Sindicatos convocan a marchar al Congreso este viernes

La manifestación coincidirá con el debate en el Senado sobre los cambios incorporados por la Cámara de Diputados al Proyecto de reforma laboral. El Gobierno busca que la iniciativa sea aprobada antes de la apertura de las sesiones ordinarias.

El FreSU se reunió el lunes para definir las acciones a seguir. En ese encuentro resolvieron si aguardaban una respuesta de la CGT o si convocaban a una movilización al Congreso durante el tratamiento del proyecto en el Senado.

La convocatoria se produce en un contexto de debate sobre el proyecto oficial, que ya cuenta con media sanción en Diputados y regresó al Senado con modificaciones.

El Frente de Sindicatos Unidos pidió a la CGT un paro de 36 horas

El FreSU está conformado por la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, ATE y las dos CTA, entre otros gremios. Desde el sindicato de Aceiteros confirmaron que realizaron un pedido formal a la CGT para que convoque a un paro de 36 horas. Ante la ausencia de una definición, resolvieron avanzar con una movilización propia.

Dirigentes del espacio habían manifestado previamente que impulsarían una medida de fuerza si la central obrera no avanzaba con una convocatoria.

“Vamos a hablar con el triunvirato de la CGT para que convoquen a un paro de 36 horas. Si no lo hacen, iremos a un paro nosotros con el Frente de Sindicatos Unidos”, señaló Daniel Yofra, secretario de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA).

La CGT no parará el viernes y sólo marchará el lunes a Tribunales contra la reforma laboral

La CGT resolvió no realizar un paro ni movilizarse este viernes al Congreso durante el debate en el Senado por la reforma laboral y optó por una estrategia distinta: marchar el lunes al Palacio de Tribunales para respaldar la presentación judicial con la que buscará impugnar la ley impulsada por el presidente Javier Milei.

Con esta definición, la conducción sindical adoptó una postura más moderada y se desmarcó de la medida de fuerza de 36 horas con protesta callejera convocada por el sector más combativo agrupado en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu).

Desde la central señalaron que actualmente “no hay contexto” para convocar a un paro general y que la estrategia prioritaria será recurrir a la vía judicial contra los artículos que consideran inconstitucionales, en particular los relacionados con el derecho de huelga.

Qué sanciones estudia la Casa Rosada contra La Fraternidad y la UTA

En paralelo a las gestiones del Gobierno para la rápida aprobación de la reforma laboral, la Casa Rosada puso en la mira a los conductores de locomotoras nucleados en La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremios imprescindibles para el éxito de una huelga. Desde la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero dejaron trascender que aplicarán sanciones porque ambos sindicatos desconocieron que se encuentran en conciliación obligatoria por reclamos salariales.

Tanto La Fraternidad como la UTA se escudan en que su adhesión a la huelga del jueves pasado no se debió a sus propias demandas, sino que se dio en el contexto de un paro nacional convocado por la CGT. La cartera laboral estudia la aplicación de multas económicas hasta actuaciones que podrían derivar en la quita de la personería jurídica. Explican que “si fueron al paro e incumplieron la conciliación obligatoria, la idea es ir a fondo”, en tanto que fuentes gremiales coincidieron en que una decisión de esta naturaleza podría “judicializarse”.

En el Gobierno diferencian las acciones de Maturano con las del titular de la UTA, Roberto Fernández. Al ferroviario lo ven como un franco opositor. De hecho, no acompaña las paritarias que sí firman los otros tres gremios de la actividad (Unión Ferroviaria, Señaleros y Jerárquicos ferroportuarios). En cambio, con Fernández el vínculo es más “fluido”, como quedó de manifiesto en anteriores huelgas de la CGT donde no acató la medida de fuerza explicando que se encontraba en conciliación obligatoria ante el fracaso de las paritarias del sector.

División en la CGT por la postura de los gobernadores peronistas

En los pasillos de Azopardo los aires de división volvieron a soplar fuerte. Al movimiento obrero organizado lo sigue uniendo el rechazo al modelo libertario, pero en sus filas militan diferentes visiones de cómo enfrentarlo. En la conducción contabilizan como un fracaso las gestiones ante los gobernadores, que ordenaron a senadores y diputados acompañar el proyecto del oficialismo.

Uno de los cotitulares de la CGT, Cristian Jerónimo, afirmó: “Nos dan vergüenza, han traicionado a los trabajadores”, sobre el rol de los mandatarios peronistas en la aprobación de la reforma. Subrayó: “Son gobernadores de provincias que uno ha recorrido y ve el grado de desigualdad que tienen esas provincias. Nos dan vergüenza porque, supuestamente, lo hacen para beneficiar a sus provincias y sabemos que eso no tiene un impacto real”.

El titular del sindicato de Obreros del Vidrio amplió: “Tucumán, Catamarca, Salta mismo. Lo juzgará el tiempo y sabrán ellos por qué han traicionado a todos los trabajadores y trabajadoras de esta manera”, al tiempo que dijo que la solución al conflicto es política y no gremial, ya que la decisión se cristaliza en el Congreso. Detalló que “esto se termina legislando tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, y nosotros no votamos, pero siempre trabajamos para generar la conciencia necesaria”.

La CGT sobre la reforma laboral

«Hoy el trabajador ya no es el obrero de overol, pero se impuso la precarización».

“Analizaremos el malestar social, pero no vamos a destinar recursos a medidas de acción directa”, expresaron voceros cercanos a la conducción de la CGT.

“Los dirigentes de la CGT estaban esperanzados en los políticos porque supuestamente tenían los números. Y ahora están esperanzados en la Justicia. Y después van a estar esperanzados en una marcha a San Cayetano. Eso no tiene nada que ver con el sindicalismo. El sindicalismo se tiene que empoderar más allá de los partidos políticos”, expresó Yofra.

El FreSU ya había planteado diferencias con la CGT la semana anterior, cuando la Central convocó a un paro general sin movilización y los sindicatos del frente decidieron marchar al Congreso durante el debate de la reforma laboral en Diputados.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) elevó el nivel de confrontación en las últimas horas. En un comunicado difundido este lunes por la noche, su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que, “sin convocatoria de la CGT”, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) lanzará una movilización al Congreso este viernes a partir de las 12:00 y que el gremio además convocó a un paro nacional para esa jornada.

“El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integramos ATE junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras resolvió llevar a cabo una movilización para este viernes a partir de las 12:00”, señaló. Y agregó: “Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso. Debemos pelear hasta el último momento”.

El secretario general de ATE anunció un paro de 36 horas con movilización al Congreso para este viernes

En el mismo texto, el dirigente apuntó contra el oficialismo: “Comprando votos hicieron del Senado una escribanía. Que @JMilei y @PatoBullrich no festejen por anticipado”. También cuestionó a otros sectores del movimiento obrero: “Los mismos dirigentes que confiaron en los gobernadores y el Congreso a pesar de que los votos nunca estuvieron, ahora nos dicen que confían en la Justicia. La pregunta es cuándo van a confiar en los trabajadores”.

Finalmente, llamó a sostener la protesta aun sin paro general convocado por la central obrera: “Por más que no se haya convocado a un paro, tenemos que movilizar igual. No le podemos regalar la calle al Gobierno. Tienen que saber que en la Argentina el día viernes no se termina nada, empieza todo. No les vamos a regalar los derechos que llevaron años conquistar. Van a ser los responsables de que aumente la tensión social y crezca rápidamente la conflictividad”.

El Ministerio de Capital Humano informó que la reunión entre la empresa Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) concluyó sin «arribar a un acuerdo entre las partes»

En un comunicado, la cartera que conduce la ministra Sandra Petovello indicó que la reunión convocada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social terminó sin éxito después de que la compañía anunciara el cierre de la empresa y el despido de 920 empleados.

Tras conocer la decisión de la firma, el Gobierno dispuso la conciliación obligatoria por 15 días y ordenó retrotraer la situación laboral al estado previo al conflicto. En ese contexto, los despidos quedaron suspendidos mientras dure el procedimiento y la compañía debe garantizar tareas en forma normal y habitual.

Sin embargo, no hubo avances después del encuentro del lunes por lo que la secretaría de Trabajo dispuso convocar a una nueva audiencia para el miércoles 4 de marzo a las 11:00 «a fin de continuar las instancias de diálogo».

«El ministerio de Capital Humano continuará promoviendo los espacios de negociación entre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral», aseguraron en un mensaje difundido en redes sociales.

Días atrás, la empresa informó que cumplirá con los términos establecidos por la autoridad laboral mientras se extienda la instancia administrativa. En un comunicado, señaló: “FATE S.A.I.C.I. comunica que una vez verificadas las condiciones técnicas y de seguridad imprescindibles en la planta industrial, la empresa hará efectivos los términos de la conciliación obligatoria dispuesta por las Autoridades”.

Las indemnizaciones que estaban previstas tras el anuncio del cierre no llegaron a concretarse debido a la intervención oficial. Desde la empresa indicaron que, si la conciliación se extiende, la situación continuará en los mismos términos hasta que concluya la instancia administrativa.

Por otra parte, la empresa condicionó cualquier eventual reapertura a la verificación de “condiciones técnicas y de seguridad imprescindibles” dentro del predio. Esto implica que, aun con la medida vigente, la producción no se retomará de inmediato.

Una crisis que surgió hace años

La situación de FAte no comenzó recientemente. Según la propia empresa, el deterioro se inició en 2019, cuando aplicó una reducción de 450 puestos de trabajo en su planta. Escenarios similares se repitieron en 2021 y 2022.

En julio de 2024, la firma solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la gestión de Javier Milei, tras una abrupta caída de ventas y la pérdida de mercados de exportación luego del conflicto gremial de 2022.

En ese momento, la compañía advirtió que “la persistente falta de competitividad en los costos, sumada a la brusca caída de la demanda interna en un 30%, origina nuevamente fuertes pérdidas desde fines del año pasado”. También informó que registró pérdidas superiores a los US$30 millones en la primera mitad de 2024, lo que la llevó a adecuar sus operaciones al nuevo escenario.

En mayo de ese año, Fate había anunciado cerca de 200 despidos “para ajustar su estructura a la nueva realidad”. Entonces, mencionó entre las causas la sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias para el pago de insumos importados, deficiencias de infraestructura, sobrecostos laborales, baja productividad, ausentismo y elevada conflictividad gremial.

Tras el anuncio del cierre, el conflicto se profundizó. Trabajadores y representantes sindicales realizaron protestas dentro y fuera de la planta de San Fernando, e incluso se registraron manifestaciones en los techos del establecimiento. Posteriormente, la Justicia ordenó el desalojo de las instalaciones.

Suspensión de sumarios en el Garrahan y convocatoria a un abrazo

La Justicia laboral suspendió los sumarios y el pedido de desafuero contra 40 trabajadores del Hospital Garrahan. Los gremios celebraron la medida como un freno a la “persecución” y ratificaron un abrazo masivo para el jueves.

Un fallo de la Justicia laboral le asestó un revés al Gobierno nacional en el conflicto del Hospital Garrahan y reconfiguró el escenario abierto tras la ofensiva oficial contra delegados y activistas sindicales. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 32 hizo lugar al amparo presentado por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y ordenó suspender los sumarios administrativos impulsados por la conducción del hospital contra 40 trabajadores.

La decisión frena, al menos de manera cautelar, el pedido de desafuero anunciado a comienzos de febrero por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había informado que se avanzaría con el despido de diez gremialistas por su participación en la toma de la dirección del hospital en octubre de 2025, en el marco de un reclamo salarial. En aquella oportunidad, también se anticiparon sanciones para otras 29 personas.

El establecimiento depende del ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, y es dirigido por Mariano Pirozzo, señalado por los gremios como un interventor designado por la cartera sanitaria. La medida judicial representa, en ese contexto, un freno a la estrategia disciplinadora que denunciaban los trabajadores.

Desde APyT celebraron el fallo como “una bocanada de impulso para seguir adelante” y subrayaron que la resolución es extensiva a los 40 sumariados, incluidos aquellos que no cuentan con fueros sindicales. “Es para todos”, remarcaron. Según la interpretación gremial, la Justicia reconoció la existencia de “persecución y hostigamiento” contra delegados y activistas en el marco de una medida sindical, y entendió que podría estar afectándose la libertad sindical.

El conflicto se había desatado luego de que la dirección del hospital descontara los días de paro a quienes participaron de la llamada “gran huelga del Garrahan”. Esa decisión derivó en la toma de oficinas el 31 de octubre pasado y fue utilizada como fundamento para iniciar los sumarios administrativos.

Desde el hospital defendieron la medida al sostener que el descuento respondió a una “necesidad estratégica” para garantizar el funcionamiento de los servicios y a un supuesto reclamo de parte del personal que no adhería a las protestas. También señalaron que hubo episodios de tensión en los pasillos y cuestionaron las modalidades de la protesta.

La versión fue rechazada de plano por los gremios. Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE Garrahan, habló de “persecución del gobierno” y calificó el expediente como un “sumario trucho”, al considerar que estaba “lleno de irregularidades”. Si bien anticipó que podría haber apelaciones para intentar sostener el proceso disciplinario, sostuvo que el fallo es “favorable” y marca un límite a la avanzada oficial.

En paralelo, los trabajadores mantuvieron la convocatoria a un “abrazo al hospital” para el jueves 26 a las 13:00. La medida ya había sido anunciada antes de conocerse la resolución judicial, pero ahora cobra un nuevo sentido político. “Debemos redoblar la lucha por el fin de la persecución y criminalización”, plantearon desde APyT y ATE, que invitan a familias y organizaciones sociales a participar.

El conflicto en el Garrahan no se limita a los sumarios. Los gremios denuncian que, pese al aumento salarial del 61% conquistado el año pasado, muchos profesionales que dejaron sus cargos no fueron reemplazados, lo que incrementó la carga laboral. También advierten que no se registraron mejoras presupuestarias acordes y que persisten recortes en medicamentos para pacientes ambulatorios.

El fallo judicial abre ahora una nueva etapa. Mientras el Gobierno evalúa los pasos a seguir, los trabajadores buscan convertir la cautelar en una confirmación definitiva que cierre el capítulo disciplinario.

El Gobierno busca blindar la reforma laboral

Por Ariel Stemphelet

Según especialistas, además de las derogaciones regresivas que contempla el proyecto, hay factores que complicarán el camino a futuros reclamos judiciales.

Lejos de combatir la supuesta industria del juicio alegada durante años por la derecha ahora encarnizada en el gobierno de Javier Milei, la reforma laboral que está a un paso de convertirse en ley generará una oleada de demandas judiciales. Señalamientos por inconstitucionalidad y reclamos individuales por la nueva forma de calcular las indemnizaciones forman parte del horizonte de litigiosidad que se avecina según especialistas.

Más allá de la derogación de derechos laborales contemplada en la iniciativa, hay otras luces de alarma que se encendieron en los últimos días. Si la reforma se convierte en ley, el gobierno también habrá logrado instaurar cierto desorden jurídico, principalmente a partir del cierre del Fuero Laboral, que podría complicar cuestionamientos judiciales a las nuevas reglas de juego.

Para Matías Cremonte, abogado laboralista y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), la reforma es inconstitucional. “La ley, que presumimos que se va a aprobar, vulnera el principio de progresividad que obliga a los Estados a legislar de manera progresiva y no regresiva en materia de derechos sociales. Eso está en tratados internacionales reconocidos por la Constitución que, en el artículo 14 bis, también dice que las leyes deberán proteger al trabajador”, aseguró.

Reforma blindada

Así y todo, advirtió que “va a ser muy difícil” dar la pelea en la Justicia, en principio porque Argentina no tiene un tribunal específico dedicado a revisar la constitucionalidad de las leyes. Además, como la reforma está a punto de salir mediante una ley del Congreso, no hay chances de que prospere un freno judicial como el que tuvo el capítulo laboral del DNU 70/23 objetado por la CGT. Es que en ese momento, uno de los argumentos más firmes fue que el presidente Javier Milei se había arrogado funciones propias del Poder Legislativo.

“Acá hay que ir artículo por artículo. A la reforma laboral que se pretende aprobar no se la va a poder atacar en bloque como pasó con el DNU 70/23. Los planteos van a tener que ser individuales, caso por caso”, coincidió el abogado constitucionalista Gustavo Ferreyra.

Como se mencionó, hay quienes creen que, de manera solapada, el gobierno busca generar cierto desorden institucional para blindar la ley ante futuras impugnaciones judiciales de trabajadores que se consideren agraviados por decisiones patronales basadas en la reforma.

“Creo que va a generar litigiosidad individual, pero el despelote que armaron con el cierre del Fuero Laboral puede ser una traba. Hay un plan armado para obturar cualquier reclamo, más teniendo en cuenta que quieren pasar la Justicia Laboral a la órbita porteña en 180 días y eso no es soplar y hacer botellas. Un reclamo por indemnización va a ir a la Justicia de la ciudad. ¿Qué jueces lo tomarán? ¿Los actuales? ¿Jueces nuevos aún no asumidos? Hay cuestiones sin saldar y está mal porque pierde siempre el justiciable, el laburante que está en negro”, sumó Diego Armesto, abogado constitucionalista.

En el Fuero Laboral, una jueza que prefirió opinar en off the record coincidió. “Lejos de desalentar la litigiosidad, este esquema que se propone la incentiva. Eso va a generar una situación inmediata de colapso del sistema judicial, máxime si pretenden pasar la competencia de 80 juzgados laborales y 10 salas, como es ahora, a 10 juzgados y dos salas de la ciudad de Buenos Aires”, precisó.

Ola de juicios

La reforma que está a punto de convertirse en ley amplía la jornada laboral de 8 a 12 horas, suprime las horas extras a cambio de dinero e instaura la figura del banco de horas por el cual la empresa podrá compensar a los trabajadores con horas o días libres en lugar de dinero. También deja fuera del cálculo indemnizatorio al aguinaldo y las vacaciones.

Esos cambios, proyectados desde diversos sectores, van a generar nuevos juicios. Eso incluso lo cree Julián de Diego, abogado que colaboró con la redacción de algunos de los puntos del proyecto. “Respecto de la indemnización, al restar el aguinaldo y las vacaciones, la reforma eligió la opción en la que el trabajador cobrará menos. Y ese es un tema que va a ser judicializado”, dijo.

Por su parte, Cremonte sostuvo que “lo más normal sería que crezca la litigiosidad” en casos de despido en los que se aplique la nueva fórmula indemnizatoria. “Va a haber reclamos por la diferencia alegando que hay un derecho adquirido porque comenzó a trabajar con la ley vigente hasta ahora y por lo tanto le corresponde una indemnización superior”, estimó.

“Es de esperar que todo lo que cambia genere litigios individuales”, añadió Ferreyra. “Va a aparecer mucho el tema de la retroactividad, es decir, a la persona que trabaja en un lugar hace 20 años ¿le aplicas la ley antigua o la nueva?”, sumó Armesto.

La profundidad de la reforma en cuestión es insoslayable, y llega a márgenes inusitados incluso en materia de litigios laborales. Un ejemplo lo dio en la sesión del jueves la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, cuando advirtió que el artículo 203 del proyecto deroga un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que declara como conducta maliciosa o temeraria la asumida por el empleador que obstruye o dilata reclamos judiciales por cuestiones laborales y le impone una pena económica.

El dato no es menor. Forma parte del conjunto de modificaciones que está a punto de lograr el gobierno de Javier Milei que no solo trae nuevas reglas regresivas en materia de derechos, sino que también contempla un claro debilitamiento de la capacidad de cuestionarlas. Se avecina un escenario incierto, pero inevitablemente conflictivo.
 
Protesta y movilización a Tribunales

La regresiva reforma laboral incluye la destrucción de la Justicia Laboral tal cual existe, con el despido de miles de trabajadores y el cierre de decenas de juzgados.

El proyecto de reforma laboral del gobierno nacional de ultraderecha le puso un plazo de sólo 180 días para la destrucción del Fuero laboral.

El objetivo es dificultar los reclamos judiciales futuros contra la propia reforma laboral, pero también el acceso a la justicia de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores que verán sus derechos cercenados con la nueva ley.

Cuando la reforma se convierta en ley, algo que es una práctica certeza con el trámite legislativo final este viernes en el Senado de la Nación -que pasó de ser un “nido de ratas” a una escribanía mileísta- el gobierno también habrá logrado instaurar un desorden jurídico, principalmente a partir del cierre del Fuero Laboral.

“Creo que va a generar litigiosidad individual, pero el despelote que armaron con el cierre del Fuero Laboral puede ser una traba. Hay un plan armado para obturar cualquier reclamo, más teniendo en cuenta que quieren pasar la Justicia Laboral a la órbita porteña en 180 días y eso no es soplar y hacer botellas. Un reclamo por indemnización va a ir a la Justicia de la Ciudad. ¿Qué jueces lo tomarán? ¿Los actuales? ¿Jueces nuevos aún no asumidos? Hay cuestiones sin saldar y está mal porque pierde siempre el justiciable, el laburante que está en negro”, lo explicó Diego Armesto, abogado constitucionalista.

En este contexto, estalló la protesta de las y los trabajadores judiciales del área, y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) convocó a un acto ante Tribunales, la sede de la Corte Suprema ubicada en pleno centro porteño.

“Estamos viviendo tiempos difíciles, en los que desde los sectores de interés y desde la política se pretende condenar a muerte a un fuero. Ya no es traspaso de competencias, sino que lisa y llanamente se habla de disolución”, declaró en el acto Mara Fernández, Secretaria Gremial de la UEJN.

“Si miramos la historia desde su creación, hace ya más de ocho décadas, el fuero viene siendo resistido y sufriendo embate tras embate, y siempre los petardos, las municiones, las ansias de hacernos desaparecer provienen de los mismos sectores, aquellos que no soportan que los trabajadores tengan derechos, aquellos para los que salario digno, jornada, vacaciones, aguinaldos son malas palabras. ¿Cómo un trabajador va a creer que tiene derechos?”, agregó Mara Fernández.

“Necesitan una justicia adicta a la medida de sus intereses para poder llevar y plasmar el brutal ajuste que están haciendo sobre los trabajadores. Nosotros, los trabajadores y las trabajadoras judiciales, no nos vamos a resignar”.

Por su parte, Julio Piumato, el Secretario General de los Judiciales, agradeció a las y los presentes y aseguró que “nos acompañan aquí, no sólo en solidaridad con los judiciales, porque la lucha en este momento, la lucha es de todos y por todos por el Fuero del Trabajo, por los estatutos que le quitan a un montón de trabajadores de muchas actividades, por cada uno de los derechos que están cercenando, por los trabajadores de plataforma que pasan a decir que ni siquiera son trabajadores. Porque cambian incluso el nomenclador, la base de los artículos que generan doctrinariamente cómo se debe tratar una ley, eliminando el tema de la Justicia Social del texto de la 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo). Se olvidan que está la Constitución, se olvidan que están las leyes, se olvidan de todo, porque vienen por todo”, aseguró Piumato.

“Ojalá que nadie se acostumbre cuando está frente a un patrón a bajar la cabeza, porque si algo dio esta legislación y esta revolución social en la Argentina, le dio la dignidad a las trabajadoras y trabajadores para que nunca más bajaran la cabeza frente a un jefe o un patrón y lo miraran de frente, con la dignidad que se merecen, tal vez, parafraseando a San Martín que decía que si al enemigo lo mirás de rodillas, parece invencible”, agregó, y dijo a continuación:

“Todos tienen un rol en la situación económica y social, pero tienen que aceptar que todo trabajador tiene la dignidad y la carga de humanidad que debe ser tratado como tal y no como una cosa. Esta reforma pretende eso, que los trabajadores sean cosas, es una vuelta a la esclavitud, es una vuelta a que nadie pueda planificar una vida para sí y su familia, sino que esté subordinado al capricho del patrón. Así que tenemos que luchar y tenemos que resistir esto, en el punto nuestro, compañeras y compañeros, en la defensa del Fuero del Trabajo y la estabilidad de nuestros miles de compañeras y compañeros”.

“Vamos a poner todo, vamos a seguir luchando, pero es bueno intentar decirlo, ahora una parte de la responsabilidad recae sobre el Poder Judicial de la Nación, porque es la justicia la que tiene la responsabilidad y la obligación de defender los derechos económicos y sociales que están planteados en nuestra Carta Magna y en los convenios internacionales, y reiteró, la Corte lo ha dicho hace más de 10 años, no solamente deben hacerlo cuando se lo piden, tienen la obligación de hacerlo cuando por sus manos pasa un expediente donde un derecho de la Constitución es dejado de lado, compañeras y compañeros”.

Y sobre la reforma volvió a apuntar: “La reforma regresiva. Lo único que no viola la Constitución es el título, pero es mentiroso, porque ya sabemos que de modernización no tiene nada. Todo lo demás, del primero hasta el último punto, violan nuestras garantías constitucionales, violando la independencia de la justicia, violan nuestros derechos”.

Cerró Master Lajas, despidió a 54 trabajadores y les ofrece el 60% en 12 cuotas

El grupo inglés SSQ Group decidió dejar de invertir en Argentina y anunció el cierre de su planta Master Lajas que vendía laja al por menor y por mayor. La decisión deja sin trabajo a 54 operarios que desde enero mantenían tomada la planta para cobrar deudas salariales desde octubre de 2025.

Para una localidad de menos de 20.000 habitantes, el cierre de una de las pocas plantas que sostenía el comercio y las familias de las zonas es un hecho muy doloroso. Hace tres semanas que los trabajadores habían decidido ponerse firmes y reclamar a la empresa el pago de los haberes pendientes de diciembre y enero, además del medio aguinaldo y horas extras que les adeudaban desde octubre pasado.

Nadie les respondía los reclamos. Los trabajadores denunciaron que detectaron movimientos irregulares dentro del predio, contaron que “la patronal había intentado retirar maquinarias y herramientas esenciales para la producción”. Se imaginaron lo peor y para resguardar su fuente de trabajo decidieron permanecer en la planta hasta que la empresa les pague lo adeudado. A las deudas salariales se sumaba la deuda de aportes y la interrupción de la obra social.

El grupo inglés SSQ Group dejó a la deriva a los trabajadores desde hace un largo tiempo y recién el jueves pasado apareció para anunciar el cierre.

En plena negociación laboral, la empresa anunció “los accionistas mayoritarios no quieren invertir más en el país”, contó Leandro Pérez, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). Agregó “la actividad minera está muy parada, venimos haciendo convenios de suspensiones de jornadas. En ese caso, deciden directamente cerrar dejando a 54 trabajadores directos, más los puestos indirectos, los proveedores porque generaron una gran deuda. Siguieron y el agua les llegó al cuello, los que pagan ahora la consecuencia son los trabajadores”, señaló Pérez de Aoma.

La empresa Master Lajas, de capitales ingleses, ubicada sobre avenida José Santos Ortiz (km 781), tras reaparecer hizo una propuesta. SSQ Group ofreció pagar el 60% de las indemnizaciones en 12 cuotas. La propuesta fue rechazada por los trabajadores, que mantienen la toma de la fábrica desde fines de enero y el lunes tendrán una nueva audiencia en Relaciones Laborales para ver si pueden llegar a un acuerdo.

Si bien la planta de Master Lajas funciona con ese nombre en Juana Koslay desde hace 12 años, la planta de lajas tiene más años y fue cambiando de nombres.

SSQ Group es una empresa de la construcción que desde 1980 se dedica a construir y vender lajas, cuenta con oficinas en Londres y España. Sin duda tiene una fuerte espalda, por eso los trabajadores decidieron rechazar la propuesta y mantenerse en la planta.

Controladores aéreos convocan a medidas de lucha

El lunes tuvo lugar un Plenario Nacional de delegados y delegadas de Atepsa. Según informaron, ahí se ratificó el cronograma de medidas legítimas de acción sindical que había sido presentado ante EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea).

Entre los reclamos están la exigencia de recomponer el salario perdido y defender el Convenio Colectivo de Trabajo, que la empresa viene desconociendo sistemáticamente.

Además, el plenario “expresó por unanimidad su solidaridad con las familias trabajadoras de FATE”, señalando que “el cierre de esa fábrica no responde solo a cuestiones económicas, sino a la impunidad que la reforma laboral otorga a las empresas para despedir y precarizar sin consecuencias”.

Los despedidos del Dr. Ahorro siguen peleando

El martes 24 los trabajadores se hicieron presentes en la sucursal del barrio de Once para hacer oír su reclamo. Federico, uno de los trabajadores despedidos decía: “Soy parte de los 90 despedidos entre la semana de navidad y año nuevo. Y hace 15 días hubo más despidos en la sucursal de Flores, entre otras. Por eso, prevemos una ola mayor de despidos en los próximos días, por eso seguimos organizados y realizamos esas acciones”.

“Seguimos reclamando los sueldos impagos de diciembre, las vacaciones y el aguinaldo y hasta la indemnización que nos deben”, suma Federico. La empresa valentonada con la Reforma Laboral avanzó con despidos negando incluso las indemnizaciones y aduciendo un preventivo de crisis que fue negado por las autoridades de la secretaría de Trabajo. Por tal motivo los despidos son completamente ilegales.

Desde el momento de los despidos los trabajadores comenzaron a autorganizarse y realizan estas actividades para sumar a todos los trabajadores de la cadena farmacéutica para prepararse para un cierre definitivo o despidos masivos luego de que se apruebe la Reforma Laboral. “Nuestro sindicato nos dejó totalmente desamparados –ADEF, Asociación De Empleados de Farmacias de la CGT- diciendo que este tipo de luchas no sirven para nada”, decía Federico. Una demostración de cómo para los dirigentes de la CGT hay que dejar pasar los despidos masivos. Así explicaba Federico: “Para que se den una idea, el Sec. Gral. de ADEF es Víctor Carricarte, tercer vocal de la CGT. Por eso nosotros ya veíamos venir la maniobra de la Central ante la Reforma Laboral y sus negociados con el gobierno”.

“El Dr. Ahorro se está ahorrando toda la plata con nuestros salarios, vacaciones y aguinaldos adeudados, mientras prepara nuevos despidos masivos”.

La necesidad de la unidad en la lucha de todos los sectores que hoy comienzan a recibir despidos masivos como los de FATE, Georgalos, Lustramax y tantísimas otras empresas es el camino. Rodear de solidaridad estas peleas por los puestos de trabajo nos fortalece de conjunto para enfrentar la Reforma Laboral, que viene por nuestros derechos y para facilitarles los despidos a los empresarios. La defensa de los puestos de trabajo es uno de los puntales para organizar la resistencia contra la Reforma Laboral.

Defensa de los puestos de trabajo y de la Secretaría de Integración Socio Urbana

El martes 24 trabajadores estatales y organizaciones de barrios populares se movilizaron a Plaza de Mayo en defensa de los puestos de trabajo y del mantenimiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana. “La situación es grave. Hemos mantenido múltiples reuniones y no hay definiciones claras. Todavía no hay notificaciones formales y como ya dijimos solo nos informaron de palabra que los contratos vencerían el 28 de febrero”, informaron los delegados de ATE.

Los ataques del gobierno de Milei a los trabajadores del Estado son generando incertidumbre, persecución, disciplinar con el miedo a perder el trabajo mientras vacían las políticas públicas dejando a miles en la calle.“ Lo que está en juego no es solo la continuidad laboral del equipo técnico y profesional. Está en juego la política de Integración Socio Urbana”, advierten los trabajadores.

Tras el desfinanciamiento y la interrupción de cientos de obras, el gobierno amenaza con despedir a 300 trabajadores y trabajadoras, a quienes les comunicó a principios de mes que su contratación culminaría el 28 de febrero próximo. De esta forma, se intenta desarticular a los equipos técnicos compuestos por profesionales de la construcción, las Ciencias sociales, trabajadores administrativos y territoriales, con una valiosa experiencia acumulada a lo largo de años de llevar a cabo las tareas de urbanización de diferentes barrios populares.

Los trabajadores estatales de ATE y las organizaciones sociales de barrios populares se vienen uniendo para enfrentar la motosierra de Milei en este caso sobre la Secretaría de Integración Socio Urbana. La lucha contra la motosierra en el Estado va de la mano de la lucha contra los despidos masivos en el sector privado, como FATE, contra la persecución a activistas como en el Garrahan. Unir las luchas es el primer paso para adquirir fuerzas e imponer una lucha generalizada a las conducciones de la CGT y las CTA´s para ganar.

El presupuesto para seguros de desempleo creció 671% en 2026 respecto a 2023

En 2026 ya se destinaron $ 67.405 millones a seguros de desempleo, un 43% más que en todo 2023. En total, para el año se prevé emplear unos $ 363.000 millones, según datos del presupuesto abierto. Entre 2024 y 2025 se tramitaron más de 328.000 seguros, que se otorgan a ex empleados del sector privado que fueron despedidos sin justa causa por el cierre, quiebre o fin del contrato con la empresa para la que prestaban servicios.

Entre 2024 y 2025 se tramitaron en Argentina 328.182 seguros por desempleo, que para diciembre de 2025 seguían cobrando 103.654 personas. Según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social –al que corresponden los datos anteriores–, el mayor pico de demanda en este período se dio durante el primero de esos dos años, con 173.335 solicitudes. El resto (153.847) se tramitaron durante 2025. Para 2026, el presupuesto asignado al pago de estas prestaciones es de $ 363.257 millones, de los que ya se devengaron $ 67.405,99 millones (el 18,56% del total y un 43% más que durante los doce meses de 2023).

Entre 2023 (con un total de $ 47.092 millones asignados) y 2026 este presupuesto creció un 671% en términos nominales: la información surge de la comparación de los números disponibles en el presupuesto abierto. Para finales del último año de la gestión de Alberto Fernández se habían hecho 108.942 gestiones y en diciembre los beneficiarios llegaban a 59.745. La diferencia entre los seguros otorgados por año y los que se encuentran vigentes al final del período se debe a que se trata de un beneficio temporal o a las bajas que pudieran haber ocurrido cuando las personas consiguieron otro empleo.

Por fuera de este seguro quedan los empleados públicos y aquellos que no tenían hasta ese momento un empleo registrado, con lo que este indicador es importante, pero no suficiente para comprender la dimensión del desempleo o el empleo precario en Argentina. Sin embargo, sí es posible comparar los montos que el Estado debe destinar a estos seguros para compensar la pérdida de puestos de empleo privados.

La página web oficial explica que el seguro es una herramienta “a través de la cual se propone contrarrestar la caída abrupta de ingresos generada por la pérdida involuntaria del empleo”, además de ayudar a la búsqueda de un nuevo trabajo. Pueden acceder a este ingreso, como ya se dijo, los trabajadores asalariados registrados y también aquellos detectados como no registrados en acciones de fiscalización del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) y posteriormente despedidos. Según la cantidad de años aportados la prestación puede durar entre dos y doce meses: para los mayores de 45 años se extiende automáticamente por seis meses más, hasta llegar al total que corresponda en cada caso. El monto a pagar se calcula de acuerdo con el salario, la antigüedad y los años de aportes, pero no puede ser inferior al 50% ni superior al salario mínimo vital y móvil, que hoy está en los $ 346.800. Esta forma de calcularlo se emplea desde octubre de 2023. El seguro de desempleo promedio estimado por las estadísticas oficiales es de $ 276.000.

De los 153.847 seguros solicitados en 2025, el 23,8% fueron de ex empleados del sector manufacturero, el 21,2% de trabajadores de comercios mayoristas y minoristas y el 16,3% pertenecía al sector de la construcción. Les siguieron a estas tres con mayor representación las actividades administrativas (10,6%) y los servicios de comida y alojamiento (4,6%).

Un informe de la OCDE sobre la situación de los seguros de desempleo en América Latina afirma, sobre el caso argentino, que para diciembre de 2024 alrededor del 10,3% de la población desempleada recibía prestaciones por desempleo. La baja cobertura del seguro de desempleo se explica principalmente por la elevada tasa de informalidad, subrayan. Para ese año, estiman, “el gasto acumulado en el seguro de desempleo se situaba cerca del 0,04% del PIB”. Fue en ese año que el presupuesto destinado a seguros de desempleo debió ampliarse considerablemente: pasó de los $ 47.000 millones a los $ 257.000 millones. Para finales de ese año el promedio pagado por seguro de desempleo fue de $ 214.000 y alcanzaba a 102.549 personas.

En 2025 ese presupuesto pasó a los $ 349.000 millones y alcanzó al 10% de las personas desocupadas, que según el último reporte del Indec son 1 millón. Eso sin contar los sectores precarizados y el crecimiento del empleo no registrado que se dio entre las dos últimas mediciones (del segundo y el tercer trimestre de 2025). La cantidad de altas de este año es incluso superior a la registrada durante la pandemia: en 2020 se sumaron 83.787 compensaciones y en 2021, 62.925.

Además de la prestación en dinero, el seguro de desempleo incluye el pago de asignaciones familiares, la cobertura médica, el reconocimiento de la antigüedad de aportes jubilatorios y tarifa social para la tarjeta SUBE.

Revés para la empresa Alal

El juez Ariel Brest hizo lugar a una medida autosatisfactiva promovida por trabajadores y ordenó el depósito de una suma millonaria destinada a cubrir parte de las indemnizaciones adeudadas.

Según la resolución judicial, la firma deberá depositar 142 millones de pesos en el Banco de Corrientes en un plazo de diez días, monto que garantizaría el pago del 50% de las indemnizaciones correspondientes.

El magistrado consideró acreditada la mora del empleador en el cumplimiento de sus obligaciones laborales. En ese contexto, dispuso además el embargo de bienes de la compañía por el monto reclamado. La medida establece que, en caso de incumplimiento, los bienes embargados podrán ser rematados para asegurar que los trabajadores perciban al menos una parte de lo que les corresponde por ley.

La empresa había comunicado a los empleados despedidos que abonaría solo el 50% de la indemnización prevista, pero hasta el momento no efectuó ningún pago, lo que motivó la intervención judicial.

Si bien la resolución garantiza el cobro parcial, los trabajadores continuarán con el proceso judicial para reclamar el pago total de las indemnizaciones. El caso se inscribe en un contexto de alta conflictividad laboral y vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad empresarial frente a despidos masivos y el rol de la Justicia en la protección de los créditos laborales.

Tomaron la fábrica de Aires del Sur en Río Grande

Trabajadores de la fábrica Aires del Sur tomaron el lunes las instalaciones junto a la UOM en defensa de los puestos laborales ante la crisis financiera de la patronal. Son 140 los trabajadores que están suspendidos y con salarios atrasados desde enero del presente año.

Los trabajadores de la empresa Aires del Sur ingresaron al interior de la planta ubicada en calle Thomas Bridges Nº 2.875 del Parque Industrial de Río Grande en reclamo por salarios adeudados y suspensiones indefinidas.

Bajo la consigna “Aires del Sur en Lucha”, los trabajadores fueron acompañados por dirigentes de la UOM seccional Río Grande. El Cuerpo de Delegados de esa entidad sindical se manifiesta en el exterior de la planta.

Los trabajadores denuncian que la empresa no tiene comunicación con ellos ni con la organización gremial, por lo que la incertidumbre laboral se acrecienta día a día.

Aires del Sur es una empresa que fue concursada hace un tiempo y que en el año 2025 vendió su capital accionario sin que se sepa quién o quiénes son los dueños a la fecha.

La empresa Aires del Sur produce equipos marca Electra de forma exclusiva. Además fabrica productos Fedders y también marcas de terceros, a través de la  modalidad OEM y fasón.

¡Libertad a Milton!

La Asamblea Autoconvocada de Lanús reclama la inmediata liberación de Milton Tolomeo, el único manifestante que continúa detenido tras haber participado de la manifestación contra la reforma laboral del miércoles 11 de febrero, ferozmente reprimida por el gobierno nacional de ultraderecha: “Violencia es mentir. El escarnio público que fomentó el gobierno sin siquiera haber iniciado el proceso judicial es inadmisible. Milton no es un terrorista, si hay terrorismo es de parte del Estado”, aseguran.

Compartimos el comunicado de la Asamblea de Lanús:

LIBERTAD A MILTON

Hoy salimos a contar quién es Milton y por qué no lo queremos en la cárcel.

Milton fue de los primeros vecinos en Lanús que salió a denunciar cacerola en mano que este gobierno vino para minar nuestros derechos y las libertades democráticas todas.

Milton es un pibe de barrio de esos que querés tener de amigo.

Milton quiere hacer unos arcos de fútbol en la plaza de su barrio e inaugurarlos con una fiesta.

No quiere que le quiten derechos a los trabajadores.

Milton ayudó más de una vez a que todxs puedan marchar, acompañando a compas disca o de mayor edad, preocupándose porque lleguemos bien a casa a pesar de los gases y las balas de goma que muchos ligamos en Congreso.

Milton se solidariza con luchas concretas de los trabajadores, yendo a los lugares a prestar su solidaridad.

Violencia es mentir. El escarnio público, que fomentó el gobierno sin siquiera haber iniciado el proceso judicial es inadmisible. Milton no es un terrorista, si hay terrorismo es de parte del Estado.

#libertadamilton #

Córdoba: Judiciales y otros gremios estatales de Córdoba convocaron un paro contra la reforma previsional

El jueves 12 se realizó una reunión en la sede de SIVIALCO (Viales Córdoba) de la que participaron gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones. Allí se avanzó en los detalles de la presentación del amparo colectivo contra el ataque del gobernador Llaryola.

Según señala AEGPJ, el gremio judicial, «la iniciativa judicial forma parte de una estrategia gremial integral en defensa de los derechos previsionales y laborales del conjunto de las y los trabajadores estatales tanto activos/as como jubilados/as, ante un escenario de ajuste que ha significado incrementos en los aportes personales y un fuerte impacto en los salarios y jubilaciones».

Allí plantea que «se acordó convocar a una jornada de protesta el viernes 20 de febrero, en el marco de la presentación formal del amparo colectivo a las 11:00».

Las medidas fueron: 10:00, Paro provincial: con abandono de tareas sin retorno y concentración en Tribunales a las 11:00. Concentración en Tribunales I, junto al resto de los gremios aportantes, para acompañar la presentación judicial.

El conflicto se da en medio de una situación nacional crítica, donde a los ataques de los gobernadores se suma la media sanción a una reforma laboral esclavista que afecta derechos laborales y sindicales. No sorprende la actitud del peronismo cordobés, que ha prestado senadores para la votación del proyecto mileísta pero además ha reprimido una protesta realizada por sectores combativos.

Paro de choferes en Tartagal tras despidos y amenaza de cierre

Luego de que la empresa «13 de Junio» despidiera arbitrariamente a varios colectiveros, los trabajadores respondieron con un paro por tiempo indeterminado y la instalación de un acampe frente a las oficinas de la firma. Reclaman la reincorporación inmediata de sus compañeros y el pago de los salarios adeudados.

Los choferes denuncian que la patronal intenta descargar la crisis sobre sus espaldas mediante cesantías y atrasos salariales. Advierten que esta política pone en riesgo la continuidad del servicio y podría dejar a buena parte de la población sin transporte urbano, ya que la firma es la única prestataria en la zona.

Los trabajadores sostienen que la empresa pretende avanzar sobre sus derechos precarizando aún más la fuerza laboral. El transporte no es un negocio más: es un servicio esencial del que dependen estudiantes, trabajadores y familias enteras. Sin embargo, la lógica empresaria lo convierte en una variable de ajuste.

Lejos de aceptar ese escenario, los choferes resolvieron sostener el paro y el acampe hasta obtener respuestas concretas. Exigen estabilidad laboral, regularización inmediata de los sueldos y garantías de continuidad del servicio.

Destacan que su pelea no se limita a la defensa de sus puestos de trabajo, sino que busca garantizar un servicio fundamental para cientos de familias. La protesta expresa además la creciente preocupación por el impacto de la crisis económica y las decisiones de política nacional sobre los servicios urbanos y las condiciones laborales.

En ese marco, se evidencia la necesidad de transparentar las cuentas de la empresa para conocer su verdadera situación financiera.

El transporte no puede seguir organizado bajo una lógica de rentabilidad privada. Debería estar bajo gestión de sus trabajadores, en coordinación con los usuarios, como única forma de que funcione al servicio de las mayorías y no de un reducido grupo empresario.

Paro total en Moqsa

Desde las 00:00 horas del 6 de febrero, los trabajadores de la empresa Micro Ómnibus Quilmes S.A. (Moqsa) iniciaron una medida de fuerza por tiempo indeterminado. La retención de tareas, motivada por la falta de pago de salarios, mantuvo paralizadas las principales líneas que conectan Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, afectando a miles de usuarios de la zona sur del Conurbano bonaerense.

En la cabecera de la Calle 14, en Berazategui, el clima fue de bronca. Bajo la mirada de los principales medios de comunicación nacionales, los delegados expresaron su hartazgo ante una situación que califican de sistemática. “Mes a mes se repite la misma historia: pagan tarde, pagan incompleto y no abonan las cargas patronales ni la obra social. Es una situación desesperante”, explicaban.

Los choferes denunciaron que el reciente acuerdo paritario de la UTA es insuficiente. «No nos alcanza para nada; yo estoy comiendo una vez al día», sentenció uno de los delegados frente a las cámaras. Con crudeza, otro trabajador añadió que el aumento obtenido «no alcanza ni para dos kilos de milanesas», subrayando que ni siquiera ese monto mínimo fue depositado en tiempo y forma.

Moqsa, que actúa como el principal monopolio de transporte en la región, es señalada por el vaciamiento de sus servicios. El caso más crítico es el de la Línea 148, donde los trabajadores denuncian que la empresa incumplió incluso los acuerdos básicos alcanzados tras los 18 días de paro anteriores.

A pesar de los constantes aumentos en el precio del boleto que sufren los usuarios, los trabajadores denuncian que no hay inversión en las unidades, y el gobierno nacional, responsable de la gestión de las líneas, no ofrece soluciones.

La protesta contó con el apoyo de estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) que se acercaron a la base de la Calle 14 para solidarizarse con los choferes y ayudar a difundir el reclamo.

Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial por parte de la empresa ni del ministerio de Transporte, por lo que el servicio permanecerá interrumpido hasta que se acredite la totalidad de los haberes adeudados.

Tras la primera audiencia, los trabajadores de Industria Zapla continúan sin respuestas

El lunes 9 se concretó la primera audiencia en el marco de la conciliación obligatoria por el conflicto en la ex Zapla. A pesar de los beneficios que recibe del gobierno y de producir a full, la empresa rechazó todos los reclamos de los trabajadores.

En esa primera instancia la representante legal de la empresa InZa, bajo propiedad de los empresarios de capitales salteños como firma Metalnor SRL (de los hermanos Yobi), refirieron que la fábrica no está en condiciones de otorgarles el incremento salarial por actualización. La empresa se escuda además en que los aumentos salariales de la rama acerera a nivel nacional no fueron homologados. Pero la realidad es que los salarios de sus trabajadores están por el piso, rayando la indigencia ($650.000), de este modo la patronal durante todo el año de su gestión impuso los salarios de miseria, sin respetar tampoco lo que dicta el Convenio Colectivo de Trabajo 260/75.

Por parte de los trabajadores estuvieron los delegados de la fábrica, los representantes de la seccional Jujuy-Salta y el secretario general de la UOM, Abel Furlan, recalcaron que mantendrán sus exigencias de respuesta a sus reclamos salariales y mejora de las condiciones laborales. Además solicitaron se informen los ingresos y costos actuales de producción. También que la próxima audiencia y todas las que se den en el marco de la conciliación obligatoria, se realicen de manera presencial, con representantes de la parte empresarial con capacidad de resolución. Así lo expresaron también en sus asambleas.

La respuesta empresarial negativa no tiene correlato con la realidad porque la fábrica tras su compra al anterior dueño, Taselli, produce 3 veces más (de 1500 Tn. a 4500 Tn.) con un valor promedio de 0,95 centavos de dólar (USD) por kg. de hierro producido. Según cálculos estimados por los mismos trabajadores, solo con la venta de lo producido en tres días se cubriría el costo de todos los salarios, incluidos los aumentos pedidos por los trabajadores. Evitando así seguir bajo la línea de pobreza que viene superando el millón de pesos según la canasta básica familiar.

Cabe recordar que la firma Metalnor SRL ingresó como nueva propietaria con el abrazo del gobierno radical de Sadir, que Legislatura mediante y con la colaboración del PJ le concedieron exenciones impositivas (en la Ley 6469) , bajo el compromiso de resguardar buenas condiciones laborales. Cuestión que en los hechos la patronal no cumple, no sólo en cuanto al salario, sino en relación a la seguridad e higiene, exponiendo la vida de los trabajadores, favoreciendo así sus intereses y ganancias.

Este ataque al salario y derechos laborales sobre estos trabajadores industriales demuestra cómo el Gobierno de Jujuy deja correr la precarización y explotación cada vez mayor en esta importante fábrica de Palpalá, convirtiéndola en la antesala de la reforma laboral esclavista de Milei con patronales que ya la aplican de hecho no solo en Zapla, sino también en Ledesma como denuncian desde hace 100 días los trabajadores despedidos y delegados autoconvocados en conflicto. Mientras Sadir negocia los votos de sus senadores y diputados con el Gobierno nacional para aprobar está reforma en el Congreso, de convertirse en ley esta reforma será un ataque histórico a la clase obrera y sus conquistas.

Un pueblo en lucha por trabajo

Desde hace más de 100 días que las trabajadoras y los trabajadores desocupados se autoconvocaron para luchar por trabajo genuino y la dignidad en la localidad de Las Heras.

Una ciudad rica en hidrocarburos, que ha aportado miles de millones de dólares al Estado y las empresas con la explotación del petróleo, gas y ganado ovino, sin embargo, ante cada supuesta crisis, las consecuencias las paga el pueblo con ajustes, salarios de hambre y desocupación.

Por eso en estos días de lucha los desocupados autoconvocados hicieron acampes, ollas populares y movilizaciones en la ciudad, en el ministerio de trabajo provincial y en la municipalidad.

Sin respuestas y ante el silencio de los responsables gubernamentales, los desocupados acampan en las oficinas de Clear Petroleum, oficinas que eran de YPF que se fue de la región dejando desocupación, pasivo ambiental y baja de la producción en los yacimientos.

Mientras las empresas petroleras y mineras tienen turnos de 12 horas y diagramas extensos, se puede repartir las horas para que ingresen 1 o 2 turnos por sector y equipos de Torres, a su vez un gran plan de saneamiento ambiental pagado por las empresas que genere miles de puestos de trabajo para reparar la contaminación que generaron.

A su vez, hay #desocupados de UOCRA, de Yacimientos que están en reclamo por sus puestos laborales, la unidad y coordinación es vital para poder conseguir las reivindicaciones.

Acindar no se toma vacaciones

No le fue suficiente a esta patronal los más de 500 puestos de trabajo que se perdieron en los últimos dos años. Tampoco la paralización total de la producción y las suspensiones del 90% del personal durante todo el año y en períodos largos en algunos casos.

No le alcanza con congelar los sueldos de los efectivos durante casi dos años y no respetar acuerdos salariales con los tercerizados.

Ahora redobla la apuesta y figura entre las patronales que aplican de hecho la reforma laboral.

En este nuevo capítulo, pretende sacar empresas tercerizadas y deshacerse de los trabajadores a elección. Obviamente los de más antigüedad o quienes reclaman por sus derechos, son los primeros en figurar en su lista de prescindibles.

Hoy le tocó el turno a la empresa Ecomat que, en complicidad con la patronal de Acindar abandonó a los trabajadores a su suerte sin pagarles las últimas quincenas ni el aguinaldo y se fue de la empresa llevándose los equipos y herramientas.

En la nómina sigue Sijam y un grupo de Abans a los cuales les sacaron los puestos fijos para cubrirlos con personal efectivo que quedó sobre el plantel luego del cierre del tren laminador número 2.

Está claro que la empresa busca profundizar el ataque amparándose en el «clima de época» que las patronales quieren imponer con la reforma laboral.

Desde el sindicato llamaron a iniciar un paro por tiempo indeterminado a los trabajadores de las empresas contratistas.

Ese paro debe ser el inicio de un plan de lucha donde se realicen asambleas resolutivas para definir cada paso a seguir.

Es primordial buscar la unidad con los trabajadores efectivos, ya que estas políticas antiobreras afectan de igual manera a unos y otros.

Pero esta situación no solo está pasando en Acindar. En los talleres, como COM-NAC, hay una situación similar.

Fuentes: Indymedia Argentina, Perfil, Tiempo Argentino, Diario BAE, La Izquierda Diario, Karne de Máquina y Gremiales del Sur, El Destape, www.iprofesional.com

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.