En el marco del desguace de la administración pública llevado adelante por el gobierno de Javier Milei, el jueves la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó un paro a nivel nacional para exigir la reincorporación de los trabajadores despedidos. “Fue una medida que nos permitió demostrarle a un gobierno que nos declaró la guerra que vamos a guerrear”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. Desde el sindicato también participaron de la convocatoria realizada a la tarde por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La conducción nacional se reunirá la semana próxima a evaluar de qué manera articular y darle continuidad a la protesta.
La medida de fuerza de los estatales tuvo una enorme adhesión a nivel nacional. “Tuvo un acatamiento desde las primeras horas de la madrugada que promedió el 90 % en toda la Argentina”, dijo Aguiar. “En el caso de la Capital Federal, fue masivo el retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios y organismos para participar de la olla popular que se realizó en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada”, añadió.
El Gobierno ha concretado hasta el momento 3.000 despidos de la ola de cesantías en el Estado iniciada a fines de junio, que se sumó a la tanda anterior, de fines de marzo. Algunas de las áreas más afectadas son la Secretaría de Derechos Humanos, los Centros de Referencia del ex ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), cuyos trabajadores fueron reprimidos el lunes con palos y gases por la Policía de la Ciudad, cuando protestaban tras haber sido despedidos del organismo, agresión que concluyó con dos detenidos que fueron liberados horas después.
En Casa Rosada planean acentuar el vaciamiento de la administración pública nacional cada tres meses, a medida que concluyan los contratos laborales que deben ser renovados a fin de cada trimestre y desde el gremio estiman que el Gobierno irá por otras 6.000 cesantías en el Estado.
“El único diálogo que tenemos con el Gobierno es el diálogo en las instancias de negociaciones paritarias, en la Secretaría de Trabajo”, señaló Aguiar, quien calificó de “vergonzosa” la mesa de discusión paritaria convocada por los funcionarios para el lunes pasado, el mismo día en que se concretaban miles de despidos masivos. “Como nosotros pensábamos, concurrieron sin realizar ninguna oferta”, dijo y consideró que fue una jugada para intentar aplacar las protestas de los trabajadores despedidos. Además, denunció un proceso de “reprecarización de los despidos, porque los contratos son renovados por 90 días, es decir, los estatales tenemos una guillotina sobre nuestra cabeza que cae cada 3 meses y nos la corta”.
Aguiar aseguró que continuarán las medidas de fuerza para reclamar por la reincorporación de la totalidad de las personas despedidas del Estado. “La conducción nacional del sindicato se va a juntar la próxima semana para evaluar de qué manera le vamos a dar continuidad a las protestas”, afirmó y sostuvo que se encuentran en contacto “con otros sindicatos estatales y gremios de empresas del Estado con los cuales hemos conformado un frente sindical”, espacio con el cual tienen planeado realizar una medida de fuerza conjunta en los próximos días, cuya fecha tentativa sería el próximo jueves. “No tenemos otro camino a recorrer que no sea utilizar la huelga y la movilización como herramientas más eficaces para evitar este desguace y completo desmantelamiento del Estado. Hay que multiplicar las protestas de punta a punta del país”, planteó. «Hasta aquí, nos hemos venido defendiendo, hemos venido resistiendo, pero tenemos que contraatacar porque sino este gobierno va a terminar cometiendo una masacre social».
Por otra parte, Aguiar criticó la hipocresía del Gobierno, que avanza en despidos masivos en el Estado a la vez que realiza contrataciones inexplicables. «Hoy conocimos que Adorni volvió a nombrar funcionarios. Ya hemos perdido la cuenta de cuántos empleados nuevos tiene la vocería presidencial, pero son más de 100», dijo el secretario general de ATE Nacional. «El Gobierno les inventa cargos que no existen a los amigos para poder garantizarles sueldos millonarios», remarcó y consideró que «estas contradicciones empiezan a quedar a la luz, se le cae la careta al Gobierno y pierde apoyo popular». «Nosotros tenemos que seguir en la calle para seguir logrando legitimidad. Si no se da la reincorporación de los despedidos, si los salarios en el sector público se mantienen congelados, sin lugar a dudas la conflictividad se va a acelerar en toda la administración pública», dijo.
Respecto al gobierno de Javier Milei, Aguiar consideró que el mandatario ultraderechista ha perdido aprobación aceleradamente en el último tiempo, como consecuencia de las políticas de ajuste implementadas. «Nosotros creemos que ese 56 % del que tanto se habla ya no existe, hoy toda la gente está peor de lo que estaba antes del 10 de diciembre», planteó y aseguró que es «responsabilidad de las medidas económicas que ha impulsado la actual gestión».
Trabajadores del Hospital Posadas realizaron un paro activo
El personal del Hospital Nacional Alejandro Posadas realizó un paro activo y se concentró en la puerta de la institución, con el objetivo de “exigir” la reincorporación de trabajadores despedidos, entre los que se encuentran profesionales de planta con más de 20 años de antigüedad.
Si bien se mantuvieron abiertas las guardias y el sector de internación, la idea fue realizar una jornada de visibilización “frente a los 90 despidos injustos e ilegales”.
“La semana pasada de forma injusta y arbitraria despidieron a 88 profesionales de la Salud. En este caso, nos tocó de cerca: despidieron a una médica de planta del Servicio de Endocrinología que estaba hace más de 20 años en el hospital y seguía a los pacientes con cáncer y hacía las punciones. Pedimos la reincorporación inmediata de ella y de todos los despedidos porque afecta a la Salud Pública, a los pacientes, a la residencia endocrinológica y al Hospital”, aseguró Belén una de las profesionales del Servicio de Endocrinología del Hospital Posadas.
En la manifestación también estuvo presente la diputada nacional Mónica Schlotthauer, del bloque del Frente de Izquierda de los Trabajadores, quien sostiene que lo sucedido “es una política criminal de Milei, aprovechándose que el 90% viene precarizado” hace décadas.
“Los despidos abarcan a trabajadores de 5 a 20 años de antigüedad en áreas claves como Emergencias, Radiología o Biología Molecular para el tratamiento del cáncer. Menos trabajadoras y trabajadores es menos acceso a la salud para el pueblo trabajador”, sostuvo la funcionaria.
Por otra parte, Laura Bogado, integrante de la Comisión Directiva de la CICOP del Hospital Posadas indicó que “el ataque a la salud pública es un ataque a la vida de la población” porque este desmantelamiento pone “en riesgo de vida” a los ciudadanos que utilizan los servicios públicos.
“Al despedir a médicos y profesionales de diversas especialidades se quedan sin turno las personas que los tenían programados desde ahora hasta dentro de dos meses por lo menos”, remarcó.
Para finalizar, Schlotthauer planteó que la reincorporación del personal despedido “es fundamental, no solo para poder curar al pueblo trabajador” sino también de toda la Argentina, ya que es el hospital “de alta complejidad” más importante de América Latina.
“Hay que exigir que la Confederación General del Trabajo (CGT) deje de mirar para otro lado y convoque a un plan de lucha nacional, con un nuevo paro de 36 horas para frenar los despidos y derrotar el plan motosierra de Milei y el Fondo Monetario Internacional. Es una tarea de todas y todos defender al Posadas y a sus trabajadoras y trabajadores”, concluyó.
Más de 2.000 nuevos despidos: Milei acelera el desguace del Estado argentino
Por Mar Centenera
La reducción del Estado argentino impulsada por el presidente Javier Milei avanza a pasos agigantados. Entre diciembre y mayo, 25.200 empleados dejaron de trabajar para la Administración nacional y empresas y organismos públicos y la cifra ya se acerca a los 30.000 con la nueva ola de despidos ejecutada en los últimos días. El sindicato de trabajadores estatales ATE contabilizó la no renovación de 2.300 contratos a 30 de junio, pero cree que la cifra total puede acercarse a los 5.000. El Gobierno aplaude los despidos en algunas áreas que considera innecesarias; para los sindicatos significa desmantelar importantes políticas públicas debido a la falta de personal y a la subejecución presupuestaria.
La mayoría de los ministerios se han visto afectados, pero el recorte más drástico ha sido en la ex cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad. “Del total de 1.100 empleados que encontramos el 10 de diciembre, el 85% ya fue eliminado”, confirmó el lunes en rueda de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni. “240 empleados fueron eliminados en la primera etapa [31 de marzo] y 685 en la segunda etapa. Bajo esta Administración no hay lugar para gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes”, subrayó.
Algunas políticas de género se han frenado del todo, mientras que otros programas han sido reducidos al mínimo. Entre estos últimos está la línea telefónica 144 de asistencia a víctimas de violencia de género, que funciona las 24 horas durante los siete días de la semana, o el programa Acompañar, que ofrecía una ayuda económica para que las mujeres sin recursos pudieran abandonar la vivienda que compartían con el maltratador y/o abusador. “En la línea 144 quedaron turnos con sólo dos trabajadoras, el programa Acompañar quedó con menos del 50%”, alerta la delegada de ATE Nani Smith.
Varias organizaciones civiles han denunciado al Poder Ejecutivo ante la justicia por incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de género y exigen una medida cautelar que deje en suspenso los despidos.
Las áreas de Derechos Humanos, desarrollo social y salud están también entre aquellas con mayor número de bajas. “El Gobierno realiza despidos masivos que suponen un ataque directo a políticas de atención a la población más vulnerable en un momento en el que ha crecido la pobreza y la indigencia”, critica la secretaria general de ATE en Desarrollo Social, Ingrid Manfred. “Es una situación muy crítica a la que se añade la parálisis total de políticas públicas, con una ejecución presupuestaria prácticamente nula y la decisión de suspender la entrega de alimentos y de medicamentos”, añade.
Trabajo precario en el Estado
Los despidos realizados por el Gobierno de Milei han desnudado las condiciones laborales precarias de la Administración nacional argentina. De sus cerca de 230.000 trabajadores, casi un tercio tenía contratos anuales, que pasaron a ser trimestrales cuando el mandatario ultra llegó al poder. La decisión de no renovarlos supone despedirlos sin indemnización ni subsidio de desempleo en un contexto de severa crisis económica y de destrucción de puestos de trabajo. En el primer trimestre del año el desempleo aumentó dos puntos, hasta el 7,7%, según los últimos datos oficiales, y la cifra ha seguido en alza desde entonces.
El discurso oficial es que el personal despedido cumplía tareas redundantes, prescindibles o que incumplía sus obligaciones laborales. Los empleados estatales, por el contrario, advierten que en muchos casos cumplen un rol que no puede asumir el sector privado y creen que el objetivo del Gobierno es desprestigiar todo lo público vaciándolo de personal y desfinanciándolo. “Lo que funcionaba bien, quieren que funcione mal, como las universidades públicas. Y lo que ya funcionaba más o menos, cerrarlo definitivamente”, opina una extrabajadora del ministerio de Salud.
El estado de la salud pública argentina era delicado, pero en los últimos seis meses empeoró aún más por la caída generalizada de sueldos y por la reducción de recursos. Entre los 86 trabajadores despedidos el 30 de junio del hospital Posadas, centro médico de referencia de la provincia de Buenos Aires, hay endocrinólogos, biólogos moleculares, encargados de detectar leucemia, nefrólogos y emergentólogos, según Luis Sucher, delegado de CICOP en el Posadas. “Han debilitado la calidad de atención del hospital, que se encuentra con una demanda enorme”, declaró Sucher a medios locales sobre este centro médico que tiene un área de influencia de unos seis millones de personas. “Este gobierno entiende la salud solamente si da ganancia, pero es un derecho humano fundamental”, denunció.
Pocas áreas han escapado de la poda y ni siquiera es un salvavidas integrar la planta estable del Estado. La psicóloga Daniela Gasparini denunció a través de las redes sociales que fue “despedida por discriminación política” después de 13 años de trabajo ininterrumpido contra la trata de personas en el Programa nacional de rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata” dependiente del ministerio de Justicia. Gasparini achaca su despido a la militancia política como secretaria general de Libres del Sur. Para los sindicatos tiene un objetivo disciplinador, es decir, desalentar que otros trabajadores se impliquen en organizaciones políticas o sociales bajo pena de perder su puesto de trabajo.
Su caso se conoce en plena búsqueda de Loan Danilo Peña, un niño de cinco años desaparecido hace tres semanas en el norte del país, y del que se sospecha que podría haber sido víctima de una red de trata. En diálogo telefónico, Gasparini cuenta que en los últimos años estuvo a cargo del área de capacitación y de prevención, clave para detectar este delito a través de la concientización en escuelas, hospitales, fuerzas de seguridad y personal del poder judicial y político. “Argentina siempre fue vanguardia en materia legislativa en trata de personas. He dado capacitación a gente de otros países, imagina la importancia de que vengan a ver lo que hacíamos contra este delito mundial, que es uno de negocios más redituables en el mundo junto al narcotráfico”, dice antes de lamentar el retroceso actual. “Ya funcionaba con la capacidad humana por abajo de los que se necesita, algo que es responsabilidad de gestiones anteriores. Pero si además recortás más es muy difícil que esta política pública sea efectiva”, advierte.
Los despidos se extienden a casi todas las empresas y organismos públicos del Estado, que rondan el centenar. Milei ordenó en febrero el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y el mes siguiente el cierre de la agencia de noticias Télam, donde trabajaban 700 personas. Han seguido el mismo camino el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, que sumaban 900 trabajadoras. En esta última ronda de despidos el más afectado fue el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que perdió de un plumazo a más de 200 empleados.
Gremios estatales denuncian que se afectaron áreas que atendían a víctimas de violencia
Gremios estatales denuncian que el Gobierno nacional del presidente Javier Milei lleva a cabo un “desguace” de los servicios que prestaban los organismos y reparticiones que integraban el disuelto ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, luego que el Ejecutivo anunciara el despido del 85% de los trabajadoras y trabajadores que cumplían funciones en esa cartera.
En ese sentido, las entidades sindicales señalaron que línea 144, que recibía denuncias por violencia familiar, quedó prácticamente “desmantelada” con las desvinculaciones que se produjeron en las últimas horas.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció estos despidos en un mensaje publicado en las redes sociales.
“Hemos despedido al 85% de los empleados del ex ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”, consignó el funcionario a través de su cuenta en X.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) consignaron que, con estos despidos, “resulta imposible garantizar” la continuidad de la línea 144, creada para dar cumplimiento a la Ley 26.485 de Protección integral.
Se trata de una normativa que busca “prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres”, y que contaba con equipos interdisciplinarios especializados en esta problemática.
“En la guardia que atiende el mayor número de llamadas provenientes de todo el territorio nacional, sólo quedaron dos trabajadoras haciendo imposible el cumplimiento de esta Ley”, explicó el gremio en un comunicado.
Además, aseguraron que el equipo interdisciplinario de la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la integridad Sexual también redujo su planta a tan solo dos trabajadoras.
“Existen actualmente más de 7.000 víctimas de violencia de género a nivel nacional que ya fueron registrados como de Altísimo Riesgo/Emergencia, y se encuentran a la espera de recibir la asistencia que garantiza el Programa Acompañar”, detallaron las especialistas que trabajaban en este ex ministerio.
Y en ese sentido, se indicó que “los equipos interdisciplinarios de este programa, que ya había sufrido despidos en diciembre y en marzo, se reducen aún más ahora, en un 50%”.
Con estas medidas, el Programa Acercar Derechos también quedó desmantelado en algunas provincias, y en otras, cuenta con guardias mínimas según indicaron.
Lo propio sucedió con el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero que, a partir de los despidos, funciona con una sola trabajadora.
“Denunciamos al presidente Javier Milei, al ministro Mariano Cuneo Libarona y a la subsecretaria Claudia Barcia como responsables políticos y materiales de este vaciamiento y todas las consecuencias que puedan producirse por el cierre de este organismo”, plantearon desde ATE, que anticipó su predisposición de avanzar por la vía judicial.
“Denunciamos la disolución del organismo y que ya más del 80% de las trabajadoras fueron notificadas de la no renovación de sus contratos”, remarcaron.
Para los extrabajadores de la cartera, “el Gobierno de Milei será el primero desde el retorno de la democracia que no tenga un organismo específico para trabajar las problemáticas vinculadas a género y diversidad”
“De esta forma, se incumplirán los compromisos nacionales e internacionales en la materia, generando un gran retroceso en materia de Derechos Humanos”, subrayaron.
Asimismo, especificaron: “Incluso, desconocen la normativa, anunciando que se trabajará la ‘atención a personas en situación de violencia y riesgo’, desconociendo las especificidades reconocidas por la Ley 26.485 de la violencia por motivos de género y pretendiendo equiparar las obligaciones que asume el Estado frente a cualquier delito, con las que asume tanto en nuestra Constitución como en acuerdos internacionales en materia de género”.
A los despidos anunciados el viernes pasado en las áreas que dependían del ex ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, se produjeron también numerosas desvinculaciones en la secretaría de Derechos Humanos que afectaron el funcionamiento del Archivo Nacional de la Memoria, según indicaron los gremios estatales.
Jornada de lucha de trabajadores estatales en Santa Fe
Contratados, contratadas y residentes reclamaron no haber recibido el aumento salarial acordado entre el gobierno provincial y el gremio ATE el mes pasado. A principios del mes de junio, se acordó un aumento de los contratos nombrados a un piso de $260.000 para no profesionales y un escalón más arriba, hasta ese momento indefinido, para profesionales. Sin embargo, en el día de ayer facturaron sin dicho aumento, pese a la situación de inflación y devaluación que tanto ha deteriorado los salarios.
Los trabajadores profesionales y no profesionales que prestan servicios en hogares de la Secretaría reiteraron, además, la gran preocupación por la expiración de sus contratos en el mes de agosto. Son 165 trabajadores contratados bajo la modalidad de locación de servicios durante la gestión del ex gobernador, Omar Perotti. La gestión actual considera canalizar el vínculo de este grupo de profesionales a través de la figura de Asistente Técnico (AT) de los niveles 7 a 10, previa revisión de roles, funciones y carga horaria. Sin embargo, aún no está definido, y se acorta el plazo para una pronta solución.
En el marco del Estado de Asamblea Permanente, los trabajadores precarizados decidieron visibilizar sus reclamos ante la falta de respuestas concretas. En forma autogestionada, se organizaron para elaborar tortas fritas y compartirlas con sus compañeros que están en planta permanente, y a quienes transitaban por la vereda y circulaban por la calle, frente a la sede del ministerio de Desarrollo Social, del que depende la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Carolina, una de las asistentes, declaró: “estamos pidiendo que se revea el aumento a estos compañeros, porque no se puede vivir con 130.000 pesos. Hay profesionales que cobran 148.000 pesos. Se toman medidas excepcionales, se trabaja con familias, con niños. La secretaría es garante del derecho de los niños. Por lo tanto, exigimos al gobierno, al ministerio, que es el que tiene la potestad de hacerle el pedido al ejecutivo para que se renueven estos contratos. Acá también hay otra modalidad, que son los residentes comunitarios, que es un programa que también están sosteniendo efectores públicos (…) Nosotros venimos haciendo estado de asamblea, el jueves a las 10:00 haremos una movida en el ministerio de Desarrollo, porque es el ministerio que tiene que tomar la decisión. También estamos trabajando en conjunto con la secretaría de Género que pertenece ahora al ministerio de Desarrollo. Ahí hay 43 cesanteados. Vamos a sumar los reclamos para que el ministerio nos dé una respuesta.”
Para estar a la altura de los ataques de los gobiernos ajustadores, nacional y provincial, hay que buscar vías para romper la pasividad para movilizar masivamente, y superar la división que nos imponen las dirigencias gremiales.
UPCN está dejando pasar los despidos. Por su parte, ATE no ha tenido ninguna política para preparar la lucha ante una tanda de despidos que era anunciada y esperada. La espera pasiva y el que cada sector, en cada lugar, se defienda como pueda, disminuye y desgasta las posibilidades de la lucha y la resistencia de los trabajadores. Frente a un ataque que pretende vaciar sectores enteros de la Administración Pública y que busca aleccionar al conjunto de la clase trabajadora, necesitamos unificar las fuerzas y oponer una respuesta contundente: la unidad de acción y la lucha en común es una tarea de primer orden. Hace falta organizar un plan de lucha y marchar hacia un nuevo paro general.
Trabajadores del ministerio de Justicia y DD HH contra los despidos
El martes 2 de julio los trabajadores del ministerio de Justicia y DDHH realizaron una concentración en las puertas del ministerio en Sarmiento al 300 convocados por la Junta Interna de ATE. Allí se expresaron los despedidos que comenzaron a organizarse, mostrando una predisposición a la lucha. Las áreas más afectadas con los despidos y el vaciamiento son las de Sitios de Memoria y el Archivo Nacional de la Memoria.
Además de los trabajadores del ministerio se hicieron presentes en la concentración la directiva de ATE Capital, trabajadores de otras áreas del Estado como Discapacidad, Indec, Trabajo, Desarrollo Social, organismos de Derechos Humanos y Jubilados Insurgentes.
Como dijo Marylin una de las 62 despedidas trabajadora en el espacio de la memoria El Olimpo, rodeada de sus compañeros: “Sabemos muy bien que este ataque viene hacia nosotros porque somos prueba judicial de los crímenes que cometieron los milicos durante la dictadura. Y este gobierno negacionista quiere borrar esa historia, porque vienen a hacer el mismo plan económico que Martínez de Hoz”.
La pelea contra los despidos es también una pelea por la memoria, verdad y justicia y como dijo Marylin: “Nosotros tenemos la fuerza de nuestros compañeros detenidos desaparecidos, de aquellos sobrevivientes, de los familiares, de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, de los hijos y de todos los que lucharon contra el golpe y la impunidad de los 90. Por ellos no vamos a bajar los brazos”.
En este sentido, el pasado lunes se realizó una reunión convocada por Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de la que participaron su presidenta, Victoria Montenegro, trabajadores de la secretaría de Derechos Humanos y espacios por la Memoria y varios referentes políticos y de la lucha por la memoria, entre ellos Myriam Bregman, donde se comprometieron a impulsar la mayor campaña y lucha contra los despidos y por la defensa de los Sitios de la Memoria.
ATE define nuevas medidas tras la represión en el INTI
Tras la salvaje represión sufrida este lunes 1° de julio por la mañana por las y los estatales que se manifestaban en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de parte de la Policía de la Ciudad, cuando se manifestaban contra el despido de 282 trabajadoras/es a quienes no les renovaron el contrato en el Instituto, y en el contexto de numerosas protestas llevadas adelante por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra los más de 2.300 despidos en todo el Estado Nacional, el sindicato convocó a un Plenario Federal de Delegados para este miércoles 3 de julio a las 14:00 en el Anfiteatro Eva Perón de la sede de ATE Nacional (Avenida Belgrano 2527, CABA) para definir nuevas medidas de fuerza para profundizar el plan de acción y enfrentar este «nuevo embate contra el empleo público».
Al respecto, el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló: “se equivoca el Gobierno si cree que a los estatales nos va a frenar a los palazos. No nos van a frenar con represión. La única manera de garantizar la paz social es brindando respuestas a las justas demandas que tenemos los trabajadores. Hemos decidido convocar a un Plenario Federal de Delegados y Delegadas del Estado Nacional para definir nuevas medidas frente a aquellos que intentan destruir el Estado y dejar sin derechos a toda la población, tenemos que profundizar nuestro plan de lucha», destacó.
En la misma línea, agregó: «debemos definir una nueva medida de fuerza que permita poner en evidencia que con las cesantías masivas se perjudica a los trabajadores, pero que más se daña a toda la sociedad. Por estos días, luego de dos tandas de despidos masivos, el Estado Nacional casi no existe en las provincias. Para nosotros lanzar un plan de lucha no es hacer una presentación judicial. La única manera que nosotros tenemos de enfrentar a este Gobierno es en la calle, ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación y libertad de expresión», remarcó Aguiar.
La convocatoria al plenario para definir nuevas medidas de lucha se da luego de que la Policía de la Ciudad reprimiera este lunes 1 de julio por la mañana con gases lacrimógenos y golpes a trabajadores/as en la puerta y adentro del INTI (General Paz y Constituyentes), que participaban de la concentración convocada en unidad por Trabajadorxs Independientes, la Lista Verde Blanca de ATE y la Lista Granate.
Entre los golpeados y gaseados se encontró el mismo Aguiar, al cual en un video se vio cómo un policía le daba un puñetazo en la cara. La policía también detuvo a Sergio Melo, delegado de ATE y a Damián Pereyra, quienes fueron luego liberados por la noche, en el marco de una fuerte presión en las afueras reclamando su liberación.
La medida de lucha fue contra los más de 2.300 despidos en las últimas horas dispuesto por el gobierno de Milei en diferentes áreas del Estado y para garantizar el ingreso de las y los 282 trabajadoras/es a quienes les negaron la renovación de sus contratos en el INTI.
Télam pasó a ser una Agencia de Publicidad y Propaganda del Estado
El Gobierno de Javier Milei oficializó el lunes 1° de julio la transformación de la agencia de noticias estatal Télam en una Agencia de Publicidad y Propaganda del Estado. El cierre del medio estatal fue anunciado por el presidente libertario el 1° de marzo durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, y la agencia dejó de cumplir servicios a mediados de mes.
La medida fue oficializada en el decreto 548/2024, publicado en el Boletín Oficial, con la firma del Presidente y del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. «Télam tal como la conocimos ha dejado de existir. Fin», había anticipado en redes el vocero presidencial Manuel Adorni junto a un extracto de la publicación oficial.
«Dispónese la transformación de Télam Sociedad del Estado en Sociedad Anónima Unipersonal, bajo la denominación de Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APE S.A.U.) en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo el régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984 y sus modificatorias», indicó el artículo 1° de la normativa.
El artículo 2° señaló que APE S.A.U. operará «como Agencia de Publicidad y Propaganda entendiendo en la elaboración, producción, comercialización y distribución de material publicitario nacional y/o internacional, tanto dentro del territorio de la República Argentina como en el exterior, en su carácter de Agencia de Publicidad».
En paralelo también se aprobó el modelo de estatuto social de la Sociedad Anónima Unipersonal, lo que fue publicado en un anexo de la normativa.
El artículo 4° de la resolución expresó que «el Poder Ejecutivo Nacional ejercerá, a través del vicejefe de Gabinete Ejecutivo de la Jefatura de Gabinete de Ministros» hoy a cargo de José Rolandi, «los derechos societarios que le correspondan al Estado Nacional por su participación en el capital accionario de Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APE S.A.U.)».
Para cerrar, el artículo 8° del decreto «instruye al señor Interventor de Télam Sociedad del Estado para que adopte los recaudos necesarios para transferir de Télam Sociedad del Estado a medios públicos y/o a terceros, dentro de la órbita que se determine, los servicios periodísticos y de Agencia de Noticias, el personal, los bienes muebles e inmuebles, marcas, registros, patentes y demás bienes inmateriales y todos aquellos bienes que a la fecha de dictado del presente se encontraren afectados al uso de los servicios periodísticos y de Agencia de Noticias, cuya titularidad detentara la referida Télam Sociedad del Estado».
Télam: «seguimos defendiendo la agencia y los medios públicos»
Compartimos comunicado de Somos Télam y del SiPreBA tras las novedades y lo resuelto en la última asamblea.
Ante las últimas novedades que dejó trascender el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre el cambio de sociedad de Télam, y en el día 118 de acampe ininterrumpido en los dos edificios de la agencia de noticias y publicidad, sostenemos nuestra lucha por la defensa de los puestos de trabajo y el rol social de los medios públicos que este gobierno pretende destruir.
Frente al nuevo escenario que se abre con la Ley Bases -votada de espaldas al pueblo, canjeando votos por embajadas y con dudosa legalidad de algunos capítulos- y ante este decreto en donde la agencia modifica su carácter, que se basa en el DNU 70/23 que hemos cuestionado judicialmente, que fue rechazado por la Cámara de Senadores y que aún debe tratar diputados, sostenemos nuestra defensa de nuestra agencia de bandera.
Como lo hacemos hace 118 días, exigimos el retorno a las funciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras que han decidido permanecer en la empresa. También, el levantamiento de las vallas y la custodia policial, que además de ser un inexplicable hecho represivo supone un atentado a la libertad de expresión.
¡Los medios públicos se defienden! ¡La patria no se vende!
Asamblea de trabajadores y trabajadoras de Télam/SiPreBA – Sábado 29 de junio de 2024
Despidos en el INCAA
Nicolás Vetromile, delegado de ATE en el INCAA, explicó que la situación en el organismo encargado del cine argentino es particular, ya que los contratos fueron renovados de manera mensual y no trimestral. En el último período, relató, se dispensó a más de la mitad del personal de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) y dijo que de allí sugirieron algunos de los últimos despidos.
“No se metieron solo con la planta no permanente. También a la permanente la pasaron a disponibilidad y están a la espera de que, cuando termine, se le pague la liquidación final y un resarcimiento porque han trabajado años en el Estado”, dijo.
Despidos en cupo laboral travesti trans
Carla, trabajadora travesti despedida en marzo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) e integrante de la organización Zaguán Transindical, fue entrevistada y declaró: “Hasta ayer (viernes 28 de junio) contábamos 130 despidos y de 9 a 30 reincorporaciones. Ahora estamos viendo hasta dónde escala este nuevo número de despidos”, aseguró.
Esta situación afecta por un lado a les integrantes de la comunidad travesti trans quienes pierden el acceso a un trabajo formal, a la seguridad social, a la inclusión y al reconocimiento como sujeto de derechos, expulsándoles nuevamente: “para muchas es volver otra vez a la calle, a la prostitución”, afirmó Carla. Por otro lado, tiene una implicancia concreta en el acceso a políticas públicas de toda la sociedad. Menos estatales se traduce en recorte en políticas públicas que se implementan para garantizar derechos a la población.
En particular, en el caso de la ANDis, no sólo no se cumple con la ley de cupo por discapacidad, sino que afecta a la accesibilidad de estas personas al espacio público, por ejemplo. O la cobertura de prestaciones médicas o el acceso a tratamientos o medicamentos.
Carla contó que haciendo la experiencia de Zaguán Transindical, cuando comenzaron a reunirse y escucharse entre todes, detectaron algunos obstáculos en la implementación del cupo, incluso cuando les compas lograban acceder a los empleos: “muchas entraron con la categoría más baja y esos lugares no estaban preparados. Una compañera que entra a los 50 años no tiene acompañamiento, la mandan a un lugar oscuro, nadie le da una mano, nadie le enseña cómo hacer el trabajo, es hostil y encima cobra dos pesos… entonces las chicas dicen: mirá, yo me voy a la calle que la conozco y que gano más plata… y se van”.
Respecto de los despidos informó que con abogades de ATE están realizando un seguimiento de los casos individuales y han presentado una demanda pluriindividual, pero aún están a la espera de cómo evolucione judicialmente. Respecto de la capacidad de organizarse dijo: “es difícil que les compañeres despedides puedan dar la cara porque lo que se logra con esto es que la gente baje la cabeza, se sienta mal y no pueda salir de eso”.
Aun así, apuestan a la organización colectiva y a la unidad política para dar pelea a este gobierno que vino a avasallar todos los derechos conquistados con años de lucha y sangre. Más aún para este colectivo en particular, históricamente estigmatizado y excluido de todos los ámbitos del sistema.
Rocca despide a 130 trabajadores que hicieron el Gasoducto
El jueves se realizó una nueva audiencia en el ministerio de Trabajo de Lanús, en el marco del fin de la conciliación obligatoria que se había prorrogado por dos despidos. En la reunión, la empresa Tenaris SIAT, ratifica los despidos de ambos trabajadores, a los que sumó 128 despidos nuevos la semana pasada.
Durante el fin de semana, la empresa notificó por whatsapp a los trabajadores que estaban bajo contrato temporal hace más de 2 años. Otros se enteraron el mismo lunes cuando les negaron el ingreso a la planta. Llama la atención el silencio del intendente Julián Alvarez, del gobernador Axel Kicillof, y del secretario general de la UOM, Abel Furlán, ante este claro fraude laboral por parte de la empresa, nada menos que con los trabajadores que hicieron el Gasoducto Néstor Kirchner.
Los despidos se dan unos pocos días luego de sancionada la Ley Bases, y no son los únicos. En estos días, el gobierno de Milei despidió a cientos de trabajadores del Hospital Posadas, del INTI, el ministerio de Mujeres, Desarrollo Social y la secretaría de Derechos Humanos. Pero no sólo es el gobierno quien despide, los grandes empresarios, como Paolo Rocca o Madanes Quintanilla, despiden cientos de trabajadores en Tenaris Siat y en Fate.
En Fate la patronal alega grandes pérdidas y crisis para justificar los despidos, mientras que en SIAT argumentan baja de trabajo, en ambos casos el resultado es el mismo que la crisis la paguen los trabajadores. Pero como sabemos, Techint, está muy lejos de tener pérdidas. El grupo, viene cerrando negocios millonarios en Vaca Muerta, en Chile, poniendo a ex-gerentes de la empresa en la administración de YPF, abogados suyos en la secretaría de Trabajo. En 2023 compraron una empresa canadiense dedicada a la explotación del litio en el norte argentino, y recientemente iniciaron la construcción millonaria de un gran horno en su planta de Campana, Tenaris Siderca. Paolo Rocca, duplicó su fortuna personal durante el 2023, pasó de USD 2.700 millones a USD 5.600 millones.
Con los altísimos niveles de pobreza, y el crecimiento de la desocupación, los aumentos de las tarifas y los alimentos, es inaceptable que una empresa como Techint, que no para de ganar, deje a 130 trabajadores que son sostén de hogar, en la calle.
Finalizada la audiencia y la conciliación, los trabajadores esperan la convocatoria a una asamblea por parte de la Comisión Interna de la fábrica para frenar los 130 despidos, así como un pronunciamiento y medidas por parte de la seccional Avellaneda de la UOM y su secretario nacional, Abel Furlán.
Tenaris anuncia 40 despidos en Villa Constitución
La planta de Tenaris de Villa Constitución cuenta con cerca de 100 trabajadores. Ahora pretenden rebajar esa plantilla un 30% y arrojar a la calle a 40 familias. Es necesario unificar las peleas para imponerles a las direcciones nacionales una ruptura de la tregua que mantienen con el Gobierno.
Rocca, uno de los empresarios más ricos del país, hoy es parte fundamental del gobierno de Milei, aportando más de 8 funcionarios en puestos claves, como lo es la secretaría de Trabajo o la dirección de YPF-TecPetrol.
La zona de San Nicolás y Villa Constitución con un 8,7% de desocupación registra durante el primer trimestre del gobierno uno de los índices más alto a nivel nacional siendo de 7,7% la desocupación nacional según el INDEC. Con un polo siderometalúrgico como el que no hay en otra región, está a las claras que no solamente estas patronales mantienen los salarios de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza, sino también que despiden y precarizan.
Contra toda la propaganda de los voceros oficialistas que declamaban que la Ley Bases iba a fomentar la creación de trabajo, Rocca no dejó pasar ni un mes y descarga un brutal ataque contra los trabajadores. Aprovechando la herencia que dejaron los anteriores gobiernos de contratos precarios, en Valentín Alsina desecha a 200 trabajadores que firmaron parte de la construcción del gasoducto NK. Ahora anuncia que en Villa Constitución le sobran 40 trabajadores efectivos de planta.
Quieren reemplazar a los trabajadores con derechos por nueva mano de obra precaria encuadrada en la nueva ley.
En Acindar, multinacional productora de Acero que está pegada a la planta de Tenaris, la situación no es muy distinta. Anuncia nuevos planes de reestructuración en diferentes sectores. Amparándose en la implementación de nuevas tecnologías, elige el camino de achicar los planteles en vez de poder reducir la carga horaria del trabajador.
Estos planes no son nuevos, el fantasma de la década del 90 sobrevuela el país ya que se están discutiendo las mismas cuestiones que de fondo, ningún gobierno las resolvió, como las privatizaciones, el extractivismo y la hipoteca del futuro de millones en la timba financiera y una nueva contra reforma laboral.
La enseñanza que nos deja esa década es que las dirigencias sindicales burocráticas juegan a favor del empresario y el gobierno. Es necesario tomar esas lecciones y no volver a cometer los mismos errores. Hay que unificar todas las luchas y todos los reclamos de a los sectores que están enfrentando el plan de Milei y Rocca.
Madanes amenaza con 280 nuevos despidos en Fate
El millonario Madanes no solo despidió a 97 trabajadores de FATE sino que ahora presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis en el que «propone» despedir 280 más y serie de medidas de flexibilización que llevarían a la fábrica a perder sus conquistas. Una vuelta a los 90, quiere una dictadura patronal sin límites. Esa es su intención, con la que amenaza desde sus oficinas a los trabajadores. La empresa busca favores, medidas del gobierno de Milei para recuperar lo que llama «competitividad» y «productividad». Se queja de los aumentos de las retenciones a las exportaciones industriales para productos con valor agregado, pero lo real es que apunta a los trabajadores. A ellos los acusa de ser parte de los responsables de su supuesta crisis por su «ausentismo» que no ha logrado demostrar en las páginas donde solicita el PPC trucho. La verdad es que tiene una de las fortunas más grandes del país a costa del esfuerzo de los trabajadores de FATE y de otras grandes empresas como Aluar.
La Lista Granate de FATE publicó este volante donde llaman a hacer masiva la concurrencia a la Asamblea General de Fate del lunes a las 14:00 y difundió también los puntos centrales del ataque y amenazas del PPC que por el momento solo se conocen informalmente. Es necesaria la mayor concurrencia y que se vote un Plan de lucha.
Más de 70 trabajadores enfrentan los despidos ante el cierre del Medamax
El jueves 27, cuando los trabajadores quisieron entrar a la sucursal se encontraron con las puertas cerradas. Los trabajadores cuentan a un medio local que los telegramas fueron llegando de a poco. «Por eso estamos protestando y prendiendo fuego en la calle que colinda a la sucursal. Estamos esperando una respuesta y peleamos porque no vamos a cesar hasta que nos indemnicen con lo que corresponda o sigamos con nuestros puestos de trabajo”, señaló el delegado sindical, Gastón Figueroa.
Mientras los trabajadores esperaban respuestas en la puerta del mayorista, patrulleros de la policía bonaerense de Axel Kicillof los rodeó. Ante un fraude laboral, ante despidos que dejan a decenas de familias en la calle, las fuerzas del gobierno provincial amedrentan a los trabajadores en lucha.
Medamax es una cadena nacional de venta de productos de limpieza y perfumería cerró su sucursal en la capital salteña, afectando a 35 empleados. Esta medida se suma al cierre previo de la sucursal en Bahía Blanca, motivado por la urgencia de liquidar activos para enfrentar sus problemas financieros. La cadena, que cuenta con sedes en Buenos Aires (Bella Vista, José C. Paz, Claypole, Quilmes, Berazategui y Gregorio de Laferrere), Salta, Tucumán y Bahía Blanca.
¡Reincorporación de los despedidos!
¡Ningún despido más ni flexibilización!
¡Abajo el PPC trucho de Madanes!
Fuentes: Página/12, Perfil, La Izquierda Diario, Indymedia Trabajadores/as, Anred, Somos Télam, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo
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