en defensa del status quo. Por ello, el fallo de La Plata llega en medio de vientos de derecha que comienzan a circular por el Parlamento y se cuelan en el lenguaje de oficialistas y opositores (solo en un día Cristina criticó el garantismo judicial que protege a los presos sociales del atropello judicial brutal y Micheli hablaba de impedir «infiltrados» en la marcha de la CTA como si pudiera ignorar lo que esa palabrita significa en la historia argentina).
Como activos sujetos de esta enorme batalla que viene ganando el pueblo contra el olvido y la impunidad, conscientes de sus límites, seguiremos esforzándonos para que la lucha por Verdad, Memoria y Justicia no se banalice ni se subestime, sino que enriquezca a todos los que luchan para volver al territorio de nuestros desaparecidos, que no era otro que el de la construcción de alternativa política verdadera; porque el verdadero nombre de los derechos humanos en el siglo XXI, en esta parte del mundo, se llama Socialismo.
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