Jubilados, docentes universitarios, trabajadores de la salud, docentes provinciales y trabajadores del neumático en pie de guerra

Más de 5 millones de jubilados y pensionados están bajo la línea de pobreza, según estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad. Ante ese escenario, gran parte de los abuelos debe recibir ayuda de los hijos u otros familiares. En medio de la pelea entre el Gobierno y la oposición por el veto a la nueva Ley de movilidad jubilatoria, la situación de los jubilados en la Argentina es crítica. Fue uno de los sectores más afectados por la fuerte inflación del primer semestre del año.

Según estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de un jubilado rondaría los $800.000 mensuales, mientras que la jubilación mínima en agosto de 2024 fue de $225.497,54. Incluso con el bono de $70.000, que eleva el ingreso a $295.000, esta cifra está muy por debajo de lo necesario para cubrir los gastos básicos.

Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, afirmó que 5 millones de jubilados y pensionados se encuentran bajo la línea de pobreza. A esta cifra se suman 500.000 personas que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, y un millón de personas con pensiones no contributivas que perciben solo $220.000 mensuales, lo que agrava aún más su situación.

Señaló que entre el 80% y el 90% de los mayores son hipertensos o tienen problemas de colesterol, pero la insuficiencia de sus jubilaciones les impide acceder a alimentos adecuados para mantener su salud.

Además, enfrentan dificultades para comprar medicamentos y pagar servicios básicos como la calefacción.

Por su parte, el ex asesor del presidente Javier Milei, Carlos Rodríguez, desmintió que la reforma jubilatoria sea explosiva y, ante la posibilidad de veto anunciada por el mandatario libertario, aseguró que su implementación debería elevar “el financiamiento disponible para el Anses que se basa en un impuesto al salario”.

En su cuenta de X, el economista explicó que “el Senado aprobó un proyecto que, entre otras cosas, indica que las jubilaciones se ajustarán por la inflación más un plus igual a 50% del aumento en el salario real. Definiendo como J, P y W a los aumentos porcentuales nominales en Jubilaciones, Precios y Salarios, el nuevo ajuste jubilatorio sería J = P + 0.5*(W-P)”.

En su publicación, Carlos Rodríguez aseguró que “las jubilaciones reales (J-P) aumentarían el 50% de lo que aumenta el salario real”. Y agregó que “la financiación de las Jubilaciones depende de aportes que están directamente ligadas al salario”, por lo que, si el salario sube, deberían subir los fondos disponibles para financiar la suba de jubilaciones.

En su argumento en defensa de la nueva ley de movilidad jubilatoria, Rodríguez mencionó que la fórmula de ajuste es “asimétrica” y explicó que “si el salario real baja, las jubilaciones se mantienen constantes en términos reales”. Y agregó: “Eso podría presentar problemas de financiamiento en el corto plazo. Si el salario real cae todo el tiempo, sería hora de revisar toda la política económica”.

De esta manera, el ex asesor hizo hincapié en otro problema que la Ley “no contempla” y mencionó la relación entre el número de aportes y de jubilados: “Queda para otra ley. La ley incluye otros gastos previsionales como compensación por única vez y pago de deudas, que afectarían la solvencia fiscal. En esta nota no me refiero a esos ítems, sólo a la fórmula básica de ajuste”.

Al cerrar, Rodríguez aseguró: “La fórmula en sí no es fiscalmente explosiva ya que sólo aumenta las jubilaciones por la mitad del aumento del salario real (parece poco) y al aumentar el salario real también debería aumentar el financiamiento disponible para el Anses que se basa en un impuesto al salario. Debería sobrar plata”. (NA/mbito)

Pami restringe la gratuidad de los medicamentos

En un nuevo ataque con la población adulta mayor la obra social para jubilados y pensionados modificó los criterios de accesibilidad a la medicación de forma gratuita.

Bajo la Resolución 2431/24, con la firma del Director Ejecutivo, Esteban Leguizamo, fue publicada el pasado 22 de agosto en el Boletín Oficial de la institución. La norma modifica la disposición original, impuesta por el gobierno de Macri en 2017, que establecía “parámetros para acceder a los medicamentos al 100% de cobertura por razones sociales” tal como tener ingresos iguales o menores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no contar con prepaga, no ser propietario de más de un inmueble o poseer una aeronave o embarcación de lujo y justificando un gasto igual o mayor al 5% de los ingresos percibidos.

Resolución que permaneció vigente incluso durante la gestión de Luana Volnovich durante el gobierno de Alberto Fernández, más allá de la incorporación de un número significativo de principios genéricos al vademécum de cobertura.

La nueva normativa incorpora la descabellada idea de “no ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena” para acceder a la medicación gratuita y modifica el porcentaje del gasto que debe justificar: “el costo en bolsillo de los medicamentos indicados para su tratamiento deberá ser igual o mayor al 15% de sus ingresos”.

Sumado a esto, varios principios pasaron a ser considerados “eventuales” como paracetamol, complejos vitamínicos, antibióticos, calcio, omeprazol, loratadina. Según informaron desde la obra social “se trata de medicamentos que no son prioritarios para curar enfermedades prolongadas en el tiempo”. Así, algunos que tenían 100% de cobertura ahora tienen un porcentaje de copago, otros con un 40% o 70% de cobertura. Un golpe más al bolsillo de los viejos y viejas que no llegan a mitad de mes y deben priorizar entre la comida y la salud.

La jubilación mínima en agosto de 2024 fue de $225.497, pero la Defensoría de la Tercera Edad calcula la canasta básica de un jubilado en un valor de $800.000 mensuales. Aun tomando en cuenta el bono de $70.000 ($295.000 totales), queda muy por debajo de lo necesario para cubrir los gastos básicos.

Milei anunció que vetará la nueva ley de movilidad “en defensa del superávit fiscal”, aunque la ley solo implique un módico aumento en los haberes. La pérdida de ingresos desde que asumió Milei lejos estará de revertirse con esta ley, menos aún, la pérdida de poder adquisitivo que se viene arrastrando desde, al menos, el gobierno de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. Pero aún así, ni una mísera mejoría están dispuestos a conceder Milei y Caputo.

Hablar de vejez en Argentina es hablar de un sector mayoritariamente pobre, en condiciones de extrema vulnerabilidad. El Estado, desde décadas y a través de los distintos gobiernos, declama una prioridad de los adultos mayores en la agenda pública, pero ha usurpado de forma permanente los fondos de los jubilados para pagar deuda.

En épocas donde la expectativa de vida a nivel mundial no deja de aumentar, y donde la vejez de la clase trabajadora se toma como un problema de déficit a resolver desde los centros de poder, las trabajadoras y los trabajadores mayores saben que la lucha diaria es la única forma de sobrevivir. Por eso estemiércoles, desde las 15:00 agrupaciones de jubilados y jubiladas se encontrarán frente al Anexo del Congreso para marchar a Plaza de Mayo.

Paro en el Garrahan

La medida de fuerza se llevará adelante el miércoles 4 de septiembre. El secretario general de la Junta Interna de ATE, Alejandro Lipcovich, aseguró que el aumento salarial del 2% que firmó el sindicato UPCN con el gobierno nacional para les trabajadores estatales “es un nuevo cachetazo al personal de salud”.

Lipcovich adelantó que por el paro previsto para el miércoles “ya se reprogramaron turnos de numerosas especialidades, desde estudios por imágenes hasta laboratorio”: “En el Centro Regional de Hemoterapia no se recibirán donantes, mientras Medicina Transfusional reprogramó sus procedimientos agendados. Numerosas cirugías serán cambiadas de fecha. En general, se prestarán guardias mínimas con prioridad en las urgencias”, agregó

En el mismo sentido, el delegado adjunto Gerardo Oroz expresó: “Es evidente que llegamos al paro tras una situación extrema. El gobierno de Milei recortó brutalmente el presupuesto de nuestro hospital, lo cual implicó faltantes de insumos o su notorio empeoramiento en calidad. Pero, especialmente, el recorte de nuestros salarios, llevando a que tengamos enfermeras, médicas, técnicos, operarios u administrativos cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza.”

“Si no se atienden los reclamos del personal, el propio Garrahan está en peligro. Para salir de los ingresos miserables y evitar incluso el éxodo de muchos profesionales, necesitamos una recomposición del 100% para todos, sin distinción. No hay hospital ni salud pública sin trabajadores. Si no hay respuestas, esta lucha se profundizará”, finalizó Oroz.

Sutna concentró contra los despidos y el jueves marchan a La Plata

El lunes se realizó una audiencia en la sede de Banfield del ministerio de Trabajo. El gremio denuncia más de 450 despidos en Bridgestone, que se suman a los realizados por FATE. Denuncian los operativos policiales del gobierno provincial y las maniobras de la Secretaría de Trabajo de La Nación. Este jueves marchan a La Plata.

El gremio viene rechazando este ataque, con el apoyo de distintas organizaciones, actividades en planta y reuniones de solidaridad, como la que se realizó el sábado y votó una marcha unitaria el 10 de septiembre.

A la espera de novedades, el SUTNA adelantó que el jueves se movilizará a La Plata, a la sede central del ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Viene denunciando los cambios de modalidad que realizan los funcionarios, así como la fuerte presencia policial tanto fuera de la planta como en las sedes oficiales.

Comunicado del SUTNA

Este jueves 5 de septiembre

LOS TRABAJADORES DEL NEUMÁTICO NOS MOVILIZAMOS A LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES contra los salvajes despidos y en repudio al uso amenazante de la policía bonaerense como respuesta a los reclamos obreros.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires modifica la modalidad y el horario de la audiencia entre el SUTNA y Bridgestone en el marco de la conciliación obligatoria, haciendo coincidir la misma con la movilización y manifestación frente a la casa de gobierno en La Plata.

En la lucha contra los despidos, la protección irrenunciable de sus condiciones laborales y la defensa del poder adquisitivo en la negociación paritaria.

A las 15:00 concentrarán en Calle 6 al 1900 (entre Av. 51 y 53), La Plata.
Habrá micros a la salida del turno mañana en todas las fábricas.

Neuquén: octava semana de paro

Volanteadas sobre la ruta del petróleo, corte de calle y acciones en el Consejo Provincial de Educación y en distintas localidades, para denunciar los descuentos. Una delegación viajó a Buenos Aires para llevar a los medios de comunicación nacionales los reclamos de la docencia neuquina.

La conducción provincial de ATEN mediante los abogados del sindicato llevó al plenario de Secretarios Generales la propuesta de una “acción de inconstitucionalidad” solicitando al Tribunal Superior de Justicia la suspensión de la Ley 3447.

Por parte de la Comisión Directiva de Aten Capital, la secretaria general Angélica Lagunas y la secretaria de prensa, Angélica Cano, viajaron a Buenos Aires en un intento de difundir el conflicto y seguir exigiendo a la CTERA que convoque a un paro nacional.

En la capital neuquina las trabajadoras de la educación se concentraron en el CPE a las 9:00 para llevar el reclamo ante los descuentos que sufrieron sobre sus salarios con montos de hasta 800.000 pesos. Ante la ausencia de Alberto Invert, jefe de los distritos, la docencia cortó poruna hora la calle además de volantear las paralelas.

En Plottier, Centenario, Zapala, Senillosa, Junín también se realizaron acciones en los distritos para denunciar los descuentos, con una participación concurrida de docentes a pesar del apriete del gobierno provincial, que busca quebrar la huelga por hambre.

La Seccional Chañar junto de delegaciones de Neuquén Capital y Plottier volantearon sobre la ruta del petróleo para difundir el conflicto. Fue notorio el apoyo de los trabajadores petroleros:
“Yo acá traslado millones y millones y no ponen plata para educación”.

“Una delegación con compañerxs de Aten Plottier, Capital y Chañar hicimos una volanteada en la ruta del petróleo, donde pasaron camionetas y camiones que van a los yacimientos, quienes manejaban recibían nuestros volantes con muy buena recepción y apoyaban tocando bocina. Una importante actividad indicando de donde sale el dinero de la provincia y queremos que se destine a la educación pública.”, dijo Raúl Esparza, consejero escolar por el distrito 8.

Elmartes 3 de septiembre hubo movilización a Ciudad Judicial en el momento de la lectura del veredicto de la causa Aguada San Roque y el miércoles se definirá en asamblea cómo continuar.

AMSAFE convoca a un paro para este jueves

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) anunció el lunes un paro docente en la provincia de Santa Fepara el próximo jueves 5 de septiembre. Está motivado en el rechazo al proyecto de la reforma previsional que ya se encuentra en la Legislatura Provincial y que es impulsado por la administración del Gobernador Maximiliano Pullaro.

Vale destacar que SADOP, el sindicato de los docentes del ámbito privado, no llevarán a cabo la medida de fuerza, aunque sí se movilizarán hacia la Legislatura junto con sus pares de AMSAFE.

El proyecto contempla la declaración de la emergencia previsional por dos años, ampliable a otros dos. Y todos los activos deben realizar “aportes solidarios” al sistema. Cada jubilación mínima (JM) es de $378.250 y dos JM son $756.500. Este “aporte solidario” va variando:

si se cobra entre 2 y hasta 5 JM es de 2%.

De 5 a 8 JM: 3%

De 8 a 11 JM: 4%

De11 a 14 JM: 5%

·         Desde 14 JM en adelante: 6%.

También la reforma previsional contempla el cobro del 21 % de los haberes brutos, mientras que actualmente los recibos se calculan con un 14,5 %. Esto, para AMSAFE, implica un recorte salarial

El proyecto también implica que los jubilados tengan un descuento del 2%.

Además, para jubilarse, se establece un piso de 60 años de edad y 30 de aportes para alcanzar esa liquidación. Y, cuando se logre un incremento en paritaria, ya no se aplicaría en conjunto con los activos, sino que se tardaría 60 días.

Paro universitario

El Proyecto de Ley, que cuenta con media sanción de la Cámara Baja, plantea que el Poder Ejecutivo debe actualizar las partidas presupuestarias de las Universidades.

La crisis de las universidades públicas continúa mientras desde el gobierno de Javier Milei se enfoca en vetar la Ley de Movilidad Jubilatoria y a agudizar sus medidas de ajuste. Por ello, este jueves 5 de septiembre se realizará un nuevo paro de 24 horas y movilización hacia el Congreso Nacional, cuando el Senado trate la Ley de Financiamiento Universitario, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

«Con la Conadu Histórica, la AGD llama a parar y movilizar al Congreso para reclamar su aprobación. Ni la repercusión pública de la situación universitaria, ni estos debates en el Congreso, ni las manifestaciones de las gestiones universitarias, ni esta ley que ahora está en tratamiento, nada de eso hubiera existido sin los paros y la movilización docente, estudiantil y no docente del primer cuatrimestre, y sin el plan de lucha que amenazó con la paralización de los colegios preuniversitarios y las universidades», expresó en un comunicado la Asociación Gremial Docente de la UBA.

Y agregaron: «Por eso mismo, votamos y seguimos reclamando tanto la continuidad como la profundización del plan de lucha. Seguimos reclamando una nueva y masiva movilización para conquistar nuestro derecho a la recomposición salarial. Mantenemos nuestra exigencia a las centrales sindicales para que convoquen a un paro general y un plan de lucha».

En tanto, en caso de que la ley no se apruebe, el Plenario de la CONADU Histórica definió llevar al Frente Sindical de Universidades Nacionales, la propuesta de coordinar un paro nacional de 72 horaspara la semana del 9 septiembre con acciones de visibilización.

En el caso de este extremo,la idea es que se convoque a una movilización multitudinaria como la que hubo en abril pasado.

El conflicto salarial se da en contexto de fuertes recortes de los fondos públicos destinados a la educación, como parte del severo plan de ajuste puesto en marcha en diciembre pasado por el Ejecutivo de Milei.

Qué plantea la Ley de Financiamiento Universitario

El proyecto de Ley, que cuenta con media sanción de la Cámara Baja, plantea que el Poder Ejecutivo debe actualizar las partidas presupuestarias de las Universidades al 1° de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 destinada a gastos de funcionamiento, de forma bimestral y en función del índice de Precios al Consumidor (IPC). 

Asimismo, también establece la recomposición salarial de docentes y no docentes a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma mensual y conforme a la inflación acumulada informada por el INDEC. 

En la última reunión paritaria realizada en el Palacio Sarmiento, el Gobierno propuso un aumento salarial de 3 % para agosto y 2 % para septiembre. 

Los representantes encabezados por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y la subsecretaria de Empleo Público, María Rosana Reggi, no salieron de su sorpresa cuando los gremios le dijeron que no: la oferta apenas si alcanza el 10 % del atraso salarial que calculan en, al menos, un 50 %. 

Empresa lechera no paga sueldos desde mayo

Tres meses ya pasaron desde la última vez que cobraron los empleados de Arsa (Alimentos Refrigerados S.A.). A principios de junio recibieron apenas el 15% del sueldo de mayo y desde entonces no ven un peso. Ninguno quiere perder su trabajo y siguen yendo a la planta en Córdoba, pero después de cumplir el horario en el vestuario algunos salen a hacer changas o manejar un Uber.

El relato de un empleado con 20 años de antigüedad expuso la situación que atraviesan 234 trabajadores (más 56 fuera de convenio) de la empresa láctea que produce artículos de importante consumo en el mercado. “Entramos, marcamos y nos quedamos en el vestuario hasta que se cumple el turno de cada uno porque no nos designan tareas. Incluso nos cortaron el agua potable”.

Arsa, perteneciente al Grupo Maralac, una empresa de Venezuela que se quedó con el negocio de yogures de SanCor que estaba en manos de Vicentin, tiene dos plantas de producción: una sobre la ruta 88 Camino a Montecristo, en las afueras de Córdoba capital; y la otra en Arenaza, en el distrito bonaerense de Lincoln, con otros 200 empleados.

“Muchos compañeros empezaron a hacer changas o manejar un Uber para sobrevivir. Vienen a la fábrica, cumplen con el horario y se van a juntar un mango. Es desesperante”, relató el trabajador, quien remarcó que en ningún momento evaluaron la posibilidad de bloquear la fábrica.

En noviembre de 2023 empezaron los problemas, cuando Arsa pagó fuera de término los salarios. Al mes siguiente les notificaron a los empleados que, debido a la caída de las ventas, comenzaban a pagarles en dos veces: el 40% del sueldo en el cuarto día hábil del mes y lo restante el día 20. Ese mismo mes se presentó en concurso de acreedores.

Todo se complejizó durante los primeros meses de 2024. La empresa incumplió los términos del segundo pago y también varias de las propuestas acordadas con los trabajadores ante la Secretaría de Trabajo provincial. Un delegado de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) reveló a este medio que Arsa no pagó los aportes sociales y sindicales retenidos a los trabajadores desde principios de 2023.

Sectores combativos: marchan el 10/9 contra los despidos, por los jubilados y el salario

El sábado 31 se llevó adelante una nueva reunión de solidaridad y coordinación en la sede del sindicato del neumático.

Convocada por la comisión directiva del SUTNA la reunión contó con la presencia de numerosas delegaciones de distintos sectores de trabajadores.

Estuvieron docentes de Ademys, delegados de la Unión Ferroviaria del Sarmiento, jubilados que vienen de protagonizar una importante movilización en la que fueron reprimidos. Estuvo presente una delegación de GPS (la Comisión Interna de trabajadores tercerizados de Aerolíneas Argentinas), compañeros de la Granate del neumático, trabajadores del Hospital Posadas (Luis Sucher despedido y recientemente reincorporado), del Garrahan, delegados del Subte de la Agrupación Bordó, trabajadores despedidos de Volkswagen, entre otros. También hubo representación de Agrupaciones como el MAC (Movimiento de Agrupaciones Clasistas). Fueron parte de la reunión y se sumaron a las iniciativas compañerxs del Polo Obrero y del Teresa Vive.

La propuesta de la comisión directiva del SUTNA expresada por Alejandro Crespo, fue la convocatoria a una nueva marcha a Plaza de Mayo para el 10 de septiembre, para darle visibilidad y manifestar frente al gobierno contra los despidos, en defensa del salario, en apoyo a la lucha de jubilados, por la libertad de Roberto y el reclamo de: basta de persecución y judicialización de los trabajadores en lucha.

La reunión transcurrió con decenas de intervenciones y se acordó mantener todo el apoyo y solidaridad con las luchas en curso. Y profundizar la coordinación frente a la traición abierta de la burocracia sindical que negocia entre 4 paredes y a espaldas de los trabajadores y abandona a los trabajadores en lucha. Además, se acordó reunión abierta el martes 3 de septiembre en la sede Central del SUTNA de Carlos Calvo 2721, y culminar esa reunión con una conferencia de prensa llamando a todos los trabajadores y trabajadoras a participar de la jornada del 10 de septiembre.

Entre las consignas propuestas para la convocatoria, que se organizará en los próximos días, están:

* Basta de despidos. Ninguna flexibilidad laboral. Reincorporación de todos los despedidos del sector privado, del Estado y del Plan Potenciar Trabajo.

* Por un salario equivalente a la canasta familiar indexado. Por el 82% móvil. Aumento de emergencia en salario, jubilaciones y planes sociales.

* Abajo la “esencialidad” educativa. Pleno derecho a huelga. Basta de ajuste en la Universidad. Ningún salario por debajo de la línea de pobreza.

* Por un paro activo nacional y plan de lucha para derrotar todo el macabro plan de Milei.

* Basta de hambre, por trabajo genuino y la devolución de los alimentos a todos los comedores populares.

* Abajo la reforma laboral, la antiobrera “Ley Bases” y el Mega DNU.

* Basta de persecución política. Cierre de todas las causas contra los luchadores. Libertad a los detenidos por luchar. Abajo el protocolo de Bullrich.

* Por una gran acción nacional contra los despidos y todos los ataques a los trabajadores.

Cerró fábrica en Varela: 76 obreros en la calle

La fábrica Fabio Hnos., fundada en 1951, cerró sus puertas el miércoles pasado de manera definitiva. La planta, ubicada en Florencio Varela, no resistió la caída en la construcción y la contracción del consumo, provocadas por las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. Los trabajadores denuncian recorte en las indemnizaciones.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Quilmes, en la voz de su secretario general Adrián Pérez, confirmó que los despidos comenzaron a comunicarse a los empleados a través de telegramas.

Los 76 trabajadores despedidos, en su mayoría con una antigüedad promedio de 20 años, enfrentan ahora un futuro incierto.

“La empresa ya venía de un mes de suspensión de actividades”, explicó Pérez, quien además denunció la intención de la firma de pagar solo la mitad de las indemnizaciones correspondientes, escudándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La empresa recurrió a una disposición legal que le permite reducir las indemnizaciones a la mitad en casos de “fuerza mayor” o “disminución de trabajo”, sin contar los dos meses de preaviso y abonando en hasta doce cuotas.

Los operarios, representados por la UOM, y los trabajadores jerárquicos, agrupados en la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica, Metalúrgica y Minera (ASIMRA), mantuvieron reuniones con las autoridades de Fabio Hnos, pero sin llegar a un acuerdo.

Fabio Hnos., además de su planta en Florencio Varela, tenía una subsidiaria en San Luis, Metalúrgica Santa Rosa, que también cerró sus puertas, agravando aún más la situación.

La caída en la venta de insumos para la construcción es uno de los principales factores que llevaron al cierre de la fábrica. Según datos del Grupo Construya, la venta de estos insumos se desplomó un 33,2% en abril, en comparación con el mismo mes del año anterior. El acumulado de enero a abril de 2024 mostró una caída del 33,1% respecto al primer cuatrimestre de 2023.

El informe del Grupo Construya indica que, aunque hubo una leve mejora en los despachos de insumos en abril en comparación con marzo, las cifras siguen estando muy por debajo de las alcanzadas en 2023.

“La demanda continúa retraída debido a la caída del poder adquisitivo y a la necesidad de ajustar stocks al nuevo escenario”, afirmaron desde la entidad.

El cierre de Fabio Hnos. no solo afecta a los trabajadores directamente involucrados, sino también a toda una cadena de proveedores y pequeñas empresas que dependían de la fábrica para su sustento.

Textil Río Grande hizo oficial el cierre de su planta

Los directivos de la empresa Textil Río Grande participaron de una audiencia virtual ante el ministerio de Trabajo donde ratificaron la decisión de no reabrir la planta de Río Grande y echar a los obreros que aún están en relación de dependencia y que decidieron no adherir al plan de retiro voluntario.

La patronal comunicó ante la cartera laboral que por estas horas se harán las notificaciones a cada uno de los trabajadores sobre la decisión de la desvinculación con la empresa, para lo cual ofrece el pago de las indemnizaciones, pero a valores correspondientes a noviembre de 2023, sin la actualización paritaria de este año y en cuotas. Esto es rechazado por la Asociación Obrera Textil (AOT), gremio que representa a los operarios.

El secretario Adjunto de la Asociación Obrera Textil (AOT), Diego Abrego, denunció esta situación tras la audiencia.

“Las puertas van a permanecer cerradas y se centran en que la indemnización que ellos pagaron con un retiro voluntario. Hay que tener en cuenta que los compañeros fueron arrastrados hasta el retiro voluntario, por la necesidad de la empresa de no poder cubrir sus gastos”, afirmó Abrego.

El sindicalista adelantó que AOT, por su parte, seguirá reclamando el 100% de las indemnizaciones porque “es un retiro voluntario fraudulento. Porque ellos presentaron en el ministerio de Trabajo que se hará en 12 a 18 cuotas en un 100% pero si hacemos el cálculo, en realidad la indemnización termina siendo del 60% porque la empresa toma la mejor remuneración desde que empezaron las suspensiones en noviembre de 2023 pero no toman los acuerdos paritarios, ni la suma no remunerativa y está adeudando una parte del aguinaldo”.

La empresa no presentó pedido de quiebra, pero “la excusa del cierre es que no hay ventas, que agotaron el stock y que no pueden pagar los salarios. Como gremio aducimos que no puede caer el problema financiero de la empresa sobre el trabajador”.

Por su parte, el ministerio de Trabajo comunicó que las partes quedarán liberadas de adoptar las acciones que estimen. Así, en el caso de aquellos operarios que no acepten las reglas que dispuso la patronal, podrán optar por recurrir a la justicia para exigir lo que les corresponde por los despidos.

La Textil Río Grande comenzó en noviembre de 2023 a implementar suspensión a los trabajadores. En ese entonces se selló un acuerdo mediante el cual los empleados aceptaron recibir el pago de un 75% de su sueldo neto, a cambio de que no se produzcan despidos. Desde ese mes la empresa respetó lo acordado y solicitó varias prórrogas para mantener las suspensiones. La última venció a fines de julio.

Este mes, en una de las primeras audiencias realizada en el ministerio de Trabajo, la apoderada de la fábrica Textil Río Grande y el abogado comunicaron oficialmente que la empresa no podrá afrontar este mes el pago de los salarios a sus operarios. Y, la semana pasada, anunció que no está en condiciones de reabrir la planta de Río Grande.

Desde esta semana, se suman alrededor de 40 trabajadores a la tasa de desocupación de Río Grande, en la rama textil, una de las más afectadas por la actual política de apertura de importaciones.

Medidas de fuerza de los gremios aeronáuticos

Los gremios aeronáuticos vienen realizando diferentes medidas de fuerza en varios aeropuertos del país y el viernes miles de pasajeros se vieron afectados, ya que se registraron demoras y cancelaciones. La actividad de la jornada fue modificada luego de los anuncios de asambleas y «paros parciales».

La primera medida de fuerza que había sido anunciada para el viernes fue el paro de tres horas de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que iba a realizarse desde las 6:00 hasta las 9:00, pero finalmente inició dos horas más tarde.

Por su parte, personal de Intercargo -empresa de asistencia en tierra- lleva a cabo distintas asambleas informativas que no afecta a Aerolíneas Argentinas, pero sí a otras compañías. Estas estaban programadas para hacerse entre las 6:00 y las 9:00 pero su ejecución también se postergó unas tres horas más adelante.

En ese contexto, la línea de bandera nacional y la lowcost FlyBondi decidieron reprogramar sus vuelos y trasladarlos al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde se reportaron demoras el miércoles último por los mismos motivos.

La cartelera del aeropuerto ubicado en la Ciudad de Buenos Aires anunció que los vuelos Iguazú y San Martín de los Andes, de JetSmart, y los que se dirigen a Salta y Resistencia, de Aerolíneas Argentinas, registraron demora. En ese sentido, se optó por desviar el viaje internacional que partía hacia Río de Janeiro.

El jueves, las empresas habían informado en diferentes comunicados distintas medidas y reprogramaciones teniendo en cuenta los horarios de las actividades anunciadas por los gremios. Aerolíneas Argentinas y Flybondi indicaron que migraron 7 y 10 vuelos, respectivamente, a Ezeiza.

Por su parte, JetSmart adelantó su vuelo de las 6 con destino a Neuquén y trasladó su vuelo a Bariloche al aeropuerto internacional de la localidad bonaerense. Pero muchos de estos anuncios quedaron condicionados por el cambio de horario de las medidas de fuerza.

A su vez, la línea aérea estatal habilitó la posibilidad de realizar cambios sin cargo para aquellos que deseen buscar otras opciones y reiteraron “su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros”, mientras que pidieron a sus pasajeros verificar en la página web de Aerolíneas el estado de su vuelo.

En esa línea, la lowcost argentina expresó en sus canales de comunicación: “Debido a las medidas de fuerza gremial de trabajadores ajenos a la compañía anunciadas para el viernes 30 de agosto, tu vuelo podría verse afectado. Te recomendamos chequear su estado

Desde la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) se aseguró que “la drástica pérdida del poder adquisitivo y el estancamiento absoluto de la negociación paritaria son el eje principal del debate e intercambio” por el pedido de la recomposición salarial.

Acerca de la protesta, Juan Pablo Brey, titular del gremio, también sostuvo que las asambleas informativas sirven para «destacar la unidad y fortalecer nuestra conciencia de trabajadores de una línea área de bandera que siempre vamos a defender ante la impunidad de quienes nos gobiernan”.

Mediante una publicación en la red social X, APLA aseguró que la medida que realiza «provocará cancelaciones en los vuelos». En esa línea, dijeron que el «paro parcial» en el Aeroparque es «en el marco del conflicto paritario que venimos sosteniendo con Aerolíneas Argentinas» y que se harán asambleas para «informar a los compañeros sobre la marcha del conflicto».

La Justicia declara inconstitucional el DNU 70/2023 de Milei que prohibía las protestas sindicales

El lunes 26 de agosto la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró inconstitucionales los artículos 86, 87, 88 y 97 del DNU 70/2023. Para la Cámara, dichas disposiciones, que buscaban limitar las protestas sindicales en establecimientos laborales, no cumplen con los requisitos constitucionales para ser dictados mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dado que no existe una urgencia tal que justifique su implementación sin el debate parlamentario correspondiente.

En esa línea, la cámara argumentó: «el DNU fue publicado el 21 de diciembre de 2023, pero el Congreso ya estaba convocado a sesiones extraordinarias a partir del 26 de diciembre, lo que demuestra que no había necesidad de recurrir a esta herramienta excepcional. Con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU», precisa.

Las modificaciones que pretendía introducir el DNU 70/2023 en la Ley N° 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, buscaban restringir el derecho de las asociaciones sindicales a convocar asambleas y congresos de delegados y prohibir acciones de protesta como los bloqueos, tomas de establecimientos o huelgas, con un claro objetivo de desmovilizar al movimiento obrero en un contexto de creciente descontento social en medio de la crisis socio-económica producto de las medidas del gobierno de Javier Milei.

Ante el fallo, Sonia Alesso, Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) –organización sindical que inició la acción judicial contra el DNU, posteriormente a la que también había realizado la CGT– celebró: «este fallo es un triunfo para todos los trabajadores, no solo para los docentes. Se ha defendido el derecho fundamental a la protesta, que es un pilar de nuestra democracia».

En tanto, la CTERA emitió un comunicado, donde señala, particularmente sobre el intento de restricción del derecho de huelga de docentes: «la educación no es un servicio esencial a los fines del ejercicio del derecho de huelga como se pretende desde el oficialismo para impedir la protesta de los docentes. El poder judicial ya declaró inconstitucional hace 20 años, a propuesta de CTERA, el Decreto N° 843 de De la Rúa y Resolución N° 481 de Bullrich, cuando era ministra de Trabajo, por eso el proyecto votado en la cámara de diputados recientemente tiene el mismo vicio jurídico».

El 66% de los trabajadores informales son pobres bajo el gobierno de Milei

Las medidas de Javier Milei y Luis Caputo como la megadevaluación de diciembre, el posterior salto de la inflación y el ajuste provocaron un salto de la pobreza. “Entre fines de 2023 e inicios de 2024 se produjo un proceso de empobrecimiento general y abrupto de las y los trabajadores”, señala el último informe que analiza el mercado laboral del centro de estudios de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), CIFRA.

CIFRA indica que en el primer trimestre de 2024 casi el 45% de las personas ocupadas habitaba en hogares pobres. En el mismo período de 2023 bajo el gobierno del Frente de Todos esta tasa también era elevada, casi un 30%.

El informe analiza distintas categorías ocupacionales como trabajadores registrados, no registrados, e independientes. El sector más golpeado es el sector informal, es decir, los trabajadores no registrados, aunque todos fueron afectados. Así, CIFRA señala que “la diferenciación de categorías ocupacionales muestra heterogeneidades, pero también un empobrecimiento generalizado”.

En el primer trimestre del año la pobreza alcanzó a casi el 30% de los asalariados registrados a pesar de ser un sector que tiene mayores ingresos en promedio y que tiene paritarias. En los primeros tres meses de 2023 la pobreza alcanzaba al 15,5% de dicho sector.

En tanto, el 66,4% de los asalariados no registrados (informales) habitaba en hogares pobres y en el mismo período de 2023 era de 47,1%, también un dato alarmante.

Para los trabajadores por cuenta propia no profesionales la tasa de pobreza se ubicó en alrededor de dos tercios (63,3%) en los primeros meses de 2024. En el mismo período de 2023 fue de 41,7%.

El documento destaca el desplome de los ingresos de los hogares y un incremento en los niveles de indigencia y de pobreza. “Entre el último trimestre de 2023 (ya parcialmente influido por el deterioro abrupto de ingresos en diciembre) y el primero de 2024, la proporción de personas en situación de pobreza pasó del 45,5% al 55,0%. Asimismo, el porcentaje de quienes están en situación de indigencia pasó del 14,7% al 20,4%”, detalla el informe.

Según CIFRA, “es preciso remontarse a inicios del año 2004 para hallar tasas de pobreza y de indigencia de magnitudes comparables. Mientras que un año atrás, en el 1° trimestre de 2023, 18 millones de personas eran pobres, la cifra llegó casi a 25,8 millones en el mismo trimestre del 2024; al tiempo que la población en indigencia aumentó de 4,2 millones a 9,6 millones de personas (más del doble) en ese período”. Es decir, casi 8 millones más de pobres en un año.

La CGT y la CTA son cómplices del deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora y deberían ponerse a la cabeza de un plan de lucha para enfrentar el ajuste de Milei y el FMI. Es necesario una suba de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales. El salario mínimo debe cubrir el costo de la canasta familiar y actualizarse mensualmente según la inflación y las jubilaciones mínimas deben cubrir la canasta básica del adulto mayor.

Junto con medidas de emergencia que garanticen el nivel de vida del conjunto de las mayorías trabajadoras, es necesario luchar por medidas de otra clase ante el ajuste en curso como el desconocimiento soberano de la deuda, la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo gestión de los trabajadores para atacar la fuga de capitales y las remesas de utilidades de las grandes empresas al exterior que debilitan la moneda nacional.

«Nos están cerrando un servicio que necesitamos, por favor movilicémonos contra el cierre de neonatología»

Trabajadoras y trabajadores del Hospital Carrillo publicaron una carta al conjunto de la comunidad, explicando los peligros del cierre del área de Neonatología que pretende llevar adelante el Gobierno de Mendoza. Convocan a una concentración para el miércoles 28 a las 10:00 en las puertas del hospital

“Querido pueblo mendocino, como todos saben es inminente el cierre de los servicios de Maternidad y Neonatologia del Hospital Carrillo. Por supuesto cuando uds. escuchan que esto es debido a que no se cumplen con las normas CONE, y que todo se hace para que toda mamá y bebe se atiendan con mayor seguridad y calidad posible, es obvio que todo te cierra y lo entiendes. ¿Quién no se quiere atender en un lugar seguro?

Queremos explicarles un poquito el malestar de todos los profesionales que conocemos un poco más del tema.

Primero, las normas CONE se refieren a condiciones obstétricas y neonatales que debe tener toda institución de salud para poder tener habilitados los servicios de maternidad. Y si hay maternidad, debe haber neonatología. Es verdad que el hospital no cumple con estas condiciones, debido a que NO TIENE ANESTESISTA las 24 HS, y esto es importantísimo. Porque si un parto se complica debe pasar de inmediato a cesárea y por ende se necesita anestesista sí o sí las 24 horas; por eso solo se estaban haciendo cesáreas en la maternidad del Carrillo, para asegurar la integridad y seguridad de las pacientes. Pero también el hospital atiende todos aquellos partos expulsivos que llegan de urgencia, brindando la atención necesaria ya que cuentan con profesionales y aparatología para poder atenderlos como corresponde.

Por otro lado, la neonatología no necesita Anestesista para funcionar. Los pacientes que atiende son de mediana complejidad y está preparada y equipada para atender pacientes que entran en esta categoría: recién nacidos con problemas respiratorios a causa de neumonías, bronquiolitis, bilirrubinemia (bebitos amarillitos), infecciones urinarias, entre otras patologías. Estos pacientes ingresan por guardia o derivados de los hospitales de alta complejidad que se quedan sin unidades para esta atención.

Los bebes derivados del Hospital Lagomaggiore eran trasladados para terminar sus tratamientos antibióticos o recuperar su peso hasta el alta. Entonces se entiende que gracias a que la neo del Lagomaggiore ha crecido y tiene 20 unidades más para absorber estos pacientes que tenía que derivar por falta de unidad, ahora se quedarán hasta el alta ahí, ¡¡y eso es genial!

Pero, ¿qué va a pasar con los bebés que se van de alta y presenten luego algún problema de salud? Nosotros nos preguntamos con mucha preocupación, por quienes serán atendidos estos bebes, si las nuevas unidades del Lago no reciben los bebés que ya se fueron dados de alta, ya que es una neo cerrada para resguardar a sus propios bebes internados, que en su gran mayoría son prematuros extremos y que, coherentemente para resguardarlos, debe tener esta característica de ser cerrada.

¿A dónde van a ser ingresados todos aquellos bebés que lleguen a la guardia y no haya unidades en los otros centros asistenciales?, si inclusive estando funcionando el Carrillo se derivaban a instituciones privadas (gasto que pagamos todos).

¿Será que volverán nuevamente a utilizarse estas neonatologías?

Entonces, ¿Cuál es la lógica de este cierre? si la neonatología del hospital Carrillo absorbió a estos pacientes todos estos años.

Mendoza nos están cerrando un servicio que necesitamos, por favor movilicémonos y apoyemos al NO cierre de los servicios.

¡¡¡El pueblo los necesita, nuestros bebitos los necesitan!!!

Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Anred, Resumen Latinoamericano, La Arena

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