Los cincuenta años, medio siglo, de conmemoración del golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976, el Proceso de Reorganización Nacional tal la denominación adoptada por la junta militar que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, obliga a pensar en diversas direcciones y nuevas perspectivas qué memoria vamos a construir y disputar en esta etapa política y social.
El escenario actual muestra el retroceso político con la llegada al gobierno de una fuerza reaccionaria, la de mayor contenido conservador en estos cuarenta y tres años de democracia, también a la par consecuentemente una buena parte de la sociedad que se plegó a su discurso y propuestas ideológicas ya desde la adhesión directa, consciente, ya desde el consentimiento puntual del voto y con razones diversas que apelan a la paciencia y la espera. Ambas lógicas a su vez contienen la esencia del malestar, el enojo y la frustración ante los fracasos de gobiernos anteriores que siendo de signos opuestos dieron por tierra con las expectativas de la sociedad, dieron por tierra con el bienestar de la mayoría. Entonces es entendible que la opción electoral se haya volcado hacia una fuerza que hizo del discurso violento, de ataque permanente a (hoy matizado y selectivo) al conjunto del sistema político y sus representantes, especialmente el espacio progresista, de izquierda, popular, su plataforma de propuestas. El ascenso libertario no obstante, fue efectivo a partir del ataque contra todo el arco político y puso en evidencia ese malestar de la sociedad con la representación tradicional y en un contexto más profundo, debilitó valores que hasta hace poco eran indiscutibles del sistema democrático; la democracia misma sin estar en peligro de aventuras golpistas (por ahora) está en su peor nivel de calidad institucional y política, esto debido a las sucesivas frustraciones de los últimos gobiernos que fue capitalizado por una fuerza que hizo del discurso de odio, reaccionario y anti política su razón de ser, entendiendo así el humor social.
Fue fácil entonces para esta fuerza reaccionaria atacar, y ganar consenso en la sociedad, a algunos de estos pilares que además fueron sobre lo que se asentó el pacto democrático post dictadura: el respeto y fortalecimiento de los Derechos Humanos, entendidos como Justicia y como valor y cultura de convivencia. A pesar de los vaivenes políticos sobre las decisiones judiciales (juicios y condenas) a los responsables de las violaciones gravísimas a los DD.HH. durante el período 1976 -1983, nadie duda en cualquier ámbito internacional que las luchas y logros contra la impunidad y por la justicia en Argentina fueron ejemplos enormes que aún se destacan tanto en su conjunto como en figuras y sectores particulares: el Premio Nobel de la Paz (1980) Adolfo Pérez Esquivel, el informe de la CONADEP “NUNCA MAS”, los fiscales responsables de la acusación a las juntas militares en el juicio de 1985, la propia decisión de sentar en el banquillo a las juntas responsables del genocidio a dos años de la recuperación democrática, la persistencia de las madres de desaparecidos, y cuantos otros ejemplos que sentaron y fortalecieron el valor de la justicia y la lucha contra la peor impunidad que buscaban los responsables de un genocidio que tenía una razón y un objetivo establecido.
El vínculo entre memoria y presente es posible cuando el colectivo social apela al pasado como forma de fortalecer o recuperar un sentido o razón de convivencia que le dote de cohesión en tanto resulta una herramienta que una elementos vitales del pasado con las necesidades del presente. Debe haber necesariamente una relación de elementos de vivencias, de evocación y recuerdos del pasado con los del presente, ese flujo conlleva símbolos míticos que refuerzan la construcción de la conciencia colectiva y fortalece el sentido de pertenencia y adhesión porque allí están contenidos los valores que sustentan los fines de una sociedad. Ahora bien ¿qué sucede cuando el presente se convierte en una sucesión interminable de crisis y frustraciones? Ya no alcanza con la apelación a la memoria que es lo que ocurrió en nuestro país y no sólo con la recurrencia constante a la memoria de los DD.HH., sino también con el propio peronismo que agotado en su capacidad de construir un modelo eficaz para el presente vuelve a su pasado glorioso; entonces la memoria es un remedio inútil, un analgésico de corto alcance en tanto el propio presente, la política no es capaz de ofrecer el tratamiento adecuado a los males de hoy (la memoria no es un remedio, es un complejo que fortalece el cuerpo social en tanto éste ha logrado un piso de salud y bienestar); la conclusión está a la vista: la sociedad termina rechazando esa apelación y sumado a la acción efectiva de sectores conservadores que habían sido desplazados por el consenso social, retornan hoy con fuerzas suficiente para impugnar esa memoria vinculándola con las causas del malestar presente. Ese es el triunfo de su disputa discursiva ideológica.
Tampoco podemos afirmar enfáticamente que la sociedad se volcó hacia el lado que reivindica el olvido o la impunidad, podríamos afirmar que más bien está en estado de letargo mental, amortiguada ante una realidad que tal como propuso un dirigente macrista, vive en la incertidumbre sin poder acostumbrarse a ese modo que no es otra cosa la fragilidad laboral y la precariedad de ingresos, demasiada preocupación por el día a día, mes a mes, años tras año. Una sociedad que es compelida a la subsistencia y a la resistencia permanente el pasado se convierte en un objeto obsoleto, secundario y el futuro es apenas el día siguiente, es una semana, es el horizonte gris de cada fin de mes.
CINCUENTA AÑOS DESPUÉS
Ahora bien, el aniversario número cincuenta del golpe de Estado definitivo dado por las clases dominantes de Argentina, nos impone una revisión de nuestro “manual de la buena memoria” que de forma sistemática hemos sacado cada año en forma de consignas, de eslóganes, imágenes y una mirada que puso siempre énfasis en el elemento distintivo de las violaciones a los Derechos Humanos como plan elaborado y ejecutado en los años de plomo. La consigna de “Verdad, Memoria y Justicia” remite a la búsqueda de la reparación tanto a las víctimas directas como a la sociedad del daño provocado a través de la instancia judicial como base de construcción de la memoria y afirmación de la verdad histórica. Resulta problemático y conflictivo intentar resolver la “verdad histórica” sobre la base de dicotomías maniqueas del tipo “culpables/inocentes”, “buenos/malos” o “justos/injustos”; ese reduccionismo ciertamente obturó un debate más profundo y necesario que supera ampliamente los márgenes de análisis de causas judiciales y sentencias. La derecha tomó nota de este flanco débil y cuando recuperó fuerza saltó a la cancha para proponer “memoria completa” apuntando a revivir la “teoría de los dos demonios”, esa memoria completa esconde (no mucho) el negacionanismo típico de los sectores conservadores tal como se ve en otros países donde se implementó el terrorismo de Estado: Chile, Uruguay, Brasil, etc., aunque también es necesario afirmar que hoy estamos más cerca del reivindicacionismo que del negacionismo, tal como ocurre en Brasil.
Cincuenta años es un tiempo más que importante para asumir (ya hay buenos antecedentes) el “juicio de la historia”, una historia compleja que supere la mera enunciación de hechos, datos, nombres y construya una explicación que salga de los relatos simples, dicotómicos. A la denuncia del genocidio, sus modos y sus consecuencias directas cabe ya unir las partes del proceso histórico anterior y posterior, el efecto sobre una democracia condicionada en la calidad y capacidad de transformación que atravesó a todas las fuerzas y partidos insertos en el sistema político, por lo que habrá que posar la mirada en aquellos sectores que podrían haber avanzado con un programa de reformas acorde a las expectativas de la sociedad. Ni el radicalismo en su primera etapa ni el peronismo en la última década torcieron el rumbo estructural impuesto por el régimen militar junto a los personeros aliados y sostenes civiles. En concreto, que la “ley de entidades financieras” siga vigente es el claro demostración del poder de las clases dominantes y su capacidad de imponer límites a la democracia, la ley madre de la especulación financiera, el pilar del neoliberalismo que sobrevivió a la dictadura y se solidificó desde 1983. Esto significó la supremacía de la economía sobre la política, el Estado subordinado al mercado, las mayorías presas de la voluntad de una absoluta minoría.
Los cincuenta años deben superar el marco del 24 de marzo, estamos obligados a revisar el antes y el después. El antes sabemos que es problemático porque es explicar los vaivenes del peronismo, las flaquezas del radicalismo, las tensiones del movimiento obrero frente al conflicto social y político, la lucha de clases que puso en tensión al gobierno desfalleciente de Isabel Perón, las decisiones y acciones de las organizaciones armadas. Esta lectura en clave histórica ya la podemos encontrar en diversos trabajos de gran calidad, de objetividad académica prescindiendo de una falsa neutralidad, entonces se trata de poner en la agenda política este debate para poder superar esta etapa y construir nuevos modelos que recompongan su relación con la memoria.
La lucha contra la impunidad es una bandera indeclinable porque de hecho fue el baluarte donde la sociedad encontró esa reserva ética cuando la corrupción y el ajuste neoliberal golpearon a millones de argentinos; hoy es vital sumar un nuevo prisma a la memoria y que remite directamente a nuestro presente, a las causas de esta debacle de la democracia, la soga al cuello que nos dejó la dictadura y que ningún gobierno tuvo el valor de sacarla: la ley de entidades financieras, matriz del neoliberalismo financiero, pilar de la actual estructura económica que subordinó todo el modelo productivo, el rol del Estado, la política a los márgenes de lo impuesto por los Videla, Martínez de Hoz, Liendo, Sigaut, Cavallo, Alemann, etc., lo que obligará de paso a la dirigencia actual a explicar el porqué de la permanencia de este instrumento vital del poder financiero.
Las exigencias del presente nos remite a revisar el pasado pero esa revisión es posible sólo si se tiene una mirada que supere los angostos marcos de identidades y pertenencias políticas que estrechan sus alcances. El largo puente de los cincuenta años nos obliga ya a mirar y volver sobre los pasos de ese tránsito turbulento y no quedarnos mirando un extremo que nos aleja del vínculo con este hoy que es continuidad a través de los años, los gobiernos, las crisis y los modelos que nunca salieron del margen diseñado por la dictadura. No se perdió la batalla cultural, se perdió la guerra por el modelo nacional.
Daniel Escotorin es historiador
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