Rechazo a la agresión imperialista contra Venezuela
Libertad a Nicolás Maduro y Cilia Flores
Un operativo sorpresivo
con fuerzas federales tomó el control total del puerto en la
madrugada del miércoles 21, desalojó a los trabajadores y abrió un
fuerte conflicto político, sindical y laboral en una infraestructura
clave para la provincia de Tierra del Fuego. Denuncian una futura
privatización y un eventual acuerdo internacional con Estados
Unidos, que incluiría al Puerto de Ushuaia como punto
estratégico.
En un despliegue sorpresivo y de gran
magnitud, funcionarios nacionales de la Agencia Nacional de Puertos y
Navegación (ANPYN) con apoyo de fuerzas de seguridad, tomaron el
control total de las instalaciones del Puerto de Ushuaia en la
madrugada del 21 de enero.
La acción que incluyó el ingreso de Prefectura Naval, la toma de oficinas administrativas y sectores operativos, y el desalojo inmediato de los trabajadores que se encontraban cumpliendo funciones.
Testimonios de gremios y testigos en el lugar, que denunciaron que el procedimiento se realizó sin previo aviso, pasada la medianoche y con fuerte presencia de fuerzas de seguridad, lo que generó una situación de incertidumbre total sobre la continuidad laboral de cientos de familias que dependen directa o indirectamente del funcionamiento del puerto.
Desde la CGT Regional Ushuaia repudiaron el accionar del Gobierno nacional y advirtieron que se trata de “un atropello que no puede pasar como si nada”, cuestionando que la intervención se haya ejecutado en silencio y por la fuerza, sin explicaciones públicas ni resguardo para los trabajadores portuarios.
En la mañana del miércoles 21 de enero, los trabajadores del Puerto de Ushuaia cortaron el acceso a los transportes de pasajeros de cruceros, y se manifestaron en las adyacencias del mismo.
Los trabajadores no pudieron
ingresar a cumplir con sus labores ya que la Intervención se lo
prohibió, por lo que los trabajadores manifestaron la incertidumbre
en relación a la situación laboral del sector.
Los
argumentos de Milei
El Gobierno nacional dispuso la
intervención administrativa de la infraestructura portuaria del
Puerto de Ushuaia por un período de 12 meses por supuestas
irregularidades financieras y fallas de infraestructura.
La medida fue oficializada el jueves a través de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, publicada en el Boletín Oficial.
Según gobierno de ultraderecha de Javier Milei, la medida tiene como objetivo regularizar las condiciones de seguridad operativa y resolver el déficit de inversión detectado en la terminal.
El organismo nacional fundamentó la decisión tras “verificar”, según afirman, que la provincia de Tierra del Fuego utilizó el superávit financiero del puerto para financiar la obra social estatal (OSEF) a través de la Ley Provincial N° 1596, lo que incumple el convenio de transferencia que obliga a reinvertir los ingresos exclusivamente en la actividad portuaria.
Agregaron que una inspección
técnica realizada en 2025 “detectó” deterioro estructural en
los muelles, sistemas contra incendios obsoletos y un nivel de
ejecución de obras de infraestructura de apenas el 1,3% del gasto
total del ente provincial.
Oposición del gobernador y
posibles motivos de la intervención
El gobernador de
Tierra del Fuego, Gustavo Melella, criticó la decisión. “El
Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del
puerto de Ushuaia. No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y
creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión
de esta magnitud”, señaló Melella en su cuenta de Twitter/X.
Indicó que desde el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos “estamos trabajando en todos los planos necesarios para resolver esta situación, con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina”.
Y agregó: “Mantengo diálogo permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de encontrar una salida que preserve el normal funcionamiento del puerto y brinde previsibilidad a todos los sectores”.
Varias fuentes señalan que la intervención podría estar vinculada a un eventual acuerdo internacional con Estados Unidos, que incluiría al Puerto de Ushuaia como punto estratégico, mientras otras versiones apuntan a una entrega de la operatoria al grupo Mirgor, en una maniobra coordinada entre Nación y Provincia que hoy está bajo fuerte cuestionamiento.
“Milei manoteó el puerto de Ushuaia y hoy lo pondrá al servicio de Trump”, escribió esta mañana Alejandro “Topo” Rodríguez, ex diputado nacional y director del Instituto Consenso Federal.
“Antes de encontrarse con Donald Trump en Davos, el Presidente Javier Milei hizo suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia y dispuso su intervención administrativa, para que sea manejado directamente por el gobierno nacional. Se lo quita a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La medida se adoptó mediante una simple resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación que, bajo el número 4/2026, se publicó hoy en el Boletín Oficial”, señaló, en un posteo en Twitter/X.
“Milei ofrecerá el puerto de Ushuaia al Presidente de Estados Unidos, para uso militar y comercial. De hecho, entre los fundamentos de la resolución que usó para manotearse ilegalmente el Puerto, Milei hizo consignar que ‘su ubicación en el Atlántico Sur, al sur del continente, y su cercanía con la Antártida, convierten al puerto en un punto clave para el abastecimiento antártico y la operación de campañas científicas, así como en un puerto de importancia estratégica para la República Argentina, especialmente en la custodia de sus aguas y territorios australes’. Y se agrega: ‘el Puerto de Ushuaia resulta fundamental no sólo por su importancia estratégica y geopolítica, sino también por su papel en la logística, el comercio regional y el turismo’”, agregó, y concluyó: “Esta decisión de Milei genera un antecedente temerario, contra las provincias y contra el interés nacional. Todos los gobernadores deberían reaccionar”.
Por su parte, desde el portal
Agenda Malvinas, su director Daniel Guzmán, excombatiente de
Malvinas, señaló la “sombra de la privatización”: “Esta
intervención es vista por diversos analistas como el primer paso
hacia una privatización de los servicios portuarios o la entrega del
Polo Logístico Antártico a intereses extranjeros”, apuntó, y
agregó: “La pérdida del manejo del puerto significa que Tierra
del Fuego deja de tener voz propia en la logística del Atlántico
Sur y la Antártida”.
La crítica del gobernador de
Tierra del Fuego frente a la quita de los aranceles a los celulares
importados
El gobernador de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, criticó la
quita de los aranceles a los celulares importados, alegando que «no
hay nada para festejar» y advirtió que “tras cada aumento de
importaciones, hay menos trabajo argentino”.
La eliminación de aranceles comenzó a aplicarse y según explicó el Gobierno la medida «apunta a incrementar la competencia y a generar una reducción de precios cercana al 30% para los consumidores, aunque las autoridades aclararon que el impacto no será inmediato».
El oficialismo ya había reducido los aranceles del 16% al 8% el mayo pasado y ahora directamente los bajó a cero. La industria fueguina, dedicada principalmente a los productos tecnológicos será el sector más afectado por la reducción.
Frente a tales consecuencias, Melella indicó que “hoy entra en vigencia el decreto nacional 333/25 que elimina aranceles a la importación de celulares. Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajador argentino menos. Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas”.
Aseguró también que mientras algunos celebran un supuesto abaratamiento de celulares, “nosotros no tenemos nada para festejar”. Y amplió: «No se puede festejar cuando la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) ya registra 176.908 puestos de trabajo destruidos en el país».
«Las cifras duelen: una
caída del 2,8 % en el empleo total a nivel nacional desde fines de
2023. Pero en Tierra del Fuego es del 9,6 %. Esto es más que una
situación delicada», lamentó.
«El FMI pide
que borren del mapa a Tierra del Fuego»
El
intendente de Río Grande, Tierra del Fuego, Martín Pérez, habló
sobre la quita de aranceles para celulares que hoy se producen en la
provincia del sur argentino: «Las plantas fabriles están
paralizadas, sobre todo en Río Grande. Todos los sectores
relacionados a la actividad económica se movilizaron rápidamente»,
dijo.
«Creo que claramente esto es el FMI pidiéndole al Gobierno nacional que borre del mapa a Tierra del Fuego», insistió el intendente. «Solamente en celulares, estamos hablando de 4.000 puestos de trabajo en peligro».
En ese sentido, explicó sobre el régimen de Tierra del Fuego: «Tiene que ver con la soberanía y de estrategia geopolítica en un territorio que no se hubiese poblado si no hubiese sido por esta política. Estamos a 600km de una base de la OTAN en Malvinas, no es un tema menor».
«Tierra del Fuego avanzó mucho en tecnología, al punto que nos permitió ser los principales fabricantes de respiradores durante la pandemia», contó.
«En 2016, Mauricio Macri
tomó la misma decisión con las computadoras. No bajó un solo
precio, y en Tierra del Fuego perdimos casi 700 puestos de trabajo.
Se habla con mucha ignorancia. Se podrían explorar otras
soluciones», explicó en diálogo con Futurock.
NewSan
despide 150 metalúrgicos
En noviembre NewSan volvió
a ser noticia por el despido de más de 150 metalúrgicos y
metalúrgicas de su planta de Ushuaia. Los despidos alcanzaron
efectivos, temporarios e incluso a trabajadores que estaban de
licencia médica o de vacaciones. Fueron sin causa y sin previo
aviso.
“Nos comunicaron el despido por mensaje. Muchos compañeros con más de una década en la planta quedaron en la calle de un día para el otro”, contaron a medios fueguinos.
Luego de ganar en las elecciones, en el caso de Tierra del Fuego por la dispersión y desgaste de la oposición, Milei se “envalentona” para llevar adelante sus ataques. Uno de ellos es la quita de aranceles a las importaciones electrónicas. Esa medida llevó a una huelga histórica en mayo de 2025, que involucró a más de 10.000 metalúrgicos, pero además tuvo un apoyo social enorme.
Si bien NewSan prefirió mantener cierta cautela ante la posibilidad de una nueva reacción obrera, ahora aprovechó la situación del gobierno para atacar. La visita que hizo Milei en plena campaña a la planta era un adelanto de esa alianza antiobrera. Cuando estuvo en la isla aseguró que la empresa era “un ejemplo de eficiencia y competitividad para el futuro industrial del país”.
¿La empresa tiene crisis? Para nada, no ha parado de ganar y con el subrégimen de promoción ha diversificado sus negocios: compró negocios de Procter & Gamble, exporta pescado y maní, tienen negocios agroindustriales y otras plantas metalúrgicas. El primer trimestre de 2025 obtuvo una ganancia neta de $26.214 millones.
Luis Galli, el CEO de NewSan que recibió a Milei en su visita, había sido brutal cuando le preguntaron por las consecuencias de la liberación de las importaciones: “nosotros nos adaptamos, según convenga importamos o exportamos, pero hay que ver qué va a pasar con esa gente…”.
Los despidos, así como también los que hizo Mirgor en IATEC (celulares) y otras plantas, son parte de una avanzada contra el acuerdo que cerró la huelga de mayo. En ese momento, se optó por levantar la medida, con el compromiso de garantizar puestos de trabajo (efectivos y contratados) hasta diciembre 2025, con una mesa de diálogo donde se trataría el tema de los aranceles y la continuidad laboral, pero las empresas siguieron rompiendo la “paz social”.
Del otro lado la UOM Ushuaia, conducida por Carlos “Colo” Tapia, no ha enfrentado el ataque. Ni siquiera lo ha denunciado públicamente. Tampoco lo ha hecho la conducción nacional del gremio, de Abel Furlán.
En cuanto al gobierno fueguino, que participó de las negociaciones, tampoco hace nada. El gobernador Gustavo Melella (Fuerza Patria) no hace olas.
No se puede llegar al final del acuerdo sin responder los golpes. Cada ataque, artero e ilegal, debería ser respondido con la fuerza que mostró la huelga de mayo. Exigimos la reincorporación de todas y todos los despedidos en NewSan y el resto de las empresas.
Los sindicatos opositores de
la región, como la propia UOM Río Grande y sus cuerpos de
delegados, la docencia y los estatales, podrían convocar a la unidad
en las calles contra todos estos ajustes, que van acompañados por la
reforma laboral y el robo al salario. Sin dudas sería acompañada
por miles que buscan un espacio para organizarse y resistir.
El
Gobierno recortó subsidios a 150.000 usuarios del régimen de Zona
Fría
El Gobierno redujo los subsidios
energéticos del régimen de Zona Fría, por el cual se
otorgan tarifas de gas diferenciales en la Patagonia. La decisión se
tomó a raíz de que se detectaron inconsistencias a más de
150.000 beneficiarios, a los que el subsidio se les reducirá del 50%
al 30%. En ese sentido, se descubrieron más de 370.000 cuentas
registradas a nombre de esas personas, una discrepancia que, para las
autoridades, los excluye de la categoría de “población
vulnerable”.
La decisión de revisar este esquema de subsidios se enmarca en una política más amplia de ajuste fiscal y reestructuración tarifaria impulsada por la Secretaría de Energía.
El financiamiento del régimen de Zona Fría no depende del Tesoro Nacional, sino que se solventa con un recargo aplicado al precio del gas que abonan todos los usuarios (residenciales, comerciales e industriales).
En este contexto, un informe conjunto del Conicet y la UBA sobre Tarifas y Subsidios reveló que, con las nuevas bonificaciones otorgadas a los segmentos N2 y N3, los usuarios residenciales pagan, en promedio, el 50% del costo de abastecimiento del gas, mientras que el Estado cubre la mitad restante. Si bien estos datos son representativos a nivel nacional y no reflejan específicamente lo que ocurre en las zonas frías, permiten dimensionar el peso del gasto estatal en este rubro.
El mismo estudio indicó que, durante mayo 2025, la Canasta de Servicios Públicos aumentó un 16,8% debido a los ajustes tarifarios y al mayor consumo estacional de gas y electricidad. En términos interanuales, esa canasta trepó un 45%, en línea con la inflación minorista. Pero desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2024, el aumento acumulado fue del 500%, muy por encima del 149% que marcó la inflación general.
Este desfasaje refleja el impacto que tuvo la quita progresiva de subsidios en los hogares, una estrategia que también derivó en una reducción real del 68% en el gasto estatal destinado a energía (una caída del 77% en este rubro) y transporte (35%).
Desde el Gobierno apuntan a una transición hacia un consumo más responsable, evitando el «derroche» de energía. Durante su actuación en el sector privado, María Tettamanti -secretaria de Energía- citó en reiteradas oportunidades los estudios del físico Salvador Gil, experto en eficiencia energética y docente de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), quien advirtió sobre el uso ineficiente del gas en la Argentina, «particularmente las ciudades argentinas al sur del río Colorado, que reciben subsidios al gas que superan en más del doble los del resto del país».
De acuerdo a sus investigaciones, a similares condiciones climáticas, medidas por el indicador “Déficit Grado Día” (síntesis del rigor del frío y su extensión a lo largo del año), hogares de distintos lugares del país consumían muchos más m3 de gas que sus pares de ciudades europeas de clima comparable. Para Gil, esa diferencia no se debe tanto a la calidad de las viviendas como al precio subsidiado del recurso: “Los subsidios generalizados promueven el consumo y desincentivan la eficiencia o alternativas renovables”, afirma el estudio.
El especialista señaló: “A comienzos de 2024, los usuarios del sur (que representan el 9% del total nacional) consumen el 29% del gas del país. Las condiciones climáticas solo explicarían un 18% del consumo total, no el 29%”. Al respecto, atribuyó ese desfasaje a “un uso no eficiente, promovido por los subsidios”.
La reorientación del esquema actual representa una ruptura con el modelo aplicado durante los gobiernos kirchneristas. Si bien en 2007 la entonces presidenta Cristina Kirchner emitió el decreto 140 que declaraba “de interés y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la energía”, las políticas implementadas posteriormente fueron en sentido contrario. Entre 2008 y 2022, la Argentina destinó el equivalente a 200.000 millones de dólares a subsidios energéticos y de transporte, además de fuertes sumas a la importación de gas y electricidad desde países como Bolivia, Brasil, Qatar y Argelia.
La propia exmandataria, en un discurso de 2013 en Río Gallegos, celebraba el alto nivel de consumo energético local: “¿Saben cuántos barriles por cabeza, por cabecita de argentino consumimos en la Argentina?”, preguntó, y respondió: “2,53 barriles de petróleo anuales. ¿Saben cuánto consume Brasil, per cápita? 0,59; Chile, 0,89; y Uruguay, 0,92”. Luego concluyó: “Consumimos 329% más que Brasil, 184% más que Chile y 174% más que Uruguay”.
La entonces presidenta comparaba el consumo energético de Argentina con el de Brasil (un país con menor PBI per cápita, pero con una estructura industrial mucho más desarrollada), con el de Chile (que tiene un ingreso similar por habitante y condiciones climáticas comparables debido a la larga frontera compartida) y con el de Uruguay, que ya había implementado una política de precios energéticos orientada al ahorro y la inversión, lo que lo convirtió en el país con mayor proporción de energía proveniente de fuentes renovables a nivel mundial.
OPINIONES
¿Patagonia como objetivo geopolítico del sionismo?
Por Alfredo Seguel
La foto de Netanyahu analizando un mapa de la Patagonia reavivó temores sobre el Plan Andinia, teoría de ocupación sionista. Milei firmó acuerdos militares y migratorios con Israel, criticados por comprometer la soberanía argentina. Organismos denuncian control extranjero de recursos estratégicos en el sur.
Una imagen del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, examinando un mapa de Sudamérica donde resalta la Patagonia argentina y chilena, desató alertas geopolíticas tras su reunión con el presidente Javier Milei en Jerusalén a mediados de 2025.
La fotografía, difundida sin declaraciones oficiales, fue interpretada por la Corporación Justicia & Dignidad como un guiño al Plan Andinia, teoría que señala intereses sionistas en la región por sus recursos estratégicos: «No era un simple papel: era el viejo fantasma de un proyecto de colonización«, afirmaron.
El encuentro entre ambos mandatarios selló acuerdos de cooperación militar, tecnológica y de inteligencia, además del traslado de la embajada argentina a Jerusalén. Sin embargo, la visita ocurrió en un contexto crítico: Israel enfrenta acusaciones de genocidio en Gaza con decenas de miles de palestinos asesinados. «Milei alineó a Argentina con una escalada bélica sin consultar al Congreso», denunció la Corporación, cuestionando si el presidente conocía de antemano los planes israelíes.
La Patagonia, con su baja densidad poblacional, reservas de agua y minerales, ha sido históricamente foco de sospechas. Justicia & Dignidad recordó que empresas israelíes como Mekorot gestionan sistemas hídricos en la zona, mientras magnates como Joe Lewis controlan 14.000 hectáreas en Lago Escondido. «Miles de exsoldados israelíes llegan como mochileros; algunos relevan terrenos», advirtieron, vinculándolo con una «penetración silenciosa».
A esto se suma el recién activado Convenio de Seguridad Social entre ambos países, que facilita migraciones y asignaciones especiales para ciudadanos israelíes en Argentina. El periodista Gastón Nahuel lo comenta en redes sociales:
En contraste, el Gobierno argentino destacó los acuerdos bilaterales como un avance en educación y defensa. Milei, durante la firma del memorándum, elogió a Israel como «ejemplo de lucha contra el terrorismo» y exigió la liberación de rehenes argentinos en Gaza. Sin embargo, críticos insisten en que los pactos comprometen la soberanía: «Argentina no tiene capacidad operativa para defender sus recursos en el sur», señaló Justicia & Dignidad.
Cabe señalar que Milei recibió en Israel el «Premio Génesis» de 1.000.000 de dólares. Dice que lo «donará» a entidades privadas de Latinoamérica, sin embargo, referentes políticos en Argentina señalan que la Ley de Ética Pública (Ley 25.188) es clara, que los premios recibidos por un funcionario deben registrarse y pasar al patrimonio del Estado. “No puede decidir su destino como si fuera plata propia, es ilegal porque en estas condiciones sería una dádiva”.
«Se puede mejorar el régimen de Tierra del Fuego pero el camino no puede ser la destrucción»
Por Enrique de la Calle
El economista Rodrigo Kataishi -residente en Ushuaia, Tierra del Fuego- reflexionó en diálogo con AGENCIA PACO URONDO sobre el régimen de promoción económica de esa provincia austral.
¿Sirvió? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Régimen fracasado?
«La estrategia del subrégimen de Tierra del Fuego fue muy exitosa en muchos aspectos. Es la política industrial, la política de Estado más exitosa de la historia de Argentina».
«Se habla de que son fábricas de ensamblado como algo peyorativo. Estamos hablando de un modo de producción industrial que se usa en muchas partes del mundo, la industria automotriz también es así, eh. Además, hablamos de las principales empresas de celulares del mundo, no son cualquiera, son muy exigentes en relación a lo que piden. Las plantas de Argentina son muy sofisticadas».
«El 90% de los celulares, tablet o netbook que se compran en Argentina se producen en Tierra del Fuego. De esa escala de producción hablamos. Hablamos de sectores que involucran entre 7.000 y 10.000 puestos de trabajo. Si se cierran, se va a despoblar Tierra del Fuego».
«Se habla del ahorro de divisas pero se propone importar los celulares completos, cuando ahora se importa un kit que se ensambla acá. Hay un ahorro de divisas».
«Se habla de lo que cuesta Tierra del Fuego y se hacen cuentas en el aire. El informe de Fundar es muy poco riguroso técnicamente. No se sabe de dónde salen los números. Al Estado no le cuesta nada Tierra del Fuego porque no pone un peso»
¿Se puede mejorar?
«Puede mejorarse el sistema, pero ese camino de mejora no puede ser destruyendo todo, como se propone ahora».
«Se podría cambiar la producción de celulares, que son de consumo, por la producción de bienes estratégicos, como paneles solares, por ejemplo. Puede ser otro tipo de articulación con las necesidades industriales o estratégicas del país».
«Hay que aprovechar las capacidades instaladas, es un recurso muy importante que costó mucho construir. Insisto: son reconocidas por las principales empresas de celulares del mundo. Esas plantas se pueden utilizar para otro tipo de producción».
«Hoy hay una veintena de empresas que acceden al régimen, eso hay que cambiarlo, hay que ampliarlo a otros sectores de Tierra del Fuego. Es un aspecto a mejorar».
Tierra del Fuego bajo la motosierra de Milei
Por José María Fumagalli
El contenido del texto que sigue tiene carácter provisorio y está destinado a generar un debate más informado sobre la problemática abordada. Desde ya cualquier aporte y/o punto de vista, aun cuando sea diferente al que aquí presento será muy agradecido y será tomado en cuenta para la redacción de una eventual versión definitiva.
El por qué del enfrentamiento
La causa principal es el
enorme abuso en los precios domésticos de celulares, computadoras,
tablets, televisores y demás productos elaborados, que duplican los
precios internacionales.
En menor medida puede influir la
opinión de empresas no beneficiadas ante el costo fiscal de los
beneficios de la ley promocional estimado en US$ 1.567
millones anuales.
La ley de promoción
La Ley de promoción fue creada ante la necesidad de poblar el entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, hoy provincia que presenta desventajas geográficas y climáticas y que por ser la conexión entre nuestro territorio, las Islas Malvinas, las demás del Atlántico Sur y el que nos corresponde en la Antártida posee enorme importancia para nuestra soberanía nacional.
La Ley 19.640 de Exención Impositiva en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, fue sancionada el 16.05.72 y establece un régimen especial de beneficios fiscales y aduaneros para territorio comprendido. Fue sucesivamente prorrogada en 2007 y en 2021 ampliando su vencimiento hasta el 2038 y posibilitando que a partir de ese año se habilite una prórroga adicional hasta 2053.
La ley estableció un régimen especial de beneficios fiscales y aduaneros para el territorio. Entre los principales beneficios que se estipulan en la ley se encuentran:
Liberación de pago del IVA ventas
Exención de impuestos nacionales (IVA compras e Impuesto a las Ganancias)
Pago reducido de alícuota en Impuestos Internos (6,5%) para productos alcanzados por una alícuota del 17%
Exención de aranceles a la importación
Según el informe oficial sobre las cadenas de valor en Tierra del Fuego, tras la promulgación del régimen, surgieron diversas empresas en el territorio. Actualmente el 70 % del mercado es abastecido por las empresas Newsan y Mirgor, que producen localmente marcas como Sanyo, Atma, Philco, Noblex, SIAM, Sansei, JVC, Samsung, Lenovo
La madre del borrego
La publicidad oficial y las noticias sobre el conflicto centran la atención de la opinión pública sobre los trabajadores y sus legítimas preocupaciones, pero nada dicen sobre la responsabilidad de las empresas beneficiarias de los enormes sobreprecios que se aplica a sus productos, que de este modo salen indemnes del conflicto.
El régimen de Tierra del Fuego, estableció enormes privilegios y está plagado de gigantescas irregularidades, entre las que se destacan:
Una sumatoria de costos, que será necesario revisar, inflan los precios de lo producido, incluyendo fletes, honorarios profesionales, pasajes aéreos y contratación de seguros, facturados desde Buenos Aires a las empresas fueguinas.
Importación de partes por el puerto de Buenos Aires, para armar los productos en la isla, exigiendo un transporte de ida y vuelta superior a 2800 kilómetros por tramo;
Sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, eventualmente alentadas por un insuficiente control por la AFIP a pesar de la vigencia en esa provincia del régimen penal cambiario.
Los más de 8.000 empleos directos y otros miles de empleos indirectos constituyen un hecho consumado difícil de modificar, en especial cuando buena proporción de esos trabajadores se radicaron desde hace ya muchos años en la isla y tienen hijos nacidos en ella.
Las soluciones
Además de las soluciones detalladas en nuestro Programa Federal de Industrialización para la transformación de la matriz productiva y reconversión industrial que sean aplicables al caso de Tierra del Fuego, sería aconsejable explorar algunas soluciones específicas, tales como:
Puesta en el centro de la escena de la responsabilidad empresarial;
Renegociación de los beneficios de la ley de promoción y los precios aplicados al mercado doméstico bajo presión de un estricto control de costos y penalización de la fuga de divisas;
Pasar la administración del fideicomiso Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, hoy a cargo de un directorio designado exclusivamente por Santiago Caputo a manos de un directorio cuatripartito, integrado por representantes del PE provincial, del PEN, de los trabajadores y de las empresas;
Modificar la distribución de los fondos del Decreto 111/2025 del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, en el sentido que las grandes empresas puedan destinar hasta el 25% de sus aportes a sus propios proyectos, mientras la PyMEs puedan hacerlo hasta el 50% de sus aportes, siempre previa aprobación y supervisión del directorio.
Evaluar las amenazas a la soberanía, en especial cuando está sobre la mesa la instalación de una base militar estadounidense.
Agradezco las contribuciones recibidas de los compañeros Mario (Paco) Manrique, diputado nacional, Sergio Rossi, David Selser, Carlos Norryh, Juan Eusevi, Vilma Cabrera, Miguel Ángel López y Ángel Porfiri.
Tierra del Fuego: ¿Milei quiere matar a la industria?
Por Pablo Anino
El gobierno realizó un anuncio que afecta a la industria electrónica de Tierra del Fuego.
Se van a eliminar en dos etapas los aranceles de importación de celulares: primero bajarán del 16% al 8%; y a partir de enero de 2026 serán de 0%. También se reducen los impuestos internos para electrónicos importados: de 19% a 9,5%; para los elaborados en Tierra del Fuego se reducen a 0%.
El argumento del gobierno es aumentar la competencia y bajar los precios de los celulares para el consumidor.
Pero la verdad es que favorece la industria extranjera y, aunque los precios de los celulares y otros electrónicos bajen (si es que bajan), los salarios por el piso limitan la posibilidad de comprarlos. Ni que decir, que esta política afecta la balanza comercial porque consume dólares en importaciones.
La industria fueguina se localiza en la ciudad de Río Grande y cuenta con muchos beneficios promocionales que se establecieron en la década de 1970 (Ley 19.640).
Ese régimen de promoción económica implica un gasto tributario (es decir, lo que el Estado deja de recaudar) de $1.348 mil millones, según la estimación que publica el Ministerio de Economía. Esto equivale a 0,2 % del PIB. Otra comparación es válida: es un monto similar al que se destina a Ciencia y Tecnología.
Los beneficios que tienen las empresas que operan en Tierra del Fuego son liberación de IVA compras e IVA ventas, exención del Impuesto a las Ganancias, exención de Derechos de Importación y una reducción de Impuestos Internos sobre productos electrónicos.
Este régimen es muy importante porque beneficia principalmente a dos empresarios: Rubén Cherñajovsky, dueño de Newsan, una de las principales empresas que producen electrónicos en la isla. La otra es Mirgor de Nicolás Caputo, el amigo del alma de Mauricio Macri y primo del actual ministro de Economía.
Estos empresarios no han hecho más que aprovechar los beneficios promocionales para llenarse de plata, pero sin realizar esfuerzos para superar esa situación de maquila, es decir una ensambladora de partes que se producen en otras partes del mundo, principalmente en el este asiático.
Además, son los dueños de todo: tiene diversificados sus negocios en distintas actividades imposibles de enumerar. Para mencionar solos dos ejemplos: Cherñajovsky compró el año pasado P&G Argentina y Caputo también se dedica a la construcción.
Los dos están entre los más ricos del país, según Forbes. Y también aparecen ellos o sus empresas en los listados de los que más fugaron y blanquearon capitales. Es decir, que los negocios turbios son moneda corriente entre estos personajes.
Lo que verdaderamente importa es que las medidas del gobierno afectan a 6.163 trabajadores de la industria electrónica que, según datos de la Secretaría de Empleo, explican el 17% de los puestos de trabajo formal de la provincia.
En Río Grande la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande decretó un paro por tiempo indeterminado y también hubo un paro total en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El drama fueguino es ilustrativo de una política más general del gobierno de La Libertad Avanza: impulsar a muerte el modelo extractivista de la minería, de Vaca Muerta y de los agronegocios y liquidar toda la industria de baja productividad, no competitiva.
Quiere reconfigurar el país a imagen y semejanza de lo que quiere el capital financiero imperialista y el FMI.
El atraso cambiario, la apertura comercial, el ataque al poder de compra apuntala a ese objetivo decadente de mandar a la quiebra a importantes sectores industriales.
Como en Tierra del Fuego, no se trata de defender empresarios prebendarios, que fugan capitales y evaden impuestos, y cuya “reticencia inversora” (es decir, las escasas inversiones), entre otros factores, explican el atraso tecnológico, el atraso en productividad y la falta de competencia. Los dueños siempre tienen alternativas para salir bien parados.
La situación crítica es una oportunidad para discutir salidas de otra clase: una reorganización de la industria fueguina, e incluso del país, con prioridad en la atención de las necesidades sociales, en el desarrollo planificado democráticamente desde abajo, establecer una gestión de los propios trabajadores y trabajadoras.
De lo contrario, como proclamó Federico Sturzenegger, van a convertir a estas pampas y a Tierra del Fuego en un miserable parque de diversiones donde solo van a poder entrar los ricos.
Las dos ovejas negras
Por Claudio Scaletta *
El sector automotor y la electrónica fueguina no sólo no contribuyeron al proceso de sustitución de importaciones y al desarrollo estructural, sino que multiplicaron el déficit de divisas. Especialmente la electrónica de consumo insumió enormes y discutibles ventajas fiscales.
Por su fuerte crecimiento, los sectores estrella de la industria local a partir de 2003 fueron el automotor y la electrónica fueguina. Se trata de actividades muy diferentes pero que, a la vez, tienen profundos denominadores comunes: están controladas por un núcleo cerrado de empresas que se apropian de los beneficios recibidos, tanto de regímenes impositivos especiales, en Tierra del Fuego, como de reservas de mercado, en ambos casos, y se tornarían insustentables frente al cese de toda protección y estímulo. En sus procesos productivos predomina el ensamblado, con desnacionalización de las etapas de diseño y desarrollo, y presentan un déficit en la composición nacional de insumos, piezas y partes que se traduce, a su vez, en un potente déficit de divisas. Adicionalmente, cuanto más crece el mercado interno, mayores son los déficits externos.
Los dos sectores comparten también una legitimación común: se destacan sus efectos multiplicadores sobre toda la estructura industrial y el empleo con altas remuneraciones, y se remite su carácter maquilador a las necesidades de una escala global de los procesos productivos que integran. Para completar, sus resultados tras una década de crecimiento ofrecen abundantes claroscuros para el ataque de los enemigos del desarrollo y, por extensión, de cualquier régimen de promoción industrial. Pero antes de avanzar en conclusiones es necesario mirar por dentro.
AUNQUE ESTE ARTICULO FUE
ESCRITO HACE MAS DE 10 AÑOS LO CONSIDERAMOS ILUSTRATIVO DE LA
RADICACION INDUSTRIAL EN TIERRA DEL FUEGO. OBVIAREMOS SUS PARTES
REFERIDAS AL SECTOR AUTOMOTOR POR NO SER EL AFECTADO POR LAS MEDIDAS
DEL ACTUAL GOBIERNO. NOTA DEL EDITOR
[…]
Exiguo valor local
En la isla de Tierra del Fuego están instaladas alrededor de cincuenta empresas vinculadas a la electrónica de consumo que usufructúan los beneficios de un régimen impositivo y aduanero especial. Sin embargo, son las primeras ocho, Brightstar Fueguina, BGH, Newsan, Mirgor, IATEC, Digital Fueguina, Electrofueguina y Fábrica Austral de Productos Eléctricos, las que concentran prácticamente la totalidad del negocio y están a su vez relacionadas, a modo de grupos económicos, con las cadenas de distribución en todo el país, como Frávega (con Electrofueguina), Garbarino (con Digital Fueguina y Tecnosur) y Compumundo; las que comercializan por cuenta y orden de sus controladas en la isla (3).
El grueso del ensamblado de estas empresas son teléfonos celulares, los que explican el 60% de las importaciones. Otro 16% de compra de componentes al exterior son televisores, 7% para equipos de aire acondicionado, 3% microondas, 3% monitores y aproximadamente otro 3% para notebooks y tabletas. El resto se completa con insumos para cámaras fotográficas y de video, módems, decodificadores, sintonizadores, electrodomésticos varios y sistemas de climatización y cajas de dirección para automotores. La agregación de valor local, con importaciones nacionales desde el continente, se limita a algunos accesorios como cables de alimentación y transformadores y material de empaque y folletería. Por las propias características de los productos, donde unas pocas firmas globales controlan la etapa de diseño y desarrollo, con una concentración aun mayor que la del sector automotor mundial, la sustitución de partes enfrenta grandes dificultades técnicas. Incluso el déficit de divisas podría ser menor al existente si se importasen los productos terminados, ya que los kits para armar celulares y televisores son más caros que los productos terminados, dado que las firmas proveedoras no están interesadas en que los productos se fabriquen en otras partes del mundo.
Los beneficios del régimen fueguino consisten básicamente en la exención y la devolución de impuestos. Esta devolución es un factor clave porque las firmas no sólo no pagan aranceles de importación para los insumos, ni tampoco IVA y Ganancias, sino que reciben un 10 % de reintegro por las “exportaciones”, las que incluyen todo lo que sale de la isla al continente, lo que en algún momento despertó sospechas sobre efectos “calesita” en la circulación de productos que entraban y salían de la zona aduanera especial. A la vez, el IVA de las ventas se factura, pero no se paga al fisco, es “internalizado” por las empresas, un dato interesante si se considera que esa exención llega a lo que paga el consumidor final en el continente dada la integración vertical con las comercializadoras. Estos beneficios se cierran y refuerzan con el impuesto a la importación de bienes tecnológicos del 15%, lo que supone sobreprecios de hecho del mismo monto para todos los productos de este tipo ensamblados en la isla.
A diferencia del sector automotor, donde la ayuda estatal se concentra en la reserva del mercado interno, el régimen fueguino tiene beneficios múltiples con un costo fiscal altísimo. Según las estimaciones del Ministerio de Economía, en 2015 se destinarán poco más de 30.280 millones de pesos a diversos regímenes de promoción económica, el 0,6% del PIB, de los que la promoción fueguina se llevará el 77,5%: 23.490 millones (4), un monto desproporcionado en relación a los 12.000 empleos que genera, es decir; a un costo de casi 2 millones de pesos anuales por persona ocupada, puestos que además se caracterizan por su alta rotación, señal de que no generan procesos de arraigo.
A estos costos debe sumarse el déficit de divisas por importaciones, que rondó en los últimos dos años los 5.000 millones de dólares anuales.
La justificación de la existencia del régimen fueguino comenzó como política regional de poblamiento y por razones geopolíticas a principios de la década de 1970, concretamente en 1972 con la Ley 19.640. En el presente la justificación se basa, además de las cuestiones propias del desarrollo industrial, en la necesidad de sostener ese poblamiento. En su reciente visita a la isla el candidato presidencial del Frente para la Victoria se comprometió a prorrogar el régimen hasta el año 2073, pero economistas cercanos al candidato sostienen que se reorientará la producción hacia insumos electrónicos para otros sectores industriales antes que electrónica de consumo, sobre la que existe una casi nula posibilidad de sustitución de importaciones.
Macroeconomía y desarrollo
Aunque el vínculo es primordial, no suele relacionarse a la industria y al desarrollo con la macroeconomía. No es lo mismo mejorar la distribución del ingreso que el desarrollo. La falta de lo segundo le pone un límite a lo primero. El proceso iniciado a partir de 2003 es un ejemplo. El desarrollo exige la acción precisa y deliberada de un planificador. En ningún lugar del mundo, y mucho más a partir del siglo XX, fue el resultado espontáneo del crecimiento. Librado a sus propias fuerzas el mercado produce economías de aglomeración, enclaves, con énfasis en producciones basadas en “ventajas comparativas estáticas”, lo que en la economía local significa agro y actividades extractivas; generadoras de riqueza, pero no de empleo suficiente. En un capitalismo conducido a escala planetaria por el capital financiero y multinacionales del tamaño de países genera también relaciones de dependencia. En la coyuntura argentina de la segunda década del siglo XXI, entonces, la industria no importa solamente como fin en sí mismo, sino para el sostenimiento del modelo macroeconómico. No es posible continuar con el crecimiento del PIB y con la distribución progresiva del ingreso si no se resuelven al mismo tiempo los problemas de escasez de divisas, una resolución que en el largo plazo sólo se consigue mediante dos instrumentos evidentes: la sustitución de importaciones y el aumento de las exportaciones; el desarrollo estructural.
Antes que aportar a la resolución de la restricción externa, las malas políticas industriales en el sector automotor y la electrónica fueguina sumaron un déficit progresivo de divisas de casi 13.000 millones de dólares anuales, se caracterizaron por su retroceso en materia de sustitución de importaciones y, en el caso de Tierra del Fuego, absorbieron recursos fiscales desproporcionados. No fueron las únicas causas de la restricción externa, a la que también contribuyeron el déficit energético y la histórica fuga de capitales, pero por sus resultados representan el “anti ejemplo” de los objetivos de la política industrial. Por múltiples razones, entre las que no se descarta el poder de lobby de un grupo acotado de empresas con ganancias multimillonarias, en la última década no se discutió el status quo de regímenes que no cumplen sus promesas. Y a pesar de los problemas acumulados y los escasos resultados, el tema no ocupa el centro del debate económico y mucho menos del electoral.
NOTAS
3. Martín Schorr y Lucas Porcelli, “La industria electrónica de consumo en Tierra del Fuego. Régimen promocional, perfil de especialización y alternativas de desarrollo sectorial en la posconvertibilidad”, UNSAM e IDAES, Documentos de investigación social, N° 26, 2014.
4. Diego Coatz, Fernando Grasso y Bernardo Kosacoff, “Desarrollo económico. Propuestas de políticas públicas para el mediano y largo plazo”, serie Argentina Estructural, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, CABA, 2015
* Economista y periodista.
Le Monde Diplomatique,
edición Cono Sur
La frutilla del postre: Tierra del
Fuego cuestionó la adhesión al Consejo de la Paz
El
gobierno de Tierra del Fuego advirtió que la adhesión del Javier
Milei al Board of Peace (la ONU paralela creada por Donald Trump) es
un “grave y peligroso error político y diplomático” del
gobierno nacional porque “contradice” y “debilita” el reclamo
argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.
La queja fue planteada por el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales fueguino, Andrés Dachary, quien hizo una ilustrativa explicación del caso que podría chocar contra los históricos reclamos de la Argentina sobre su archipiélago ocupado por Gran Bretaña.
“No se puede defender la integridad territorial argentina mientras se convalidan, directa o indirectamente, procesos que legitiman ocupaciones y fragmentaciones ilegales”, planteó el funcionario.
La objeción consiste en lo siguiente: uno de los gobiernos que junto a la Argentina firmaron ayer el Board of Peace en Davos fue el de Kosovo, un estado que se independizó de Serbia en 2008 y que tiene un reconocimiento parcial dentro del concierto de naciones.
Estados Unidos es una de las potencias que lo reconoce como estado independiente, pero Serbia y sus aliados (entre ellos, Rusia) aún sostienen que es una provincia suya; inclusive desde que era parte de la ex Yugoslavia.
Argentina está entre los países que todavía no reconoce a Kosovo como estado independiente sino como parte de Serbia. Por eso, según Dachary, la adhesión del presidente argentino a un conglomerado de naciones que incluye a Kosovo entre sus estados miembro implica “vulnerar” el principio de integridad territorial serbio.
“Ese gesto contradice de manera directa la posición oficial e histórica de la Argentina” no solo contra Serbia sino también contra los argumentos con que sostiene su reclamo de territorialidad y soberanía sobre Malvinas, recalcó.
El funcionario fueguino puntualizó que firmar un documento internacional a la par de Kosovo como estado miembro “debilita nuestra posición en Malvinas, erosiona alianzas estratégicas y compromete la credibilidad internacional del país”.
Y no solo eso. También indicó que la política exterior mileísta “traiciona principios elementales del derecho internacional”.
A través de un mensaje en las redes sociales, el funcionario del gobierno de Tierra del Fuego -provincia que el jueves 22 fue intervenida por el gobierno nacional en la operatividad de sus puertos- sostuvo que ser parte del Board of Peace “constituye un grave y peligroso error político y diplomático” por parte de la Casa Rosada.
Firmar un documento internacional que incluye a Kosovo como estado miembro “contradice de manera directa la posición oficial e histórica de la Argentina” y “daña la relación con Serbia, un país que ha acompañado de manera consistente y sostenida la posición argentina en la Cuestión Malvinas”, agregó.
El secretario de Malvinas provincial advirtió también que esa “incoherencia” del gobierno de La Libertad Avanza es “más grave si se considera que tropas de las autodenominadas fuerzas de defensa de Kosovo participaron en ejercicios militares combinados con las fuerzas británicas de ocupación en las Islas Malvinas”, un hecho que fue denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
“La soberanía no admite
ambigüedades ni gestos oportunistas. O se la defiende con
coherencia, firmeza y respeto por la ley, o se la abandona. Y la
Argentina no puede —ni debe— abandonar una causa que constituye
el núcleo irrenunciable de su política de Estado”, cerró el
funcionario.
Fuentes: argentina.indymedia, Perfil,
APU, La Izquierda Diario, Le Monde Diplomatique, Página 12,
Resumen Latinoamericano
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