Al cierre de esta edición, la Argentina está ingresando en un default. A causa de la validación que hizo la Corte Suprema de EE.UU. del fallo obtenido por los fondos buitre cuando en junio pasado se negó a tomar en consideración la apelación argentina, el país está bloqueado para continuar los pagos a los vencimientos […]
Al cierre de esta edición, la Argentina está ingresando en un default. A causa de la validación que hizo la Corte Suprema de EE.UU. del fallo obtenido por los fondos buitre cuando en junio pasado se negó a tomar en consideración la apelación argentina, el país está bloqueado para continuar los pagos a los vencimientos de bonos regularizados (que participaron de los canjes de 2005 y 2010) si antes no paga a los bonistas que están en juicio. Ayer se cumplieron los 30 días de gracia desde el último vencimiento incumplido y, sin acuerdo, la Argentina está ingresando en default. Este es «selectivo», porque afecta la deuda bajo jurisdicción extranjera, que es aquella cuyos pagos ha bloqueado el juez Thomas Griesa con su fallo. El resto de la deuda bajo jurisdicción argentina se sigue pagando regularmente.
Además, esta semana el gobierno adelantó U$S 642 millones al Club de París y el mismo Juez Griesa autorizó al Citibank a pagar a bonistas del canje 2005-10 y del acuerdo con Repsol.
Se llega al default tras dos meses de fallidas negociaciones. Desde el comienzo el gobierno planteó como traba la cláusula RUFO. Esto significaba, en la interpretación del gobierno, que hacer una oferta mejor a los holdout, aún en el contexto de un fallo adverso, podría desatar reclamos que podían hacer crecer la deuda pública de los casi 250 mil millones actuales hasta los 500 mil millones de dólares. Por eso, el objetivo estuvo puesto desde el comienzo a alcanzar algún acuerdo que extendiera los plazos hasta enero. Reclamaron el restablecimiento del «stay» -cautelar- que habría evitado la ejecución de la sentencia permitiendo que la Argentina siguiera la negociación con los holdouts sin dejar de pagarle a los que aceptaron el canje anterior. Desde el comienzo Griesa se negó de forma terminante.
El arreglo entre privados que (aún) no fue
Como en una película de suspenso, la intriga se mantiene hasta el último momento. El lunes todo indicaba que no había alternativa al default. No faltó el giro inesperado de último momento, cuando 24 horas antes de la fecha límite, se hizo pública la decisión de los banqueros argentinos, nucleados en Adeba de reunir 250 millones de dólares en bonos con los cuales constituirían un fideicomiso. Con este se buscaría negociar con los fondos buitre la compra de parte de sus tenencias de títulos en default. Durante el día de ayer, esta versión creció hasta la idea de que los banqueros comprarían la totalidad de la deuda en manos de los buitres. De esta forma habrían podido solicitar de inmediato el «stay» para llegar hasta enero. Pero finalmente ayer por la noche no había anuncio de ningún acuerdo. Aunque pasó la hora de cierre de la plaza neoyorquina, y con ella la posibilidad de que Argentina realizara pagos antes del horario límite, todavía no está dicha la última palabra. Los bancos argentinos continúan negociando con los holdouts, en línea con el plan que comenzó a dibujarse ayer, con la participación de los banqueros de Adeba. En su conferencia de hoy, después del cierre de la negociación con Pollack, Kicillof teatralizó un completo desconocimiento de lo que los banqueros argentinos pudieran estar discutiendo con los bonistas en Nueva York. Aunque en lo formal el plazo límite está cumplido, de alcanzarse algún acuerdo de compra de bonos, los nuevos titulares de los bonos defaulteados podrían solicitar el restablecimiento del «stay». De concentrarse un acuerdo así, el default de unas horas no daría lugar a mayores consecuencias. El gobierno argentino podría seguir pagando la deuda regularizada, al mismo tiempo que negocia con los holdouts la forma de pago, y con los bonistas que canjearon la renuncia a la RUFO. Si esto se lograra, el resultado cantado sería un crecimiento de la deuda, por el reconocimiento a todos los holdouts.
A esto se sumarán los costos de la «ayuda» de los banqueros. Además de las jugosas comisiones y los cargos que pueda afrontar el gobierno para que los bancos no pierdan por su garantía, los bancos pueden pasar a tener mayor peso en las decisiones de la política económica, y desandar algunas medidas que los afectan como los topes a los intereses por los préstamos y a las comisiones, como también la resolución del Banco Central luego de la devaluación de enero que les ordenó disminuir la tenencia de dólares en su patrimonio con que los bancos especulaban. Este sector, que durante el primer trimestre de este año ya había amasado el equivalente a la mitad de las ganancias todo 2013 podría así seguir multiplicando su rentabilidad.
Aunque ayer se daba por frustrado este acuerdo, algunos medios afirmaban que un sector de banqueros continuará negociando.
Que no decidan a espaldas del pueblo. Por el No pago de la deuda
Default o no default no es la alternativa dramática para el destino de toda la nación, como la presenta el gobierno y la oposición patronal. Evitar el default no es ningún alivio para la clase trabajadora. No es, como dice el negociador Pollack en su comunicado, que el default tendrá graves consecuencias. Se agitan muchos cucos sobre las consecuencias que podría tener un default, pero es pagar la deuda lo que tiene gravosas consecuencias para la clase trabajadora y el pueblo. Por eso es necesario declarar el no pago, junto a otra serie de medidas para cortar con la expoliación imperialista y atacar sus posiciones, imponiendo monopolio del comercio exterior, la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores y expropiando a las grandes empresas imperialistas y a sus socios «nacionales» para ponerlas bajo control de los trabajadores. La política del gobierno y la oposición patronal apunta a acrecentar el grillete de la deuda. Debemos exigir que no sean el gobierno (que defiende los intereses de los capitalistas) y los banqueros, negociando con los buitres y los jueces imperiales, quienes comprometan nuestro futuro negociando a nuestras espaldas. Es necesario abrir lugar a una consulta popular vinculante, para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda.
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