Precios y salarios en pandemia

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), que actúa como referencia para medir la pobreza, se incrementó 4,2 % en enero y 39,8 % fue su variación interanual, también superando al promedio de precios del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mostró una suba de 38,5 % en enero. 

De esta forma, la «línea de indigencia» definida para un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores fue de $ 23.722 ingresos mensuales y $ 56.459 en el caso de la «línea de pobreza». 

La canasta de pobreza no contiene un gasto muy importante para muchos hogares como es el del alquiler. Por eso, entre otros motivos, la Junta Interna de ATE-INDEC estima una canasta de consumos mínimos. No se trata del ideal ni un óptimo, tal como lo aclara esa organización gremial, pero se aproxima más a lo que necesita una familia para llegar a fin de mes: en diciembre el costo fue de $ 82.086.  

En 2020 los salarios perdieron 3 % en términos reales (de poder adquisitivo) de acuerdo al Indec, anotando el tercer año consecutivo de caída. 

Para este 2021 las expectativas del «mercado» (REM) relevadas por el Banco Central son de un 50 % de incremento total de precios a fin de año. 

Un relevamiento de Consumidores Libres advirtió que el precio la “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 2,99 % durante los primeros quince días del mes. Este incremento golpea a los sectores más pobres. 

Según el informe, las frutas y verduras subieron 0,52 % en promedio, ubicándose primero la naranja con 12,5 %; acelga, 7,14 % y manzana, 4,76 %. En tanto, la papa negra, cebolla y zanahorias no tuvieron variaciones. 

En cuanto a los cuatro cortes de carne vacuna, que se relevaron en carnicerías por fuera del acuerdo oficial, los aumentos promedio llegaron al 3,95 % en CABA. 

La bola de lomo subió 2,94 %; el asado, 3,39 %; paleta, 3,57 %; y la carne picada común, 6,67 %. Sobre los productos de almacén, el aceite de girasol tuvo el mayor incremento con el 8,33 %, seguido por la yerba, con un alza del 3,85 %; y el sachet de leche, 2,74 %. 

La inflación en enero registró una suba de 4 % respecto del mes anterior y acumula un alza interanual del 38,5 %, según el Indec. Las subas de los alimentos acumulan incrementos del 42,3 % anual. 

El mes pasado los alimentos y bebidas subieron 4,8 % debido principalmente a Carnes y derivados, Frutas y Aceites, grasas y manteca. Es decir, tuvieron un incremento superior al nivel general. 

La suba de los precios de los alimentos impacta más en los sectores más pobres ya que destinan una proporción mayor de sus ingresos a comprar estos productos. 

En medio del fin de semana largo se registró un nuevo ajuste de los combustibles del orden del 1,2 %. Se trata del quinto aumento desde que empezó el año. 

El alza de los precios de los combustibles incide en el resto de los precios de la economía. 

Los próximos aumentos previstos son para el mes de marzo tanto por el incremento de los biocombustibles como por los impuestos internos. 

Ante la creciente inflación el Gobierno intenta lograr un acuerdo social con los representantes de los trabajadores y los empresarios para alinear precios y salarios. Sin embargo, estos acuerdos ya se repitieron en otros momentos de la historia nacional y siempre quedaron en la nada.  

Además, los empresarios se manifestaron contra la doble indemnización y la prohibición de despidos y suspensiones, a través de un comunicado de la UIA el pasado 2 de febrero. Y si bien la CGT se desmarcó del límite del 29% a los aumentos salariales, la Asociación Bancaria, que milita en la Corriente Federal, firmó por ese porcentaje que reclama el ministro Guzmán, siendo recibida al día siguiente por el presidente Alberto Fernández. 

Resistencia social 

Con las consignas «¡Ningún sueldo debajo de la canasta básica, aumento salarial ya!» y «¡La deuda es con el pueblo, no con el FMI!», movimientos sociales, cooperativistas y de desocupados concentraron el miércoles 10 en el cruce de la Avenida 9 de Julio e Independencia, para luego movilizar a la Plaza de Mayo, donde instalaron ollas populares frente a Casa Rosada. 

La jornada de lucha fue para «rechazar la orientación de las medidas dispuestas por el gobierno nacional que se discutirán en la Casa Rosada con los empresarios y sindicatos», ya que consideran que «las mismas van en claro detrimento de los intereses de los sectores laburantes que peor la están pasando en la actualidad». 

En la convocatoria remarcaron que «el Gobierno se encamina a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y avanza en un pacto con las Cámaras empresariales y sectores de la burocracia sindical para poner un techo a las paritarias». En la misma línea, destacaron: «mientras, el panorama es desolador para los y las trabajadoras, con una inflación que se dispara y pulveriza el poder adquisitivo de los salarios. La verdadera preocupación de los empresarios es tener una mano de obra más barata en detrimento de todos los derechos laborales y, como si fuera poco, cuenta con el aval de las autoridades nacionales. A su vez, cerca de la mitad de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza y el 10% en condiciones de indigencia. En el 2020 la inflación fue del 36% (con un 45% de incremento de la canasta básica alimentaria) y la gran mayoría de los aumentos salariales se ubicaron 10 puntos debajo de esas cifras». 

También reclamaron «aumento de emergencia para los y las trabajadoras cooperativistas» y la «aplicación de la Ley de Abastecimiento contra los grandes especuladores». Asimismo, rechazaron «el techo paritario y la pérdida de derechos de los y las trabajadoras» y exigieron «una salida sin ajuste ni represión», porque sostienen que «la deuda es con el pueblo, no con el FMI ni los especuladores», el comunicado fue firmado por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, MULCS-Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), FAR y Copa en Marabunta, la FOB Autónoma (Federación de Organizaciones de Base-Autónoma) y OLP Resistir y Luchar. 

Entrevista a Damaris vocera del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) – “Fe de Erratas, FM La Boca (90.1) 

M.H.: Hoy convocan el MULCS, el FOL, el FPDS Corriente Plurinacional y varias organizaciones más a concentrarse en 9 de julio e Independencia a las 11:00 y de allí marchar a Plaza de Mayo donde instalarán ollas populares bajo la consigna «la deuda es con el pueblo no con el FMI ni los especuladores”, en rechazo al acuerdo del gobierno con sindicalistas y empresarios que se van a reunir hoy. Piden aumento de emergencia, aplicación de la Ley de abastecimiento y contra el techo paritario. ¿Qué nos podés comentar al respecto? 

D.: Como bien introdujo vamos a estar movilizando en un día en el que se van a estar realizando variadas reuniones de parte del gobierno para ir cerrando el pacto social, por un lado con la burguesía industrial, con los integrantes de la UIA, se van a reunir con la CGT y después con la Mesa de enlace, con la burguesía agraria. Nosotros vamos a estar movilizando para denunciar que en esas reuniones lo que se discute no es ni más ni menos cuánto va a afectar el ajuste en el bolsillo de la clase trabajadora. Cuánto va a afectar el aumento del precio de los alimentos en el bolsillo de nuestras familias. Cuánto va a aumentar el salario por debajo de lo que venimos sufriendo de inflación. Vamos a estar denunciando que se van a estar realizando estas reuniones para cerrar las cosas a la baja en lo que respecta a nuestro sector, que es el más precarizado de la clase obrera, de los sectores formales también. Y por supuesto el trasfondo del FMI que es quien está pujando para que el ajuste sea más profundo. 

M.H.: Clarín anuncia que la inflación en CABA de los más pobres fue del 5,4% en el mes de enero y en los 12 meses acumula un incremento del 44,7% en un contexto en el que el gobierno quiere imponer techos a las paritarias en torno al 29% que es lo que, por ejemplo, firmó el gremio bancario, que al día siguiente su dirigente, Sergio Palazzo, fue recibido por el Presidente de la Nación.  

D.: La clase obrera viene perdiendo poder adquisitivo hace muchísimos años. Lo sufrimos muy abruptamente desde el macrismo y no dejamos de perder. Y la burocracia sindical juega un rol en esta situación de no presionar, no llamar a la lucha, no acompañar la situación laboral de los y las trabajadoras, es triste y vergonzoso, más en un contexto de pandemia y crisis sanitaria. No tiene el menor sentido ni lógica estar ahorcando económicamente a la clase más necesitada en un contexto de crisis sanitaria. Nuestras compañeras y compañeros son la primera línea en los barrios, estamos sosteniendo las ollas en los barrios, nunca dejamos de estar en 2020 atendiendo, acompañando, llevando bolsones de mercadería a las personas aisladas. Nadie sabe cómo se aísla a una persona en una villa. Cómo hacer.  

M.H.: ¿Cuál es la realidad presente que viven los movimientos sociales respecto de mantener la actividad? ¿Qué tipos de beneficios están recibiendo los trabajadores de los movimientos sociales? 

D.: Contamos con mercadería, alimentos, algunos productos secos que nos llegan de Nación y Provincia y muy autogestionadamente vamos comprando un poco de pollo y carne cuando se puede, ahora se hace imposible, y tiramos unos pedazos a la olla. Se trata de sostener a la población en los barrios más humildes del Conurbano, de CABA y de las provincias del interior. Vamos generando ollas populares. Vamos a las municipalidades, a las salitas a pedir lavandina, alcohol, para mantener higienizados nuestros comedores y donde le damos el tapper a la gente con comida y también para distribuir a las familias que en los barrios más humildes se tienen que aislar porque dieron positivo y no pueden salir a hacer changas, ni a comprar. Así nos vamos organizando. Cobramos 10.000 pesos por mes, es lo que se están pagando los programas sociales y con eso organizamos el trabajo y estamos todos los días en los barrios al pie del cañón, sosteniendo ollas, copa de leche, acompañamiento sanitario, violencia de género también. 

M.H.: Al respecto, hoy se van a encontrar en Plaza de Mayo con una movilización de familiares víctimas de femicidios que va a ser a partir de las 12:00. 

Y en relación a la problemática puntual de los movimientos populares, las cooperativas ¿cuáles son las reivindicaciones específicas que plantean? 

D.: Estamos pidiendo aumento salarial de emergencia, entendemos que nadie puede vivir en este contexto con 10.000 pesos. Poder ingresar a mayores plus salariales para las tareas socio- comunitarias, esto que veníamos comentando, para nuestres compañeres que vienen cubriendo tareas esenciales en los barrios. Y, por supuesto, aumento en el alimento, sobre todo en lo que tiene que ver con frescos que es lo más difícil de conseguir y planes de trabajo, obras públicas, que se respete el 30% de las obras públicas para las cooperativas sociales, etc. Tierra y vivienda, seguimos acompañando a las familias de Guernica, familias desalojadas o con problemas de vivienda en diferentes lugares, así que estamos acompañando estas situaciones también, viendo que haya lotes con servicios para esas familias, para que no volvamos a tener un Guernica ni situaciones de represión como esas, que la tierra ociosa se ponga a disposición de la gente que está en la calle. Esas son nuestras principales medidas.  

Mencionaste la movilización de hoy de les familiares de víctimas de femicidios, ayer todo el país se conmocionó por el femicidio de Úrsula, nosotros pedimos políticas reales en materia de género. Desde el año pasado venimos denunciando que todo bien con el ministerio de la Mujer pero sin presupuesto no puede aplicar una política efectiva de prevención de violencia. Lo vemos nosotras en los barrios y somos nosotras las que acompañamos esas situaciones, las que ponemos el cuerpo y muchas veces plata. Vamos a estar denunciando eso también.   

También los Movimientos Populares que conforman la Paritaria Social y Popular marcharon, el martes 9 de febrero, a la Sociedad Rural Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, Salta, Rosario y Córdoba. Denunciaron que un puñado de transnacionales y la Mesa del campo especulan con los precios de los alimentos y las necesidades de todo el pueblo, pretendiendo equiparar los precios internacionales con los del mercado interno en tiempos de emergencia sanitaria y social. 

“Nuevamente, el poder cartelizado del complejo-agroexportador transnacional, en el que cinco empresas (Cargill, COFCO, Bunge, ADM-Toepfer y Aceitera General Deheza) concentran prácticamente dos tercios de las exportaciones, sumado al poder de sus socios locales como la Sociedad Rural Argentina, organizan un nuevo embate que atenta otra vez contra el bolsillo de la clase trabajadora”, afirmaron. 

Este jueves 18 de febrero se llevó adelante una Jornada piquetera nacional en rutas, calles y puentes en 21 provincias argentinas, organizado por el Polo Obrero y varias organizaciones sociales. 

Se sumaron a esta actividad, que se preanuncia como una de las más grandes y extensas de los últimos tiempos, Barrios de Pie-Libres del Sur y el MST-Teresa Vive, y el Frente de la Resistencia -reciente escisión del FPDS-, la William Cooke y el MBT, recientemente incorporados al Frente de Lucha Piquetero. 

“La eliminación del IFE, un presupuesto a la baja en todos los rubros menos en el pago de la deuda externa, una inflación disparada y alentada por el gobierno, ingresos sociales miserables para los desocupados, paritarias a la baja y un nuevo robo a los jubilados, están mostrando una orientación de clase muy clara: para los Fernández están primero los capitalistas y el FMI”, sostienen en un comunicado. 

Barrios de Pie (Libres del Sur) concentró en estación Darío y Maxi (ex estación Avellaneda) junto al Polo Obrero y organizaciones sociales.  

Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, sostuvo que “al contrario de lo que dicen algunas autoridades del gobierno nacional, la situación social está lejos de mejorar. En nuestro país sigue habiendo hambre. Existía antes de la llegada de la pandemia y continúa hoy. Miles de personas asisten a comedores y merenderos. El aumento sostenido de precios solo empeora la realidad de las familias, que deben hacer malabares en un contexto inflacionario y de poco trabajo”. 

Al respecto, la referente del MST «Teresa Vive», Mónica Sulle, declaró: «Cientos de comedores populares estuvieron sin recibir comida y cuando lo hacen es cada vez con peores insumos. Tampoco hay planes de trabajo digno ni aumentos en las partidas de ayuda social. Así no se puede vivir. Hoy salimos a la calle por todos estos reclamos y exigimos soluciones. No puede ser que digan que no hay recursos, mientras le siguen pagando al FMI todos los meses millones de dólares». 

La vuelta a clases 

Los gobiernos nacional, provinciales y el de CABA impulsan una vuelta a la escolaridad presencial masiva en el medio de la pandemia. Con el actual nivel de casos “resulta altamente peligrosa la vuelta a las aulas”, señalaron desde el sindicato docente Ademys, porque generará en un corto plazo el “incremento brutal” de los contagios, cierre de las escuelas y medidas más restrictivas para el conjunto de la población, con el saldo de miles de muertes que podrían, y deberían, evitarse. 

El sindicato docente indicó que son las presiones empresariales las que empujan a que, en lugar de priorizarse la salud, se prioricen los intereses económicos, con una política de reapertura que les permita ahorrarse las licencias y que expone a los trabajadores. 

Dado que la docencia está siendo citada para concurrir a los establecimientos el lunes 8 de febrero, desde Ademys promovemos que en cada escuela realice relevamientos que demuestren que no están dadas las condiciones edilicias y de infraestructura en el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Proponemos dejar constancia en actas si al ingresar no se cuenta con los elementos de seguridad e higiene garantizados por el gobierno (barbijos, mascarilla, alcohol en gel), que se tomen fotos y videos como registro y que se realicen encuentros (reuniones o asambleas de personal) para elaborar mandatos que nos permitan resolver en Asamblea abierta del JUEVES 11/02 – 18 horas las acciones de lucha a desarrollar. 

Más de 500 docentes participaron de la asamblea convocada por el sindicato Ademys, donde resolvieron un paro de 72 horas, porque no están dadas las condiciones sanitarias para una vuelta a clases presenciales. 

El jueves 18 de febrero realizaron una caravana educativa desde Congreso hasta el Ministerio de Educación de la Nación. 

Ivana Otero, secretaria de Cultura de Ademys, comentaba: “Fue una importante asamblea. Si a esto le sumamos decenas de reuniones del Colectivo por un retorno seguro de más de 400 familias, hay un estado de deliberación constante de miles de docentes y familias que quieren pelear por un retorno seguro”. 

Y agregó Ivana: “En la asamblea discutimos además de impulsar estas medidas de lucha, organizar y poner en pie Comisiones de Higiene y Seguridad en cada escuela porque vimos que hay decenas de compañeros contagiados de covid, escuelas que no tienen las condiciones para su apertura. Estas comisiones discutimos hacerlas en común con las familias y los estudiantes en secundaria, junto al Colectivo por un retorno seguro”. 

Por su parte, Marilina Arias, vocal de la directiva de Ademys agregó que “El sindicato y su asamblea votó un importante llamado a la unidad. Esta semana hubo decenas de plenarios por área y zona del sindicato mayoritario de la Ciudad UTE-CTERA, donde muchos delegados de la Lista Celeste y también nuestros compañeros de la Marrón, pelearon por una perspectiva de lucha y unidad, pero la conducción Celeste negó estos mandatos y no llamará a ninguna medida de lucha”. 

“La situación es muy complicada en las escuelas y para derrotar el plan de Trotta y de Larreta, tenemos que imponer la organización desde abajo, desde la asamblea de Ademys y el Colectivo, un plan para que la UTE rompa su pasividad”, sostuvo Marilina. 

El presidente Alberto Fernández encabezó una reunión del Consejo Federal de Educación (CFE) en la Quinta Presidencial de Olivos, con la participación de los y las ministras del área educativa de las 24 jurisdicciones del país, para analizar la vuelta a clases en las escuelas y los protocolos por la pandemia de coronavirus. En ese marco, gremios docentes de todo el país realizaron una concentración y conferencia de prensa frente a la quinta presidencial. Denunciaron que «Fernández y Trotta quieren cambiar el semáforo, pero no las condiciones sanitarias, edilicias y laborales» necesarias. Convocaron el gremio de docentes porteños Ademys, Adosac de Santa Cruz, Amsafe de Rosario y General López, ASECH de Chaco, Docentes Autoconvocados de Tucumán, el GDA de Formosa, el SUTE de Mendoza, el SUTEF de Tierra del Fuego, la Minoría de ATEN de Neuquén, y los Sutebas de La Matanza, Ensenada, Marcos Paz, Tigre, Escobar, Madariaga, Bahía Blanca y la minoría de La Plata.  

Dos de cada tres edificios escolares de la Ciudad de Buenos Aires no cuentan con aulas con la ventilación recomendada para evitar contagios de coronavirus, de acuerdo a un informe preliminar elaborado por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) frente al regreso a las clases presenciales, el cual indica también que el 60% de los alumnos y docentes usa el transporte público para llegar a las escuelas. 

El secretario de Condiciones y Medioambiente de Trabajo de UTE, Pablo Francisco, sostuvo que la encuesta abarcó, hasta el jueves pasado, a unos 700 edificios escolares de educación pública de los 1.000 existentes en la Ciudad. 

Por otra parte, el informe de UTE revela que el 58% de los edificios no llega a tener la cantidad de sanitarios disponibles que garanticen las condiciones de higiene básicas para prevenir la circulación del virus. 

También, el relevamiento indica que el 52% de los establecimientos no tiene bancos individuales destinados a la ubicación de los alumnos en las aulas, sino que existe una mayoría de escritorios compartidos para dos estudiantes. 

Señala que el 59% de los edificios tiene un solo acceso y egreso del personal docente y no docente y de los estudiantes, lo cual no colaboraría ante la posibilidad de que se generen aglomeraciones en esos sectores al momento del ingreso y salida de los alumnos. 

Por último, la encuesta evidenció que el 60% de los docentes y alumnos se traslada desde sus domicilios hasta la escuela en el transporte público: un 50% lo hace en colectivo y el 10% restante en subte y tren. 

Una encuesta, realizada por instituciones vinculadas a la Universidad de Quilmes, con una muestra de 2.258 personas entrevistadas enfocadas en el corredor AMBA. En dicha encuesta se realizaron 43 preguntas dedicadas principalmente a la relación entre la situación sanitaria, las condiciones protocolares para la prevención y la opinión sobre las condiciones para el inicio de la presencialidad. Ante la pregunta si habría que esperar a que la totalidad o la mayoría del personal docente esté vacunado antes de empezar la presencialidad el 73% respondió de manera positiva, mientras que el 27% lo hizo de manera negativa afirmando que las clases deberían empezar, aunque el personal docente no esté vacunado. 

Otra pregunta vinculada a la cuestión sanitaria y que tiene relación con el inicio de clases presenciales, aunque de manera más indirecta, está vinculada a las personas mayores y población de riesgo. Al consultar sobre si habría que esperar a tener a las personas mayores de 60 años vacunados y así evitar el riesgo de contagio de personas mayores antes del inicio de clases, el 68% respondió de manera afirmativa mientras que el otro 32% respondió que las clases deberían empezar, aunque los mayores no estén vacunados. 

En otro tema relacionado y vinculado a las libertades y el derecho de cada familia a decidir sobre su cuidado arrojó un resultado todavía más contundente: un 74% respondió que cada familia debería poder decidir si acepta o no enviar a sus hijos/as a clases presenciales o continuar con clases virtuales, mientras que el 26% restante se manifestó a favor de que sea obligatoria la asistencia a clases presenciales.  

Para mayor información, el informe preliminar de la encuesta se encuentra disponible, al igual que la posibilidad de descargarlo en formato PDF. 

Cuatro delegaciones de la organización gremial docente santafesina AMSAFE (Amsafe Belgrano – Amsafe Caseros – Amsafe General López – Amsafe Rosario) reclamaron recuperar la “democracia interna” y convocar a una Asamblea Provincial ante las “presiones de vuelta a la presencialidad de cualquier manera” y “las políticas de ajuste” en el marco de crisis económica y sanitaria de la pandemia. 

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech) informó que los docentes comenzarán el viernes 19 una medida de fuerza, debido al retraso salarial de 2 meses y la falta de medidas para cumplir con el distanciamiento por la pandemia. 

«De cara a la presentación por calendario escolar para iniciar el ciclo lectivo 2021 el viernes 19 de febrero y estando con un retraso salarial de 2 meses, sumado a la falta de pago del segundo sueldo anual complementario y parte del primero, con los salarios congelados, estamos en condiciones de presentar la retención de servicios», informó el gremio en un comunicado. 

«Mientras continúe la situación epidemiológica actual es imposible su inicio porque no hay forma de cumplir con el distanciamiento social ya que el contacto entre las personas es ineludible y necesario, en los nombrados niveles y modalidades», señaló el gremio. Agregaron que a la fecha, no ha habido convocatoria formal de parte del gobierno a fin de resolver la situación salarial. 

Solo 11 escuelas (1 secundaria, 4 primarias y 6 técnicas) del distrito La Plata darán inicio de forma presencial el próximo 17 de febrero, momento en que comienza el período de recuperación para estudiantes que en 2020 no lograron acreditar materias. Hay una situación crítica de la infraestructura de los edificios, producto de la falta de inversión y mantenimiento de hace décadas y del abandono durante todo el año pasado. 

Además, auxiliares y docentes denuncian que a las escuelas no ha llegado el fondo especial Covid para limpiar y desinfectar los establecimientos que debía enviar el Consejo Escolar. No hay insumos, tanto elementos de limpieza como mascarillas de protección y trajes de bioseguridad para auxiliares, y termómetros. El Gobierno intenta mostrar una vuelta a clases en condiciones de normalidad, pero la realidad dice todo lo contrario. 

El Bloque sindical de educación, integrado por los sindicatos Amet, ATE, SADOP, SOEME, SUTEBA, UDEB-FEB y UDOCBA informó luego de una reunión realizada con la Unidad Ejecutora de Gestión distrital que solo 11 escuelas darán inicio a las actividades presenciales. 

Incluso en algunas de los colegios que arrancan de forma presencial, docentes y auxiliares denuncian las condiciones en las que se encuentran los establecimientos. 

«En el Albert Thomas desde el año pasado venimos organizándonos junto a docentes, auxiliares y familiares en la Comisión de Seguridad e higiene porque teníamos muy claro que el gobierno iba a pretender volver a las escuelas en condiciones pésimas. Hemos realizado reuniones, presentado declaraciones y pedidos durante todo el año pasado. Esta semana ya tuvimos una reunión en la puerta de la escuela, luego del reparto de alimentos, junto a familias que están muy preocupadas por el estado deplorable del edificio. En este momento estamos terminando de armar una declaración para exigir que se cumpla el protocolo», expresó Carlos Rodríguez, delegado de la escuela. 

En agosto de 2018, días después del crimen social de Sandra y Rubén en Moreno, los gremios docentes presentaron datos que muestran la emergencia edilicia de las escuelas bonaerenses: tan solo para dar un ejemplo, de un total de 2.000 establecimientos, en el 61,3 % las instalaciones de gas estaban en malas condiciones. Según el Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA), solo el 1% del presupuesto para educación se destina a obras de infraestructura. 

El gobierno de Kicillof no revirtió esta situación. A finales del 2020, aprobó un presupuesto de ajuste en función de pagar la deuda con el FMI. El programa “Escuelas a la Obra”, cuenta actualmente con 893 obras que, por lo relevado por comisiones de infraestructura de los docentes y delegados, se limitan a cambio de luminarias, reparaciones menores y pintura. 

Sin embargo, el gobernador acaba de entregar a la policía Bonaerense, responsable del crimen de Ursula, $ 7.000 millones para patrulleros y armas, mientras destina migajas para educación. 

El Plan Jurisdiccional propuesto por Agustina Vila y Kicillof, con el apoyo de Suteba y del resto de los gremios que componen el Frente de Unidad Docente Bonaerense, es inaplicable en las condiciones en las que están hoy las escuelas. 

Asimismo, en muchas escuelas con matrícula superiores a 400 o 500 estudiantes por turno, como el Normal 2, han recibido solo un termómetro. 

En el Normal 1, tampoco arrancan las clases presenciales. Las obras en la escuela no terminaron a tiempo y se continúa en la virtualidad. 

El viernes 19 de febrero se realizará una movilización que culminará en la Dirección general de escuelas. Esta acción fue votada en una asamblea convocada por la Lista Multicolor de Suteba La Plata. ¡Las escuelas se abren con recursos, no con discursos! 

Trabajadores 

El viernes 5 de febrero, la gerencia de Correo Argentino comunicó al personal, que percibirían el 50 % de sus salarios. Fundamentaron que la decisión se debe a que hubo una caída importante de ventas en el mercado postal. Pero las y los trabajadores cuestionan dichos argumentos, agregando que durante toda la pandemia estuvieron trabajando ininterrumpidamente (están contemplados como trabajadores esenciales), acaparando los envíos de correspondencia y especialmente, la distribución de las diferentes compras que los usuarios realizaron a través de internet. 

Las cuatro federaciones gremiales que agrupan a todos los trabajadores postales repudiaron la medida tomada desde la gerencia y decidieron comenzar con las retenciones de tareas de dos horas en cada turno laboral. En los centros de tratamiento postal y los centros de distribución domiciliaria, hubo ruidosas manifestaciones y con batucadas incluidas. 

El 4 de febrero, las diputadas porteñas del PTS-FITU, Myriam Bregman y Alejandrina Barry, presentaron el proyecto de declaración nº 2959-D-2020, mediante el cual se exige al Gobierno de la Ciudad que tome las medidas necesarias e inmediatas para los 200 residentes de salud que desde el mes de octubre se encuentran sin cobrar. 

El proyecto también exige el cobro del salario para los concurrentes, aquellos trabajadores de la salud que hacen sus tareas de manera gratuita, necesarios para enfrentar la pandemia y garantizar la atención en la salud pública, pero que a la vez son la cara más visible de la precarización laboral. 

El acampe de trabajadorxs de Enfermería autoconvocades en la sede del MSN cumplió una semana. A la fecha, ya son más de 300 trabajadores y trabajadoras de la salud fallecidas a causa del COVID 19 en todo el país “nosotras decimos que esas muertes son asesinatos laborales ya que ocurrieron por la falta de elementos de protección que no nos han provisto los hospitales en el momento en que lo tenían que hacer. Tuvimos que presentar recursos de amparo para conseguirlos y aun así la situación en muchas instituciones sigue siendo igual: falta de elementos, escasez o mala calidad de los mismos”. Al ser muertes evitables responsabilizan al gobierno y exigen el otorgamiento de pensiones para las familias de los compañeros y compañeras fallecidas por un valor igual al sueldo que percibían en vida, hasta que sus hijos e hijas cumplan la mayoría de edad. 

En una asamblea realizada esta semana definieron que van a insistir para que se concrete una reunión con funcionarios de la primera línea, con el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García o Judit Díaz Bazán, recientemente designada Subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización del MSP.  

Sin mediar explicaciones y sin justificativo alguno el martes 16 al mediodía la Policía de la Ciudad arrestó a dos trabajadores de la salud mientras participaban pacíficamente del acampe de protesta frente al Ministerio de Salud nacional. Se trató de Elena Amarilla, trabajadora del hospital Gutiérrez y Franco Antequera del hospital Piñero. 

El resto de sus compañeros exigieron explicaciones a los oficiales de policía, mientras comenzaron a viralizar los videos por los grupos de whatsapp. Sin mediar respuesta alguna, se los llevaron detenidos. 

Desde que montaron el acampe frente al Ministerio de Salud, comandado por Ginés González García, el personal esencial de salud viene denunciando amenazas y aprietas de parte de la policía de Larreta. 

En Tucumán, Chaco y Neuquén, las y los trabajadores de la salud emprendieron nuevas medidas de fuerza en el marco de la crisis del sistema de salud que se vive en las provincias. 

En Tucumán, el Sitas Fesprosa continuó con las medidas de fuerza. Este miércoles y jueves hubo paro de actividades con concurrencia, mientras que el viernes será sin presencia en hospitales y centros de salud. 

Las medidas se dan en el marco de los reclamos salariales de los trabajadores de la salud, y por la cesantía persecutoria de Juan José Paz, médico del Hospital Eva Perón de la provincia. Además, el Sitas acompañó la manifestación de los docentes del interior, quienes deben volver a dar clases sin estar dadas las condiciones de seguridad e higiene. 

En tanto, en Neuquén el Siprosapune Fesprosa realizó un paro de actividades. Las y los trabajadores sanitarios denuncian una fuerte crisis en el sistema de salud provincial y exigen ser escuchados. En la zona de Confluencia, la concentración marchó desde el monumento a San Martín hacia Casa de Gobierno. En tanto, en el interior de la provincia hubo actividades de visibilización en hospitales y centros de salud durante el día. 

En Chaco, APTASCH Fesprosa convocó a la segunda asamblea abierta por salarios dignos, pase a planta, carrera sanitaria, y la situación INSSSEP, este jueves a las 18 vía Zoom. 

Por lo que consideran como una «imposición arbitraria y unilateral del Nuevo Modelo Prestacional de Médicos de Cabecera», hubo una doble jornada de protesta de médicos de cabecera del PAMI. 

La medida de fuerza estuvo protagonizada por Médicos de Cabecera de Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los médicos reclaman, además, la «urgente cobertura sanitaria y salarial a trabajadores que resultaron infectados de COVID-19 en ocasión del cumplimiento de sus funciones, con retroactividad al inicio de la licencia correspondiente y proveer la entrega de elementos de Bioseguridad, hecho éste que han omitido durante toda la pandemia de COVID-19». 

Investigadores becados de la UBA convocaron a movilizarse el miércoles 10 de febrero al Rectorado para el restablecimiento de más de 100 becas de investigación que fueron cortadas en el mes de diciembre. 

Desde la Comisión Interna de Trabajadores del canal de televisión C5N expresaron por las redes sociales su malestar ya que desde octubre de 2017 vienen cobrando sus salarios en cuotas. El periodista e integrante de la Comisión Interna, Alexis Szewczyk, contó la situación que vienen atravesando los 400 trabajadores del Canal porque los empresarios realizan fuertes inversiones en infraestructura, sin resolver la situación salarial de los trabajadores. 

Tras la Audiencia de Conciliación convocada este martes 2 por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, las partes que representaban a la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) -que viene reclamando la inmediata reincorporación de un docente despedido de manera arbitraria-, no llegaron a un acuerdo. 

Ante el desconocimiento y la no aceptación por parte de la institución educativa, de la libertad y democracia sindical, la negativa de una mesa de trabajo y de diálogo que permita la reincorporación de Juan Valfré, delegado despedido injustamente, entre otros ítems, ATE Córdoba definió continuar con la Carpa Blanca instalada el lunes 1°, exigiendo pluralidad, democracia y participación. 

Murió otro trabajador del subte por covid-19. Javier Castillo era auxiliar de estaciones en la línea E. Fue parte de la camada de trabajadores tercerizados de seguridad que luchó y ganó el pase a planta permanente de Metrovías. Sus compañeros lo despidieron con profunda tristeza. 

El 8 de febrero le habían dado el resultado positivo para covid y el pasado viernes lo habían internado por neumonía. Pero el lunes 15 falleció quien se convierte así en el octavo trabajador del subte víctima del virus. Según el último informe de AGTSyP, ya son 344 casos confirmados. 

Desde la Agrupación Bordó además plantean que el sindicato del subte haga la exigencia a Metrovías para que incorpore de manera inmediata y sin dilaciones a su esposa, quien quedó a cargo de sus pequeños hijos. 

La asamblea de trabajadoras y trabajadores del Programa de Acompañamiento Socio-comunitario a las Trayectorias Educativas (ex «Asistiré») –incorporado en el marco del Programa Acompañar Puentes de Igualdad, dependiente del Ministerio de Educación, a cargo de Nicolás Trotta–denunciaron más de 100 despidos, sólo en Provincia de Buenos Aires. «A fin de 2020 nos aseguraron continuidad laboral a través de un mail para todo el ciclo lectivo 2021. Hace una semana nos enteramos que nuestra recontratación dependía de arreglos con cada municipio. Solo 43 compañeras y compañeros, de casi 200, recibieron un mail con la novedad de la recontratación. Nadie nos informa ni nos comunica nada. Somos en un 90% mujeres, del cual un 80% somos madres, estamos gestando, sostenemos nuestro alquiler y nuestro plato de comida con este laburo. Esto es violencia inexplicable frente a esta situación de incertidumbre», remarcaron. 

«Nuestras autoridades –el Ministro de Educación Nicolas Trotta, la subsecretaria de Cultura y Educación, Laura Sirotski, el Director Nacional de Inclusión y Extensión Educativa, Ariel Zysman, la Directora de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria, Natalia Peluso, y la Coordinadora nacional del Programa de Acompañamiento Socio-comunitario a las Trayectorias Educativas, Eugenia Castiñeiras– no contestan mails, notas ni publicaciones. 

Decidimos que estas palabras sean de todes, que nos ayuden a visibilizar la situación y nos acompañen al ministerio los próximos días», culmina el comunicado, donde además dejan un mail para comunicarse con la asamblea: [email protected] 

Hace una semana que los trabajadores de la empresa Ternium-Siderar planta Canning 

del Grupo Techint vienen parando la producción y reclamando en los portones de la planta. Exigen que la empresa respete el convenio 17 de la rama metalúrgica y que el aumento que corresponde a la última negociación paritaria en cuotas se pague en blanco y esté contemplado en el básico. 

La dura respuesta de la patronal fue realizar 20 despidos injustificados. Se trata de una nueva provocación por parte del Grupo Techint, presidido por el multimillonario Paolo Rocca, contra los puestos de trabajo y el salario de los trabajadores, en un contexto general de ajuste al bolsillo. Los trabajadores convocan a rodear de solidaridad el acampe que se realiza en los portones, hasta que se cumplan sus exigencias.  

Este jueves las y los repartidores de PedidosYa en Mendoza realizaron un paro en protesta al reclamo de aumento de salario, congelado hace dos años. 

En distintos puntos del país los trabajadores de apps vienen reclamando en contra de las empresas. En Rosario, cientos de cadetes protestaron en el Parque Independencia con sus elementos de trabajo, logrando un alto acatamiento al paro que logró paralizar los servicios que presta la aplicación. 

Líneas de colectivos del Conurbano amenazan con no pagar a choferes de grupos de riesgo si no retoman tareas. Se trata de 40 trabajadores con enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad y problemas de asma, en la 165, y otros casos en San Vicente (Grupo Dota).  

El delegado Hugo Wurtz relató que «al principio los llamaban por teléfono para que se presenten» y luego «cambiaron su postura y comenzaron a decir que la empresa estaba mal». «Mienten e intentan que la gente vuelva de una manera ilegal. No lo hacen como deberían, a través de un telegrama, sino todo de palabra. Les dijimos que si no los citan de manera formal no tienen por qué presentarse porque el decreto sigue vigente», contó el delegado. 

Además, denuncian que la empresa no cumple con las mínimas condiciones sanitarias en sus unidades, lo que afecta a los trabajadores, pero también a los usuarios. 

Por esa situación, ya había habido un brote de contagios el año pasado. 

La ley es clara. La resolución del Ministerio de Trabajo 207/2020 suspende el deber de asistencia al lugar de, con goce íntegro de sus remuneraciones, a todos los trabajadores y las trabajadoras que tengan las siguientes condiciones: 

   a. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que sean considerados “personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento”. Se considerará “personal esencial” a todos los trabajadores del sector salud. (…) 

   c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional. 

Además, el propio Ministerio de Salud aclara que “los trabajadores y las trabajadoras mayores de 60 años de edad, embarazadas o incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes, están dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo…” 

Durante el viernes 12 desde el Sindicato del Petróleo y Gas Privado Santa Cruz se puso en marcha una medida de fuerza contra la empresa San Antonio Internacional, luego vencerse los plazos administrativos para resolver distintos reclamos que se vienen presentando desde hace tiempo por la organización sindical. 

Se trata de falencias en cuanto a los salarios de los trabajadores, condiciones laborales, y en general una gran cantidad de irregularidades que viene teniendo la contratista en sus actividades cotidianas. 

“Esta es una empresa que no está cumpliendo con sus obligaciones” señaló el Secretario Adjunto de Petroleros, Rafael Guenchenen. “Esperamos que las autoridades se pongan firmes, y nos ayuden a hacer respetar los derechos de los trabajadores, ante esta actitud autoritaria que viene demostrando desde hace tiempo San Antonio Internacional”. 

Desde el inicio de la pandemia, los trabajadores de la histórica pizzería La Continental vienen reclamando por sus derechos, contra los atropellos de la empresa que no respetaba siquiera los mínimos protocolos. 

La Continental cuenta con casi 20 sucursales en Ciudad de Buenos Aires, por estar catalogado entre los esenciales, nunca dejó de vender, durante todo el año pasado amenazó a sus empleados que reclamaban por barbijos y guantes para trabajar seguros, con despedirlos o cerrar sucursales. 

El viernes pasado los trabajadores de la sucursal de Avenida de Mayo, se presentaron como todos los días y se encontraron con el local cerrado. La empresa, luego de un año entero de ventas, poniendo incluso en riesgo la salud de los trabajadores, por negarse a respetar las medidas necesarias para evitar los contagios deja a 40 familias en la calle. Los trabajadores se manifestaron en las puertas de la sucursal, exigiendo la inmediata reincorporación. 

El martes 16 de febrero los directivos de la compañía suiza Just, dedicada a la producción de aromaterapia, despidieron a 52 trabajadores de la planta de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza. El anuncio se dio a través de la plataforma Zoom. 

A través de un comunicado, las y los trabajadores expresaron: «En una comunicación de no más de 10 minutos o 20 minutos, se indicó que nos iban a liquidar nuestros salarios incluyendo una promesa de estar incluidos en el nuevo staff de la empresa tercerizada conocida como TRANSFARMACO contratada para suplir nuestra actividad». 

En el mismo, agregaron: «La realidad es que no quieren asumir el costo de blanquear el despido masivo que están realizando, buscan que firmemos nuestras renuncias y empezar a trabajar desde cero en una empresa que se encuentra en el Partido de Escobar». 

Las y los trabajadores de Just manifiestan que, en la nueva compañía, no tienen garantizados los puestos laborales y que podrían ser despedidos una vez finalizado el periodo de prueba. A su vez, señalan la inviabilidad de ser trasladados a 60 kilómetros de su espacio de trabajo. 

A través de un comunicado de prensa, titulado ¿esto nos trajo la fusión?, el Frente de Trabajadores Aeronáuticos (FTA) denunció el despido de dos trabajadores. Se trata de Gastón Lambiase, delegado de oficina técnica, y de Federico Lambiase, ambos empleados de Austral, a quienes el pasado 15 de febrero les fuera negado el ingreso alegando que ya no pertenecían a la planta permanente. 

Hasta el momento, la empresa no ha emitido los correspondientes telegramas de despido. Sin embargo, Gastón y Federico Lambiase se suman a los cinco “mecánicos que fueron despedidos por parte de ARSA el año pasado, Ercole, Radaelli, Sosa, López y Nicolino”. Además del intento de desafuero que los directivos encabezaron contra los delegados de base Gastón Kuttnick y Guido Cofre. 

En el comunicado manifestaron que “desde mayo del año 2020 cuando la supuesta «sinergia» que traería la fusión Aerolíneas Argentinas – Austral, fue anunciada con entusiasmo y alegría, no tan solo por la empresa y el gobierno, sino, también por las comisiones directivas de los distintos sindicatos de los trabajadores aeronáuticos, algunos de ellos mostrando su real apoyo y otros, solamente guardando silencio de una manera cómplice y cobarde”. 

En el mismo comunicado expresan que “detrás de esta «sinergia» se esconde un plan perverso de vaciamiento tanto de Austral como de Aerolíneas Argentinas”. Y se preguntan, “¿Hasta cuándo los y las trabajadoras seguiremos soportando estos ataques a nuestros compañeros y a nuestros delegados elegidos democráticamente? ¿Cuándo la Comisión directiva de APTA estará a la altura de las circunstancias y empezará a defender a sus afiliados?”. 

Sobre el final del comunicado, desde el Frente de Trabajadores Aeronáuticos resaltan que “depende de las bases defender nuestros derechos, que lamentablemente ninguna Comisión directiva lo hará”. Mientras que, a su vez, denuncian una “paz social” firmada a espaldas de los afiliados y exigen la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y el cese de las persecuciones gremiales y políticas. 

El conflicto salarial entre la Asociación de Guardavidas de Pinamar (AGP) y Asociación de Concesionarios de Playa de la misma localidad sigue sin resolverse, los trabajadores continuaran con medidas de lucha hasta tener una respuesta satisfactoria y se paguen todos los salarios adeudados. 

El paro será «total» como explicó Fernando Espinach, Secretario de Organización de los guardavidas, «En asamblea hemos resuelto realizar este jueves un paro tanto en el sector privado como público» son en total 48 balnearios: 41 concesionados y 7 privados los que quedarían sin servicio. 

“A tres meses de iniciada la temporada, todavía estamos con salarios de 2019. Es esa la paritaria que tenemos que recomponer”, explicó Espinach. 

“Todas las excusas y argumentos para no recomponer los salarios han ido cayendo», afirmó y agregó que primero hablaban de que no iba a haber temporada a causa de la pandemia «pero la temporada va a seguir hasta el 5 de abril, como estaba prevista” y después “que no iba a venir nadie a Pinamar» lo que quedó ampliamente desmentido con la gran afluencia de turistas a la ciudad balnearia. 

Patronales 

Andrés Zavattieri, gerente general de Mendoza Plaza Shopping, confirmó que Falabella cierra sus tiendas en todo el país. El holding chileno Falabella, dueño de Sodimac, tiene en venta además la cadena regional de venta de artículos para la construcción y pretende recibir las propuestas de compra el próximo 22 de febrero. 

El Gobierno estableció hoy una compensación de emergencia por 900 millones de pesos al autotransporte de pasajeros de jurisdicción nacional, con el fin de “sostener las estructuras y los puestos de trabajo” en el sector, muy afectado por las restricciones impuestas por la pandemia. 

Se trata de una compensación de emergencia en el marco del Régimen de Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia, con destino a las empresas de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter inter jurisdiccional de jurisdicción nacional, a abonarse por única vez, en dos cuotas. 

Transporte justificó la compensación al sostener que las Cámaras representativas del sector “manifestaron la imposibilidad de las empresas de absorber los déficits ocasionados por la pandemia declarada y la necesidad de realizar esfuerzos para mantener la actividad que conecta a más de 1.800 localidades, constituyendo el servicio básico esencial de transporte de larga distancia en un país tan extenso”. 

Como resultado de la inscripción de enero, el Repro II alcanzará a 10.065 empresas, lo que implica la asistencia a 321.472 trabajadores. Esta asistencia superará los 3.600 millones de pesos. 

Lossectores críticos que más inscripciones registran al Repro II son: turismo, con 2.028 empresas y 49.343 trabajadores, salud con 699 empresas y 75.715 trabajadores, deportes con 524 empresas y 17.432 trabajadores y cultura, con 335 empresas y 6.555 trabajadores. 

Paritarias 

La Asociación Bancaria cerró la primer paritaria del 2021 con un incremento del 29%. Este consistió en un 29% de aumento salarial, dividido en tres tramos: enero 11,5%, abril 11,5% y agosto 6%. También incluye una recomposición del 2,1% correspondiente al 2020 e incluye dos cláusulas de revisión pactadas para septiembre y noviembre. El salario básico a agosto será de 106.136,36 pesos. 

El acuerdo estuvo en sintonía con la referencia inflacionaria planteada por el Gobierno nacional en el presupuesto 2021, con una inflación del 29%. Algunas estimaciones privadas hablan de una inflación más alta, de allí que las cláusulas de revisión contempladas puedan ajustar la evolución de salarios a la de los precios. 

Después de meses de lucha, las trabajadoras y los trabajadores de GPS consiguieron un 38 % de aumentos, en el marco de las paritarias correspondientes al año 2020. 

Esta pelea se dio en el marco de la unidad de GPS Ezeiza y Aeroparque y en coordinación con otras empresas en lucha como Latam y Securitas, después de haber realizado cortes, movilizaciones y paros todos estos meses. 

Los trabajadores estuvieron un año con las paritarias vencidas, siendo esenciales y parte de la operativa aeronáutica de los vuelos de repatriación y ahora de la distribución de la vacuna para combatir el Covid-19 en todo el país. 

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) que lidera Armando Cavalieri y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), firmaron el 28 de enero el cierre de la paritaria anual del sector (de abril 2020 a marzo 2021), con un incremento que eleva el piso salarial de convenio a $60.513 (incluido presentismo) a partir del mes de abril. 

Según explicaron fuentes gremiales, con este nuevo acuerdo un personal de maestranza que en abril de 2020 cobraba $41.790 de sueldo básico, pasa a cobrar $60.513 en abril de este año, cuando se volverán a reunir a negociar. 

Desde el gremio mercantil señalaron que, de punta a punta, la paritaria implica un incremento del 35%. 

El acuerdo salarial global al que abordaron la Federación y las tres cámaras empresarias de la actividad mercantil contempla un aumento del 21% a partir de enero 2021, que se abonará en 3 cuotas de 7% (enero, febrero y marzo). 

Además, se pactó la incorporación al salario de la suma fija de $ 5.000 mensuales que se venía otorgando desde octubre último y llega hasta marzo próximo. 

La Asociación Supervisores de la Industria Minera, Metalúrgica y Mecánica (ASIMRA) prorrogó hasta marzo el acuerdo para el pago del 75% del salario para los empleados que no prestan contraprestación por estar licenciados. 

A cambio de la prórroga, las empresas reconocieron mayores costos a las obras sociales y elevaron de $107 a $116 «por trabajador y por cada día de suspensión el monto de la contribución extraordinaria a cargo de las empresas» que se estableció en el acuerdo original y que irá destinado a la Obra Social OSSIMRA «para afrontar los mayores costos de la atención de la salud en el marco de la emergencia sanitaria vigente». 

El acuerdo, fue firmado por la ASIMRA, que encabeza el Secretario General, Luis García Ortiz, con las cámaras patronales Adimra, Fedehogar, Camima, Afarte, Afac y Caiama. «Las partes acuerdan reunirse al cabo de los sesenta (60) días de vigencia de la presente prórroga, para monitorear la evolución de la actividad productiva y revisar la adecuación del Acuerdo a las condiciones de contexto entonces vigente», establece el punto 4 del entendimiento entre trabajadores y empresarios. 

Los operarios y operarias químicas de la rama fabricante de acumuladores eléctricos o baterías obtuvieron un incremento salarial récord del 52,5%. 

El Fatiqyp cerró en agosto último la segunda parte o reajuste 2019/20 con un incremento del 25 %, lo que impactó de forma directa sobre los ingresos básicos, en octubre alcanzó un acuerdo del 10 % para septiembre, otro 10 % para noviembre y un 7,5 % para enero. 

Las mejoras que se incorporarán al salario básico, impactarán en la totalidad de los adicionales, en tanto hacia mediados de enero de 2021 se revisará el acuerdo y otorgará un bono de 8.000 pesos en la primera quincena de febrero. Además, percibirán otros 4.000 pesos en la primera quincena de marzo próximo. 

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Sindicato Electricistas Electronicistas Navales (SEEN), el Sindicato de Conductores Navales (SiCoNaRA) y el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales cerraron acuerdos paritarios con las dos Cámaras empresarias más importantes, mientras una de ellas terminó con un conflicto. 

Con la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) y la Cámara Argentina de Empresas Navieras y Armadoras (Caena) que representan al sector de las petroleras, lograron un acuerdo «poniendo fin al sistema de ajuste salarial por IPC», que arrojó que el aumento correspondiente para el período abril – octubre 2020 era de 17,57 %. 

En este caso, para el período noviembre 2020 – marzo 2021 el incremento llegará a un 38,83% anual entre abril del año pasado y marzo del corriente con un esquema de 6% en diciembre, 4% en enero, 3,5% en febrero y 3,5% en marzo. También habrá un reajuste del SAC que se abonará antes del 15 de enero. 

Respecto al sector de remolcadores, que estaba en conflicto, el incremento anual será de 44,24%. En diciembre 2020 tendrán un 6%, en enero 2021 otro 6%, en febrero un 5,5% y en marzo un 3,5%, con la misma salvedad respecto al SAC. Por otra parte, «los días abarcados durante la medida de fuerza no serán descontados». 

Fuentes: Anred, argentina.indymedia, Infogremiales, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Clarín,  APU