La Corte Suprema, supuestamente de Justicia, transcurre estos días en el centro de la campaña de manipulación y desinformación, ariete de la guerra psicológica que indican los manuales de la CIA, y que el bloque dominante aplica puntualmente para deteriorar al gobierno del Frente de Todos.
Puede sorprender, ya que la historia argentina desnuda a este tribunal como casi infalible protector de los intereses del privilegio, cómplice y legitimador de golpes de Estado, e incluso con su actual composición aval de la reducción de las penas a los ejecutores del genocidio dictatorial.
Mauricio Macri fue el vehículo mediante el cual ese bloque designó, y luego impuso como presidente de la Corte a Carlos Rosenkrantz, un ex empleado de ruralistas y grandes empresas, entre ellas La Nación, los grupos Clarín y América. Con todo, teme que las pujas internas en el tribunal traben una plena adecuación a sus planes; es decir, bloquear iniciativas del Ejecutivo y leyes aprobadas por el Congreso, y en definitiva intentar desplazar al gobierno bajo una apariencia “institucional”.
Ante la revisión de las inconstitucionales designaciones de tres magistrados, dispuestas por el ex presidente Mauricio Macri, se desató una furiosa campaña para tergiversar los hechos ante la opinión pública, a la vez que presionar a la Corte para que mantenga irregularmente en sus puestos a jueces facilitadores de la impunidad para delitos cometidos por Mauricio Macri y sus funcionarios.
Esos tres jueces – Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli – se niegan a retornar a los únicos cargos para los que fueron designados legítimamente, pese a que sus apelaciones fueron rechazadas en varias instancias judiciales. Por eso saltean el trámite ordinario y recurren a la Corte, con el respaldo de la oposición y medios de prensa que hora tras hora, día tras día, titulan -dicen, machacan- que fueron “removidos”, “desplazados”, “expulsados”, “destituidos”.
Supuestos desplazamientos, remociones o destituciones
Ninguno de ellos fue desplazado ni removido, mucho menos destituido. Se corrigió su designación por decreto, a gusto del dedo de Macri, con desprecio del concurso ya convocado para cubrir esas vacantes según la Constitución, en abierta violación del Reglamento Para el Traslado de Jueces dispuesto por el Consejo de la Magistratura, en su Resolución 155 del año 2000.
Lo sabe y lo oculta la desestabilizadora oposición partidaria y mediática, que clama por un inexistente “avasallamiento del poder judicial”, y pretende imponer su propia interpretación de la legislación y la jurisprudencia. Aducen que la Acordada 7/2018 de la Corte dice lo que no dice, o sea que jueces de parecida jerarquía y jurisdicción pueden ser trasladados por el Poder Ejecutivo (PEN) sin un nuevo acuerdo del Senado.
El Reglamento dispone todo lo contrario. El PEN puede hacerlo, pero solo si se reúne la triple identidad de jurisdicción, competencia en la materia y grado, y la conformidad del Consejo de la Magistratura. Cuando alguno de esos recaudos no se cumple se impone, por mandato constitucional, otro acuerdo del Senado, pues se trata de un nuevo nombramiento. Y “misma” jurisdicción, grado y competencia quiere decir ““Idéntico, no otro” o “Exactamente igual”, las dos acepciones que le otorga al adjetivo el diccionario de la RAE.
“Bertuzzi, Bruglia y Castelli fueron seleccionados para ser jueces de tribunales orales, es decir, para resolver los juicios orales y públicos y dictar sentencia en los mismos. Tarea muy distinta a la que desempeña un juez de una cámara de apelaciones, que debe revisar las decisiones de los jueces de instrucción”, subraya el profesor de la UBA Luis Alén, director de la Carrera de Derechos Humanos y Justicia de la UNLA.
Bertuzzi fue elegido para un tribunal de La Plata, Bruglia para uno de la Ciudad de Buenos Aires y Castelli para uno de San Martín. Ninguno fue seleccionado para una Cámara de Apelaciones, y en los casos de Bertuzzi y Castelli, tampoco lo fueron para la Ciudad de Buenos Aires.
“Consecuentemente -desenmascara Alén- solo cumplieron los requisitos constitucionales para aquellos puestos para los que se los seleccionó y no para cualquier otro”, por lo que para su traslado deberían haber sido nuevamente nombrados, lo que no se hizo. Los tres fueron convocados por el Senado a la audiencia pública que prevé la Constitución para tratar su acuerdo, pero se negaron a concurrir, por lo cual se dejó sin efecto su traslado.
No fueron destituidos, aunque en rigor se los debería enjuiciar conforme a la ley, por aceptar ser designados en violación del mecanismo constitucional por el que deben velar.
En cambio, mantienen cargo, todos sus derechos y se respeta el principio de inamovilidad, pese a lo que reclaman por inexistentes “derechos adquiridos” y se niegan a trabajar en los tribunales para los cuales sí tienen acuerdo del Congreso. Chicanean, piden licencia, saltean el pronunciamiento del fuero contencioso administrativo y apelan ante la Corte.
Palos y zanahorias
La oposición neoliberal y los medios que promueven su mensaje han alternado en estas semanas la zanahoria del reclamo de intervención de la Corte, con el palo de la amenaza abierta si no actúa y falla según sus requerimientos.
En este clima de presión, y sumándose a él con el peso de ejercer la presidencia, Rosenkrantz impuso a sus pares el tratamiento de un acuerdo extraordinario, el próximo 29 de septiembre, para forzar a que lo acompañen en su voto cantado para ratificar los irregulares traslados.
Clarín, La Nación, Infobae, las señales de televisión de los principales grupos bombardean con decenas de titulares y comentarios acerca de la “inquietud ciudadana” por la “inaceptable vacilación” de la Corte para poner límites al “avasallamiento de la Justicia”. También le advierten a cada uno de sus miembros que “lo que hagan lo va a saber también la sociedad”, que “la opinión pública los juzgará”, que no podrán salir a la calle, ya que “las cacerolas también sonarán para ellos”.
Estas consignas son las que se materializaron, para fingida sorpresa de sus promotores, en sendas marchas a la sede de Tribunales, con amenazantes gritos y bocinazos en el caso de la realizada frente al domicilio familiar de Ricardo Lorenzetti.
Los legisladores de Juntos por el Cambio exhiben, a la vez, sus propósitos para la coyuntura y su apuesta a futuro al proclamar que es “impostergable que la Corte Suprema, actúe en su carácter de garante final de la vigencia de la supremacía de la Constitución por sobre cualquier decisión autocrática”.
Tras el taparrabos de una defensa institucional y rezos por “Una luz para la República”, desnudan los verdaderos objetivos: “Alberto/ Cristina, fuera de Argentina” o “Elecciones anticipadas ya”.
También es falso que “investigaron a CFK”
Es difícil seguir los barrocos recovecos jurídicos, por lo que la ficción construida por los medios confunde a muchos y entusiasma a otros que buscan argumentos para su odio, engaños impuestos como verdades que “no necesitan verificación”, según el sincericidio de un conocido analista de la señal de cable Todo Noticias.
Tan falso es que fueron “desplazados” o “destituidos” Bruglia, Bertuzzi y Castelli, como que “Cristina Kirchner busca su impunidad”, e intenta “cargarse como sea a tres jueces” que “la investigaron”.
Ninguno de esos magistrados investigó a la vicepresidente, tampoco la imputó en causa alguna. Y para borrar tantas dudas malintencionadas, el Presidente ratificó que, aun así, todas sus anteriores sentencias seguirán siendo válidas.
Lamentablemente, ello aplica a la indignante decisión que tomaron Bruglia y Bertuzzi, quienes hace pocos días revocaron la prisión perpetua de Julio Yessi, jefe de la ultraderechista JPRA y mano derecha del ex ministro de Bienestar Social José López Rega, en los años 70. Absolvieron al siniestro integrante de la Alianza Anticomunista Argentina, condenado en primera instancia por el asesinato de numerosos militantes obreros y populares.
Macrismo a la búsqueda de la impunidad
Mauricio Macri, al asumir en 2015, acumulaba nada menos que 214 denuncias por “estafa y asociación ilícita”, “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, “enriquecimiento ilícito”, “falsificación de documentos públicos”, “escuchas ilegales”, “amenazas y abandono de personas”, entre otras.
Su abierta y probada intromisión en la justicia -comprobada por las Naciones Unidas- frenó a los tribunales que debían dictar sentencias, pese a lo cual acumuló otro centenar de nuevas causas en ejercicio de la presidencia, y varias más luego de la derrota electoral, en este caso junto varios de sus ministros y funcionarios.
A solo cinco días de asumir, Macri intentó nombrar dos jueces de la Corte Suprema por decreto. Luego presionó y forzó el desplazamiento de la jefa de los fiscales y de magistrados que lo incomodaban, mientras promovía a quienes lo favorecían. Todo ello para utilizar fiscales y jueces adictos para perseguir y encarcelar a sus adversarios políticos, sentar las bases para la impunidad de los delitos cometidos en su gestión.
Así logró que Bruglia, junto a Martin Irurzun anularan los procesamientos dispuestos por el juez Canicoba Corral para el ex titular de Vialidad Javier Iguacel y los ex ministros Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, en la causa de los Peajes. O los fundamentos por lo que se lo denuncia en la causa de la Mesa Judicial, desde la cual el macrismo impulsaba premios o castigos a jueces y fiscales.
El 24 de septiembre, en La Nación, Carlos Pagni desliza acaso involuntariamente la razón de la cerrada defensa de Bruglia y Bertuzzi, pone en evidencia por qué se quiere dejar sin efecto los traslados, para quienes realmente se está buscando impunidad: “El objetivo de promover a alguno de estos candidatos no es tanto proteger a la señora de Kirchner” como apuntar “al gobierno de Macri, cuyas causas judiciales tramitarán en esa Cámara”.