La obsesión de Federico Delgado por la «(im)posibilidad» de investigar la deuda

El verano porteño derretía los asfaltos; bajo tierra, en el subte que une las estaciones Leandro N. Alem y Juan Manuel de Rosas, el clima era de asfixia y el flaco de 33 años en ese 2002, se desató la corbata, se sacó el saco, se sintió aliviado, muchos pasajeros lo hacen al terminar sus jornadas laborales… el tema es que él, no se lo puso nunca más, ni para entrar a Comodoro Py, donde se desempeñaba como adjunto en la Fiscalía Federal 6. Cuando la impertinencia de una eterna almorzadora televisiva, incrédula y despectiva le enrostró un “¿Usted es fiscal…? al recibirlo en su mesa,  Federico Delgado (que de él habla esta crónica), de remera y jeans, le devolvió un “Fue una de las rupturas que hice en mi vida”. Aludía a una conclusión que compartía con sus íntimos: “el traje es parte de vivir en la mentira”.

Dos décadas después, el domingo 27 de agosto, el abogado y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad (pública) de Buenos Aires (UBA) murió. Era titular de la misma Fiscalía Federal de la que era adjunto aquella jornada tórrida en la tramitaba la causa por las coimas en el Senado durante el gobierno de Fernando De la Rúa. A pesar de la juventud en la que se produjo su tránsito, su compromiso, decisión y (también) curiosidad, le dieron tiempo para construir un currículo que impacta, tanto por la abundancia de casos que investigó como por la importancia vital para el país que tenían la mayoría de ellos.   

Su máxima preocupación, desde hacía 23 años, fue el endeudamiento externo, como fraude económico y financiero, perjudicial para el país. Desde su despacho acumuló  pruebas, destapó documentos, convocó peritos, trató de empujar las causas que las instancias judiciales ignoraban, cuando no trataban de ocultar. La deuda externa e ilegítima como  herramienta de control de las economías dependientes fue su obsesión, potenciada al infinito por José Alfredo Martínez de Hoz el ministro de Economía de la dictadura cívico militar que encabezó junto al ex general Jorge Videla. 

El 4 de abril de 1982, dos días después del desembarco militar argentino en Malvinas,  el periodista nacional Alejandro Olmos presentó una denuncia contra Martínez de Hoz ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Capital Federal. La causa terminó en manos del juez Jorge Ballestero que, 18 años después declaró la deuda como “ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta”. Claro, los “tiempos” judiciales hicieron que la prescripción dejara a los culpables sin castigo.

Durante los años ´90 uno de los peritos del Banco Central de la República Argentina y coatutor de esta crónica, el contador Omar Miliano, fue citado a prestar declaración testimonial en la causa, sobre la que había investigado años antes como integrante del cuerpo de inspectores del Central creado por el presidente Raúl Alfonsín en 1984 y que detectó créditos ficticios y otras maniobras dolosas por u$s 6.000 millones que, sin embargo, fueron registradas como legítimas y cargadas a la deuda pública. El funcionario aportó datos preciosos para demostrar esas maniobras que terminaron convirtiendo al endeudamiento ilegítimo en legítimo. Por ejemplo, recuerda, “salieron a la luz las cuestiones de los ´autopréstamos´ que concertaban las empresas de conocidos grupos económicos o la falta de documentación de respaldo de préstamos millonarios”.

… Melconián siempre está

Con ojos de un presente en plena carrera neoliberal para llegar a la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre, adquiere mayor relieve la participación de la supuesta “bala de plata” de Patricia Bullrich en el relanzamiento de su derrotada campaña: Carlos Melconian, promesa de ministro de Economía si el macrismo salvase todos los escollos que se le presentan. La documentación que se detectó durante las investigaciones de aquellos años, demostraron que fue uno de los principales responsables de legalizar el proceso de estatización de la deuda externa privada, que ideó Domingo Cavallo como presidente del Banco Central de la dictadura. El entonces joven economista, fue jefe del Departamento de Deuda Externa de la entidad y se encargó de “archivar” las investigaciones sobre fraudes cometidos por multinacionales y grupos económicos locales con los seguros de cambio a principios de los ochenta, que iban de IBM, Esso, Kodak, Renault y Cargill a Pérez Companc, Bridas, Macri y Aluar.

Poco tiempo después de dar testimonio, Miliano supo que el fiscal Delgado, quien había tomado contacto con esas declaraciones le hizo llegar sus felicitaciones, señalando que “son eran pocas las personas que se comprometían de esa manera, que era muy valiosa la información brindada para que él pudiera hacer su trabajo”, además de sugerirle que se “resguardara” de posibles ataques institucionales.

Captura de pantalla, 05/11/16 (https://www.youtube.com/watch?v=DKp1vW6lYkw)

Del terrorismo de Estado a los MacriPapers 

En 20 años Federico Delgado no se privó de posar su lupa sobre muchos de los principales hechos que dañaron al país y su democracia; algunas de las verdaderas medallas que ya dignifican su memoria son: 

• Promovió la investigación del llamado GRUPO PERRIAUX, en alusión a Jaime Perriaux, ministro de “Justicia” de la dictadura de la Revolución Argentina (28 de junio de 1966 / 25 de mayo de 1973), que dio sustento ideológico a la dictadura de Jorge Rafael Videla. Amigo de Martínez de Hoz y figura clave en los acuerdos y consensos políticos entre los grupos económicos y el ala militar videlista antes del golpe, que se reunían entre 1971 y 1977 en una propiedad de Carlos Pedro Blaquier, responsable, con otros directivos de su ingenio Ledesma, de múltiples delitos de lesa humanidad.
• Fue protagonista, junto al juez federal Daniel Rafecas, de la MEGACAUSA DEL “PRIMER CUERPO DE EJÉRCITO”, la mayor relacionada con crímenes de lesa humanidad, que en todo su proceso tuvo 1.701 víctimas judicializadas, investigó los centros clandestinos de detención y tortura «Atlético, Banco y Olimpo», «Vesubio», «Automotores Orletti», «Hospital Posadas», «Coordinación Federal», «Garage Azopardo», circuito «Subzona 1.3», circuito de la «Subzona 1.4», «Brigada Güemes-Cuatrerismo», «Sheraton», «Mansión Seré» y circuito represivo de Zona Oeste y condenó, entre otros, a Miguel Etchecolatz, Reynaldo Bignone, Jorge Rafael Videla, Albano Eduardo Harguindeguy, Jorge Carlos Olivera Róvere, Juan Bautista Sasiañ, Carlos Guillermo Suárez Mason,  Omar Domingo Rubens Graffigna y Juan Alfredo Etchebarne.
• Impulsó investigaciones sobre DELITOS SEXUALES COMETIDOS POR LOS REPRESORES sobre las víctimas que mantenían desaparecidas en centros clandestinos de detención durante la última dictadura.
• Reclamó la indagatoria de los directivos de EMPRESAS QUE COLABORARON CON EL RÉGIMEN como Mercedes Benz o Ford.
• Reunió documentación sobre la INFILTRACIÓN EN MADRES DE PLAZA DE MAYO y la aportó a la megacausa ESMA. Solicitó información al Episcopado y desmontó la maniobra de la dictadura que fotografió a las monjas francesas  Alice Domon y Léonie Duquet, secuestradas en la ESMA, con una bandera de Montoneros.
• Fue fiscal en la causa por el PLAN SISTEMÁTICO DE ROBO DE BEBÉS, en la que dio por probado que durante aquel período se instrumentó un “plan global de aniquilamiento”, en el marco del cual se estableció el robo de recién nacidos para cortarles “sus lazos de sangre” y pidió la elevación a juicio oral de siete ex jerarcas de la última dictadura, entre ellos Reynaldo Bignone y Jorge “Tigre” Acosta. 
• Entrevistó a seiscientos ex conscriptos y empleados del aeropuerto de El Palomar, para exigirle al juez de la causa que considerara probados los VUELOS DE LA MUERTE originados en esa base.

Junto a la investigación de crímenes de lesa humanidad, tuvo participación decisiva en la investigación de otros temas, con el endeudamiento externo ilegitimo como bandera. El tratamiento de su trabajo, la elevación o no a juicio de sus propuestas, los fallos logrados o frustrados quedan fuera de su órbita de acción, no así los análisis que realizó de los “tiempos” judiciales, la probidad de sus actores y las presiones e imposiciones de sectores partidarios y económicos sobre magistrados y fiscales.

• Imputó a Fernando De la Rúa y Domingo Cavallo en la CAUSA DEL MEGACANJE, como “coautores” del delito de “defraudación contra la administración pública” por esa operación que agrandó el monto de la deuda pública a través de un mecanismo de postergación de vencimientos y emisión de nuevos bonos.
• Investigó los sobornos del gobierno de la Alianza en el Senado en 2001, conocidos como CAUSA BANELCO, que terminaron con la salida de Carlos “Chacho” Álvarez del gobierno. 

• Peleó para que se investiguen las responsabilidades de Mauricio Macri en los PANAMÁ PAPERS, la denuncia global de cuentas off shore hacia las que se desvían miles de millones de dólares obtenidos en operaciones ilícitas o con el objeto de evadir impuestos. Reclamó que se profundizara la presunta “omisión maliciosa” en sus declaraciones juradas.

• También accionó «contra todos los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, encabezados por el presidente Macri, por la “delictiva NEGOCIACIÓN CON LOS FONDOS BUITRE, que se intenta aprobar a instancias del Juez Municipal (neoyorquino) Thomas Griesa».

• Denunció el asedio en su contra del ex director del ESPIONAJE MACRISTA, el procesado a sus instancias Gustavo Arribas, y del propio juez Claudio Bonadío a quien acusó de «inventar» una causa y de «persecución» judicial.
• Impulsó medidas de prueba contra el ex secretario de Obras Públicas del gobierno kirchnerista, José López, quien fue condenado por el juez Daniel Rafecas por casos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO tras su pesquisa.
• Reclamó la investigación de SOBORNOS en los casos del SOTERRAMIENTO del TREN SARMIENTO, las OBRAS DE AYSA y la AMPLIACIÓN DE GASODUCTOS en el NOA-NEA, conocida como Skanska II y la indagatoria de 29 imputados por posible defraudación contra la administración pública. Lo hizo en el marco del soborno global del gigante brasileño ODEBRECHT, que confesara el pago de coimas en 12 países para garantizarse contratos de obra pública. En esa oportunidad, Delgado  aseguró que «el sistema político-empresario en su conjunto» estaba  afectado por los pagos de ese pulpo de la construcción.
• Fue responsable de indagar la TRAGEDIA DE ONCE junto al juez Bonadío, una causa que condenó a los funcionarios del área de Transporte que dependían del Ministerio de Planificación a cargo de Julio de Vido. También se atribuyeron responsabilidades penales contra los empresarios involucrados.
• Investigó el ÓRGANO DE CONTRALOR DE LAS CONCESIONES VIALES (Occovi), bajo la  conducción kirchnerista de Gustavo Gentilli, sospechado de “corrupción pública” y “blanqueo de dinero”.

La capacidad de trabajo de Delgado fue causa de halago para su equipo de trabajo y de preocupación para quienes protagonizaban sus investigaciones; el punteo de sólo algunos de los temas que ocuparon sus días en el quinto piso de Comodoro Py, el nivel “donde están las cosas que menos importan”, según su propia descripción crítica. El listado no deja dudas de su criterio de objetividad: le contó las costillas a la dictadura cívico-militar, la alianza UCR-Frente Grande, al kirchnerismo, el macrismo, hasta a la propia Justicia… y no se olvidó ni de la vida cotidiana ni de quienes menos tienen: formuló una denuncia penal para que se investigaran los aumentos de precios de los alimentos durante el aislamiento obligatorio en plena pandemia en 2020.    

La Justicia como obsesión

Más allá de las reacciones que generaba entre muchos de sus pares su estética de ciclista con casco y sin traje, “la familia” judicial, en especial la de Comodoro Py (rebautizada Comodoro Pro por esta columna hace muchos años), fustigaba con fiereza las críticas de Delgado hacia el propio del sistema, no solo refiriéndose al manejo de la institución en abstracto, una de sus especialidades, sino refiriéndose de modo concreto a comportamientos específicos de jueces y fiscales de distintas causas, si hasta se animó a decir públicamente que el fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad “está sospechado y el tribunal también está sospechado. Hay un montón de fragilidades institucionales».

El aterrizaje del vuelo 26.917 en el aeropuerto de Bariloche, el jueves 13 de noviembre del año pasado, quizá se convirtió en “la foto” irrefutable de sus hipótesis públicas acerca de los manejos, piruetas y complicidades de sectores del Poder Judicial con sectores partidarios y económicos, al decidir investigar o rechazar imputaciones de determinadas franjas de la dirigencia partidaria argentina.  

De ese avión descendieron jueces, operadores políticos y ex agentes de la inteligencia del gobierno de Macri, subieron a una aeronave privada y aterrizaron en la mansión del megamillonario británico amigo del ex mandatario, Joe Lewis, ubicada sobre las tierras ocupadas de manera irregular en el Lago Argentino. Desconocemos qué pensó Delgado de eso que los periodistas Raúl Kollmann y Irina Hause definieron como “cónclave político judicial secreto en Lago Escondido para garantizar la impunidad de Mauricio Macri”. Lo cierto es que, semanas después, ya en el año en que cursaba la enfermedad que lo condujo a la muerte, reclamó que se investigara el viaje de aquellos jueces y fiscales ante su “presunta violación de deberes de funcionario públicos”, convocados y financiados en la ocasión por el Grupo Clarín.

Lo resistieron, lo recusó uno de los magistrados viajeros, finalmente la Cámara Federal, a través de Eduardo Farah rechazó las objeciones, con un fundamento que prácticamente constituye, hoy, un reconocimiento implícito y por adelantado a la probidad de quien fallecería poco más de dos meses después: para «el apartamiento de un fiscal es necesario demostrar que carece de la objetividad exigida por las normas que regulan su actuación», algo que, se vio, no lo caracterizaba.

Finalmente quedaron imputados sus pares judiciales: el juez en lo Criminal y Correccional, Julián Ercolini; el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques y su hijo, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto (también) Mahiques; el ex ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro; el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo Yadarola, y el titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9, Pablo Gabriel Cayssials.

Además, quedaron estampados en el expediente Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; el presidente del Directorio del grupo Clarín, Jorge Rendo y su Director de Asuntos Legales e Institucionales. Pablo César Casey, sobrino de Héctor Magnetto, jefe de la corporación. 

Será sentencia

Si los jueces debieran hablar por sus fallos, el fiscal Federico Delgado lo hizo a través de sus investigaciones y denuncias, de sus libros y escritos, de sus exposiciones en todos los lugares a los que fue invitado. Si tuvo tiempo a pensarlo, supo que no alcanzaría a enterarse de si los protagonistas de la mancuerna de Lago Escondido pagarían por sus acciones… 

Lector desesperado y penetrante, algunos párrafos de la burocracia judicial le habrán dado alguna esperanza. Sobre todo los que señalan que los implicados son «funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros (puntos), por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían». También la reflexión, pegajosa como un balde de brea hacia quienes deben ser objetivos y neutrales, acerca de que se investiga si «aquellos beneficios podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen». 

Se fue antes de tiempo, un tipo siempre preocupado por la “expropiación institucional” que realizan los “intereses de las élites que se apropiaron de un sector del Estado”, preocupado porque «en la Argentina, en general, se mezclan la política con los empresarios» y «algunos políticos tienen una relación anómala» con ese sector.

El fiscal de la bicicleta, el que se bancó sin victimizarse que una camioneta de origen surcoreano lo atropellara después de pasar un semáforo en rojo a metros del edificio judicial, en junio de 2017; tenía preocupaciones más importantes que rapiñar cámaras y sospechas. Cuando debía acusar, lo hacía en base a certezas y sin bozal alguno para asegurar que el poder político en la Argentina» constituye «un ecosistema que requiere una impunidad que le garantice inmunidad», causado por la «expropiación del poder político por parte las grandes elites».

Será difícil evitar que sus acusaciones dejen de resonar en los oídos taponeados de muchos jueces, a pesar de su remera negra y de sus vaqueros.

* Periodista argentino. Investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (http://estrategia.la/). Miembro de la Usina del Pensamiento Nacional y Popular

** Contador argentino, ex Perito del Banco Central de la República Argentina. Colaborador para la Justicia de diversos trabajos sobre el endeudamiento externo argentino.

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