La radiografía del agro en Formosa muestra el avance del agronegocio transgénico y la ganadería, previo desmontes masivos, y una política de Estado que desoye a los productores agroecológicos, campesinos y pueblos originarios. Los establecimientos productivos de menos de 100 hectáreas, que representan el 54% del total, cuentan con solo el 2% de la tierra.
Formosa, etimológicamente, significa hermosa. En el portal web provincial, desde el logo y a lo largo de sus comunicaciones institucionales, las autoridades resaltan con énfasis ese adjetivo. Los responsables del área productiva se presentan en su página de internet: “Las vacas pastan tranquilas bajo el algarrobal. A unos pocos metros de ellas, una joven de pelo negro y dulces ojos color miel las observa y analiza, toca la tierra, comprueba su humedad y hace una mueca de satisfacción”.
Pero, desde el territorio, las voces campesinas y las estadísticas de afectaciones sobre los bienes naturales comunes señalan otra cosa. Dicen presente la deforestación, la concentración de tierras, el monocultivo, la ganadería industrial y los impactos directos del modelo hegemónico de producción sobre la vida de los pequeños productores y pueblos indígenas. Esta realidad provincial describe un presente que se aleja de la prosa poética que publicitan desde el Gobierno.
Emergencia agropecuaria y pobreza
El Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor) resume contundente en su declaración pública de emergencia, el 27 de agosto de este año. “El campesinado formoseño, los que aún quedan en los puestos, parajes y colonias en el territorio formoseño, viene atravesando varios años de situaciones de emergencia o desastre agropecuario”.
Enumeran como causas del desastre a las reiteradas y prolongadas sequías, las altas temperaturas, los incendios y la inflación; los elevados precios del combustible, los insumos agrícolas y el forraje para la ganadería menor y mayor. “Si el Estado no recurre a rescatar a los pequeños productores los próximos años seguirán desapareciendo colonias, parajes y comunidades rurales. Lo que está en juego es el autoabastecimiento, la seguridad y soberanía alimentaria de los formoseños”, afirman.
Formosa ha sido y es una de las provincias argentinas con más campesinado organizado. Con la creación del Movimiento Rural de Acción Católica (MRAC) y la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (Ulicaf), se iniciaron en la década del 70 las resistencias campesinas y luchas por reivindicaciones del sector que continúan vivos, pese a los sistemáticos embates para acallarla. También es pionera en experiencias de comercialización directa, del productor al consumidor, las ferias francas que se realizan desde fines de los 90, algunas de las cuales fueron apoyadas por el Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (Paippa).
Pero las principales apuestas productivas de la provincia, gobernada con omnipresencia clientelar por Gildo Insfrán desde hace más de 25 años, se centran en otros actores. La actividad se concentra principalmente en la ganadería extensiva y el desarrollo de cultivos intensivos, algodón, maíz y soja.
La consecuencia de ese modelo hegemónico es la desaparición de montes y biodiversidad, ganancias concentradas en pocas manos y la desaparición de familias campesinas e indígenas, que justamente son quienes pueden contribuir en forma decisiva en la lucha contra el hambre, la creación de fuentes de trabajo y el autoabastecimiento provincial con alimentos sanos y a precio justo.
Mientras, los porcentajes que duelen porque no son números sino personas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), con base a datos del primer semestre de 2021, en Formosa el 47,4 por ciento de las personas son pobres y el 15 por ciento es indigente. Según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), en Formosa solamente el 55 por ciento de las familias logra cubrir las cuatro comidas diarias, mientras que un 26 por ciento completa tres comidas, 17 por ciento cubre dos platos al día y un dos por ciento consume solo una comida.
Un plan ganadero dominado por grandes empresas
Formosa cuenta con un stock ganadero bovino que representa el tres por ciento del total nacional, manteniéndose relativamente constante en los últimos años. Las razas que predominan son Brangus y Braford, debido a que estas cruzas con cebú son las que mejor se adaptan a la zona.
Por las características del suelo históricamente se desarrolló una ganadería orientada hacia la cría, de tipo extensiva con baja adopción de tecnología y escasa utilización de pasturas implantadas. El engorde y faena de los terneros suelen realizarse en provincias vecinas. Salta, Chaco y Santiago del Estero reciben cerca del 50 por ciento de los terneros formoseños para invernada.
El plan provincial para la actividad prevé Incrementar el stock ganadero provincial a 3.500.000 cabezas de ganado bovino como máxima, 3.000.000 de cabezas como escenario más probable y 2.500.000 cabezas de mínima.
En la provincia predominan los pequeños establecimientos pero la concentración es un dato abrumador. El 64 por ciento tiene menos de 250 cabezas, representando apenas el 26 por ciento del stock provincial. En el otro extremo, el cuatro por ciento de los establecimientos tiene más de 1000 cabezas y concentran el 44 por ciento del rodeo de Formosa.
La relevancia de la cadena caprina en Formosa está vinculada a su rol social más que a su impacto económico. Es una actividad que está desarrollada por pequeños productores, en general como actividad mixta y de subsistencia. También se destaca por extensión territorial: ocupa el 70 por ciento de la superficie de la provincia. La actividad más desarrollada es la cárnica, aunque también hay pequeños desarrollos de producción de leche y queso de cabra.
Agricultura transgénica
La agricultura formoseña comienza su desarrollo a mediados del siglo XX con la expansión del cultivo industrial del algodón, que rápidamente adquiere características de monocultivo, al igual que la banana en la zona noreste.
Históricamente la producción del algodón, para combatir plagas, incorporó la dependencia a agroquímicos biocidas y se desarrolló siempre con andamiajes de políticas públicas que no fueron destinadas a evitar la concentración del sector. Tras la adquisición de la semillera Mandiyú por parte de Monsanto en los ’90, el propio estado provincial se vuelve a constituir en aliado de las empresas de agrotóxicos y se adopta el algodón transgénico como regla.
Actualmente al algodón se le suma la soja y en mayor medida el maíz. También se destaca el cultivo del arroz, loa pomelos y frutas tropicales como la papaya. La horticultura ocupa un lugar marginal asociado al autoabastecimiento.
La producción agrícola se dio en un marco de profundas disparidades en la existencia de infraestructura productiva y social, las cuales reforzaron la construcción de un patrón socio-demográfico en el que el rasgo característico fue la tendencia a la concentración de la población en las zonas relativamente más desarrolladas. Patrón que se traslada hasta la actualidad.
El modelo de cultivos intensivos con uso de agrotóxicos es predominante. Los emprendimientos registrados por el Censo Nacional Agropecuario 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en unidades, son solo 22 de agricultura orgánica y diez de agroecología en toda la provincia.
Marisa Fogante está al frente de una de esas chacras desde 2007. Trabaja alrededor de 20 hectáreas, en la zona de Laguna Nainek (Laguna Blanca), casi en el límite con Paraguay. Produce mayormente frutas tropicales y asiáticas, entre otros cultivos. Bananas, mangos, carambola, toronja, lichis, mandioca, batatas y cabuto. Todo de manera agroecológica y biodinámica. “El apoyo a la agricultura que no utiliza agroquímicos biocidas es, a nivel provincial, casi nulo. Hay emprendimientos wichís, por ejemplo, que trabajan la producción de miel de monte, que no reciben ninguna atención. Hay un potencial, en esa producción y también en las hierbas medicinales que no está siendo percibido”, explica.
Fogante certificó en el arranque su producción orgánica e intentó contagiar en la zona. “Quedé como la única productora que apostaba a la agroecología. Me contacté con varios productores, para que hicieran un manejo que no dependa del paquete tecnológico (que incluye agrotóxicos), inclusive con un productor de bananas, pero el modelo está muy instalado. ¡No nos creían que nuestro rinde era bueno sin usar químicos!”, recuerda.
Señala que no hay desde las autoridades políticas un compromiso que apueste a la producción saludable, por el contrario. “La Provincia cuándo asiste a los pequeños productores les entrega agroquímicos, ¡todos los que se te ocurran! Hacen una jornada en un campo y te entregan las botellas de agroquímicos para que apliques”, relata con pesar y asegura: “Formosa tiene el potencial de posicionarse como productor de alimentos orgánicos y con gran diversidad.”
Remarca que hay una pequeña semilla. “La única política pública es un programa del Ministerio de Educación de producción biodinámica y alimentación sana, en escuelas agro técnicas inicialmente y que luego se extendió a todas las escuelas y niveles”, destaca. En muchas de esas escuelas, de la veintena de establecimientos participantes, relata la productora frutícola, el alumnado consume sus propios alimentos saludables. Y sincera el vaso medio lleno y el medio vacío: “Eso está generando un movimiento muy lindo para la agroecología, pero el Ministerio de Producción ni lo registra”.
Propiedad de la tierra
Es de destacar la gran concentración de las tierras en Formosa. Muchas hectáreas en pocas manos. Desde el inicio de la actividad, “la suerte estaba echada en cuanto a lo que se refiere a distribución de la tierra”, escribe Pablo Lapegna en su libro “La Argentina Transgénica”. “Desde su creación, e incluso hasta hoy, una estructura agraria social polarizada domina la provincia de Formosa: las pequeñas propiedades de hasta 100 hectáreas, que históricamente representaron alrededor del 70 por ciento de los campos, solo controlan entre el tres y el cuatro por ciento de la tierra. Las grandes extensiones de 1000 hectáreas (o más), por su parte, conforman entre el 10 y el 15 por ciento de los campos, pero suman alrededor del 80 por ciento de la tierra cultivable”.
Los datos se estiman en base a los censos agropecuarios de 1940, 1947, 1960, 1969, 1974, 1988 y datos de 2002. Por su parte, el Censo Nacional Agropecuario 2018, refleja que esa brutal concentración continúa. Formosa, al 31 de diciembre de 2017, contaba con 7419 Explotaciones Agropecuarias (EAP) que involucran la ocupación de una superficie de 4.434.917 hectáreas.
Los campos de hasta 100 hectáreas, que representan el 54,35 por ciento de las unidades productivas de la provincia (4032 EAP), ocupan el 2,15 por ciento de las tierras. En el otro extremo, el de los grandes terratenientes y empresas, solo 51 campos de 10.000 hectáreas (o más) concentran un millón de hectáreas.
Desmontes Sociedad Anónima
Argentina se ubica entre los diez países que más desmontan en el mundo. Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, en Argentina se arrasaron 3.367.308 hectáreas de bosques nativos desde la aprobación de la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta diciembre del año 2021.
El 75 por ciento de la deforestación se produjo en cuatro provincias: 936.125 hectáreas en Santiago del Estero, 694.834 en Salta, 449.646 hectáreas en Formosa y 444.651 hectáreas en Chaco.
Las 449.646 hectáreas desmontadas entre enero 2008 y diciembre 2021 en Formosa implican unas 32.000 hectáreas por año.
“Formosa tiene una ley provincial tan permisiva que actualmente se desmonta cuatro veces más que antes de la sanción de la Ley Nacional de Bosques. La deforestación es un verdadero ecocidio, que genera cambio climático, inundaciones, enfermedades, desalojos de campesinos e indígenas, pérdida de alimentos, maderas y medicinas, y desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté”, afirma Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Según la organización, casi la mitad de las hectáreas desmontadas en Formosa son ilegales porque se hizo en zonas que, según la normativa vigente, debían protegerse. Mediante la comparación de imágenes satelitales, Greenpeace estimó que, entre enero y junio de 2022, la deforestación en Formosa alcanzó las 10.056 hectáreas.
El monte es vida
La desaparición de montes por el corrimiento de la frontera agrícola ganadera destruye la biodiversidad y el modo de vivir de las comunidades señalan desde la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD).
Los wichí, qom, pilagá, y nivaĉle sufren de ese despojo en una de las provincias argentinas con más presencia de pueblos indígenas. ¿Cuántas comunidades viven en Formosa? ¿Cuántos son? El Estado, incumpliendo largamente la Ley Nacional 26.160, no lo sabe.
Pablo Chianetta, médico veterinario, integrante de APCD ilustra categórico: “Sobre las 180 comunidades efectivamente registradas en el INAI —de unas 200 que habitan la provincia— solo se terminó el relevamiento de una”.
Desde la ciudad de Las Lomitas, con sus más de tres décadas de trabajo junto a pueblos wichí y nivaĉle y pequeños productores ganaderos criollos, Chianetta explica la relación de esas comunidades con la actividad agrícola y el ambiente. “Su cultura productiva tiene que ver con la recolección de frutos y miel, la pesca, la silvicultura, la caza de animales salvajes del monte. Por lo tanto la desaparición de éste afecta sensiblemente al circuito económico socio cultural de la comunidad”.
Ya sea por el formato clásico de conquista, que implica la reducción de tierras acotadas a reservas, la relocalizaciones que los alejan de los montes o ríos, o la destrucción de los montes y también de la biodiversidad: todo repercute negativamente en la capacidad de proveer alimentos (como tenían en décadas pasadas) y los pueblos indígenas han tenido que reinventar su territorialidad.
“¿Cómo voy a educar a mi hijo cuando mi cultura pasa por la relación con el monte y ya no lo tengo?”, explica el responsable de APCD. “El monte es la tierra con historia en dónde se proyectaba ese pueblo para vivir. Allí además se enseñaba como relacionarse. Si no está, se produce un quiebre. Cuando fue el boom de la soja, hace unos 15 años, y con la expansión de la ganadería de escala, la perdida se incrementó”, recuerda.
Y reflexiona: “El modelo hegemónico prácticamente hizo desaparecer el 70 por ciento de bosques en menos de 100 años. Las comunidades vivieron de su entorno miles de años, conviviendo con el monte, respetando sus tiempos y los ciclos, sin alterar la naturaleza. Algo nos pueden decir estos pueblos, y sin embargarlo siguen sin escucharlos”.
“Los conocimientos ancestrales fueron modificados por otros saberes que han modificado el hábitat”, dice Osvaldo Segovia, docente wichí y formador de educadores, de la comunidad de El Potrillo, un pueblo a 100 kilómetros de Ingeniero Juárez. “Nosotros, al contrario que la ciencia occidental, basamos la construcción de saberes en la relación que tenemos con el ambiente. Arraigada con el lugar. Tenemos palabras, formas, expresiones relacionado con eso”, afirma.
Con tristeza evoca el entorno que ya no está. Los pastizales originales que contaban los antiguos, que desaparecieron con la llegada del ganado de engorde, el río Pilcomayo que se quedó sin vida. “Gran parte de la naturaleza está destruida y con eso desaparece el escenario del conocimiento”, relata Segovia, con voz pausada y grave.
“Hoy los niños no saben cuántos peces hay en el río. Se lo contamos con nuestro conocimiento del pasado pero ellos ya no lo viven. Los elementos no están y esos nombres van desapareciendo también porque ahora son conceptos abstractos. Lo mismo pasa con los animalitos del monte que ha sido destruido”, lamenta.
El docente wichí remarca que “este problema es muy serio” y no afecta solo a su comunidad, sino a todos. “A través de los años hemos vivido y sobrevivido con la naturaleza, en dónde están nuestros saberes y se construye nuestra cultura. A los no indígenas, que lideran o son autoridades del Estado, les decimos que nos consideren, que tenemos derechos a seguir manteniéndonos como pueblos wichís, a mantener nuestra identidad”, concluye.