A Marcos Antonio Ayala, “el Corto”, ex delegado de la Línea 151 y referente de los colectiveros
In Memoriam
Se suceden los contagios en el Hospital Garrahan, Ferrocarriles, trabajadores de la salud, Ingenio Ledesma, Supermercados, frigoríficos, etc. Caída del empleo. En defensa de Cerámica Neuquén. Conflicto de trabajadores de prensa. Paritarias. Vicentín. Latam.
El jueves pasado se realizó una conferencia de prensa, luego de ser votada en la última asamblea, realizada la semana pasada entre la Junta Interna ATE- Garrahan, la Asociación de Profesionales y la Comisión de Insalubridad del hospital (CTIAP). A pesar de ser el principal Hospital de Latinoamérica con un laboratorio de virología propio y presupuesto suficiente, sin embargo, siguen sin hacer testeos e invirtiendo en los EPP necesarios y de calidad.
Norma Lezama, secretaria General de la Asociación de Profesionales, se refirió al salario y los reclamos de las y los trabajadores y dijo: “durante este año no tenemos aumento salarial, no hay paritaria a la vista, nosotros estamos reclamando un aumento de emergencia para todo el nivel operativo…” y agregó: “estamos reclamando dotación de Enfermería, los planteles están devastados con 30% de déficit desde antes de la pandemia”.
Además, hizo referencia a los EPP que son de mala calidad como los barbijos KN95 y que ponen en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, exigió: “que nos hagan testeos, no nos están testeando de forma preventiva… protocolos de trabajo seguro, hay más de 200 compañeros y compañeras infectados…”.
Y finalizó, refiriéndose a la dirección: “no nos están escuchando, no nos están dando respuesta, hoy tenemos un pliego extenso y agregó que “la dirección deje de ejercer violencia y maltrato sobre nuestros compañeros y que si es una cuestión presupuestaria llegue el dinero para poder enfrentar la pandemia”.
Por su parte, Luisa Pérez, delegada de la Junta Interna ATE y enfermera, dijo que “desde el 20 de marzo venimos haciendo los reclamos pertinentes, desde la Junta Interna somos críticos de cómo somos tratados los trabajadores, sabíamos que íbamos a tener que luchar para tener los elementos de protección, los famosos EPP…”.
Además agregó “esta es la situación que vive el Hospital Garrahan, el mejor hospital de Latinoamérica y es político porque no quieren poner plata ni en salario ni en salud pública así como tampoco en educación”.
Concluyó: “nuestros pacientes la mayoría son pobres que viven en mucha precariedad social, desde el día 20 le dijimos a la dirección hay que preparar salas COVID porque van a venir nuestros pacientes y tienen que estar preparados nuestros servicios y la directora del Hospital dijo que acá no va a pasar nada…”. (Sic)
Florencia Vargas administrativa y delegada de la Junta Interna de ATE por la agrupación Marrón, dijo que: “el gobierno, la oposición y los empresarios vienen de festejar el acuerdo con los bonistas por el pago de la deuda, pero las y los trabajadores no tenemos nada que festejar”, refiriéndose a las condiciones en las que se trabaja y al nivel de contagios en el hospital, los salarios que están congelados y que no los están testeando, siendo el Hospital más importante de Latinoamérica, que además cuenta con capacidad para realizarlos, al tener un laboratorio de virología. En este sentido, manifestó: “La plata que destinan a la deuda es importante que la destinen a la inversión en salud y que unifiquen el sistema de salud público y privado”.
Asimismo, se refirió a que es importante que los sindicatos de ATE y la CTA convoquen a plenarios de delegados y asambleas para poder definir el plan de lucha por las condiciones en las que se trabaja y por las familias que se atienden en el hospital. Para cerrar, concluyó: “Ginés González García y las autoridades nos responsabilizan de los contagios pero, sin embargo, en la empresa Feltfort los hacen ir a trabajar igual siendo que no es una empresa esencial y hay 60 contagios”.
El Ministerio de Salud informó que la cantidad de trabajadores sanitarios infectados superó los 15.000. Esto representa el 7,2% de los contagios. Si tomamos el total de agentes sanitarios, la tasa de infección es del 2,5%. Eso significa que la posibilidad de enfermarse para un trabajador de la salud triplica al del resto de la población adulta.
Si bien el Ministerio no ha informado ni la distribución geográfica ni la cantidad de fallecidos, se estima que la mitad pertenece a la provincia de Buenos Aires y los fallecidos en todo el país son más de 40, muchos de ellos trabajadores a los cuales se les negó licencia por comorbilidades. Solo en el Hospital Posadas el número de infectados superó los 400 y más de 1.300 trabajadores tuvieron que entrar en aislamiento.
Las medidas para parar esta escalada son aún insuficientes. La Fesprosa ha planteado en el Comité Nacional de Emergencia propuestas para que apliquen todos los ministerios de Salud.
Estas son:
- Profundizar los testeos masivos (que ya han comenzado) para detectar asintomáticos
- Extremar las medidas de separación entre áreas verdes y rojas en los establecimientos y reforzar los cuidados en el uso de los espacios comunes
- No ofrecer guardias ni horas extras al personal que haya cumplido más de 40 horas de servicio efectivo en la semana.
El personal de salud está agotado e invadido por la incertidumbre. La decisión de congelar las paritarias en todos los ámbitos públicos fue un balde de agua fría. El destrato económico contribuye al agotamiento sicofísico y este a la extensión de los contagios
El 20 de agosto los trabajadores volverán manifestarse en una gran Jornada de lucha nacional donde la defensa de su salud y su salario serán ejes principales.
En el pico de la pandemia es urgente que el Estado haga gestos claros y decididos para cuidar a los que cuidan.
Según un relevamiento realizado por los trabajadores de la Lista Bordó del Ferrocarril Roca hay 112 trabajadores contagiados con el virus COVID 19.
“Ante la actitud llevada por la empresa y el informe entregado días atrás por Trenes Argentinos que habla de más de 400 contagios en todas las líneas urbanas, sospechamos que en el Roca tranquilamente podríamos estar hablando del doble de casos por nosotros identificados. El detalle de los casos se han dado en áreas sensibles para el servicio como, por ejemplo, el sector de guardas, sin embargo; al no aplicarse el protocolo, aislar e hisopar al resto de los compañeros no hubo “necesidad” de cancelar trenes. En Plaza Constitución para citar un ejemplo conviven en el mismo espacio distintas especialidades como ser limpieza, brigadistas, puestos fijos, algunos ferroviarios tercerizados, etc. Sin embargo pese a la cantidad de contagios en el sector, nunca se aplicaron los protocolos necesarios para evitar la propagación del virus arriesgando la vida de los ferroviarios, su familia y el público usuario”, explicó Hugo Testa.
En relación a la responsabilidad de la empresa Trenes Argentinos a la hora de implementar los protocolos sanitarios adecuados para evitar los contagios, Testa expresó “desde el principio de la pandemia la actitud de Trenes Argentinos en la Línea Roca ha sido no menos que vergonzosa. La entrega de elementos vencidos como, por ejemplo, el alcohol en gel, cuyo vencimiento databa de hacía casi diez años, o la entrega de jabón líquido también vencido, o la falta de elementos de protección, limpieza y desinfección, en cantidad y calidad necesarias, ha sido constante. Además de la entrega de implementos de higiene vencidos nos enviaban amenazas formalizadas en pedidos de explicaciones o sanciones a los compañeros que reclamaban, enviadas dichas sanciones por Pablo Díaz a cargo de Recursos Humanos”.
Continuó: “esta actitud a medida que avanzaron los contagios fue acompañada por el incumplimiento por parte de la empresa de todos los protocolos elaborados por el ministerio de Salud de la Nación. El ocultamiento de casos que agravaron los contagios. La negativa del servicio médico a cargo del doctor Oviedo, hoy también contagiado, a derivar a la ART, u obra social a los compañeros con los síntomas. Tal es el caso de un compañero fallecido poco después, a quien le diagnosticaron un resfrío y lo mandaron a trabajar. Fallecimiento que al día de hoy es sospechado de COVID, pero que la empresa se negó a entregar el resultado del hisopado que le fue practicado en una clínica de Solano, donde fue internado días después cuando ya no podía respirar”.
“La tercerización avanzó en el Roca donde no menos de 20 empresas de todo tipo hacen trabajar en condiciones inhumanas a los compañeros. Podemos citar el caso de MCM, cuyo obrador está a metros del Hall de Plaza Constitución. Más de doscientos compañeros trabajan diariamente en el lugar donde no tienen una canilla de agua potable para higienizarse. Tienen un único baño químico a cien metros del sector para todo el personal. Cada vez que llueve lo hace más adentro que afuera, donde la falta de elementos de protección desinfección y limpieza se agrava. También convergen al lugar los que trabajan cuidando andenes que son subcontratados, no se sabe por quién, careciendo de Obra social y cobrando la mitad de lo que cobran los tercerizados que a su vez cobran la mitad de lo que cobra un ferroviario de planta”, explicó.
Finalmente sobre la responsabilidad de la actual conducción del sindicato de la Unión Ferroviaria dijo “no hicieron nada para proteger y defender a ningún compañero. Son cómplices de la empresa y de los funcionarios del gobierno”.
La empresa Trenes Argentinos informó mediante un comunicado la situación que atraviesa el personal en la Línea del Ferrocarril Sarmiento. Sesenta trabajadores dieron positivo al test de Covid 19 y 130 debieron ser aislados por haber mantenido un “contacto estrecho” y ser casos sospechosos.
Federico “Pepe” Basualdo, delegado de señalamiento de la Lista Bordó dijo: “hace unos días atrás la empresa sacó un comunicado en el que anuncia que hay 400 trabajadores y trabajadoras con casos positivos en todas las líneas ferroviarias del AMBA. En lo que respecta al Ferrocarril Sarmiento, en este momento hay 60 compañeros y compañeras que dieron positivo el test de Covid 19. Veinte ya están recuperados y un total de 130 compañeros están aislados, muchos esperando ser hisopados y otros esperando los resultados de otros compañeros para ver si deben hacerse el test. El foco principal de contagiados lo tenemos en el control de trenes, un lugar donde trabajan 30 personas que han dado positivo”.
En cuanto a la actitud de la empresa a la hora de poner en funcionamiento los protocolos de sanidad adecuados para evitar los contagios, Basualdo dijo: “la actitud de la empresa en relación a los contagios es malísima. Nosotros los empujamos a realizar guardias mínimas para evitar los contagios entre los trabajadores. Dividíamos el sector en dos. Un grupo iba a una guardia, y el otro grupo a la siguiente. Lo que hacía que si un compañero de una guardia se contagiaba no tenía contacto con la otra guardia, lo que nos permitía asegurar la circulación de los trenes. En este último control, la empresa se vio desbordada porque tuvo que activar el protocolo por la cantidad de contagios entre los compañeros. Al activar el protocolo de la manera correcta, que fue lo que le exigimos nosotros se quedó sin personal”.
Agregó: “el protocolo que se aplica en la línea Sarmiento no lo elaboramos los trabajadores. Es un protocolo que aprobó la empresa y el servicio médico de la misma. Hay cambios significativos, que plantean que un compañero que haya tenido contacto con uno que dio positivo y haya dado negativo al ser hisopado a los pocos días tiene que volver a trabajar. Cuando en realidad el planteo que hacen los médicos es que los síntomas aparecen a partir del quinto o sexto día, que se debería mantener un aislamiento de diez días. Lo que intenta implementar este protocolo es que una vez que hayan pasado tres o cuatro días vuelvas a trabajar. Por el momento nosotros estamos exigiendo y hasta ahora la empresa viene cumpliendo, que se haga un segundo hisopado antes que el trabajador o trabajadora vuelva y se reincorpore a sus tareas, es decir, tiene que volver con un hisopado con resultado negativo”.
La empresa Trenes Argentinos de la línea Sarmiento brindó un servicio de transporte con un tren cada 10 minutos durante la hora pico, operando solamente hasta las 10 de la mañana como parte de la aplicación del protocolo preventivo por el coronavirus. En relación a esta situación Basualdo opinó: “nosotros creemos que lo de lo que está haciendo la empresa con el servicio de pasajeros es criminal. Si hubiesen activado los protocolos en tiempo y forma como correspondía no hubiésemos tenido la cantidad de contagios que hubo en control trenes. Creemos que hay supervisores internos que atentan con el servicio y es algo que nosotros estamos en contra porque los que viajan arriba del tren son nuestros familiares, vecinos y compañeros trabajadores. Entendemos que ante una cancelación de servicios puede haber una aglomeración de personas que implicaría mayores exposiciones al contagio. En ese sentido lo que hace la empresa es criminal”, finalizó.
La cadena de supermercados Carrefour comunicó el 5 de agosto que el número de trabajadores de sus tiendas que dieron positivo de Covid-19 en las últimas 24 horas ascendían a 19. La cifra sorprendió porque se trata de la más alta desde que centraliza la información de la firma.
“Los datos informados son de todo el país, pero en lo concreto son contagiados de la Zona metropolitana porque en el interior casi no hay contagios”, dijo Mario Amado, referente de la agrupación La Voz de Comercio.
El número es tan importante que supera al que registraron en esas mismas 24 horas 9 provincias del país. De hecho Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, La Pampa, Misiones, San Juan, San Luis y Santiago del Estero tuvieron menos de 19 casos.
La noticia llegó el día previo a la audiencia pública en la que diversas agrupaciones le harán un pedido de informe, a través de la Legislatura, al Ejecutivo porteño.
Allí le reclamarán a Horacio Rodríguez Larreta que: “Informe cuantos casos positivos en COVID 19 se han detectado entre trabajadores de los supermercados de esta Ciudad indicando la empresa (Coto, Carrefour, Disco, Jumbo, Easy, DIA, VEA y otras) y el número de sucursal”.
Además se le pedirá detalles de la salud de los empleados contagiados, los registros de sus rutas epidemiológicas, la publicación de los protocolos y las medidas tomadas por la Ciudad para prevenir el brote de contagios en las tiendas, entre varias otras cuestiones.
Tras la denuncia de los trabajadores del frigorífico Frigolar, ubicado en la localidad de Abasto, por un brote de Covid-19 y la negativa de los dueños a cerrar la planta para una correcta desinfección sanitaria, lo que derivó en una protesta que paralizó la producción, la Municipalidad de La Plata envió a sus funcionarios del área de salud, para reunirse con autoridades de la compañía y con representantes gremiales a fin de evaluar la situación.
Sin embargo, en lugar de velar por la seguridad sanitaria de los y las trabajadoras, las autoridades locales acordaron con los directivos de la empresa que la planta siga funcionando, aun cuando el protocolo sanitario exige el cierre y la desinfecciones total de las áreas de labor.
Recordemos que los empleados de Frigolar quedaron expuestos al virus, ya que los representantes de la firma incumplieron con los protocolos sanitarios correspondientes, y cuando se confirmaron los primeros casos, frente a la protesta de los propios operarios, garantizaron la faena de productos cárnicos, con empleados traídos de distintas zonas del AMBA.
Los contagios dentro de la empresa comenzaron a registrarse desde la semana pasada, cuando un grupo de trabajadores presentaron los primeros síntomas compatibles con Coronavirus, a partir de allí y frente a la inacción de la patronal, los mismos empleados decidieron aislarse, lo que paralizó a casi el 90 % del personal.
A la fecha, ya son 27 los empleados afectados por el virus y unos 100 los que se encuentran aislados en sus domicilios de manera preventiva.
Jujuy colapsado
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó que parte del sistema sanitario provincial “está colapsado” y requirió la ayuda de las Obras sociales e instituciones civiles para atender la creciente cantidad de casos de coronavirus reportados.
El jueves se reportaron 120 casos positivos de coronavirus en Jujuy por lo que la cifra total alcanzó los 3.354 casos, mientras que fallecieron 7 personas, lo que totalizó 81 decesos en la provincia desde el inicio de la pandemia.
Son innumerables los testimonios que relatan historias de familias enteras abandonadas a su suerte en Ledesma: “Tomen paracetamol y no salgan de casa” es la receta universal, porque el hospital de la zona está al 110% de su capacidad y hasta sus directivos y personal sanitario hacen colectas, debido a que no les llegan los materiales mínimos de protección que debería garantizar el gobierno. Nadie sabe en qué se invirtieron los millones de pesos que envió Nación.
La sensación general de quienes se enferman es de abandono total por parte del Estado. En este rincón del mundo, la salud no es un Derecho Humano. El nivel de desatención es tan grande que la historia de un joven “ledesmense” llegó hasta los principales diarios locales cuando, haciendo pasar a su papá por muerto, logró que lo atendieran en el hospital, ingresando con un coche fúnebre.
“No es una tragedia, es una masacre”, afirma el profesor de Economía Enrique Mosquera, en un comunicado que hizo público por Facebook: “Lo cierto es que el foco de contagios apareció después del inicio de la zafra”, a pesar de que el gobernador Gerardo Morales insiste en que todo se disparó a raíz de un viajante que venía de Buenos Aires.
“Como venimos denunciando desde hace tiempo, el Complejo Industrial Ledesma se ha convertido en un foco de contagio y propagación del virus”, indicaron los trabajadores del SOEAIL en un comunicado, explicando las razones del paro que llevaron adelante por 24 horas. Las y los compañeros se contagiaron trabajando, y ante la falta del cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene, por las condiciones inhumanas que el sindicato venía denunciando desde hacía tiempo. “La soberbia y la codicia fueron mayores que la necesidad de cuidar a los trabajadores”, denunció el sindicato conducido por Rafael Vargas.
La conducción del sindicato reclama la realización masiva de testeos a las y los trabajadores, cambios en el Departamento de Medicina laboral, la ralentización del movimiento de personas, el respeto de los tiempos de recuperación, el seguimiento y evolución de los trabajadores, la eliminación de sanciones ilegales, el control estricto de los protocolos, el licenciamiento de mayores de 60 años y el respeto del salario de todas y todos.
Aún en cuarentena, la empresa Ledesma no destinó ni un centavo de sus ganancias a preservar la vida de sus trabajadores ni la de sus familias: el gremio tuvo que llamar a un paro de 24 horas como medida de protesta luego de que murieran cuatro obreros y, al menos, tres de sus familiares por COVID. Mientras se escribía este panorama, moría un obrero más.
Si sos trabajador de Ledesma, no importa si sufrís enfermedades previas o familiares a cargo, o lo que sea: tenés que ir a trabajar igual y te pasan a buscar a tu domicilio en esos camioncitos especiales que ellos tienen para transportar, todos apretados y sin respetar protocolos.
En la actualidad, la complicidad entre la empresa, el gobernador Gerardo Morales y los ministerios de Trabajo y Salud, parece prefigurar un acuerdo macabro: dejar la vida del pueblo librada a la suerte, como si fueran a alcanzar “la inmunidad del rebaño” y así, no parar ni un minuto la producción de ganancias.
Lo mismo se observa en la actividad de la minera Exar, otro paradigma de la muerte puesta al servicio de la extracción de plusvalía, con beneplácito del Estado.
La provincia atraviesa una profunda y grave crisis sanitaria, social y económica, donde los trabajadores y trabajadoras de la salud no dejan de luchar y hacer medidas de protesta mientras, junto a los comedores barriales de las organizaciones sociales, forman parte de la única primera línea que hoy enfrenta, cara a cara, las pandemias del Coronavirus y la del hambre.
Jujuy es una provincia al borde del abismo, donde el pueblo lucha por su vida y por sus derechos, a pesar de constituir un verdadero feudo en pleno siglo XXI, en el que Ledesma mata, y el gobierno también.
Entrevista a Agustin Lecci, secretario de Organización del SiPreBA – “¿Sin salida?”-FM La Boca-90.1-Ma. de 20:00 a 21:00
«Vamos a continuar con los ceses de tareas y con distintas jornadas y medidas de fuerza»
M.H.: Varios temas Agustín. Se presentan en la justicia, en el marco de la investigación por el espionaje ilegal que el Estado realizó sobre al menos 400 periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri en ocasión de la Cumbre del G20 realizada en la Argentina entre el 30 de noviembre y el 1° de diciembre de 2018. ¿Qué nos podés comentar al respecto?
A.L.: Fue en el marco de una política persecutoria tanto contra nuestro sector como contra otros de la sociedad por parte del gobierno de Mauricio Macri. A más de 400 compañeros y compañeras periodistas los investigaron solamente por acreditarse al G20 y acá también hay que cuestionar la palabra de Hernán Lombardi, que estaba a cargo de la organización del G20, que al mismo tiempo era el responsable del vaciamiento de los medios públicos, porque el minimizó, relativizó esto diciendo que en todo el mundo te espían o hacen un “derecho de admisión” para un evento tan importante como una cumbre del G20. Y la verdad es que en ningún lugar del mundo se investiga si una persona está a favor o en contra del aborto, o si tiene una militancia en determinada organización política. Recordemos que además se infiltraron en una asamblea del PTS en el mismo contexto y en el caso de los y las trabajadores de prensa, particularmente en las fichas que se hicieron públicas hace unas semanas atrás, se puntualizó en la participación gremial de nuestros compañeros y compañeras, tanto en las discusiones de paritarias como en la lucha en la defensa de la TV pública y Télam.
Así que todo tiene que ver con todo, el ajuste que realizaba el gobierno de Mauricio Macri en particular Hernán Lombardi estaba relacionado con un sistema político, económico y social que necesitaba el control y la coerción sobre organizaciones políticas sociales y también sobre la prensa.
M.H.: Contame sobre la campaña “Prensa pone en tapa su reclamo”.
A.L.: Venimos con un plan de lucha hace más de un mes, porque a lo largo de los últimos cuatro años, desde 2016 a esta parte perdimos además de 4.500 puestos de trabajo a nivel nacional y el 50% del nivel adquisitivo. En el caso de la Fatpren, la nueva conducción que encabeza Carla Gaudensi planteó la necesidad de discutir paritarias lo antes posible.
Como hubo una audiencia convocada para el jueves 30 de julio, desde ese marco desde SipreBA y la Fatpren el lunes 27 realizamos una jornada de visibilización donde todos los medios del país que pusieron en tapa su reclamo y fue una noticia silenciada permanentemente.
Los grandes medios no cuentan cuando hay un despido en un medio de comunicación, cuentan las paritarias de otros gremios o la inflación que hay pero no cuánto se devalúa el salario de un periodista o un trabajador de prensa. Así que decidimos que la noticia por un día sea esa. Además el jueves 30 continuamos con el plan de lucha, que consistió en el cese de tareas en todos los medios, tanto en CABA, en los medios representados por SiPreBA, como a nivel nacional en los representados por Fatpren.
Y si no tenemos ninguna respuesta vamos a continuar con los ceses de tareas y con distintas jornadas y medidas de fuerza.
El miércoles 5/8, dirigentes y delegades del SiPreBA realizaron una acción frente a Editorial Perfil como otra forma de reclamar a la cámara AEDBA por una urgente recomposición salarial y presencia en una mesa paritaria. La jornada fue parte del plan de lucha que lleva adelante el SiPreBA en articulación con la FATPREN, definido por la Comisión Directiva y el plenario de delegades de prensa escrita.
Con distanciamiento social y medidas de prevención sanitarias, participaron compañeres de Clarín, Olé, Página/12, Tiempo, Télam, NA, Pronto, TV Pública, entre otres. En nombre de sus asambleas y en defensa de los salarios, los representantes se convocaron ante la gravedad de un escenario que, por decisión de las empresas, lleva 15 meses sin recomposición paritaria y tiene a la mitad del gremio con ingresos por debajo la línea de pobreza.
La actividad incluyó una intervención frente a la editorial en la que, como una manera más de visibilizar sus demandas, se instalaron gigantografías de las tapas hechas por las asambleas de Perfil, Clarín, Página/12, La Nación y La Voz del Interior y el diario El Litoral.
El encuentro fue también un apoyo del sindicato y el gremio al paro de 24 horas que realizó la asamblea de Perfil, en reclamo por el pago del aguinaldo de junio, el cual la empresa quiere abonarles a partir de enero 2021.
Se desarrollará una caravana de SiPreBA y FATPREN este miércoles 12 de agosto, a las 14:30, en defensa de sus salarios. Se hará un recorrido por medios agrupados en AEDBA, desde la calle California al 2700 de la Ciudad de Buenos Aires rumbo al Edificio de la Prensa Argentina, sede de la Cámara.
Desde el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos informaron que realizaron una nueva movilización el 6 de agosto frente a Artear Canal 13.
La medida de fuerza de los trabajadores y trabajadoras de Polka y su Comisión interna, fue en repudio al intento de vaciamiento de la empresa, por el pago de los salarios y aguinaldos atrasados, y en defensa de la ficción nacional.
Pablo Storino, Secretario de Cultura del SATSAID y referente de Polka había expresado en movilizaciones anteriores: “todos los jueves que sean necesarios porque la situación es crítica. Hemos tenido dos audiencias ante el Ministerio de Trabajo y no hemos avanzado. Seguimos reclamando a Canal 13, Adrián Suar y Fernando Blanco que se hagan cargo de sus obligaciones como empleadores”.
Además de la movilización, hubo una muy fuerte campaña de difusión en todas las redes sociales, acusando al Grupo Clarín, Suar y Blanco del intento de vaciamiento de Polka, que es la principal productora de ficción de los últimos 20 años en Argentina.
Paritarias
Tras el paro que convocaron el Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (Soeva) y la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva), pidiendo mejoras salariales y con una negociación estancada, el Ministerio de trabajo de la Nación decidió dictar la conciliación obligatoria.
Las partes ahora deberán continuar conversando en pos de alcanzar un entendimiento, algo que se intenta desde febrero pero al 31 de julio de 2020 las posiciones no se acercaron. Los representantes gremiales impulsan la suba del haber mínimo de un trabajador de bodega, que hoy consta de $ 20.571,25.
Volvieron a fracasar las negociaciones entre los trabajadores de la industria lechera, representados por el gremio Atilra y las Cámaras del sector. El trasfondo es un conflicto salarial que viene creciendo, que ya tuvo cuatro encuentros frustrados y que amenaza con detener la actividad.
La conciliación obligatoria, que ya fue extendida por 5 días hábiles, vence este lunes por lo que a partir de ese momento quedarían librados al conflicto.
En la previa de la cita, a través de la difusión de un video titulado «La industria láctea en tiempos de Covid-19», Atilra describió la situación del sector, remarcando el crecimiento del consumo y de los precios; y haciendo hincapié en la inmovilidad salarial de los últimos 12 meses.
El trabajo expone que la pandemia disparó el consumo de lácteos. Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en el periodo enero/abril de este año, el consumo de leche creció casi a 56 litros por habitante. La producción de leche, en ese mismo período, comparada con enero del 2019, aumentó un 8,5%.
Desde Atilra remarcaron que las fábricas recibieron más leche y que los trabajadores industrializaron más producto. «No hay sobrantes de productos, ni en stock, ni en los depósitos».
Y aportaron un dato contundente: «La inflación del año 2019 fue del 53,8%, los productos lácteos en promedio aumentaron un 90%, los salarios crecieron sólo un 25%».
«Para los industriales la ecuación fue simple: aumentar los productos, no otorgar incrementos salariales, maximizando así sus ganancias», dispararon.
El gremio que representa a los trabajadores petroleros, la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) que encabeza Pedro Milla logró un bono de 28.000 pesos, se levantaron suspensiones de empleados y mantiene expectativas para negociar aumentos salariales para el próximo de mes.
El gremio adelantó que pretende recomponer el salario desde 2019, con un incremento del 13,5%, acorde a la inflación anual. Por otro lado, le puso fin a las suspensiones, por las cuales los trabajadores recibían 60% de sus salarios reales.
Guillermo Pereyra, referente del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, también resaltó que se puso fin a los acuerdos especiales por falta de actividad y que ahora buscan volver a las tareas, con los cuidados necesarios por la pandemia.
Apps
La secretaría de Comercio ordenó que PedidosYa, Rappi y Glovo informen cómo pagan sus comisiones a fin de evitar «cualquier tipo de conducta abusiva».
La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, firmó el requerimiento al contemplar que las actividades de mensajería y entregas a domicilio se tornaron esenciales en el marco de la disposición del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio(ASPO) para la distribución y acercamiento de productos de primera necesidad, y «porque acarrean un importe operativo de logística que es necesario transparentar debido a la incidencia en la estructura de costos en los sectores demandantes del servicio».
Este pedido de información responde a los escasos datos oficiales disponibles sobre los costos asociados al uso de las plataformas de comercio electrónico y a los servicios de delivery, considerando que actualmente son un eslabón esencial en la comercialización, ya que la demanda de estos servicios aumentó significativamente debido a que muchos comercios no contaban con delivery propio y comenzaron a utilizar las plataformas mencionadas anteriormente.
El mes pasado, el marco regulatorio de la plataformas virtuales (Rappi, Glovo, Pedidos Ya, Envíos Ya, Uber Eats, entre otras) tuvo su primera consideración legislativa en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Aunque con rechazo de las organizaciones que nuclean a sus trabajadores.
El proyecto contempla un régimen de obligación de Registro Único de Transporte en Motovehículos en CABA como repartidores, como así también la imposición de un régimen societario e impositivo para quienes se inscriban.
Esta normativa vincula a las empresas que administran plataformas digitales dedicadas a mensajería, reparto o entrega de productos diversos, con las personas que trabajan y prestan sus servicios desplazándose, para llevar a cabo tal actividad.
Los repartidores deberán estar inscriptos en la AFIP o AGIP, y acreditar «no poseer infracciones de tránsito». Sin embargo, no se contempla los parámetros de regularización societaria de los verdaderos dueños y responsables de las empresas frente a las deudas y obligaciones laborales.
Por otra parte, los diputados nacionales de la UCR por Mendoza Alfredo Cornejo y Jimena Latorre presentaron un Proyecto de ley que busca regular las plataformas y aplicaciones digitales.
La iniciativa busca garantizar nuevos derechos y protecciones a los intermediarios autónomos (definición que traerá recelo en el mundo sindical), como el establecimiento de una comisión, capacitación permanente en distintas temáticas que deben poseer para poder brindar el servicio de manera integral, equipamiento necesario para llevar a cabo la tarea, y la cobertura de ART, que será provista por la plataforma a la cual presten el servicio.
Caída del empleo
En mayo, hubo una baja de 409.015 asalariados registrados (-3,4 %) con respecto al mismo mes del año pasado, según la información que surge de los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) publicado por el Ministerio de Trabajo.
Del total de la baja de asalariados registrados en mayo hubo caídas de 294.628 asalariados privados (-4,8 %), 26.218 asalariadas de casas particulares (-5,3 %), 24.105 autónomos (-6,1 %), y 88.837 monotributistas (-5,6 %). En tanto, se registraron leves subas de asalariados públicos (+0,7 %) y de monotributo social (0,7 %).
En mayo con respecto a abril hubo una merma de 91.986 empleos registrados. De ese total, hubo descensos de: 69.886 monotributistas, 9.563 asalariadas de casas particulares, 6.633 autónomos, 5.911 asalariados privados, 5.273 asalariados públicos. En tanto, sólo hubo suba en monotributistas sociales (+5.280).
Del total de la pérdida de asalariados registrados privados en mayo con respecto al mismo período de 2019 hubo mayores caídas en la construcción (-129.608), industria manufacturera (-36.619), comercio y reparaciones (-29.251), y hoteles y restaurantes (-24.089).
Según el informe del Ministerio de Trabajo, en todas las provincias, se observa una retracción del empleo asalariado registrado en la comparación interanual. Las mayores caídas se verifican en San Juan (-11,1 %), La Rioja (-9,7 %), Mendoza (-7,1 %), San Luis (-6,7 %), Catamarca (-6,4 %), CABA (-6,0 %) y Misiones (-5,8 %).
Luis Campos, Coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA – Autónoma, explicó en Twitter que “la caída del empleo formal en el sector privado acumula dos años ininterrumpidos. Desde el pico registrado en marzo de 2018 perdieron su puesto más de 520.000 trabajadores. Para encontrar un registro más bajo al actual hay que remontarse a fines de 2010”.
Campos sostuvo que “en junio habría continuado el retroceso del empleo formal (EIL). En el mes registró una caída del 0,1 %, bastante lejos de los valores de marzo, abril y mayo. Igualmente, no deja de ser el valor más bajo del indicador desde febrero de 2010” y agregó que “las suspensiones siguen por la estratósfera (8,1 % del total de asalariados registrados del sector privado). Apenas por debajo de los niveles de mayo, pero muy firmes y como amenaza latente de un deterioro mayor en los meses que vienen”.
A pesar de las declaraciones de la cartera laboral, los despidos y las suspensiones aumentaron aunque el decreto del Gobierno los prohíbe. La norma habilitó una excepción: que por causas económicas y en acuerdo con los sindicatos, las empresas pueden suspender. La excepción se volvió regla.
Según relevó el Observatorio de Despidos durante la Pandemia de La Izquierda Diario (ODP-LID) desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el primero de agosto se registraron 5,5 millones de trabajadores afectados por despidos, suspensiones y ataques al salario. Así las patronales pretenden convalidar una reforma laboral de hecho.
Latam
Un mes estuvieron los trabajadores apostados bajo los aviones LV (matrícula argentina) de LATAM para que la empresa de capitales chilenos, no se fugara con ellos utilizando personal técnico tercerizado contratado para la ocasión. Con mucho esfuerzo lo impidieron. Se hicieron caravanas, un acampe diario en las puertas de Aep, recibieron la solidaridad de los tercerizados de Aerolíneas Argentinas, de cientos de trabajadores de todas las empresas que hacen a la vida aeronáutica. Trabajadores de Austral, Aerolíneas Argentinas, Avianca, de Arribos S. A, Securitas, Serza y de otros sectores se hicieron presentes para rodear a las y los trabajadores. Ellos sólo defendían las herramientas de trabajo que permiten la continuidad laboral. Esa es la consigna que levantan, no quieren familias en la calle.
LATAM acusa una crisis inexistente para llevar adelante este ataque a todos sus trabajadores. La empresa pinochetista de la familia Cueto, del riñón de Piñera. El fraude está a la vista para el que lo quiere ver. La empresa fuerza los resultados negativos de sus balances fundiendo activos de sus filiales para llevarlos a pérdida, y así reestructurar sus operaciones con la anuencia del gobierno.
No es la primera vez que LATAM actúa completamente fuera de la ley, pero esta vez lo lleva al punto de poner en peligro la fuente laboral de miles en medio de la pandemia. El gobierno no puede permitir que esta empresa haga y deshaga a su elección dejando familias en la calle, contra toda nuestra legislación. Incluso el rechazo en el ministerio de Trabajo del procedimiento preventivo de crisis, fue por la simple razón que intentaba saltarse el decreto que prohíbe los despidos en medio de la pandemia. El problema es que no falla sobre las razones de fondo del conflicto y, por lo tanto, es a favor del tiempo que LATAM utiliza contra los trabajadores.
Impedir que LATAM concrete el vaciamiento del hangar es responsabilidad del gobierno nacional, a través de la ANAC, el ministerio de Transporte y de Trabajo. Con un simple oficio el gobierno negaría toda oportunidad de la empresa de llevarse maquinarias y recursos fundamentales para la operatoria de LATAM, al menos hasta que resuelva su situación. Por el contrario, viene regalándole tiempo preciado a la compañía, mientras el desgaste lógico hace avanzar el desangrado de trabajadores que se ven obligados a aceptar la extorsión empresarial y firman el “retiro voluntario”. Empresarios y gobierno juegan el mismo juego, mientras tanto los que viven con la incertidumbre de no saber de qué van a vivir en el futuro inmediato son los trabajadores.
No hay “reconversión laboral” posible, como titula La Nación la semana pasada. Lo que hay es una amenaza criminal de dejar a 3.000 familias, entre trabajadores efectivos y tercerizados, en la calle.
La dirección de todos los sindicatos aeronáuticos tiene la obligación de salir a denunciar esta situación, romper con la pasividad y ponerse al frente de la pelea que están dando los trabajadores autoconvocados.
El lunes y martes los trabajadores volverán a apostarse en la entrada de los hangares, para impedir el vaciamiento. También el martes a las 11:00 harán una caravana saliendo desde Aeroparque a las 10 AM para hacer visible esta situación. Llaman a todas las organizaciones sociales sindicales y políticas solidarias a concentrarse.
Peligran casi 500 puestos de trabajo en los peajes de autopistas porteñas
El jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel, anunció en la Legislatura que a partir del 28 de agosto comenzará a ser obligatorio el uso del Telepase en las autopistas de la Ciudad, y no podrá utilizarse más dinero en efectivo para pagar los peajes. Esto implica las cabinas de las autopistas 25 de Mayo, Illia y Perito Moreno.
Toda la red de autopistas urbanas se encuentra gestionada por AUSA y la Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Esta red está integrada por 43 cabinas en las que trabajan 459 personas, entre operación de cajas, señales y supervisión, con rotaciones por turnos en las cabinas manuales, de TelePase y en las playas de peaje.
Si bien el vocero del Ejecutivo porteño declaró que no estarían en riesgo los puestos de trabajo, la realidad es que la implementación y generalización de este sistema de pago electrónico pone en peligro la estabilidad laboral de quienes allí se desempeñan.
Con la excusa de tomar “medidas sanitarias” por la pandemia del coronavirus, el gobierno quiere implementar de manera definitiva este sistema, que viene en desarrollo hace un tiempo e implementado de manera progresiva en las autopistas, pero no se había terminado de concretar.
Mientras tanto, mantiene el millonario negociado de la concesión de autopistas a la empresa AUSA, y se suma a los abultados antecedentes de acuerdos fraudulentos y con enormes ganancias entre las empresas concesionarias y el ex gobierno de Mauricio Macri.
En la Ciudad de Buenos Aires, luego del 28 de agosto, quienes no hayan habilitado el Telepase, deberán pagar una multa equivalente al doble del costo de la tarifa manual.
Así, una vez más, mientras las tarifas de los peajes continúan en aumento y se pone en riesgo la estabilidad de los trabajadores y sus familias, se siguen garantizando las multimillonarias ganancias de las empresas.
Docentes porteños
Desde el 30 de junio, cientxs de docentes de las distintas áreas del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están siendo despedidxs sin previo aviso. Esto se suma a muchísimxs que están sin trabajo desde marzo.
Según denuncian desde el Colectivo Docentes Sin Trabajo, el Gobierno de la Ciudad decidió dar de baja la resolución 2020-11163089-SSSDOC que les permitía a los maestros preservar sus puestos de trabajo, en esta situación de emergencia económica, y sin posibilidad real de conseguir otro cargo.
“Los actos públicos que realiza de manera virtual tienen irregularidades y son totalmente insuficientes. Por ejemplo, en el último realizado, para 22 puestos de trabajo hubo 222 postulantes. De este modo, el Gobierno dejó, en medio de una pandemia, a muchísimxs alumnxs sin lxs docentes que lxs acompañaron durante todos estos meses de encierro y a muchísimxs docentes sin trabajo, incumpliendo con el DNU 329/2020 que prohíbe realizar despidos en el marco de la emergencia sanitaria”, expresaron.
El IFE llegó a unos 5,6 millones de desocupados e informales
De los casi 9 millones de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el 61,7% son trabajadores informales o están desocupados. Son datos oficiales de Anses.
Según el organismo, se trata de 5,6 millones de personas; otros 2,4 millones de beneficiarios perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo (AUE); 700.000 (7,8%) son monotributistas de las categorías A, B o monotributo social; 180.000 (2,1%) son trabajadores de casas particulares y 120.000 millones (1,4%) son titulares del programa Progresar.
La Administración Nacionales de la Seguridad Social (ANSes) detalló además que si bien el IFE llega, en promedio, a un 19,5% de la población total del país, al desagregar la cantidad de beneficios liquidados en relación a su población, las provincias del Noreste (23,1% a 28,9%) y Noroeste (22,1% a 28,6%) son las que mayor cantidad proporcional recibieron.
A partir de este lunes se empezará a pagar la tercera tanda del IFE, el bono de $ 10.000 que fue diseñado como una ayuda por parte del Estado para los sectores más vulnerables ante la pandemia.
Contra el desalojo de la Cerámica Neuquén
Fábricas recuperadas bajo gestión obrera, cooperativas y organizaciones sociales y políticas concentraron el jueves pasado desde las 10:00 en el Obelisco porteño y marcharon a la sede de la Casa de Neuquén en la Ciudad de Buenos Aires, en apoyo a los y las trabajadoras de la Cerámica Neuquén, y en repudio a la resolución del juez Sergio Cosentino, que integra el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral neuquino, quien el lunes 27 de julio dio la orden de avanzar en la tasación y remate de la planta de la fábrica ceramista, hoy gestionada por sus trabajadores y trabajadoras.
Durante la concentración inicial, la fábrica recuperada Madygraf repartió sanitizante de alcohol producido por los y las obreras de la fábrica recuperada. “Luego de haberse realizado un Encuentro Nacional de Fábricas Recuperadas el 18 de julio continuamos llevando adelante las resoluciones y el compromiso de luchar para mantener todos los puestos de trabajo que en este contexto de crisis social y económica son arrebatados por el conjunto de las patronales, generando desocupación y hambre, aunque en este caso se busca avanzar contra los trabajadores desde lo judicial amenazando con dejar familias en la calle”, sostuvieron en un comunicado desde Madygraf.
La concentración y movilización, que se replicó en otros puntos del país, culminó a las 11:00 frente a la sede de la Casa de Neuquén de la Ciudad de Buenos Aires.
Entrevista a Cecilia Gruner del Frente de emergencia de la danza (Fe de erratas-FM La Boca-90.1-Mi de 9:00 a 10:00
«Tiene que llegar el momento que se declare la emergencia cultural y se apliquen medidas reales para ayudar al sector«
M.H.: Han conformado un frente con 37 proyectos artísticos que están exigiendo una Ley de emergencia cultural. Son varias las quejas de los trabajadores de la cultura, hemos tenido contacto con varias áreas pero nos faltaba conocer la realidad actual de la danza. ¿De cuánta gente estamos hablando?
C.G.: Ese es uno de los grandes problemas, hay una ausencia importante de relevamientos oficiales que den cuenta de la magnitud de la población de la gente de danza. Una de las cosas en la que estamos trabajando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque la verdad es que nosotras por estar en el día a día de labor sabemos que es una cantidad de gente enorme pero que muchas veces, por su situación muy precarizada, no está en un registro formal. Entonces estamos trabajando para que se pueda registrar a toda esa gente para dar cuenta de la magnitud de esa población, que se generen los recursos necesarios desde el gobierno para poder apoyarlos ya que tiene cuestiones muy dramáticas en cuanto a su situación actual porque va a ser de las ultimas poblaciones en poder volver a trabajar por las características de su labor, porque utilizamos el cuerpo, el contacto con nuestros estudiantes y compañeros, ni hablar de aquellas danzas que específicamente están relacionadas con el contacto como pueden ser el tango y el folclore.
M.H.: Cuando exigen una Ley de emergencia cultural ¿a qué hacen referencia exactamente?
C.G.: Esa es una ley que se está pidiendo desde un frente multisectorial donde la danza está incluida pero también otras disciplinas como el teatro, tecniques, managers, productores, escenógrafos, etc. Lo que se pide básicamente es que exista una renta de aquí hasta que podamos volver a la actividad como es el IFE o el Fondo Sostener Cultura, pero que fue por una sola vez, o tuvieron dos o tres entregas y había que cumplir con una serie de requisitos, que muchas veces justamente por la precarización laboral en la que estamos los trabajadores de la cultura, no podemos hacerlo.
Y, por otro lado, algunas ayudas que tienen que ver con la posibilidad de suspender las tarifas en nuestros espacios culturales porque otra cosa muy dramática del sector de la cultura es que alquilamos lugares para poder desarrollar nuestras actividades, y seguimos pagando el alquiler de esos espacios sin poder facturar un solo peso. Eso hace que muchas compañías y grupos estén completamente endeudados en este momento en el que encima de no poder estar sosteniendo a sus familias, además están acumulando deuda.
M.H.: ¿Han recibido algún tipo de ayuda?
C.G.: Voy a hablar del sector de la danza en particular porque es el tema que nos reúne hoy y porque ya has entrevistado a otros sectores. Es una situación muy dramática en general, pero además para el sector de la danza lo es mucho más porque el presupuesto que había destinado el gobierno de la Ciudad para el sector es ínfimo, porque contamos con una ley muy antigua que no da cuenta del enorme crecimiento que ha tenido el sector en los últimos veinte años entonces, por ejemplo, el presupuesto destinado al Proteatro o al Instituto de la Música, fue de 44 millones, que es poco para contener a la cantidad de los trabajadores de las artes escénicas, pero el de Prodanza fue de 7 millones. Esa enorme diferencia y esa inequidad generan más precarización laboral y detiene el enorme crecimiento del sector a pesar de no contar con esa ayuda.
Y el segundo problema es que el ministerio de Cultura ingresó un “fondo de emergencia” a los institutos, pero esos institutos se manejan con líneas de fomento que son concursables, que generan contraprestación y competencia entre los proyectos.
M.H.: ¿Querés agregar algo?
C.G.: Solo que el sector cultural está haciendo todo lo posible por sostenerse y generar redes colectivas de contención para el sector y su supervivencia pero necesitamos ayudas reales para poder sobrevivir. Entendemos la enorme emergencia sanitaria en la que estamos, que somos catalogados como una actividad no esencial, aunque tenemos nuestras dudas sobre eso, pero lo entendemos; por eso hicimos el esfuerzo de aguantar a que la emergencia sanitaria se estabilizara, pero tiene que llegar el momento en que se declare la emergencia cultural y que se apliquen medidas reales para el sector.
El «desguace» de Vicentín
Este jueves pasado el ministro de Agricultura Luis Basterra advirtió que la cerealera Vicentín “marcha a la quiebra” y a un posterior “desguace”, tras haber obstaculizado los proyectos de intervención del Estado Nacional, que “hizo todo lo posible por rescatarla y preservarla”.
El pasado viernes 31 de julio, el Presidente Alberto Fernández derogó el decreto que había firmado semanas atrás para intervenir la cerealera, planteando fuertes críticas al juez de la convocatoria de acreedores por obstaculizar la acción estatal, evitando que se conozcan los balances de la empresa y defendiendo la continuidad de los ejecutivos de Vicentín, responsables de polémicas maniobras de vaciamiento que se investigan en la justicia. “El Estado Nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, explicó Fernández.
Una empresa vinculada a la dictadura
Un mes atrás, la Liga Argentina por los Derechos Humanos se presentó como querellante en la causa de lesa humanidad que involucra a la empresa Vicentín y puso a disposición los testimonios de José Schulman, que compartió cautiverio con los detenidos de la empresa, y Carlos Del Frade, autor de decenas de libros sobre la historia económica social de la provincia. Ahora, el juez notifica que la Liga podrá ser querellante.
«Más allá de que se acredite la participación en los hechos delictivos aquí reseñados de los integrantes de la Policía, del Ejército y de la Fuerza Aérea, se deberá investigar la responsabilidad del Directorio de la firma Vicentín y de la línea gerencial al momento de los hechos a fin de establecer si sus conductas configuran delitos de lesa humanidad», expresaba el escrito firmado un mes atrás por el presidente de la Liga, José Ernesto Schulman, y por el abogado de la Liga, Pedro Dinani.
El fiscal Salúm, encargado de la Causa 50 sobre los hechos de genocidio en el norte de Santa Fe, reabrió la investigación sobre la responsabilidad empresaria en la represión ilegal. De la investigación se desprende que un grupo de trabajadores -cuyo número aún es incierto- fueron detenidos ilegalmente entre enero y noviembre de 1976. Algunos fueron secuestrados adentro de la fábrica, en la localidad de Avellaneda, mientras cumplían su turno de trabajo. Otros en sus domicilios y hasta en la vía pública, en la ciudad de Reconquista. No se sabe cuántas personas participaron de esos operativos ni tampoco a qué fuerzas de seguridad reportaban.
«Se trata de una causa nueva, con un expediente diferente. Se está investigando la participación de directivos de la empresa en los hechos. Aunque por el paso del tiempo no hay directivos que puedan ser juzgados. Este directorio no es el mismo de entonces, y los que participaron en aquella época están alejados o son ancianos», explicó Alejandro Córdoba, referente de la Liga en Reconquista.
Uno de los directivos aún vive es el señor Héctor Vicentín, quien hizo declaraciones públicas a favor de la empresa durante las manifestaciones del pasado sábado 19 de junio que violaron el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
Los secuestros se enmarcan dentro de una serie de hostigamientos y persecución laboral que por su desempeño gremial venían sufriendo los trabajadores de la empresa, en el marco de la represión ilegal perpetrada por la última dictadura cívico militar. A Efrén Venturini, delegado general, lo señaló el jefe de personal, el señor Tonietti. También se llevaron a Adelqui Gavirondo, Estanislao Zunini, Eldo Zorat, entre otros. Los detenidos integraban la Comisión Directiva y el Cuerpo de delegados.
Los primeros en ser secuestrados fueron Oscar Zarza, Aníbal Gall y Oscar Ortiz, en enero de 1976. Los 3 pertenecían al gremio Aceitero de Reconquista. Zarza relata que “la detención vino de adentro de la fábrica. Nos llevaron a la Jefatura de Reconquista, de ahí a la Brigada Aérea y esa noche, junto a unas 40 personas -hombres y mujeres- nos metieron a patadas y bastonazos en un colectivo que nos dejó en la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe”. Allí fueron golpeados, torturados con picanas y liberados luego de unos 15 días. Aníbal Gall, en cambio, estuvo detenido hasta que finalizó la dictadura.
En noviembre, la situación se volvió más complicada y se produjeron nuevos secuestros. Entre el 2 y el 4 de ese mes, camino a la fábrica, en su entrada o dentro de la misma, secuestraron nuevamente a Zarza, y además también a Venturini, Gavirondo, entre otros varios trabajadores de Vicentín.
Oscar Zarza, Aníbal Gall y Efrén Venturini recuerdan cómo la fábrica los denunció antes de ser secuestrados y la policía los encarceló luego de haber organizado una huelga a principios de la década del 70. Una vez libres, los trabajadores continuaron con su lucha. Efrén Venturini y Oscar Zarza recuerdan como Vicentín realizaba inteligencia sobre ellos: “Nos reuníamos en el salón de la parroquia, organizándonos para ganar el gremio de los aceiteros y desmotadores. Las policía de civil nos espiaba por los techos, nos espiaban en nuestras casa y se infiltraban”.
Venturini cuenta que estaba trabajando en la embocada de semillas de algodón, con barbijo, en short y en cuero. Eran las 11 de la mañana cuando lo chuparon para meterlo en el circuito del terror que empezaba en Avellaneda y terminaba en Coronda. Estuvo 10 días desaparecido. Primero, lo llevaron a la comisaría de Avellaneda, donde le pegaron y le robaron su primer reloj. Después, encapuchado, lo llevaron a la Jefatura de Reconquista. Ahí los ataron a todos y, en la madrugada, los metieron a patadas en un camión y los llevaron a la ciudad de Santa Fe.
Efrén relata su calvario particular. La tortura en la ex Policía Caminera lo dejó muy lastimado, permaneció tres o cuatro días tirado hasta recuperarse. Pero siguió padeciendo torturas, para finalmente ser llevado a la Guardia de Infantería Reforzada. Después lo llevaron a Coronda, desde donde como a tantos otros lo llevaron a la comisaría 4ta. de Mario Fasino, para seguir torturándolo.
Heraldo Salvador Sinchez también reconstruye y desenmascara la estrategia para boicotear la organización sindical. A Sinchez le llegó el telegrama de despido el mismo día que lo secuestraron: “De la jefatura de reconquista me llevaron a la Base Aérea, donde me torturaron por días, después a la GIR, había muchos obreros de Vicentín ahí. Al mes me largaron”
El 5 de noviembre, un día después del secuestro de los trabajadores y representantes gremiales, la fábrica les envió un telegrama para que se presentaran a trabajar en 24 horas, so pena de ser despedidos. Esta estrategia fue usada por otras empresas que trabajaron con la dictadura para eliminar la resistencia obrera a la explotación.
“Ellos sabían que estábamos desaparecidos, nos llevaron de la fábrica misma”, dice Efrén. Se trató de una estrategia patronal para librarse de los obreros “problemáticos” y, a la vez, ahorrarse una fortuna en indemnizaciones.
Hoy, Efrén Venturini tiene 70 años. Sobrevivió a la dictadura y vive en Ushuaia. Se casó con Ana, que lo esperó, lo buscó, lo visitó y juntos criaron siete hijos. Fue denunciante en la CONADEP y está esperando los juicios sobre la responsabilidad de los empresarios Vicentín en los delitos de lesa humanidad cometidos contra él y sus compañeros.
Fuentes: La Tinta, Anred, Resumen Latinoamericano, Prensa Fesprosa, La Izquierda Diario, www.infogremiales.com.ar, Tiempo Argentino, Clarín, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia.