Lo resolvieron las distintas federaciones y asociaciones de base que nuclean a los trabajadores docentes universitarios de todo el país, a través de congresos y consultas populares, para este miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre. Es para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en rechazo al proyecto de Presupuesto 2026, que elimina la financiación para la educación obligatoria, la ciencia, la tecnología y la educación técnica.
“Tanto el secretario de Educación –Carlos Torrendell–, como el subsecretario (de Políticas Universitarias) –Alejandro Álvarez– ratificaron en la comisión de Presupuesto de Diputados que no aplicarán la Ley de financiamiento universitario. Asimismo, ratificaron el proyecto de Presupuesto 2026 que elimina la financiación para la educación obligatoria, la ciencia, la tecnología y la educación técnica. Es un presupuesto de guerra contra la educación. Paremos la universidad para que nos paguen lo que nos deben por ley. Paremos la Universidad en defensa de la educación”, afirmaron desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires.
En el mismo sentido, el Congreso Extraordinario de CONADU Histórica, que contó con la participación de 84 representantes de las asociaciones de base de todo el país, resolvió dar continuidad al plan de acción gremial en defensa de la universidad pública y los salarios: “Ante el deterioro salarial y la falta de respuestas del Gobierno Nacional, la federación exige la convocatoria a paritarias y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, instrumentos imprescindibles para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público. Por ello, CONADU Histórica convoca a un Paro Nacional de 72 horas los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre de 2025, en el marco de la continuidad del Plan de Lucha en todas las universidades del país”.
En tanto, tras una consulta nacional realizada a la comunidad universitaria, la CONADU definió la puesta en marcha de paros y movilizaciones para enfrentar el recorte salarial en las universidades.
Fue a través de un Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios que resolvió por amplia mayoría la realización de una jornada de lucha con paro de 72 horas, entre el miércoles 12 y el viernes 14 de noviembre.
“Fue total también el acuerdo de los sindicatos de todo el país en afectar el inicio del curso lectivo 2026 si el Gobierno no avanza en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, y en judicializar en articulación con el Frente Sindical Universitario el reclamo por la apertura de paritarias. Por otro lado, el Plenario manifestó solidaridad con los compañeros y compañeras de ADUFOR por la persecución que vienen sufriendo por parte de la conducción de la Universidad Nacional de Formosa, que sanciona por razones políticas a quienes tienen un pensamiento crítico y diferente a su gestión”, agregaron.
Reclaman que Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario
Un nuevo paro de 72 horas tendrá lugar en las universidades nacionales desde el miércoles 12 al viernes 14 de noviembre. La medida, votada y convocada por las dos principales federaciones docentes universitarias del país –CONADU Histórica y CONADU– es el resultado de semanas de asambleas y una bronca que crece en toda la comunidad educativa. El reclamo central: que el gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por Milei, pero validada por el Congreso con mayoría de dos tercios. Sin embargo, en un acto completamente ilegal, el Ejecutivo se niega a implementarla, alegando falta de fondos y amparándose en tecnicismos legales para pisar salarios y presupuesto.
El salario docente universitario cayó más de un 30% en el último año; para recuperar lo perdido desde noviembre de 2023, hace falta un aumento del 43%. Muchos docentes ganan por debajo de la línea de pobreza y el pluriempleo es la norma. En los últimos meses, al menos 10.000 docentes abandonaron la docencia universitaria. Las universidades públicas, mientras tanto, ven cómo se vacían equipos de investigación y cae la calidad educativa.
La Ley de Financiamiento Universitario, discutida y aprobada dos veces en el Congreso y promulgada sin presupuesto el 21 de octubre, establece actualizaciones bimestrales de salarios y fondos para funcionamiento, becas y el CONICET. Pero el gobierno nacional la ignora de hecho, con el aval de funcionarios como el secretario de Educación Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez.
Frente a esta situación, la docencia universitaria, las y los no docentes y estudiantes vienen protagonizando paros, clases públicas y jornadas de lucha en todo el país, exigiendo salarios dignos, becas, boleto educativo y el financiamiento necesario para que la universidad pública no termine siendo una cáscara vacía.
La unidad y la lucha desde abajo son la única forma de imponer al Gobierno el cumplimiento de estas normas. Recientemente, la gran lucha del Hospital Garrahan logró una importante victoria, con un aumento salarial histórico y la efectivización de la Ley de Emergencia Pediátrica. Eso fue posible gracias a la gran pelea que dieron.
En la universidad quedó claro el apoyo al aumento presupuestario, con las dos masivas movilizaciones que tuvieron lugar en 2024. Y con las numerosas tomas de facultades con las que el movimiento estudiantil respondió al veto de Milei al Financiamiento universitario ese año.
Los docentes de las 66 universidades nacionales pararán por 72 horas a partir del miércoles
Por Alfonso de Villalobos
Las dos federaciones más representativas a nivel nacional de los docentes universitarios coincidieron en una medida de fuerza contundente para esta semana. El Congreso de secretarios generales de sindicatos de base de la CONADU Histórica había tomado la iniciativa y fijado una acción de 72 horas pautada para el miércoles 12 de noviembre hasta el viernes 14 del mismo mes.
En las deliberaciones algunos sindicatos llegaron a proponer con mandatos de base un paro de una semana o incluso por tiempo indeterminado con suspensión de exámenes finales.
La organización que forma parte de la CTA Autónoma decidió romper la quietud luego de la decisión del gobierno nacional de no dar cuenta del rechazo al veto a la ley de financiamiento universitario que resolvieron por mayoría especial de dos tercios ambas Cámaras del Congreso.
Luego de una consulta a través de una encuesta y su propio Congreso de secretarios generales, la otra entidad que agrupa a los docentes universitarios y forma parte de la CTA de los Trabajadores, la CONADU, decidió acompañar la medida dándole al paro un fuerte respaldo en tanto entre ambas organizaciones representan a la casi totalidad de los docentes de nivel superior.
Las federaciones enroladas en la CGT, por su parte, decidieron no acompañar la medida a la espera de un diálogo con el gobierno. Se trata de la FATUN que agrupa a los trabajadores no docentes y la FEDUN que representa a los docentes pero con una representación minoritaria.
La decisión del gobierno coincide con la que adoptó con relación a las leyes de emergencia en discapacidad y la de emergencia en pediatría en tanto decidió promulgar las leyes pero, en su reglamentación, dejarlas en suspenso en nombre de la ausencia de fondos para su financiamiento acorde a lo que, dicen, sostiene la Ley N° 24.156 de Administración Financiera del Sector Público.
Sin embargo, para los otros casos dispuso incrementos salariales y de partidas de forma unilateral que en el caso del Hospital Garrahan implicaron un aumento del 61% de los salarios de sus trabajadores que sostienen un arduo conflicto durante el último año.
Con todo, el argumento esgrimido no resiste el menor análisis en tanto la ley dispone una actualización de los salarios y fondos de funcionamiento acordes a la evolución de la inflación oficial y por lo tanto, implica un sostenimiento de los recursos y no su incremento injustificado. En el mismo período el gobierno optó por eximir del pago de retenciones a las cerealeras que retenían granos por un valor cercano a los U$S 8 mil millones dejando de recaudar alrededor de U$S 1.500 millones.
El aumento que corresponde otorgar a los docentes y no docentes de las 66 universidades nacionales equivale a poco más de un 43% que permitiría restablecer los haberes al nivel de noviembre de 2023.
Atento a la situación las universidades nacionales agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidieron elevar su reclamo a la justicia. Así lo informaron el 22 de octubre pasado cuando “el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795)”.
Allí el decano de Derecho de la UBA Leandro Vergara que ofició de anfitrión del encuentro señaló que “un decreto no puede suspender una ley”. Por su parte el vicepresidente del organismo Franco Bartolacci denunció que “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”.
La medida afectará a cerca de 200.000 docentes y entre 2 y 3 millones de estudiantes en todo el país. Los gremios evalúan profundizar las medidas con la posibilidad de la suspensión de la toma de exámenes y el no inicio del ciclo lectivo 2026.
Elecciones en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
La principal tendencia política que expresaron los resultados fue el avance del peronismo sobre la Franja Morada. Sólo cambió la conducción del Centro de estudiantes de Psicología, donde la JUP le ganó a la UCR. Pero en Veterinaria la Franja retuvo el centro por muy pocos votos, y perdió la elección de claustro también ante la JUP. En Económicas el radicalismo retrocedió 10 puntos, con el crecimiento de listas libertarias, y logró mantener la conducción gracias a los votos de las extensiones mientras Patria Grande creció 5 puntos.
Estos cambios expresan una tendencia contraria a la de los últimos años. Desde el 2021 la Franja Morada venía recomponiendose en la UNLP luego de años de debilidad tras el 2001 y el rol que jugó esta corriente en la entrega a los planes privatistas del menemismo. La pandemia fortaleció nuevamente el avance de esta agrupación, y un modelo de centros de servicios y gestión. El año pasado, la Franja Morada tenía el 30% de los votos de la UNLP. Ahora tiene el 27% retrocediendo sobre todo en Psicología, Derecho, Económicas y Veterinaria. Llegó a dirigir 10 de los 17 centros de estudiantes (11 contando al MOI de Odontología) mientras estaba en ascenso. Luego de 4 años, comienza a ser desafiada.
En primer lugar porque la Universidad es, en términos generales, opositora al gobierno de Milei. La Libertad Avanza se presentó en 5 facultades y representa solo el 2% de todos los votos. Por su parte, la Franja intentó ocultar su verdadera identidad y sostener, durante estos años de gobierno libertario, un discurso de defensa de la universidad pública que les resultó incómodo. Se vieron obligados a posar de opositores cuando sus diputados le daban gobernabilidad y votos a Milei, o hasta permitían los ataques a la universidad pública.
En segundo lugar, la elección parece expresar también una reacción de un sector importante del estudiantado a los resultados de la elección nacional del 26 de octubre. En rechazo al triunfo de Milei, las agrupaciones peronistas aparecieron como una herramienta para generar cierto contrapeso, al menos desde los centros de estudiantes.
Si bien logró avanzar en este marco político, el peronismo no cuestiona el modelo de centro de la Franja Morada. Sus campañas se basaron en la situación de los servicios de buffet, en la gestión de los recursos, en “facilitarle la vida” al estudiante brindando materiales o grupos de apoyo, entre otras necesidades que para ser resueltas estructuralmente hace falta conquistar un real aumento del presupuesto y del salario docente, junto con el desarrollo de un debate democrático sobre los contenidos de las carreras y los planes de estudio.
También montaron, al igual que la Franja Morada, un clima de escisión entre los debates “de adentro de la facultad” y los debates políticos nacionales, locales y en general. Esto puede generar la falsa idea de que el estudiantado está “despolitizado”, “desinteresado”, o “corrido a la derecha”, entre otras afirmaciones falsas sobre las que se apoyan las conducciones de los centros para no proponer un debate profundo. En realidad, lo que hay es un pesado lastre de los aparatos peronistas que no tienen interés en que se discuta un debate profundo sobre cómo enfrentar a Milei, ni sobre el rol del peronismo como oposición, que ha dado colaboración por diversas vías al gobierno como las panquequeadas de diputados, la entrega que prepara la CGT con la reforma laboral, y que está sumergido en su interna eterna mientras sectores de gobernadores y legisladores se preparan para negociar otra vez con el gobierno.
Las diversas variantes peronistas también han combinado este modelo que mencionamos con mímica de lucha cuando hizo falta, sobre todo en ciertas facultades y ante situaciones particulares donde hubo más organización o más peso de la izquierda y el activismo independiente. Lograron restarle peso a que fueron, entre todas las variantes, la conducción de la Federación Universitaria de La Plata durante todo este 2025. Esta brilló por su boicot a las asambleas, por tener el freno de mano puesto contra la convocatoria a la Tercera Marcha Federal que se exigió durante 8 meses, por pasar de página ante la caída del poder adquisitivo de los y las docentes, y por evitar el debate sobre cómo enfrentar a Milei con centros de estudiantes que sirvan de verdaderas herramientas de organización.
A su vez, las agrupaciones peronistas capitalizaron, en distintos casos, obras definidas por sectores de la gestión de la UNLP como el nuevo buffet en Artes, donde Patria Grande retuvo el centro; un nuevo buffet en Médicas donde se sostuvo la JUP; el armado de un segundo piso en la Facultad de Trabajo Social donde se sostuvo el Miles; o el anuncio de la creación de la quinta sede del comedor en el predio de Humanidades y Psicología. Las corrientes estudiantiles, con sus acuerdos con las autoridades de la UNLP y de cada facultad, toman estos hechos como “propios”. Esta integración se reproduce en la subordinación a los decanatos en todas las facultades. El régimen universitario ha integrado a todas las camarillas docentes, de graduados y de no docentes, y también a todas las agrupaciones estudiantiles desde la Franja Morada, pasando por todas las variantes del peronismo como la JUP, Patria Grande, La Cámpora, el Miles, el PCR, a excepción de la izquierda.
La izquierda dio pelea en 16 de las 17 facultades de la UNLP. Gracias a esta pelea y a todos los estudiantes que la apoyaron, la izquierda mantiene las secretarías de los centros de Humanidades, Artes, Trabajo Social y Naturales, y la representación en la FULP por Humanidades, Artes, Psicología y Trabajo Social.
Sin embargo, las elecciones también expresan una reducción del espacio de la izquierda en el conjunto, con un punto menos del total en relación al año pasado. En primer lugar, esto se da en facultades que habían expresado el conflicto universitario el año pasado como Trabajo Social, Psicología, Artes y Humanidades. La izquierda, en una experiencia compartida con estudiantes independientes, venía de aumentar sus votaciones. Este año volvió a hacer elecciones similares a las de 2023, previo al proceso de asambleas, tomas y movilizaciones masivas. Igualmente, tuvo buenas elecciones como en Artes (8,3%), Trabajo Social (8.1%), Humanidades (con un 6.3% en el general y votaciones altas en carreras como Sociología, Bibliotecología donde es segunda fuerza, o en Letras e Historia). Además recuperó la tercera fuerza en Naturales y ganó una vocalía en el Observatorio con el 6.8%. En Psicología (4%) tuvo un retroceso más pronunciado ante una elección fuertemente polarizada por la posibilidad, que finalmente sucedió, de que el peronismo desplace a la Franja Morada; aunque sostuvo la cuarta fuerza y se impuso sobre LLA. En el resto de las facultades hizo elecciones similares o con mejoras leves respecto del año pasado.
Sin embargo, la mayor parte del retroceso del espacio de izquierda en la totalidad de la UNLP se encuentra en la pérdida de votos que tuvo la agrupación Agite, de Arquitectura. Si bien esta agrupación es independiente de las autoridades y gobiernos, y comparte instancias de lucha y organización con las agrupaciones del Frente de Izquierda Unidad, viene sosteniendo una política contraria a la unidad de la izquierda, reduciendo su intervención política.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo
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