El ajustazo económico impuesto por el gobierno de Javier Milei destinado a destruir a amplios sectores de la población ya empieza a recibir contestación en diversos escenarios. El domingo por la mañana en el estadio de Boca, Milei fue a votar por la lista de su amigo Mauricio Macri y recibió un estruendoso abucheo de los hinchas, y días atrás, miles de jóvenes asistentes al recital de Fito Páez, cantaron a voz en cuello: “Milei basura, vos sos la dictadura”. Son los primeros síntomas de cómo el pueblo argentino reacciona con bronca y la expresa en diversos ámbitos. Y esto recién empieza…
El 20 habrá una marcha contra el ajuste y para recordar el Argentinazo de 2001
En un plenario que contó con más de 300 representantes de organizaciones sociales y populares de todo el arco de la izquierda y que se realizó el pasado viernes, se resolvió marchar el miércoles 20 desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo para enfrentar el plan de ajuste de Milei y también repudiar la mano dura que promete la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Entre todas las organizaciones convocantes está el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, la Unidad Piquetera y numerosas agrupaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de Derechos Humanos. La marcha saldrá de Congreso a las 17:00 y en Plaza de Mayo se leerá un documento consensuado.
Plan de acción de trabajadores estatales contra el ajuste y el protocolo antipiquetes
Tras la asunción de Javier Milei a la Presidencia y luego de las primeras medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con la participación de las 24 provincias, resolvió medidas contra el ajuste y se pronunció en contra del protocolo antipiquete dado a conocer este jueves por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Habiendo logrado mandato para definir medidas de acción directa, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, sostuvo: “Nadie podrá acusarnos de atentar contra la gobernabilidad porque agotamos todas las instancias. Se tiene que compensar el daño que las medidas del nuevo Gobierno nos están causando”.
Estas son las medidas decididas por el gremio de los estatales:
1) Definir un plan de acción y declarar el Estado de alerta y asamblea permanente en todo el país;
2) Exigir la inmediata reapertura de las paritarias en la Administración Pública Nacional, provinciales y municipales;
3) Repudiar y rechazar cualquier posibilidad de despido;
4) No aceptar por inconstitucional el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich;
5) Realizar acciones directas antes de finalizar el año;
6) Dar mandato abierto a la conducción nacional para definir medidas de fuerza.
Según detallan en su comunicado, este último punto fue una moción propuesta por el propio Aguiar, para contar con esa herramienta en caso de que se comiencen a verificar despidos y continúe atacándose el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público y los jubilados.
“Hemos sido mandatados para definir medidas de acción directa. Milei ganó la elección, después esperamos que asuma y ahora estamos conociendo las primeras medidas. Nadie podrá acusarnos de atentar contra la gobernabilidad. Agotamos todas las instancias”, apuntó el referente nacional. El sindicato hará las presentaciones formales de reapertura de negociaciones salariales el viernes a primera hora en el ministerio de Capital Humano, ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete de ministros.
“No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se terminan de pulverizar nuestros salarios. Demandamos la inmediata apertura de las negociaciones salariales en la Administración Pública Nacional y en todas las provincias. Necesitamos recuperar todo lo que hemos perdido en estas semanas. Sufrimos una remarcación de precios indiscriminada y generalizada antes de la asunción, y ahora una devaluación de más del 118%. Los salarios y las jubilaciones tienen que ser compensadas por este daño”, apuntó Rodolfo Aguiar luego de la extensa reunión en el Hotel 27 de Junio del sindicato, ubicado en Defensa 1469 del barrio porteño de San Telmo, que contó además con la participación de la presidencia del Centro Nacional de Jubilados de ATE.
En cuanto al anuncio del ministro Caputo de no renovar ningún contrato del sector público con menos de un año de vigencia, Aguiar contestó: “No vamos a tolerar ningún despido. La mayoría de los que ocupan los altos cargos del nuevo Gobierno son empresarios y eso explica el profundo desconocimiento acerca de las leyes que regulan el Estado. En el empleo público, la estabilidad está consagrada constitucionalmente. Aunque no terminaron de precisar con exactitud el universo de trabajadores que tienen en la mira, en todos los casos cumplen roles esenciales. Además, intentan cesantear a discapacitados y personas trans que ingresaron en cumplimiento de los cupos que se encuentran regidos por ley”.
“A los pocos días de haber asumido, el nuevo Gobierno comienza a estafar a sus electores. Supuestamente llegaban para ponerle fin a los flagelos de la inflación, el hambre y la pobreza, pero con las medidas que están implementando se contarán de a millones los nuevos caídos del sistema”, apuntó Aguiar y concluyó: “Lo que está pasando es un disparate. Nos piden que suframos con alegría, y la verdad que desde el 10 de diciembre los únicos que están alegres son los mismos 4 o 5 empresarios que desde hace años vienen juntando la plata en pala”.
ATE lanza una Jornada Nacional de Lucha el viernes 22
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió la primera medida de fuerza durante la gestión del presidente Javier Milei para el viernes 22 de diciembre. Para esta Jornada Nacional de Lucha, cada distrito definirá las características y modalidades en las próximas horas y serán oportunamente anunciadas.
Esta decisión forma parte del plan de acción definido en la reunión que el Consejo Directivo Nacional mantuvo con todas las provincias el jueves 14 de diciembre. Allí se otorgó el mandato a la conducción nacional, encabezada por el Secretario General, Rodolfo Aguiar, para determinar la medida de fuerza.
“Es el Gobierno el que empieza a afectar la paz social con sus políticas. Las medidas económicas están agravando las condiciones de vida de todos los trabajadores, jubilados y sectores populares. El potente ajuste regresivo que se anunció a nivel nacional se dispara rápidamente a las provincias”, apuntó el referente nacional en referencia a las primeras medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.
También se suma la preocupación por las definiciones que adoptaron distintas provincias en las últimas horas. Claudio Poggi, gobernador de San Luis, ya anunció el pago en cuotas de los salarios de diciembre y enero, medida que también evalúan adoptar sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, con el aguinaldo en este último caso, entre otros. A su vez, algunas gobernaciones dejaron trascender la posibilidad de emitir cuasimonedas.
“No está garantizado el pago de los aguinaldos en la mayoría de las provincias y municipios. Hay gobernadores que ya anunciaron el pago de salarios en cuotas. Se suspendieron paritarias. Se congelan las plantas de personal. La situación no da para más y hemos resuelto una medida de fuerza nacional. Cada distrito definirá la modalidad de protesta y lo anunciaremos próximamente”, informó Aguiar.
El dirigente de ATE también se refirió al protocolo antipiquetes anunciado en los últimos días por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Frente a semejante avance sobre nuestros derechos e intentos de represión y criminalización de la protesta por parte del Gobierno, necesitamos empezar a ejercer plenamente nuestros derechos de huelga y movilización”.
“La remarcación generalizada e indiscriminada de todos los precios de la economía en la previa de la asunción del nuevo Gobierno, y luego la devaluación de más del 118 % han terminado de aniquilar los ingresos de los trabajadores del sector público y también de los jubilados. Nadie puede acusarnos de no haber agotado todas las instancias”, profundizó el referente estatal.
Aguiar aseguró que “el Gobierno lleva tan sólo siete días, pero el daño que ya ocasionó agravando las condiciones de vida de toda la gente tardará años en poder repararse” y sentenció: “Al shock de ajuste le tenemos que empezar a responder con la progresividad de las protestas”.
“ATE es uno de los sindicatos más grandes y antiguos de la Argentina. Nuestras generaciones anteriores pasaron por todas, hasta por la Dictadura Militar. Tenemos la responsabilidad no sólo de resistir en unidad en este momento, sino también de proponer frente a esta crisis que nos está hundiendo, una salida en favor de todo nuestro pueblo”, concluyó el referente sindical.
Catalano y el oscuro panorama para los estatales
Daniel Catalano volvió a advertir sobre los efectos del ajustazo para los estatales. El secretario general de ATE Capital, repitió que unos 10.000 trabajadores del Estado podrían quedar en la calle y señaló que, durante su encuentro del miércoles con Guillermo Francos, el flamante ministro del Interior “no desmintió el congelamiento de salarios en el sector público”. Además, adelantó que no hay a la vista una mesa del salario, que podría haber jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios.
“Tuvimos una audiencia con el ministro del Interior, aprovechamos para hablar de la situación del Estado nacional y él no se corrió ni un centímetro del análisis que hace el Gobierno. Le explicamos que estimamos que 10.000 trabajadores estatales se van a quedar sin trabajo”, indicó Catalano.
En ese contexto sostuvo que el ministro no desmintió el congelamiento de sueldos en el sector público, producto de la decisión del gobierno nacional de continuar trabajando con el mismo presupuesto 2023 pese a la disparada inflacionaria. “Caputo dijo que va a despedir a las contratados de 2023. Son 10.000”, agregó Catalano sobre los contratados este año. En línea con lo que sostiene en los últimos días, agregó que esos trabajadores provienen del cupo trans y de cupo por discapacidad producto de leyes votadas en el Congreso.
En la entrevista detalló aspectos negros del futuro. “No hay en vistas una mesa salarial”, dijo y advirtió que puede llegar a haber “jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios”.
Ollas populares y asambleas en plazas de todo el país
Por Laura Vales
No sólo el Frente de Lucha Piquetero saldrá a la calle esta semana, a pesar del protocolo represivo lanzado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, reforzó con la amenaza de quitar el Potenciar Trabajo a quien haga un corte: también los movimientos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, junto a otras organizaciones aliadas, anunciaron una jornada de protesta. La realizarán el viernes 22, con asambleas y ollas populares en todo el país. El mismo día habrá una jornada de lucha de ATE.
Los referentes de la UTEP se juntaron este lunes para discutir qué hacer frente al ajuste. El lugar fue una parroquia del Bajo Flores, donde a sus integrantes históricos sumaron a las agrupaciones territoriales de las dos CTA, así como a Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha, la Fetraes y el Frente Milagro Sala.
“Hay que mostrar en las calles una postura clara sobre cuestiones como el protocolo antipiquete”, definieron. Otro de los temas de preocupación es la cuestión de los alimentos, porque con la disparada de los precios, más personas se están acercando todos los días a los comedores y merenderos.
Está en juego, por otra parte, el rol que las organizaciones sociales tendrán en el programa Potenciar Trabajo, del que hasta ahora eran -como algunas ONG de la Iglesia y los municipios-, entes ejecutores, es decir, organizadores de proyectos productivos (cooperativas textiles, de reciclado, etc.) o sociocomunitarios (comedores, promotoras de salud y de género). Luego están los programas como el de Integración Socio Urbana o el Argentina Recicla, de los que no se sabe qué tipo de continuidad (o no) tendrán.
Las ideas acordadas por los referentes fueron no aislarse, dar respuestas coordinadas, buscar ampliar el arco de las organizaciones participantes.
Con este piso en común, el viernes harán asambleas y ollas populares en las plazas de todo el país. Posiblemente sin cortar la calle, pero haciéndose visibles.
El sábado y domingo, ya algunos movimientos como Somos Barrios de Pie habían empezado a hacer rondas de consultas entre sus referentes barriales para debatir acciones. Los impulsó la crisis de los comedores.
“El Gobierno impulsa medidas económicas que no son más que un ajuste criminal que, en términos sociales, implican una caída abrupta de los ingresos. Hoy estamos discutiendo sobre si un sector importante del país va a tener alimentos en su mesa. La sociedad no votó este proceso grosero de empobrecimiento general que lleva adelante el ministro (Luis) Caputo”, advirtió la organización que coordina Daniel Menéndez.
Por esto el viernes, Somos Barrios de Pie definió sumar a las asambleas una movida de sus comedores a las puertas del ministerio de Capital Humano, para llevarle a la ministra Petovello el reclamo de que amplíe la asistencia alimentaria.
La presión sobre los comedores y merenderos es doble: por un lado, deben aumentar la cantidad de viandas, pero al mismo tiempo tienen menos insumos. Productos frescos como la carne en menos de diez días pasaron de costar 3.500 pesos el kilo a 7.000 pesos; los responsables de armar las viandas están reduciendo sus porciones o directamente suspendiéndolas. También lidian con el desabastecimiento de productos secos (fideos, arroz, yerba) porque el gobierno nacional aún no les entregó los envíos que correspondían a noviembre y diciembre.
La ministra saliente, Victoria Tolosa Paz, dejó a los comedores mal abastecidos -por los incumplimientos en la entrega de alimentos, durante todo el 2023 las organizaciones más afectadas de Ia Unidad Piquetera hicieron continuas marchas de reclamo. Su sucesora Pettovello aún no ha dado respuesta a los reclamos que las organizaciones le plantearon sobre la política alimentaria, a pesar del golpazo que está significando para las familias más pobres el combo de devaluación y no renovación del programa de precios regulados por el Estado.
“Ninguna familia sin Navidad”
El referente del Frente Patria Grande y excandidato presidencial, Juan Grabois, convocó a una nueva edición de “Ninguna familia sin Navidad”, que se realizará el 24 de diciembre en la plaza frente al Congreso para asistir a población vulnerable, “en el contexto de la escalada de precios”.
“Como hace muchos años, este 24 de diciembre vamos a juntarnos y volvemos a decir: `Ninguna familia sin navidad en el Congreso`. Nos vamos a reunir con personas que están en la calle, familias humildes que no pueden pagar la cena de Nochebuena, más el contexto que tenemos ahora con la escalada de precios y la canasta navideña es muy, muy difícil de comprar”, sostuvo Grabois.
El dirigente explicó que “trabajadores y trabajadoras de la economía popular, cooperativistas, vendedores ambulantes vamos a juntarnos, se trabaja desde muy temprano preparando los alimentos, la elaboración, la decoración, los juegos para los chicos y más que nunca necesitamos voluntarios y donaciones”.
Para inscribirse y participar hay que completar un formulario en internet. También se pueden acercar donaciones de alimentos navideños, productos de higiene personal y ropa en buen estado a la sede de la organización.
Para donar dinero se puede hacer a la Entidad: Asociación Civil Amanecer. Alias: Navidad.congreso por medio del CBU 1910039155003902813578. En tanto, las donaciones físicas (juguetes, comida navideña, ropa en buen estado) se pueden llevar de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 a Pedro Echagüe 1265 en el barrio porteño de Constitución.
Los jueces están preocupados por el protocolo anti marchas de Patricia Bullrich
Hasta los jueces emitieron un comunicado para expresar su preocupación por la política que quiere implementar el Ministerio de Seguridad y le recordaron que el derecho a la protesta debe ser considerado como regla general.
La Asociación de Magistrados –que invitó el jueves a su cena anual al ministro Mariano Cúneo Libarona– firmó una declaración expresando su preocupación ante la puesta en marcha del protocolo “para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, que Bullrich oficializó el viernes a través del Boletín Oficial.
“El derecho a la protesta pacífica juega un rol primordial en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos y que se encuentra resguardada por los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos. De la misma forma, puede contribuir al pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público. Sin embargo, al hacer uso de la fuerza en estos contextos los Estados deben adoptar medidas proporcionales al logro de estos objetivos y no obstaculizar de manera arbitraria el ejercicio de los derechos en juego en las protestas. El derecho a la protesta debe ser considerada la regla general, y las limitaciones a este derecho deben ser la excepción”, escribieron.
La Asociación de Magistrados le recordó a Bullrich que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que la posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente es una de las maneras más accesibles de ejercer el derecho a la libertad de expresión, por medio de la cual se puede reclamar la protección de otros derechos.
Bullrich parece no amilanarse ante las críticas y salió directamente a confrontar con las organizaciones que el miércoles próximo se movilizarán al cumplirse 22 años de la represión que marcó el fin del gobierno de la Alianza. “Estamos en un momento difícil del país. Necesitamos que todos colaboren. Ese día se quedan en su casa o vayan a realizar un trabajo. Que vayan a hacer lo que tienen que hacer en vez de marchar”, reclamó la ministra de Seguridad.
“Lo único que hemos hecho con este protocolo es ordenar y que las personas sepan qué consecuencias van a tener si cortan la calle. Pueden manifestar lo que quieran, pero lo tienen que hacer sin cortar las vías de circulación: pueden ir por la vereda, pedir una plaza, ir a un parque. Lo que no pueden es cortar la calle, porque eso afecta la vida de millones y millones de argentinos”, sostuvo Bullrich en defensa de su estrategia que ya está siendo impugnada en fueros internacionales.
“Es inevitable el estallido”
El secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, Daniel Yofra, manifestó su “preocupación” por las primeras medidas que anunció el gobierno nacional.
“Quieren disfrazar una crisis social con lindas palabras y cuando vas al supermercado, cuando lleguen las tarifas, cuando te tomes el transporte y empiecen los chicos el colegio nos vamos a dar cuenta de la realidad”, planteó Yofra.
En esa línea, el sindicalista hizo una fuerte autocrítica y apuntó contra las centrales obreras y la dirigencia política por “no haber hecho nada” ante el 40% de pobreza. “No hicimos la autocrítica que deberíamos haber hecho. Del 42% de pobreza, el 40% son trabajadores registrados, o sea, que es una responsabilidad directa de los dirigentes no haber peleado y no haber utilizado las paritarias. La consecuencia de eso son trabajadores pobres”, agregó.
Asimismo, aseguró que los dirigentes nacionales “somos los responsables de la llegada de Mieli a la presidencia” y advirtió que, si la dirigencia y los gremios no “organizan la bronca”, “nos van a pasar encima como en el 2001”.
“No deberemos ser espectadores de las desagracias de nuestra clase trabajadora y tendremos que salir a pelear como debimos haber hecho mucho antes”, declaró Yofra.
Consultado por la celeridad con la que el sindicalismo debería convocar a movilizarse contra las medidas del gobierno, el titular de la Federación de Aceiteros hizo una distinción entre el tiempo del “votante” y el tiempo de los gremios: “La gente que lo votó y la gente que no lo votó tiene un margen porque ‘es nuevo’. Pero los dirigentes no tenemos margen, sabemos que esta situación tiene una mecha muy corta que termina explotando”, señaló.
En esa línea, Yofra advirtió que “cuando la gente caiga en la realidad” de que no pueden cubrir las necesidades básicas será “inevitable el estallido social porque el que no tiene nada, no tiene nada para perder. En marzo este país va a explotar. Es imposible que las familias de nuestro país se banquen una hiperinflación porque ya lo venían bancando hace muchos años”, concluyó.
“No hay ningún protocolo autoritario que nos pueda parar”
El dirigente del Movimiento Popular La Dignidad, Rafael Klejzer, cuestionó el llamado “protocolo antipiquete” anunciado por Patricia Bullrich y aseguró que no existe ningún manual “autoritario” que pueda parar las movilizaciones populares.
“Es lo que buscaba el Gobierno. Primero, una medida de ajuste. Y al otro día, te mandan el paquete represivo. Si faltaba algo para unificar las luchas en el país es este intento de ejercer la violencia por parte del Estado”, comenzó.
Por eso, la respuesta del referente de la agrupación La Dignidad ante estas amenazas autoritarias fue clara: “Nos vamos a juntar, vamos a encontrarle la vuelta. El pueblo va a encontrarle la vuelta”, dijo.
De hecho, el método del piquete apareció en los 90’ con fuerza, cuando el Gobierno aplicó un plan de ajuste similar, que generó miles de cierres de fábricas y un aumento meteórico en el desempleo y la pobreza.
“Saben que esto no cierra. En enero va a haber otra devaluación, en febrero va a haber otra y si pueden, en marzo. Son capaces de llevarlo hasta las últimas consecuencias. No hay forma de que un gobierno gobierne reprimiendo todos los días”, añadió.
Y esto es, para Klejzer, de manual. “Estamos viendo que las nuevas derechas no tienen nada más que ofrecer que endeudamiento, ajuste, represión. Es la misma respuesta que tienen en todas partes del mundo. No hay nada novedoso”.
En el fondo, para el dirigente social, lo que existe es “la misma derecha oligárquica intentando aplicar su programa económico”. Y que por eso “las reacciones ya se están generando”.
“El desencanto a este gobierno va a ir avanzando. A través de los medios están haciendo un esfuerzo importantísimo. Pero incluso hay voces de distintos administradores de los ánimos de la gente en los medios que dicen que a algunos se les fue la mano, que están aumentando los impuestos cuando dicen que no”, dijo.
A lo que añadió: “Muchos votamos anti-Milei votando a Massa, y muchísimos votaron anti-Massa, porque no hubo buenos índices sociales. Lo que nos preocupa ahora es que no haya una canalización de la bronca en algo positivo, en algo que construya”.
Y finalizó: “No me preocupan los piquetes, sino el silencio de los dirigentes del movimiento popular. Esto se traduce con un descontento a la política en general. La gente se ve sola, con bronca”.
Reclaman “urgente reapertura de la paritaria de prensa escrita”
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires solicitaron el viernes la revisión del acuerdo paritario en la actividad de prensa escrita que alcanza a los trabajadores y las trabajadoras de diarios, revistas, sitios web periodísticos y agencias de noticias con encuadre en el CCT 301/75.
El acuerdo colectivo firmado el 10/11 contemplaba una cláusula de revisión para el mes de diciembre, con el propósito de discutir los salarios a partir del 1° de enero de 2024, señalaron. Además, establecía la consideración de convocar a negociaciones en caso de “características excepcionales” de la economía.
“La magnitud de la excepcionalidad es innegable”, plantearon desde la organización gremial. Esta semana, el INDEC informó un incremento de la inflación del 12,8% mensual y 160,9% interanual, datos que se agravan con la fuerte devaluación dispuesta por el ministerio de Economía. “Ante este contexto de acelerado deterioro, y como propuesta de les representantes paritarios, el plenario de delegades de prensa escrita respaldó el pedido de reapertura de la paritaria y convocar a las empresas a negociar”, informaron.
El plenario de delegades se reunió el jueves 14/12 en la sede del sindicato y también elaboró un pliego con un pedido de recomposición salarial que contemple la pérdida inflacionaria y una modalidad adecuada a la situación macroeconómica. En ese sentido, definió como objetivo alcanzar un salario mínimo para la categoría redactor equivalente a la canasta básica total, que en noviembre fue de $396.761 en CABA.
Además, desde el plenario se resolvió convocar a asambleas en las redacciones durante la semana del 18/12 para debatir sobre la reapertura de la paritaria y fortalecer la organización frente a la crítica situación salarial. “Desde el SiPreBA, instamos a la participación activa de todo el gremio para la lucha por salarios dignos”, expresaron.
Paritaria récord: bancarios y aceiteros
La Asociación Bancaria (AB) y tres de las cuatro Cámaras empresarias convinieron una actualización salarial del 6,2% retroactiva a noviembre y un adelanto para este mes del 40%, lo que totalizará una recomposición de los haberes del 46,2% que ubica al sueldo inicial en casi 700.000 pesos, informó el gremio.
La mejora se aplicará sobre todas las remuneraciones y adicionales convencionales y no convencionales sobre la base de los ingresos de diciembre de 2022, lo que implicará un incremento de los haberes del 188,2% desde enero último, aseguró Sergio Palazzo en un comunicado.
El titular del gremio y el secretario de Prensa, Claudio Bustelo, explicaron que el acuerdo fue firmado con tres de las cuatro Cámaras, ya que que resta que lo haga Abappra, y señalaron que ese sector debe realizar “consultas ante el cambio de autoridades”.
Los trabajadores bancarios percibirán un 6,2% retroactivo al 1° de noviembre último y un adelanto del 40% este mes, lo que totalizará un incremento salarial del 46.2%, lo que permitirá alcanzar una recomposición de los haberes del 188.2% desde enero hasta hoy.
“El aumento de diciembre será en concepto de adelanto, ya que de superar la inflación el 188,2% se ajustará de forma automática y, las entidades bancarias, deberán de esa forma aplicar la diferencia salarial retroactiva correspondiente”, aclararon los dirigentes.
El salario mínimo inicial bancario, más participación en las Ganancias (ROE), se integrará desde diciembre por 667.343,27 pesos y 30.140,89 pesos, respectivamente, lo que totalizará una remuneración de 697.484,16 pesos, añadieron los sindicalistas.
Por su parte, los aceiteros acordaron que, desde el 1° de enero, el salario inicial sea de $ 888.715,41, a lo que se suma el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $ 576.863,19, que se abonará en dos tramos durante los meses de enero y febrero próximos.
“Los jubilados están bajo la línea de indigencia”
Así lo afirmó Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, al hablar acerca de los planes que el gobierno nacional tiene para el sector: derogar la Ley de Movilidad y ajustar por decreto
En la mañana del miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que hay una idea del gobierno nacional de modificar parte del esquema jubilatorio de ajuste previsional por ley de movilidad para que a partir del año que viene, ese ajuste sea por decreto, a partir de un criterio que no ha sido mencionado.
“No sería nuevo; lo hizo Alberto Fernández en 2019 y durante todo 2020 se dieron reajustes por decreto, que más allá de inconstitucionales, fueron a la baja respecto a la ley suspendida y a la inflación”, expresó Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad. “Seguramente enviarán algún proyecto al Congreso de la Nación”, estimó también.
“El ajuste sobre jubilados, pensionados y personas con discapacidad viene haciéndose en forma ininterrumpida y brutalmente”, afirmó el abogado. “Este año, esos beneficios perdieron el 40 % de su poder adquisitivo; en los últimos cuatro años, perdieron el 80 %, y entre 2017 y 2019, la pérdida fue de 20 %. Hoy estamos hablando de un sector en el cual 5.000.000 cobran la mínima, que es de 105.000 pesos, más un bono de 55.000; los 2.000.000 que cobran jubilaciones medias no recibieron bono y cobran 180.000 pesos, y las personas con discapacidad reciben 83.000 pesos”, describió.
El sector pasivo “no sólo está bajo la línea de pobreza, sino también, debajo de la línea de indigencia. La última canasta para jubilados, con gastos de vivienda incluidos y publicada el 6 de octubre era de 313.000 pesos, y hoy supera los 400.000 pesos. La seguridad social ocupaba, hace tres años, 8 puntos del PBI; hoy, 6 puntos y medio. Hoy habría que hablar de una recomposición; no, de mantener la miseria. Y también, de qué pasa con el Fondo de Garantía y sustentabilidad, que desde 2009 a la fecha nunca se usó para los jubilados, cuando la única misión que a ese Fondo se le adjudicó por ley es que se distribuya cuando haya pérdida de poder adquisitivo de los beneficiarios que están en el sistema. Ningún gobierno lo hizo, pero hoy la situación es desesperante”.
Córdoba quiere negociar con gremios para desactivar cláusula gatillo
Martín Llaryora salió de Casa Rosada el jueves pasado con la convicción de que el gobierno de Javier Milei tiene en claro dónde quiere ir. La duda del mandatario es si el plan que han trazado le permitirá cumplir con las metas. Por lo pronto, la preocupación del gobernador se centra en dos puntos: la disparada de la inflación que se viene para los próximos meses y la conflictividad social que puede emerger al ritmo de las propuestas que va presentando el gobierno de La Libertad Avanza.
Respecto al primer punto, Llaryora evaluará si desactiva la ‘cláusula gatillo’ que la administración Schiaretti firmó con los empleados públicos en agosto. Aclaran que lo harán en un marco de negociación con los gremios estatales. En el entorno del mandatario reconocen que sería imposible afrontar aumentos que podrán partir de un 20% y que superarían el 30% por mes durante los próximos meses. “Es insostenible”, dicen sin vueltas.
En esa línea, reconocen la administración de Schiaretti (pese a la deuda en dólares) y recurren a lo que sucede en otras provincias: el anuncio del pago de los salarios en cuotas (San Luis), la emergencia económica (Santiago del Estero) o la posibilidad de emitir cuasi monedas (Axel Kicillof en Buenos Aires). “Eso acá no pasa. Pero hay que tener en cuenta que desde el 10 de diciembre el contexto es otro”, señalan.
Se refieren a las profundas reformas que está implementando el gobierno de Milei, todas con el objetivo de “hacer caja” y reducir el Estado.
Conscientes de la situación, los gremios estatales de Córdoba ya hicieron conocer su posición. En la semana que pasó se declararon en “estado de alerta, ante las medidas económicas anunciadas” por el gobierno de Milei y no quieren que la Provincia replique lo que está llevando adelante el gobierno nacional.
A través de un comunicado solicitan “garantía de cumplimiento del acuerdo salarial vigente hasta el 31 de enero de 2024”, es decir, que la actualización acompañe los aumentos por inflación. Además, pidieron preservar “los puestos de trabajo, en particular de contratados, monotributistas, becarios y designación inmediata de quienes han obtenido sus cargos por concurso en la administración pública”.
Los gremios que firmaron el comunicado son SEP, Legislativos, UEPCE, Suoem, ACEC (casinos), Lotería, Luz y Fuerza Regional Sivialco, UPS, Músicos, Apse y Federación de Municipales.
Plata hay
De hecho, Schiaretti declaró en el encuentro de fin de año de la Unión Industrial de Córdoba que: “Le vamos a dejar en caja al nuevo gobernador 932 millones de dólares”. En la página del gobierno se dice: “el gobernador detalló que el próximo año habrá vencimientos de interés de deuda pública por cerca de 470 millones de dólares, por lo que este saldo a favor de 932 millones refleja el “resultado corriente positivo” que obtuvo la Provincia, y es ampliamente mayor a los vencimientos del año 2024”.
No queda margen para aducir problemas de caja. El problema es político. Llaryora quiere hacer su parte en el plan general de pauperización de la clase trabajadora. Lo que se propone es bajar la parte del dinero que el Estado provincial le destina a los salarios y aumentar la participación de las grandes empresas en la riqueza que se genera en la provincia.
Bancos, grandes empresas agroexportadoras, multinacionales y especuladores serían los beneficiarios del despojo de las y los trabajadores docentes y estatales. No podemos permitir este atropello.
Movilización de UEPC Capital
El pasado viernes UEPC Capital (docentes) movilizó por las calles de la ciudad. Fueron centenares de delegados y delegadas con docentes a contra turno que nos congregaron para marchar al Panal exigiendo una recomposición salarial que sume dinero a este acuerdo insuficiente que hoy el gobierno pretende desconocer.
Se plantearon además la necesidad de pelear por la defensa de las jubilaciones, contra el vaciamiento del Apross, contra la precarización laboral y por las condiciones edilicias en las escuelas, entre otras problemáticas. Esa movilización ha marcado el camino de la organización contra los planes de ajuste del gobierno nacional y provincial.
El mismo día que asumió la nueva conducción de UEPC Capital solicitó a la conducción provincial del sindicato que se llamara a asambleas en todas las escuelas de la provincia. Ante la negativa de la conducción provincial, habilitó un mecanismo para canalizar un intercambio con los delegados y delegadas en un plenario que recogió los reclamos de las escuelas y finalmente movilizó en la que fue la primera manifestación callejera en la provincia de Córdoba tras el anuncio del ilegal protocolo represivo de Patricia Bullrich.
Se muestra en los hechos que la docencia quiere debatir y luchar. Mientras la lista Celeste boicoteó la movilización, se negó a convocar a asambleas escolares y deja correr su tregua con el gobierno provincial, crece la exigencia a la conducción provincial de UEPC y a las conducciones de todos los sindicatos que se convoquen asambleas en las escuelas y en todos los lugares de trabajo para construir un plan de lucha que empiece por un paro provincial para frenar este ataque con el que el nuevo gobernador pretende empobrecernos. Necesitamos estar en las calles organizados y en unidad y coordinación con otros sectores.
Municipales de San Luis realizan paro de 72 horas
San Luis vive momentos de tensión y alerta en muchos gremios. El gobierno provincial, con su nuevo mandatario Claudio Poggi, anunció que se pagarán los sueldos en dos veces, en medio de una fuerte inflación. Esto generó que docentes y estatales se empiecen a autoconvocar desde el viernes.
Pero además comienza a haber conflictos en los municipios. Recordemos que los municipales se vieron afectado por otra de las medidas de ajuste que anunció el gobernador entrante donde se les recorta el “acuerdo de La Toma” que significaba una garantía salarial. Esto los dejaría con salarios por debajo de los 100.000 pesos. En el caso de la ciudad capital, aún no han sido abonados.
Ante esto comenzaron las medidas que vienen llevando adelante los municipales, como parte del paro de ATE por 72 horas. No conformes con el ajuste, en un video que circuló en las últimas horas se puede ver como el director de SerBa, Néstor Magallanes, amenaza a los trabajadores que salgan a trabajar o pueden perder su puesto.
El hecho generó el repudió de trabajadores de otros sectores. Todo el apoyo a la lucha. Pago de salarios ya, que cubran la canasta familiar y se actualicen por la inflación.
60 despidos en el EPAS Neuquén
La secretaria general de la Junta Interna del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) de la provincia de Neuquén, Amaranta Flores, aseguró que los trabajadores y trabajadoras viven un “clima de incertidumbre terrible”. Este viernes, a través de un mail, 60 trabajadores que prestaban servicio bajo modalidades de contratación precaria fueron informados que se los desvinculaba del organismo.
“Se trata de compañeros y compañeras que, bajo figuras irregulares, vienen prestando servicios necesarios para el funcionamiento de nuestro organismo de manera habitual y permanente”, explicaron desde la Junta Interna. Inmediatamente los trabajadores y trabajadoras se reunieron en asamblea y se declararon en estado de alerta y movilización. Tuvieron una audiencia con el recientemente nombrado secretario de Empresas Públicas de la Provincia de Neuquén, Luis Lazcano, y pidieron la continuidad laboral de los despedidos. El martes continuarán las asambleas.
“Hoy los trabajadores en el EPAS operan bajo un clima de incertidumbre tremendo”, lamentó la secretaria general Amaranta Flores. A la preocupación general que vive la clase trabajadora por el ataque al salario y las condiciones de vida, se suman los anuncios de revisión de contratos y pases a planta del último año en todos los organismos del Estado que hizo el gobernador Rolando Figueroa el día de su asunción.
“La nueva gestión llamó a conformar un listado de supuestos imprescindibles dentro de los cuales encontramos nombres de personajes que tienen su puesto base en otro organismo”, denunció la delegada. “No hay trabajadores de primera ni de segunda. Son todos trabajadores los compañeros que quedaron en la calle excluidos de ese listado privilegiado de los imprescindibles que confeccionaron los mismos carcamanes. Estos compañeros realmente son imprescindibles. Son los compañeros que están realmente al frente del servicio. Son compañeros que a diario nos cruzamos en los pasillos”, aseguró Amaranta Flores.
También aporta a la incertidumbre que vive el personal del Epas la acefalía del organismo. No hay un nombre y una cara detrás de las decisiones de recortar y despedir. “Hoy en el ente no tenemos autoridad. No hay designado a un presidente Todas las firmas cayeron, por lo tanto, no hay a quién preguntar, a quién consultar, con quién sacarnos dudas. Los compañeros están preocupados por esta situación porque aparte fueron notificados ayer a través de un mail y ninguno de estos personajes tuvo por lo menos la delicadeza de informar formalmente a los compañeros, poner la cara con los trabajadores e informarles el día en que se cayó la planta”.
“Los compañeros siguieron acudiendo a sus lugares de trabajo sin ningún tipo de cobertura hasta ayer que fueron notificados que la baja ya estaba ejecutada y que ya no pertenecían al Ente. Estaban en la calle oficialmente sin trabajo desde hacía cinco días”.
El Estado neuquino, a pesar de los Convenios colectivos de trabajo conquistados, continúa contratando personal en forma precaria bajo la figura de “planta política”, contratos monotributistas, locación de servicios, contratos administrativos, entre otros. La precarización laboral genera preocupación e incertidumbre. “Algunos compañeros ya están en la calle y otros en la nebulosa, de no saber qué es lo que va a pasar con ellos, porque son contratados y si bien entendemos que las condiciones son distintas, ambas consideramos que son formas de precarización laboral”.
Por otra parte, la delegada general del EPAS denunció que el organismo atraviesa una crisis general. “Venimos arrastrando una situación de desguace desde hace años. Lo cual no nos deja bien posicionados frente a un contexto nacional que se viene jodido para el sector público. Más teniendo en cuenta que el gobierno que asumió amenaza con pasarle la motosierra a las empresas públicas y al personal dependiente del sector público”.
Los trabajadores y trabajadoras del Epas están convencidos que “el hilo no se tiene que cortar por lo más fino que son los trabajadores que quedaron hoy en la calle”. Por eso, frente a las medidas de recorte y de ajuste la salida “es la lucha y la resistencia”.
Unidxs por la Cultura contra el plan de ajuste
Ante la asunción del nuevo gobierno y las primeras medidas anunciadas, las organizaciones que conforman el colectivo “Unidxs por la Cultura” realizó la semana pasada una asamblea con el objetivo de intercambiar y coordinar entre diversos sectores de trabajadores y estudiantes de las distintas ramas de la cultura y medios de comunicación públicos y comunitarios. En este marco, resolvieron declararse en estado de alerta, organización y movilización, impulsando justamente la coordinación de todos los sectores de la cultura, los medios públicos y comunitarios en lucha, para rechazar el ajuste y los despidos.
Compartimos comunicado:
UNIDXS x LA CULTURA llama a defender los derechos en el ámbito
artístico, cultural y comunicacional de todo el territorio nacional, y a
enfrentar el plan de ajustes.
Este miércoles 13 se realizó una asamblea de UNIDXS x LA CULTURA, convocada frente al nuevo gobierno y el ajuste anunciado. Tuvo el objetivo de volver a intercambiar y coordinar entre diversos sectores de trabajadores y estudiantes de las distintas ramas de la cultura y medios de comunicación públicos y comunitarios, como se hizo durante 2022 para “evitar el apagón cultural” (lucha que se ganó contra el desfinanciamiento de los espacios culturales). Considerando que hoy los planes del nuevo gobierno atacan de manera directa todo el desarrollo cultural, al mismo tiempo que las condiciones de vida y subsistencia de todo el pueblo trabajador.
La asamblea tuvo modalidad mixta con convocatoria federal (presencial y online) con la participación de más de 200 personas, representantes de diferentes espacios de Cine, Teatro, Danza, Artes visuales, Música, Bibliotecas populares y Centros culturales, Radios y televisoras populares; también de centros de estudiantes y trabajadores del sector. Todas las cuales se manifestaron a favor de la propuesta de coordinar acciones nuevamente y declararse en estado de alerta, organización y movilización.
Participaron de la asamblea representantes de ATE INCAA, Barricada TV, Télam Sipreba, FARCO, CONTA y de asociaciones, colectivos y agrupaciones de diferentes sectores de la cultura como DOCA, RAFMA, Actrices Argentinas, Artistas Visuales Autoconvocades AVAA, Movimiento Nacional de la Danza, Contraimagen, Grupo de Boedo Films, Ojo Obrero, MU-La Vaca, Sudacine, Escena, Musiques Organizadxs, Udemus, Arte Insurrección, Insurrectos crew, Actuemos, Centro Cultural La casa Claypole junto a artistas independientes de todas las expresiones. Se destacó la participación de jóvenes de centros de estudiantes de la UNA Artes Dramáticas CEADU, Artes Visuales CEAVI, Audiovisuales CEAA, Crítica de las Artes CECA, Artes del Movimiento CEDAM, CENERC, CEISER, estudiantes del IDAC, FUC y estudiantes de La Marea-MST y La Santoro, entre otros. Entre las participaciones virtuales se destacan artistas y comunicadores de Jujuy, Chaco, Córdoba y Mendoza, entre otras provincias.
En un extenso intercambio, los diferentes espacios informaron sobre
su situación particular, sus asambleas y la planificación de la
resistencia, que ya se viene gestando en algunos sectores. Se
compartieron experiencias que ayuden a otrxs a desarrollar las propias. A
su vez se destacó que los sectores del Arte y la Cultura tenemos el
desafío de aportar en la construcción de la memoria histórica y la
politización de un pueblo.
Cruzaron el debate la situación de los medios públicos (Télam, Radio Nacional, Tv pública) amenazados con cierres, despidos y desfinanciamiento y la de los medios populares. De la misma manera se manifestaron los trabajadores del INCAA, realizadores audiovisuales y músicos. Mientras la delegación de Centros de estudiantes dio cuenta de la crisis que se vive para sostener la educación artística, la falta de infraestructura y las propias condiciones de vida para acceder a estudiar. También lxs compañerxs que luchan por la implementación de “La ley de danza” manifestaron su preocupación por el peligro que la misma corre.
La asamblea debatió la necesidad de encarar un relevamiento del ajuste a todos los sectores de cultura y constituirse en esta nueva etapa como un espacio de coordinación necesaria para que nadie quede solo en su lucha. A su vez, se constató la necesidad de ampliar desde UNIDXS la coordinación con otros sectores de trabajadores, ya que el ajuste es al conjunto y no se podrá frenar sin unidad.
RESOLUCIONES:
● Unidxs x la Cultura se declara en estado de alerta, organización y
movilización y llama a todos los sectores de la cultura a organizarse
contra el plan de ajuste de Milei-Caputo.
● Impulsar la coordinación de todos los sectores de la cultura, los medios públicos y comunitarios en lucha.
● Rechazar el ajuste y los despidos.
● Convocar y participar como Unidxs por la Cultura en la movilización
que se está organizando para este 20 de diciembre. Definir una consigna
unificada de UNIDXS.
● Consideramos que, en la actual situación, todas las conducciones
sindicales del sector deberían convocar a organizar la resistencia con
asambleas, paro y movilización.
● Absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz. En contra de toda
persecución y represión a quienes salgan a luchar. Y en solidaridad con
todas las luchas actuales.
● Alto al genocidio del Estado de Israel y apoyo al pueblo palestino.
La Secretaría de Trabajo con T de Techint
El lunes pasado volvió a la Secretaría de Trabajo, porque ya había estado en el gobierno de Macri, Miguel Ponte. ¿Quién es? El histórico jefe del área de Recursos Humanos del Ternium, una de las joyas de Techint, el grupo empresario más poderoso del país. Ponte fue aquel que dijo, para justificar la reforma laboral, que “la posibilidad de entrar y salir del mercado de trabajo hace a su esencia, como comer y descomer”.
Ponte y Omar Yasín, el secretario de Trabajo, estuvieron juntos en la gestión de Mauricio Macri y Jorge Triacca.
Otro desembarco que se confirmó la semana pasada es el de Julio Cordero, jefe del ejército de abogados laborales de la empresa de los Rocca. Cordero había sido asesor de Patricia Bullrich, pero cuando vio que el mejor posicionado de la derecha era Milei se sumó a su hermano, Adrián, a militar con La Libertad Avanza.
Pero lo que hizo más ruido es el área que le cederían a Cordero, o sea a Techint. La Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS). Allí se deciden las disputas por encuadre sindical, se otorgan personerías gremiales e inscribe a los nuevos gremios y se definen inspecciones a organizaciones gremiales. Es un lugar estratégico, no solo para favorecer a los burócratas amigos, sino para perseguir a los opositores. Desde allí salieron las multas a Camioneros por una huelga, se trabó la personería del Subte, se avaló el ataque a los delegados combativos de Lear y una larga lista. También se da vía libre a los sindicatos amarillos que crean los Barrionuevo y compañía.
Los Rocca han hecho su fortuna no solo a costa de la explotación obrera. También de los beneficios y negociados con el Estado. Sin olvidar que Videla les permitió tener un centro clandestino de detención atrás de Dálmine Siderca. La empresa tuvo 75 obreros desaparecidos.
Hay una anécdota que pinta de cuerpo entero a Cordero y la “ideología laboral” de Techint. Fue el 27 de septiembre de este año en los debates en el Congreso por la reducción de la jornada laboral. Cordero empezó preguntándose si esa medida mejoraría la productividad y otras preocupaciones de patrón. Pero de pronto deschavó toda su conciencia de clase. “Yo limito la jornada para que trabaje menos, pero ¿para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué?”.
Solo quiere que “adentro” sus esclavos trabajen más rápido. Además, quiere saber qué van a hacer “afuera”. O sea, en su tiempo libre.
El nombramiento de los hombres de Rocca es un llamado de atención. Se van a reforzar los ataques a los derechos obreros y sus organizaciones.
10 datos sobre Omar Yasin, el abogado macrista que Milei confirmó como secretario de Trabajo
Por Lucho Aguilar
Este lunes se confirmó la designación de Yasin. Estará acompañado de otros ex funcionarios de Macri y Triacca, junto a los jefes de abogados del Grupo Techint. Quién es Omar Nills Yasín.
1. De la casta macrista
Omar Yasin ya fue funcionario de Trabajo en la gestión de Mauricio Macri y Jorge Triacca. Fue director del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), pero también uno de los encargados de redactar la reforma laboral que quería imponer Macri, pero pasaron cosas (diciembre de 2017). Pero además tuvo cargos de todo tipo en los gobiernos macristas, como Director de Ferias y Mercados (¿?).
2. Experto en despidos
Yasin se vende como profesor universitario, pero además de la función pública hizo su carrera como abogado especializado en el derecho individual (básicamente despidos).
3. Amigo de Techint
La cartera laboral que está armando Milei bien podría poner en la cartelera de Trabajo la “T” de Techint. Entre ellos Miguel Ponte, uno de los jefes de Recursos Humanos, y Julio Cordero, jefe del Departamento de Legales de la empresa de Paolo Rocca, que el pasado jueves dijo que “hay que resetear la Argentina”.
4. Soldado de Patricia
Yasin era el candidato a ocupar el cargo si Bullrich llegaba al gobierno. Era el responsable de las propuestas laborales de Juntos, junto al equipo de Triacca y a los hombres de Techint, al que hay que agregar a Ernesto Rona, ex gerente de Recursos Humanos de Techint.
5. Despidos baratos
Entre los principales proyectos que presentó Yasin en la reunión tras el triunfo de Milei se incluye la generalización del “modelo UOCRA”, que incluye un “fondo de cese laboral” que permite despidos más baratos y arbitrarios, renunciando al derecho a la indemnización contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo. Yasin propone que sea por ley y no “por convenio”.
6. Ataque a los convenios
Otra de las propuestas que trajo en su flamante carpeta es eliminar la “ultractividad”. Es una cláusula que permite que los convenios mantengan, si no hay acuerdo entre las partes, las conquistas que tienen. Además, quiere eliminar las multas a las patronales que tienen empleados sin registrar.
7. A los pobres ni justicia
En marzo de 2016 Yasin fue el responsable de desmantelar el Programa Asistir. Se trata de un patrocinio gratuito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para trabajadores en litigio que no podían pagar los honorarios de un abogado personal. Para eso despidió a más de 20 abogados laboralistas que tenían entre 10 y más de 20 años de antigüedad en el organismo y se encargaban de defender trabajadores despedidos.
8. Un enemigo de la reducción de la jornada laboral
Yasin fue uno de los expositores en el reciente debate sobre la reducción de la jornada laboral que se dio en el Congreso. Allí, igual que los abogados de Techint que trabajarán junto a él, se opuso firmemente a la propuesta de la izquierda y diputados sindicales, que proponían reducir la jornada legal sin reducir el salario para generar puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida.
9. Precarizador
Yasin es un apasionado sobre el “trabajo autónomo”, sobre el cual ha escrito ponencias y artículos. Un dato lo pinta de cuerpo entero. En la era Macri se perdieron 240.000 puestos en el sector privado, pero 177.000 trabajadores se registraron como monotributistas. O sea, que los puestos “creados” fueron a costa de precarizar parte de los anteriores.
10. Pisando los salarios
En la gestión de Cambiemos de la que formó parte Yasin el salario mínimo que se discute en la Secretaría de Trabajo perdió cerca de 30% de su poder de compra. Además, cayó un 20% salario real de las trabajadores y trabajadores registrados y más del 30% los informales.
Fuente: La Izquierda Diario
Los que pagarán el ajuste
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en números del Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, concluyó que el 67% del ajuste lo pagarán los trabajadores y trabajadoras activos, pasivos y PYMES.
Durante toda su campaña electoral Javier Milei sostuvo que al ajuste lo pagaría “la casta”, lo que le valió sumar adeptos para su proyecto, quienes pensaron que la crisis la pagarían los corruptos, los ñoquis, los funcionarios y todo lo asociado a “la política”. Su cambio en el discurso de apertura de las sesiones parlamentarias fue notorio. Allí dijo “no hay plata” y reafirmó la idea de realizar un ajuste del 5% del PBI. Pero aclaró que esta vez el ajuste lo hará el “Estado” no el sector privado.
Estado no es lo mismo que “la casta” contra la que Milei batalló durante toda su campaña. Y aquí están los números del ajuste de los 5,4 puntos de PBI que lo comprueban.
¿Quiénes pagarán el ajuste?
*Una suma de 2,35 puntos o lo que equivale al 43,5% del total, serían costeados por los trabajadores activos, por distintas vías. Las medidas que afectan a este sector se encuentra en distintos rubros de la planilla publicada por el MECON: la reversión de la eliminación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, el recorte a las transferencias a las provincias que afectaría partidas del Fondo Nacional de Incentivo Docente -FONID-, la suba de tarifas y de transporte, el congelamiento de los planes Potenciar Trabajo, la destrucción de puestos de trabajo de la obra pública, y la afectación a trabajadores/as estatales por recortes en gastos de funcionamiento.
*Luego, las y los trabajadores pasivos asumirían el peso de 0,5% del recorte, a partir de la suspensión de la formula jubilatoria, si eventualmente se aprobara en el Congreso, o a través del recorte o congelamiento de los bonos que licuarían este rubro del gasto previsional, que como hemos adelantado, es el 60% del gasto. El ajuste a los pasivos significará el 9,3% del total.
*Las pymes, en tercer lugar, se verían afectadas por la suba del Impuesto PAIS a la importación de bienes (de 7,5% a 17,5%), lo cual les incrementa el costo de la importación de insumos a un dólar de $940.
*En suma, el 67% del ajuste lo pagarían los trabajadores y trabajadoras activos, pasivos y PYMES.
¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la devaluación?
La suba del dólar oficial a $ 800 (este viernes ya cotizaba según el Banco Nación a $ 821, que con el agregado de los impuestos lo lleva a $ 1.313), lo coloca en el nivel más alta desde el 2002 donde se salió de la convertibilidad del $ 1 – U$S 1
Esta mega devaluación determina ganadores y perdedores:
- Ganadores: aquellos que perciben ingresos en dólares son, en toda suba del tipo de cambio, los principales beneficiarios. El ejemplo más claro refiere a los exportadores de soja, que mejoran 30% su rentabilidad, dado que las retenciones no han subido para este sector. También, aquellas firmas con stockeo de insumos en dólares.
- ¿Ganan o pierden?Las economías regionales mejoran su valor exportador, pero al mismo tiempo se le aplican retenciones del 15%, cuando habían logrado llevar la alícuota a 0% luego de las decisiones del equipo económico de Sergio Massa. Es probable que, en un escenario de profunda desregulación, se profundicen las desigualdades al interior de las cadenas (los eslabones más grandes logran beneficiarse con los márgenes adicionales transfiriendo los costos a los más pequeños). Por otro lado, la industria exportadora si bien mejora el valor de exportación de $650 a $860 pero se incrementan los DEX a 15%. Sector automotriz: dólar exportador mejora en 15%, pero cabe notar que al menos el 60% de los componentes de los vehículos de fabricación nacional son importados, que por el salto devaluatorio y el incremento del impuesto País se encarecen en un 138%. Eso sin considerar el impacto que eso mismo tiene sobre los autopartistas locales que proveen los componentes locales.
- Perdedores: trabajadores/as activos, trabajadores/as pasivos y pymes dada la suba de costos por importación y fletes y caída de actividad económica.
La estafa de la estatización de las deudas privadas
¿La deuda no era inmoral? Milei y Caputo estatizan deudas privadas de los empresarios amigos, como hizo Cavallo en la dictadura.
Se trata de deudas privadas externas por más de 30.000 millones de dólares. Son deudas privadas, no del Estado o de todos, como quieren dar a entender.
¿Cómo funciona la estafa?
El Banco Central va a emitir un bono en dólares, llamado “Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL)” para que puedan acceder las empresas que tengan deudas comerciales por importaciones.
Entonces si antes la empresa A en Argentina le debía dólares a la empresa B del exterior, ahora compra ese bono en pesos y lo usa para pagar su deuda afuera, por lo que la empresa B pasa a ser acreedora del Estado.
O sea, el Estado, más precisamente el Banco Central, va a acumular una deuda enorme en dólares, que antes no tenía, para rescatar a las empresas privadas.
Y no estamos hablando de pymes, la mayoría son empresas muy grandes, y que con Alberto habían accedido privilegiadamente a dólares baratos.
Una estafa por donde se lo mire:
1) Esas empresas importadoras, como la de Nicolás Caputo, el primo de Luis Caputo (ministro de Economía) pueden comprar los bonos en pesos hoy al Banco Central, y cobrar en dólares en el 2027, con una tasa de interés del 5 % anual que nos va a generar más déficit, a pesar de que dicen que lo quieren bajar.
2) Si hubiesen comprado dólares en el contado con liquidación, estas empresas tendrían que haber pagado $1.100 por dólar en lugar de $800, como el oficial. Es como si tuviesen un 30% de descuento, un “regalito” de 8.000 millones de dólares. Esto equivale a todo lo que quieren recortar de jubilaciones, programas sociales y aumento de tarifas.
3) Además el grueso de esta deuda privada es entre empresas del mismo grupo.
Milei decía que la deuda era inmoral y en su primera semana ya se endeuda por 30.000 millones de dólares.
Ni el Estado ni el pueblo trabajador tienen porqué asumir una deuda privada.
Fuentes: Resumen latinoamericano, Pagina12, Indymedia Trabajadoras/es, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Prensa ATE Nacional
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.