Lo que sucedió en las últimas horas en la ANSES, con despidos de cientos de empleados totalmente sorpresivos, sin previo aviso, es apenas una muestra del próximo paso de la gestión Javier Milei: aplicar a fondo la motosierra por el empleo estatal, dejando sin renovación una buena parte de los 70.000 contratos que vencen a fin de mes.
Los vínculos laborales de 70.000 personas, que caducan el próximo 31 de marzo, están en la mira del gobierno libertario desde principios de enero y forman parte de los puntos a atacar para la jefatura de Gabinete de Nicolás Posse, que monitorea el ajuste fiscal minuto a minuto y que se encargó de bajar una línea bien concreta en la última semana: cada ministerio y área estatal deberá reportar este martes 26 de marzo los contratos a eliminar, con el agregado de comunicarles a los futuros damnificados que se quedarán sin una fuente de ingreso. Aproximadamente, serán entre 15.000 y 20.000 agentes del Estado que dejarán su puesto laboral.
La noticia no cayó bien en varios ministerios, que requieren personal y no están en condiciones de pasar la motosierra. “Hay gente valiosa y que trabaja muy bien por un sueldo que no es alto ¿Cómo vamos a echar gente en este momento?”, se preguntó un funcionario de La Libertad Avanza, que agrega que existieron llamados a Posse y a Luis Caputo, el ministro de Economía, para explicar que no pueden tocar personal.
En las filas libertarias, el tema contiene varios matices. Por un lado, el presidente se jacta de haber echado a 50.000 personas a partir de su arribo a la Casa Rosada. No obstante, cerca del economista se cuidan de hablar de despidos y prefieren utilizar las palabras “no renovación de contratos”. En concreto, solo admiten que 7.000 integrantes de la administración pública perdieron su ingreso económico mediante el decreto 84/2023 que vio la luz el 26 de diciembre pasado. Esa disposición, con firmas de Milei y Posse, estableció la no renovación de aquellos vínculos que están comprendidos en el artículo 9 de la ley marco, que comenzaron el 1° de enero de 2023 y que vencieron el 31 de diciembre de dicho año.
A su vez, en Balcarce 50 subrayaron que no habrá un recorte importante de los famosos 70.000 contratos en la mira del ministro coordinador, solo se producirá un ajuste entre el 20 y el 30 %. Los gremios más poderosos que nuclean a los trabajadores de la administración pública, UPCN de Andrés Rodríguez y ATE de Rodolfo Aguiar, no dan por seguro esa versión y se preparan, a su modo, para un escenario cargado de conflictividad.
ATE, por caso, ya lanzó una jornada nacional de protesta para el martes 26 de marzo.
A diferencia del Gobierno, en ATE sí mencionan la palabra “despidos” y ofrecen cifras. En total, indican además de los 7.000 contratos que no fueron prorrogados para este año, hay por lo menos 2.000 hombres y mujeres de diferentes áreas que recibieron un telegrama, con el agregado de que cientos de empleados ya saben que no trabajarán más y solo resta la efectivización de su destitución.
En este marco, se destaca el ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, quien echó a 1.500 personas, en ANDIS 165, en el Incaa 170, en Aysa 200, en la secretaría de Derechos Humanos 26, en el Enacom 50 y en el Conicet otros 50. De todos modos, habrá más de 2.000 cesanteados porque se van a sumar aquellos que se desempeñaban en los Centros de Referencias que depende de Pettovello (600), el Inadi (400) y los que pertenecían al Instituto de Agricultura Familiar (900), que aún no quedaron operativos. A la larga nómina, se sumarán más de 1.400 de parte de ANSES y 900 del lado del CONICET.
Denuncian 86 despidos de trabajadores del Conicet
El presidente de Conicet, Daniel Salamone, junto con el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el Secretario del CTI Alejandro Cosentino, informaron despidos de trabajadores administrativos en Conicet. De momento, se habla de unas 86 cesantías, 200 desde enero.
Así lo denunció ATE en un comunicado y agregó que a estos funcionarios «la obediencia debida no sólo los hace cómplices sino protagonistas delplan sistemático de destrucción del Estado nacional».
«Además, teniendo en cuenta que la decisiónse realizó contrariando lo dispuesto por el Directorio -máxima autoridad- y todos los directores de los CCT e institutos del país, exigimos la renuncia de Daniel Salamone», agregan en el comunicado.
De hecho, el directorio del organismo esta semana emitió un comunicado expresando el total rechazo a la decisión de limitar al 31 de marzo la renovación de contratos de personal administrativo y técnico de la institución, que alcanza a 1.600 empleados.
Desde ATE convocan a una concentración masiva el lunes 25 a las 11:00en la explanada del Polo Científico. Un día antes, marchará «para inundar las calles del país contra el gobierno negacionista de Milei y sus cómplices y protagonistas».
El jueves, el directorio del Conicet había denunciado la intención de cortar 1.600 puestos de trabajo de empleados administrativos y técnicos, que se sumarían a los 50 ya anunciados, lo cual se agrega a los despidos en otras dependencias del Estado.
Mario Pecheny, miembro del directorio del Conicet y vicepresidente hasta agosto de 2023, contó que el directorio rechazó de manera unánime el plan de despidos. Entre los ocho directores hay representantes de la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural Argentina.
«El recorte que se hizo, aun si uno estuviera de acuerdo, no se llevó adelante considerando la labor de los despedidos. Se fijó un número de despidos y echan sin tener en cuenta los desempeños», afirmó. «Era razonable pensar recortes en gente a punto de jubilarse, pero llamaron a distintas dependencias exigiendo un número de despidos sin mirar antecedentes», añadió.
Los directores plantearon a Salamone su punto de vista, pero el titular del Conicet argumentó que cumplía órdenes de la Casa Rosada. Hoy, el organismo depende de Jefatura de Gabinete.
Pecheny estima que los cesanteados son en su mayoría contratados, que nunca fueron pasados siquiera a planta transitoria. «Hay un desánimo terrible», graficó sobre una medida que tiene el repudio de trabajadores y directores.
«Han echado gente con años de trabajo, del área de limpieza y de mantenimiento», dijo y recalcó que hay trabajadores con contratos prorrogados hasta diciembre de este año «que tienen la incertidumbre de qué es lo que puede pasar con ellos». Más concretamente, al universo de no despedidos, los dividieron renovándoles el contrato por 2 meses, 3, 6 o 9 según el caso. Una situación de angustia y atropello de los derechos laborales elementales.
Para Pecheny, desde el Gobierno «buscan rédito desde lo simbólico, creen que esto les popularidad en algunos círculos» y precisó que «es atronador el silencio del resto de la clase política. Se desmantela a una velocidad nunca vista». En su opinión «la caída del DNU 70/2023 podría parar esto a futuro».
Un dato que contradice los argumentos del oficialismo: en 2016, el entonces ministerio de Modernización calculó cuántas personas necesitaba cada dependencia como mínimo para poder funcionar. El Conicet estaba por debajo de ese umbral. Los 200 despidos desde enero marcan una alta proporción si se piensa que tiene 1.500 empleados.
1.300 despidos en la Anses, 90 en el Conicet y caerían 20.000 contratos a fin de mes
Por Mauricio Caminos
El Gobierno profundizó en las últimas horas su razia contra los trabajadores del Estado. Hoy fueron despedidos unos 1.300 empleados de la Anses y se desvinculó a más de 90 personas del Conicet. Para la semana próxima se espera que se caigan cerca de 20.000 contratos en toda la administración pública, de un total de 70.000, cuyo convenio temporal vence el 31 de marzo.
El ajuste en el organismo de previsión social alcanza a casi el 15% de su planta total y puso en alerta máxima al gremio de ATE, desde donde denunciaron que la avanzada libertaria está atada a una intención de Javier Milei para que se vuelva a un sistema de AFJP. El gremio realizará el próximo martes 26 una huelga general en el sector.
“Empezaron a llegar telegramas de despido a trabajadores de planta permanente y transitoria, indistintamente”, afirmó a este medio Luciano Fernández, referente de ATE en la Anses. “El anhelo del Gobierno es que vuelvan las AFJP. Esta magnitud de despidos parece apuntar a la conformación de un organismo residual que sea subsidiario del sistema privado de capitalización individual”, denunció la fuente consultada.
Los telegramas de despidos en la Anses llevan la firma de la directora general de Recursos Humanos, Marcela Jarvis, funcionaria con pasado en los gobiernos de la Ciudad bajo las distintas administraciones del PRO. “A partir de la fecha prescindimos de sus servicios y cesa su vinculación con esta Administración Nacional. Liquidación final y certificados de ley a su disposición en el plazo establecido por la normativa vigente”, reza una de las cartas documento a la que accedió elDiarioAR.
En la Anses remitieron que la responsabilidad de la ejecución de los despidos fue del ministerio de Capital Humano. “Forma parte de la reducción que anunció el Presidente”, justificaron a este medio desde la cartera que conduce Sandra Pettovello, que tiene bajo su órbita la secretaría de Trabajo nacional. “Anses es un lugar más del Estado”, dijeron en el ministerio para descartar la posibilidad de que el Gobierno avance en una política de privatización del sistema jubilatorio.
A la noticia del recorte en la Anses se sumó también este viernes la noticia de que se recortaron más de 90 puestos administrativos en el Conicet, organismo especializado en la investigación científica. La seccional de ATE publicó en sus redes sociales una nota que le remitió el presidente del Conicet, Daniel Salamone, al gerente de Recursos Humanos, Alberto Arleo, con una nómina del personal “cuyos contratos no serán renovados a partir del mes de abril próximo”.
El gremio hace también responsable del ajuste al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al secretario de Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino. “Informamos a las autoridades que llevaron a cabo la decisión de despedir trabajadoras y trabajadores que la obediencia debida no solo les hace cómplices sino protagonistas del plan sistemático de destrucción el Estado nacional y de los derechos del pueblo argentino que está llevando a cabo el gobierno de Milei”, expresaron en un comunicado. Para el próximo lunes convocaron a una protesta en la explanada del Polo Científico nacional, ubicado en el barrio porteño de Palermo.
Los despidos de este viernes podrían agravarse la semana próxima, última del mes de marzo, porque la Casa Rosada tiene la firme decisión de no renovar un sinfín de contratos temporales que habían sido renovados por tres meses en diciembre, cuando comenzó la gestión libertaria. Ese universo de contratados eventuales en el Estado alcanza a unas 70.000 personas, y fuentes de ATE confiaron a elDiarioAR que la intención de Milei es no renovar el 31 de marzo cerca de 20.000 convenios. “Son 70 mil puestos de trabajo los que están en riesgo. Un tercio de esos no se van a renovar”, recogió este medio.
ATE lanzó una Jornada Nacional de Protesta el 26 de marzo
El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió realizar una jornada nacional de protesta ante la amenaza de nuevos cierres de organismos y el intento de despidos de miles de trabajadores en la Administración Pública. “Si Milei quiere conflicto, conflicto tendrá”, aseguró Rodolfo Aguiar.
La movilización se realizará el martes 26 de marzo y, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Conducción Nacional se movilizará hacia el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Av. Paseo Colón 982, CABA), organismo que corre peligro de cierre tras el reciente anuncio del vocero Manuel Adorni.
“Los despidos son inminentes. Si no reaccionamos y profundizamos nuestro plan de lucha, en las próximas horas estaremos frente a un escenario de cesantías masivas. El Gobierno intenta destrozar el Estado y tenemos que resistir. No podemos permitir que se desestructure el Estado. Tenemos que defender la presencia del Estado en todo el territorio nacional”, manifestó el Secretario General de ATE.
En esta línea, el dirigente agregó: “Hasta ahora, todas las medidas del Gobierno están orientadas a erradicar derechos, destruir puestos de empleo y demoler los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares”.
“Las centrales obreras deben acelerar los pasos hacia una nueva huelga general. Debemos evitar que el 25 de mayo se firme el pacto de la entrega de nuestro país y eso sólo lo vamos a lograr estando en la calle”, apuntó el referente estatal.
De cara a lo que será la nueva medida de fuerza, Aguiar sentenció: “No estamos defendiendo privilegios. Estamos defendiendo políticas públicas. Queremos un Estado al servicio del pueblo y rechazamos cualquier posibilidad de que el Estado represente o sea garante de los intereses de las grandes corporaciones empresarias como pretende Milei”.
Por su parte, la Secretaria Adjunta de ATE, Mercedes Cabezas, agregó: “Fue una reunión que estuvo atravesada por la noticia de lo ocurrido con la militante de la agrupación H.I.J.OS. Sabemos que nos quieren con miedo, pero no nos va a paralizar. El próximo 24 de marzo vamos a llenar las calles por los 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas que soñaron con un país más justo”.
La reunión se realizó en el Hotel 27 de Junio de ATE, ubicado en Defensa 1469 (CABA) y contó con la participación de las conducciones de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí también se decidió demandar a las tres centrales sindicales (la CGT y las dos CTA) que se avance en una nueva huelga general en los primeros días de abril, moción que presentarán el sábado en el Congreso de la CTA Autónoma (central que integra ATE), el cual se realizará en Avellaneda.
La Jornada Nacional de Lucha comenzará con asambleas y ruidazos en todos los ministerios y organismos para luego retirarse al mediodía y concentrar en el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Son más de 70.000 las y los trabajadores estatales en contratos precarizados que corren peligro de despido a partir del 31 de marzo. Según trascendió desde el Ejecutivo, se busca una reducción de entre el 20 y 30 % de la planta transitoria del Estado, por lo que los despidos podrían ser entre 14.000 y 21.000 a fin de mes.
Además, según el “manual de despidos” que circuló en las últimas horas, el Gobierno comenzaría las comunicaciones para informar los despidos el 26.
Durante la reunión, se definió que no se aceptará ni un sólo despido y que se profundizará el plan de lucha si el Gobierno no desiste en su política de destrucción del Estado.
En este sentido, los principales ejes de los reclamos son:
– Aumento salarial por encima de la inflación.
– Reincorporación de despedidos sin causa.
– Renovación automática de los 70.000 vínculos laborales que vencen el 31 de marzo.
– Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados.
– Rechazo al cierre de todos los organismos públicos y a la privatización de empresas estatales.
– Defensa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
– Aumento de emergencia para jubilados y pensionados.
– Rechazo a cualquier intento de privatización.
Salud pública en crisis
Tuvieron lugar la semana pasada paros de salud en Río Negro y Santa Fe. San Luis y Chaco llevaron a cabo nuevas medidas de fuerza el viernes, mientras Catamarca continúa en asamblea permanente por tiempo indefinido.
La crisis que atraviesa el sistema de salud pública no hace más que agravarse. Los recortes efectuados por el gobierno nacional y la falta de respuesta de los gobiernos provinciales llevan a una creciente conflictividad con los gremios que representan a los trabajadores y trabajadoras de la salud de todo el país.
En Santa Fe, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) rechazó por insuficiente la propuesta por debajo de la inflación del gobierno de Maximiliano Pullaro, por lo que fue citado nuevamente para el martes 26.
En Río Negro hay un virtual estado de rebelión de los 8.000 trabajadores de salud. El gobierno de Weretilneck se niega a convocar a la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) a una paritaria sectorial de salud, por lo que el gremio convocó a un nuevo paro de 72 horas para los días 25, 26 y 27 de marzo.
En tanto, la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud de San Luis (APTS) marchó el viernes a la gobernación, junto a los gremios que integran el Frente de Trabajadores del Estado, en defensa de su pliego de reclamos.
También el viernes comenzó un paro por 24 horas de los trabajadores de la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch), en repudio a la violencia contra los trabajadores de salud y exigiendo seguridad al gobierno de Leandro Zdero.
En Catamarca, la Asociación de Profesionales de la Salud (Aprosca) continúa en estado de asamblea por tiempo indefinido desde el 12 de marzo, en reclamo de un aumento salarial y mejores condiciones laborales. Exigen una mesa de negociación salarial al gobernador Jalil.
Por último, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) llamó a marchar en todo el país el domingo 24 de marzo, a 48 años del golpe de Estado cívico militar exigiendo Memoria, Verdad y Justicia.
Denuncian despidos y recortes en la TV Pública
La Comisión Interna del SiPreBA de la Televisión Pública denunció despidos efectuados en la tarde del viernes de más de 10 trabajadores. Este ataque se da en el marco del recorte que lleva adelante la intervención del canal, que ya anunció el cierre de varios programas de noticias y de seis ciclos televisivos.
Por otra parte, según trascendió el director de la TV Pública, Juan Parodi, renunció este mismo viernes horas antes de que se conocieran los despidos, luego de anunciar recortes en la programación del canal, que incluye, por ejemplo, la negativa a realizar la cobertura en vivo de la marcha del 24 de marzo por el Día de la Memoria y la salida del aire de ciclos históricos de la señal, como Cocineros Argentinos, emitido desde 2009.
El productor se había reunido previamente con el secretario de Prensa y Comunicación del gobierno nacional, y el director de Radio Nacional. Esta reunión se dio luego de que Parodi realizara una auditoría interna del canal y diagramara la nueva programación con salida del aire de ciclos, noticieros y coproducciones.
«Despiden periodistas para consolidar una televisión de propaganda. Expresamos nuestro repudio y total rechazo a la finalización de contratos a más de diez periodistas que realizaban tareas de convenio en el noticiero de la TV Pública, como columnistas y/o conductores», dice el comunicado, y aclara que en la nómina de trabajadores despedidos del canal, ubicado en Figueroa Alcorta 2977, «hay periodistas que ingresaron en distintos períodos, por ejemplo durante la gestión de Hernán Lombardi y de Rosario Lufrano, que cuentan con una gran trayectoria y profesionalismo».
«Esta decisión por parte de la intervención de los medios públicos que encabeza Diego Chaher, tiene el agravante de que ni Juan Parodi, director de la TV Pública, ni Fabián Gijón, gerente de noticias, tuvieron la delicadeza de hablar con cada uno de esos compañeros y compañeras ni dieron respuesta a su representación gremial cuando se solicitó que den previsibilidad a los trabajadores», continúa el comunicado.
Por otra parte, la Comisión Interna desmiente que los despidos y el recorte a la programación se deba a un problema de financiamiento del canal público: «Al mismo tiempo, en la última semana ingresaron nuevos trabajadores para algunos de esos puestos, sin concurso y de manera irregular, lo que indica que no es un problema presupuestario«.
«Milei busca convertir la Televisión Pública en un aparato de propaganda, tal como lo comprueba la detallada denuncia que realizamos. La censura tiene un objetivo: que los medios públicos no informen sobre el brutal ajuste que sufre nuestra sociedad», finaliza el comunicado.
FATPREN convoca a paro de 48 horas en prensa escrita
El Plenario de Sindicatos adheridos a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) resolvió convocar a un paro total de actividades en las redacciones de todo el país por 48 horas el martes 26 y miércoles 27 de marzo.
La medida se adopta tras casi tres meses de conflicto en los que la cámara patronal, la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA), se niega a acordar el aumento salarial reclamado por la organización gremial ante la brutal escalada inflacionaria que se vive en el país.
“La situación de los trabajadores y trabajadoras de las redacciones es crítica e intolerable”, señalaron desde la FATPREN. “El sector empresario descarga un ajuste brutal para incrementar los niveles de precarización en la actividad”.
Al día de hoy, el básico de redactor se encuentra en $ 260.112, sin variaciones desde el mes de enero, pese a que la inflación de los últimos tres meses ha superado el 70 %.
Esto es, al límite del valor de la Canasta Básica Alimentaria calculada por el INDEC a febrero de 2024 o, dicho de otra manera: en la línea de indigencia.
“La situación no se aguanta más. En este marco, como continuidad al plan de lucha que se viene desarrollando, FATPREN convoca a todos los sindicatos y trabajadores y trabajadoras de prensa del país a construir un gran paro nacional el martes 26 y miércoles 27 de marzo”, plantearon.
Además, en forma previa a estas jornadas de lucha, el 24 de marzo la FATPREN convoca a movilizar en todo el país en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia y para decir Nunca más a la miseria planificada que pretende instalar este gobierno de la mano con los grandes empresarios, entre ellos, los de medios.
“Y el 25 marzo, en el marco del Día del trabajador y la trabajadora de prensa, al cumplirse 80 años del Estatuto del Periodista Profesional, alzaremos la voz en todo el país en defensa de los derechos, convenios colectivos y salarios”, concluyeron.
Los trabajadores metalúrgicos se preparan para el paro en Córdoba
Trabajadores de distintas fábricas metalúrgicas de la ciudad de Córdoba llevaron adelante acciones en la puerta exigiendo la recomposición salarial para que ningún trabajador esté por debajo de la canasta familiar, en rechazo a los retiros voluntarios y amenazas de despidos.
Mientras se llevaban adelante las acciones, se conoció el ofrecimiento de las Cámaras empresarias del 20,6%.
Esta semana vence la conciliación obligatoria aceptada por la conducción nacional de la UOM, mientras que la inflación carcome los salarios metalúrgicos. Las Cámaras empresarias alegan una baja en la producción y comercialización en el marco de la recesión a la que llevó las medidas económicas del gobierno nacional.
Las patronales abrieron retiros voluntarios en varias fábricas, pero han sido rechazadas de manera mayoritaria por los trabajadores.
Villa Constitución. Acindar: suspensiones y rebaja salarial para los contratistas
El jueves, en una audiencia en la Secretaría de Trabajo de Santa Fe, cuatro empresas contratistas, entre las más grandes, llegaron a un acuerdo con la UOM en el cual se permite la suspensión del personal tercerizado con un valor del 83% neto.
Después de varios días en los cuales las empresas cortaban el molinete directamente a su personal, lograron ganar la pulseada y lo dejaron plasmado en un acuerdo de cuatro meses de duración y un compromiso de paz social mientras se están quedando sin trabajo cientos de familias.
En el Congreso Nacional Siderúrgico que se realizó en las instalaciones de la UOM San Nicolás, el Secretario General, Abel Furlán, dijo que «no van a aceptar el chantaje de la crisis generada por el gobierno y las patronales, que siempre aceptaron suspensiones para preservar los puestos de trabajo y, sin embargo, las patronales despedían». Y en un acto de sinceridad dijo: «Si quieren despedir que despidan, pero vamos a luchar por el salario de los metalúrgicos».
La estrategia utilizada por la UOM es absolutamente perjudicial para los trabajadores. En medio de un ataque sin precedentes del gobierno y las patronales, estos se limitan a luchar por reivindicaciones aisladas (correctas como es el salario) y sin unificar a los trabajadores. Dentro del mismo gremio se está peleando divididos entre ramas, y Furlán negó categóricamente que sea necesario que la CGT llame a un plan de lucha nacional para tirar abajo el ajuste de Milei. Tanto Furlán como Brunelli, vienen al frente de la UOMRA hace décadas, rotando en distintos sillones, negociando a la baja salarios, condiciones y puestos de trabajo. Hoy en esta situación quieren mostrar un «espíritu combativo» contra Rocca, el emperador del mundo Techint, regateando salario para llegar a lo robado por la inflación de los últimos meses, pero desentendiéndose de los miles de despidos y suspensiones que están sucediendo a lo largo de todo el país.
Protesta contra la empresa Tenaris
Reclaman recomposición salarial con un paro de 72 horas. “No podemos ser socios sólo en las pérdidas”, aseguran desde el gremio que sostiene su plan de lucha desde diciembre.
Trabajadores metalúrgicos de las principales seccionales de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe se manifestaron el martes 19 en la ciudad de Campana, primero frente a la planta de Tenaris, perteneciente a Techint, y luego en el centro, en reclamo de una actualización salarial. El conflicto sigue escalando.
El paro comenzó el martes y se extenderá hasta el jueves. Sindicalistas y empresarios negocian salarios desde diciembre pasado, pero describieron la situación como “empantanada”. En estos meses, la inflación acumulada supera el 70 %.
La manifestación se da en el marco de una medida de fuerza de 72 horas, la tercera consecutiva en la misma cantidad de semanas, en el marco de un plan de lucha incremental. La primera medida, a principio del mes, fue por 24 horas y la siguiente por 48 horas.
Además de la de Zárate – Campana, estuvieron presentes las seccionales de La Matanza, San Nicolás, Luján, Quilmes, Villa Constitución, La Plata, Bragado, Morón yVicente López, entre otros.
El diputado mandato cumplido y oriundo de esa zona, Abel Furlán, secretario general de la UOM nacional, tras derrotar a su antecesor Antonio Caló en las elecciones de 2022, declaró ante medios locales que “no puede ser que los compañeros se esfuerzan todo el mes, pero sólo puedan alimentar a su familia hasta el día 10”, en una clara respuesta a Paolo Rocca, que había manifestado no entender los motivos del reclamo.
Furlán explicó también que el ingreso de un contratado apenas alcanza los 300.000 pesos y recordó que parte del problema radica en que la empresa, que tiene posición dominante en el mercado de las chapas, fija precios abusivos que luego no se convalidan.
Los representantes de la UOM y del grupo que encabeza Paolo Rocca se verán las caras el lunes 25, en la audiencia convocada por la secretaría de Trabajo de la Nación.
La situación en la empresa del Grupo Techint, lejos de ser un caso aislado, es parte del panorama común a toda la actividad siderúrgica. Las principales demandantes de acero son la construcción, pública y privada, la industria automotriz y la actividad agropecuaria.
Las dos primeras están prácticamente paralizadas y la tercera está expectante, con una demanda de insumos muy por debajo de la habitual. En consecuencia, los stocks de los distribuidores no bajan y las empresas, en este contexto, no le ven sentido a seguir produciendo. Acindar, la empresa grupo internacional Arcelor Mittal, mantiene un cierre programado de sus cuatro plantas por treinta días.
En el inicio del conflicto, pararon las plantas de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, y La Tablada, en el partido de La Matanza. El responsable de la regional Villa Constitución, Pablo González, sostuvo en esa ocasión que “si permitimos que cierre Acindar, no va a quedar nadie en el pueblo”, en referencia al principal empleador local.
El secretario general de la UOM Matanza, Esteban Cabello, explicó que “la disputa es por quién paga los costos del ajuste, porque ellos quieren suspender las actividades, pero sin nosotros. Nosotros estaríamos dispuestos a firmar si hubiera una recomposición salarial”.
Para Cabello, “si los trabajadores no son socios en las ganancias, no tienen por qué serlo en las pérdidas”. “A ninguna de estas empresas le falta espalda, en el balance del año pasado, Tenaris obtuvo ganancias por casi 200.000 millones de pesos”, asegura.
La planta de Acindar en La Matanza, a su vez, es un reflejo de lo que está ocurriendo con el aparato industrial en su conjunto. La semana pasada, en ocasión de la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente local Fernando Espinoza declaró que ya hay despidos en el 30 % de los establecimientos y suspensiones en el 50 %.
De acuerdo al propio INDEC, el uso de la capacidad instalada de la industria a nivel nacional cayó en enero a 54 puntos, muy similar al de 2020, el año en que hubo pandemia de coronavirus y aún no existían vacunas. Para encontrar otro número similar hay que remontarse al período 2001-2002.
Municipales: “La mayoría del sector está debajo de la línea de pobreza”
El panorama social y económico de los trabajadores se torna cada vez más complicado, no solo por la insuficiencia de los salarios para cubrir las necesidades básicas, sino también por el aumento en el nivel de desempleo. “Estado de indefinición social”, así es como definió Victorio Pirillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López.
“Estamos en un estado de indefinición social, donde lo que se anuncia pareciera ser mucho, pero en realidad, trasladado a lo efectivo de la persona, suena a muy poco, a mucho esfuerzo y a mucho trabajo”, comentó Victorio Pirillo.
Los trabajadores de la municipalidad de Vicente López tuvieron un aumento del 80%
Posteriormente, Pirillo planteó: “Nosotros logramos adelantar nuestras paritarias, que son todas anuales, la nuestra es en el mes de agosto y logramos adelantarla para el mes de febrero”. Luego, manifestó que, “obtuvimos un 80% de aumento hasta mayo, todo en blanco, nada en negro, para que lo cobren los jubilados y fortalecer el sistema previsional y una de las cláusulas que pusimos en ese acuerdo paritario fue la protección de la estabilidad laboral, por lo cual, no hubo despidos”.
La mayoría de la masa asalariada no llega al decimoquinto día del mes con su sueldo. “Salvo una élite muy reducida, el resto podemos decir que la masa asalariada no llega con su sueldo hoy al día 15”, sostuvo el entrevistado. “Los niveles que establecen cuándo se está por debajo de la línea de pobreza, la mayoría del sector del trabajo, prácticamente, podemos decir que está por debajo de esa línea de pobreza”, complementó.
Por otro lado, el secretario general del STMVL señaló: “Si bien los aumentos que nosotros logramos son significativos y son buenos en los números, trasladado a la necesidad de la gente, nos sentimos frustrados porque veo que no le alcanza”. Sobre la misma línea, remarcó que, “por más que nosotros hagamos el mayor esfuerzo posible, realmente, trasladado al bolsillo del trabajador, sigue siendo poco”.
“Siempre nosotros somos cautos en cuanto a estudiar el presupuesto, vemos de tratar de ir a un número que sea digno para llevar al sector del trabajo, pero también cuidando el erario público”, expresó Pirillo. A modo de cierre, dijo que, “no lo queremos hacer a expensas de despidos como está pasando en otros sectores”.
Los gremios aeronáuticos levantaron el paro
«Los Sindicatos Aeronáuticos Unidos APA, APLA, APTA y UPSA informamos que llegamos a un acuerdo salarial parcial con Aerolíneas Argentinas (AR) e Intercargo (ITC). Asimismo, se ha estipulado reanudar las negociaciones durante el mes de abril», indicaron los sindicatos en un comunicado difundido el miércoles por la tarde.
El texto agregó: «Desde los Sindicatos Aeronáuticos Unidos esperamos que en esta nueva instancia las autoridades empresarias y los funcionarios del gobierno nacional correspondan la predisposición que hemos demostrado siempre para buscar acuerdos consensuados a fin de continuar recomponiendo los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras de AR e ITC«.
Por último, agradecieron a los trabajadores del sector «por el apoyo brindado en este difícil contexto» y remarcaron que «los detalles del acuerdo serán comunicados por cada una de las organizaciones».
La medida amenazaba con complicar el movimiento en un fin de semana extralargo, momento en el cual muchos aprovechan para tomarse unos días de descanso, favoreciendo la actividad turística.
En ese sentido, al 28 y 29 de Semana Santa se le sumaban el lunes 1° de abril como Feriado Puente y el martes 2 de abril por el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas.
El Gobierno tucumano llegó a un nuevo acuerdo salarial con UATRE y ACNOA
Durante la mañana del jueves, el gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió en su despacho al referente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Germán Ferrrari y al presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste (ACNOA), Pablo Padilla.
En la reunión, el primer mandatario provincial conversó con obreros y patronales del sector, centralizados en la asociación citrícola, para llegar a un acuerdo salarial satisfactorio.
Del encuentro participaron también el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y por parte de ACNOA, José Palacios.
Respecto a la reunión, Ferrari expresó: “Queremos destacar el acuerdo alcanzado entre los trabajadores citrícolas, liderado por el Gobernador Jaldo, tras una solicitud de intervención por parte de los trabajadores”.
El referente destacó que “el acuerdo representa un aumento significativo en los jornales y en el pago por maleta cosechada. Se pasa de 6.200 pesos a 20.150 pesos en el jornal, y de 204 pesos a 650 pesos por maleta cosechada. Este incremento beneficia a entre 35.000 y 40.000 trabajadores de la provincia”.
Y cerró: “Habrá un nuevo incremento en el jornal en junio, con una cláusula de revisión para ajustar por inflación y aumentos previstos en julio”.
A nivel nacional, el presidente de ACNOA declaró: “no ha habido despidos y todos los trabajadores contratados el año pasado conservan su empleo”.
Este acuerdo paritario estará vigente desde el 1 de marzo del 2024 al 28 de febrero del 2025, y es fruto de extensas negociaciones, contando con la mediación del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Paro petrolero en Mendoza
Desde la medianoche del miércoles 20 comenzó el paro convocado por el Sindicato de Petróleo Y Gas Privado de Cuyo. Según informaron desde el sindicato, la medida abarcó a todos los sectores de provisión de combustibles, distribución de gas y yacimientos de toda la provincia y se extendió durante 12 horas.
En un comunicado emitido antes del comienzo de la medida de fuerza, explicaron que el paro es “en repudio a la complicidad del Gobierno provincial en la entrega de áreas petroleras de Mendoza y por el abandono hacia los trabajadores del sector”.
La medida no fue acompañada por el Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburiferos (SUPeH), quien no convocó a ninguna medida de fuerza en apoyo y solidaridad, garantizando la continuidad de la producción en diversas áreas.
Los petroleros privados reclaman contra suspensiones, despidos y mayor precarización, denunciando el saqueo y la devastación de Javier Milei y su cómplice Cornejo en YPF, donde quieren vender los yacimientos a empresas privadas.
El plan de vaciamiento consistiría en que, al cabo de 4 años, el 80% de la producción sea no convencional y que se destine fundamentalmente a la exportación. Denuncian que se están evaluando cierres de instalaciones de logística y abastecimiento de combustibles en algunas áreas del país.
En Mendoza, este proceso ya arrancó: los pozos en la provincia están parados y los obreros serán suspendidos y sólo percibirían el 40 % de su sueldo. También corren rumores de cierres, despidos, retiros voluntarios, pases a otras firmas como empleados nuevos.
Esto último es un importante ataque al conjunto de los trabajadores petroleros, no solo por la pérdida de derechos laborales al pasar a nuevas empresas, sino que desde YPF no aseguraron la continuidad laboral de quienes pasen a las empresas que compren los pozos nuevos.
A estos ataques se suma la denuncia de Camioneros: la Federación que conduce Hugo Moyano denunció que la petrolera prevé suspender y luego despedir a 2.000 camioneros de Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Neuquén, Tierra del Fuego, La Pampa, Formosa y Río Negro.
También denuncian que YPF contrató a la consultora McKinsey, conocida por reestructurar grandes empresas con despidos y precarización laboral. En la refinería de Mendoza, en lo que va del año despidieron a más de 20 trabajadores y cambiándoles las modalidades y condiciones de trabajo arbitrariamente con presiones.
«El paro de hoy puede ser el primer paso para empezar a unir a todos los trabajadores del sector -efectivos y tercerizados, eventuales y permanentes- en asambleas masivas y democráticas, y comités por un plan de lucha que derrote el saqueo de YPF y defienda los puestos de trabajo», concluyó.
La Canasta Básica del Jubilado es de $ 685.041, más de tres veces el haber mínimo
El valor de la Canasta Básica de los Jubilados es de $ 685.041, según los cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad de CABA, en el reporte del mes de abril. De esta forma, el haber mínimo ($ 134.445) incluyendo el bono de $ 70.000 suma $ 204.445 y significa apenas el 30 % de la Canasta. Sin el bono, representa sólo el 20 %.
Con relación a octubre 2023 (anterior medición) el incremento de la Canasta de los Jubilados es del 118,73% (subió $ 371.856 en sólo 6 meses) y en relación a un año atrás, el incremento del costo de vida de jubiladas y jubiladas fue del 239%.
Por su parte, el haber medio de los jubilados que no recurrieron a las moratorias es de $ 299.407. Tampoco llega ni a la mitad del costo de vida mensual.
Por su parte, las pensiones no contributivas equivalen al 70% del haber mínimo más el bono y la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) del 80% del haber mínimo más el bono.
Estas mediciones que realiza la Defensoría de la Tercera Edad desde mayo de 2010 incluyen gastos de vivienda y el rubro medicación contempla una variedad de medicamentos de diferentes patologías, considerando el descuento que se realiza en farmacias según la obra social del jubilado, que oscilan entre 40 y 80%, aclara el Informe.
Los $ 685.041 se descomponen en:
· Alimentos: $ 197.610
· Limpieza: $ 93.190
· Insumos farmacia: $ 45.220
· Medicamentos: $ 108.717
· Vivienda: $ 117.000
· Transporte: $ 46.0000
· Recreación: $ 26.000
· Vestimenta: $ 25.000
· Servicios: 26.394
Según Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad “los nuevos datos de la Canasta Básica de los Jubilados ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector. No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta”.
Este mes de marzo, las jubilaciones tuvieron un aumento por movilidad del 27,18%. Sin embargo, la inflación de enero fue del 20,6%, en febrero del 13,1% y en marzo rondaría el 10-15%, lo que da un trimestre con aumento acumulado de arriba del 52%. Al mismo tiempo, el gobierno mantuvo el bono planchado en 55 mil pesos durante enero y febrero y en marzo lo incrementó a apenas 70 mil pesos.
De esta forma, el haber mínimo de marzo considerando el bono de 70 mil pesos será un 23% más bajo en términos reales que en octubre del año pasado. Sin considerar los bonos, es decir, para todos los jubilados y pensionados que no perciben bono, la pérdida es de 28%.
Esto contrasta con las ganancias que perciben por ejemplo los bancos. Sólo en enero los bancos recibieron unos $ 1,8 billones por los intereses de prestarle al Banco Central en instrumentos como Leliq y pases pasivos, sin prácticamente ningún costo ni riesgo, mientras que el gasto en jubilaciones fue de $ 1,6 billones.
Pero si se tiene en cuenta la pérdida de poder adquisitivo en los últimos gobiernos, desde que asumió Macri, pasando por la gestión del Frente de Todos y los primeros meses del gobierno de Milei, el haber mínimo con bono cayó 40 %, el haber mínimo sin bono un 60,5 % y el haber máximo un 64% desde diciembre de 2015.
El gobierno busca cristalizar esta pérdida perpetuada durante años y por su propia gestión, y atar las jubilaciones a la inflación. Primero buscó realizarlo con un artículo de la Ley Ómnibus, que fue derrotada en las calles. Ahora insiste con una nueva versión de ese proyecto en donde plantea otorgar en abril un aumento del 13,2% -que fue la inflación de febrero- más otro 10% como compensación por el deterioro de estos meses: en total el 24,52%, cuando para el mismo período la inflación fue arriba del 50 %. Y en adelante ajustar los haberes por el IPC con un rezago de 2 meses.
Conversatorio en el Espacio Para la Memoria rechazó la persecución a dirigentes sociales mendocinos
Estuvieron presentes Nicolás del Caño y Romina del Plá, ambos Diputados Nacionales y referentes del Frente de Izquierda Unidad, además Martín Rodríguez condenado por protestar, Víctor da Vila y Lorena Torres ambos imputados por protestar y referentes del Polo Obrero, Eugenio Parisi sobreviviente e integrante de los Derechos Humanos ExD2, Nélida Rojas de Tupac Amaru y Ernesto Huerta quién también se encuentra imputado por protestar contra el ajuste.
El domingo se cumplieron 48 años del golpe cívico-militar-eclesiástico de 1976. En este marco, el miércoles pasado se realizó un conversatorio en la explanada del Espacio Para La Memoria el cual rechazó la persecución a dirigentes sociales que protestan contra el ajuste.
En la explanada del Encuentro Para la Memoria, ubicado en la Av. Belgrano y casi esquina de Av. Peltier, se colocaron hace unos días varios cerámicos con nombres de mendocinas y mendocinos desaparecidos bajo el gobierno de facto. Allí funcionó el centro clandestino y de tortura más importante de la provincia.
Los oradores además de rechazar la persecución a dirigentes sociales acentuaron las violaciones a los Derechos Humanos que enfrentan tanto en la provincia como en el país debido a las políticas del gobierno negacionista de Milei, en consonancia con la de su mejor alumno: Alfredo Cornejo.
El martes 26 de marzo se realizará la audiencia prevista para resolver la elevación a juicio o no de Lorena Torres, Víctor da Vila, Jimena Báez y Ernesto Huertas por participar en movilizaciones.
Nicolás del Caño declaró “estamos en Mendoza participando en el Espacio Para la Memoria y de esta actividad en contra de la persecución a dirigentes sociales de parte del gobierno de Cornejo, con figuras totalmente anticonstitucionales, como la “reiterancia” donde son acusaciones que se van acumulando, no son condenas sino acusaciones que hace la misma justicia cómplice del gobierno de Mendoza en consonancia con la política del gobierno de Milei que es la del protocolo antipiquete de Bullrich, porque el ajuste que están llevando adelante no pasa sin represión”.
Eugenio Parisi sobreviviente e integrante de los Derechos Humanos ExD2 manifestó “no hay proyecto represivo si no hay programa represivo, si es más feroz es porque más feroz el programa económico que quieren llevar adelante».
Números en rojo para Salud y subejecución en varios programas alimentarios
El Presupuesto vigente es el prorrogado de 2023, por lo que la desactualización de los montos es más que evidente con una inflación total del año pasado del 211,4%, y el acumulado de los primeros dos meses ronda los 45 puntos.
Uno de los principales ítems en los que se puede verificar es en el área de obras públicas. Tal como había anunciado el propio Milei, las obras de infraestructura a lo largo y ancho del país se redujeron prácticamente al mínimo.
El Gobierno ha ejecutado únicamente los recursos provenientes de organismos como el BID y la CAF. Fuera de eso, la inversión fue prácticamente nula. La Secretaría de Obras Públicas contaba con un presupuesto inicial de $ 409.960 millones. En lo que va del año solo ejecutó $ 2.360 millones. Ni hablar de que el ministerio fue disuelto y absorbido por la cartera de Luis Caputo, y todavía se está a la espera de los nombramientos.
Uno de los rubros en los que mayor ejecución hubo es el de “conducción y administración”, donde los porcentajes superan el 35%. Cifra contrastante respecto de otros rubros en los que la ejecución fue nula, como las obras del Sistema Riachuelo o el Desarrollo de Infraestructura Sanitaria.
Otro punto en el que el recorte fue efectivo es en lo relativo a las políticas alimentarias. De las 12 políticas que se contemplan en el Presupuesto, solo hubo ejecución en cinco. El Plan Nacional Argentina contra el Hambre tuvo hasta el 18 de marzo $ 0 de ejecución. Tampoco hubo ejecución en la parte del programa que está financiada por la CAF, organismo internacional.
Ni siquiera hubo erogación alguna en el rubro Comedores Escolares. Si bien las clases comenzaron hace algunas semanas, hay $ 0 ejecutados en dicho ítem.
La cartera de Sandra Pettovello, que pretende poner especial énfasis en la infancia y en los primeros mil días de los niños, solo ejecutó el 11% del rubro Primera Infancia; se trata de fondos aportados por el BID.
La pata de la Economía Social, que tiene mucho vínculo con las organizaciones sociales, como el MTE y la UTEP, referenciados en Juan Grabois, fue absolutamente desfinanciada.
En materia educativa, los niveles de ejecución presupuestaria también se mantienen bajos. El programa Conectar Igualdad, que fue una bandera en la etapa kirchnerista, solo ejecutó el 5,77% en el ítem Adquisición de Equipamiento. Son $ 5.621 millones sobre un presupuesto total de $ 97.467 millones.
El ítem Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes contempla la construcción de 137 jardines en diversas provincias del país. Solo hubo inversión en 14, apenas el 10% de los edificios. En la gran mayoría de los casos, los fondos provienen de organismos internacionales. Con todo, vale decir que la educación es competencia de las provincias.
En medio de la suba de casos de dengue en distintos puntos del país, y con las guardias saturadas, el Ministerio de Salud que conduce Mario Russo tiene el presupuesto más bajo. Son 166.000 millones en total. ¿Cuánto han sido los montos destinados al combate del peor brote de dengue? No hubo respuesta oficial.
Desde la cartera conducida por Russo señalaron que desde el inicio de la gestión el ministerio lleva erogados $ 140.000 millones (casi la totalidad del presupuesto) en la compra de medicamentos, entre ellos los oncológicos y para otras enfermedades graves, que habían licitado durante la gestión anterior.
Otra de las áreas con más bajo porcentaje de ejecución es la de Ciencia y Tecnología. El ex ministerio quedó bajo la órbita de Nicolás Posse, y a cargo de Alejandro Cosentino, un hombre cuyo expertise son las finanzas, pero su conocimiento del mundo científico es nulo. La gran mayoría de los rubros tuvo cero pesos de ejecución. Algunos pocos ítems tuvieron muy bajo porcentaje de erogaciones. El más alto, paradójicamente, es el de Feria Tecnópolis; Cosentino y Posse ejecutaron el 8,45% de lo presupuestado, unos $ 58,5 millones en total.
Cabe decir que el ministerio con mayor presupuesto es el de Capital Humano, que aglutina varias áreas como Desarrollo Social, Educación, Cultura y Trabajo. Lo presupuestado son poco más de 19 billones y lleva ejecutado el 32,45%. El segundo rubro más abultado es el de Servicio de la Deuda Pública. En contraste con otras áreas, es el que mayor porcentaje de ejecución tiene: el 60,3%.
Por otra parte, el Poder Judicial tiene un presupuesto de $ 530.000 millones. Lleva ejecutado el 31,31%, es decir más de $ 166.000 millones. En lo que va del año, el Poder Judicial lleva gastado el equivalente de todo el presupuesto anual de Salud. En tanto el Poder Legislativo tiene un presupuesto de $ 230.000 millones, y lleva ejecutados $ 62.000 millones (el 27%).
¿Qué pasa con los medicamentos?
El 19 de febrero pasado se publicó en el Boletín Oficial la decisión administrativa con la firma del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de traspasar la Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) de Capital Humano a Salud. La DADSE es el organismo que recibe solicitudes de medicamentos de personas que no tienen acceso a ellos, o bien porque carecen de obra social o porque en el hospital no entregan el medicamento requerido.
Florencia Braga Menéndez, es Directora de Proyectos de ALAPA, la Alianza Argentina de Pacientes, quien asegura que desde el 10 de diciembre se frenó la entrega de medicamentos: “Decidieron hacer una auditoría frenando todo, vos podés auditar un cuartel de bomberos sin dejar de apagar incendios. En algunos casos, dejar de entregar medicamentos equivale a volver a foja cero, porque la realidad es que el trámite es engorroso. Una de las razones es porque no hubo nadie con firma en esa dirección para entregar medicamentos. Lo que dicen ahora es que sí los entregaron, pero lo hicieron porque hubo muchísimos casos judicializados”.
“El 8 de marzo el ministro de Salud nos recibió y nos dijo que iba a haber entrega de medicamentos. Pero a los pocos días, sacaron un comunicado denunciando que había una campaña mediática. No hubo campaña, era gente rogando por su vida”, explica Braga Menéndez y asegura que la primera licitación salió el 28 de febrero lo que implica más de 60 días de inacción: “No solo afecta a pacientes oncológicos ya que hay patologías que no son mortales pero que el deterioro y aumento de la discapacidad por falta de medicamento es muy grave. En este sentido las organizaciones de pacientes dejaron asentado en un comunicado la cronología de los hechos que sucedieron a partir de la gestión de Javier Milei.
Se profundizó la crisis industrial y crece el malestar en las bases de la UIA
La crisis de la industria tomó temperatura con los datos concretos que manejan los empresarios argentinos. Las regionales de Córdoba y Santa Fe pusieron el grito en el cielo por las medidas en materia de comercio exterior que tomó el Gobierno nacional, como también por el efecto negativo que ya provocó el escenario recesivo en la actividad económica. Las bases presionan a la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) para que eleve el perfil de reclamo ante el Gobierno. El jueves, el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, coincidió con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el almuerzo que organiza el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp), en el centro porteño.
La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) alertó por el “riesgo inminente de pérdida de empresas y empleos industriales”, luego de que “más del 71% de las empresas industriales han reportado disminuciones en sus ventas, ajustes en sus niveles de producción y dificultades para mantener sus plantillas de personal”. “La caída es generalizada, el 77% de las ramas fabriles presentó en enero un menor nivel de actividad que el año pasado, en algunos sectores superando los 55 puntos porcentuales de caída”, alertó el sombrío panorama presentado a través de un comunicado de prensa.
La región santafesina es una de las patas más representativas que tiene la UIA, pero varios de sus integrantes mantienen disidencias con la conducción nacional, aunque no llegó todavía desde esa región el reclamo en voz alta a la sede de la representación fabril en Avenida de Mayo al 1.100. “Desde FISFE reivindicamos la necesidad de impulsar políticas que fomenten la producción nacional con valor agregado, que incrementen la cantidad de empresas exportadoras, así como también el valor de nuestras exportaciones”, destacó el comunicado que lleva las firmas del presidente de la entidad, Javier Martin, y del secretario, Walter Andreozzi.
La rebeldía de los santafesinos no sorprendió, aunque el detalle de la recesión y el malestar por “los incrementos en el costo de la energía” y la apertura de importaciones para los productos de la canasta básica, “a partir de las condiciones financieras y fiscales preferenciales para importadores en detrimento de la producción nacional”, estalló un malestar inédito, en apenas 100 días de un gobierno.
Llamó la atención que la Unión Industrial de Córdoba (UIC), comandada por empresas alineadas con la conducción nacional, haya mostrado “preocupación por la prontitud de la decisión tomada y el posible impacto que podría tener en el sector productivo y su cadena de valor” debido a la apertura de las importaciones para productos terminados, con beneficios impositivos. “Es necesario analizar y debatir las condiciones de apertura, evitando generar asimetrías o privilegios a favor de los importadores, como podría suceder con los plazos de pago en un mercado cambiario actual”, sostuvo un comunicado de prensa.
En la provincia mediterránea coincidieron con la necesidad de integrar al país al mundo, aunque aclaró que esa “internacionalización del entramado productivo que sea sólida, progresiva e inteligente”. “Por lo tanto, es necesario analizar y debatir las condiciones de apertura, evitando generar asimetrías o privilegios a favor de los importadores, como podría suceder con los plazos de pago en un mercado cambiario actual”, enfatizó.
Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, Perfil, La Izquierda Diario
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