Dos activistas a favor de la causa Palestina, del colectivo Pacefully Against Genocide, fueron detenidos el 29 de mayo en Berlín y apuntados con una pistola por los agentes policiales; la pareja se acercaba a una planta de la compañía Rheinmetall, con el objeto de participar en un bloqueo; colectivos propalestina han señalado a Rheinmetall por la fabricación de material de guerra utilizado por Israel en el genocidio de Gaza; según el SIPRI, el 33% de las importaciones de armamento israelí procedieron, en el periodo 2020-2024, de Alemania.
Otro ejemplo de la espiral represiva, con decenas de personas heridas y detenidas, tuvo lugar en mayo de 2025, con motivo de una manifestación que conmemoraba el día de la Nakba (catástrofe en árabe: expulsión -acompañada de una limpieza étnica- de más de 700.000 palestinos de sus hogares) en el distrito berlinés de Kreuzberg; un mes antes, la policía alemana desalojó y detuvo a estudiantes que participaron en la ocupación de un edificio en la Universidad de Humboldt, en Berlín; además, los agentes golpearon a activistas que estaban concentrados en la calle.
Cuando comenzó el genocidio contra la población gazatí, en octubre de 2023, organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que las autoridades alemanas habían prohibido la mayoría de las movilizaciones convocadas en el país para denunciar la masacre.
También el informe Represión de la solidaridad con Palestina en Alemania, de julio de 2025, realizado por Palestinians & Alies, Palestine Speaks, Arrest Documentation Unit y Palestine Reveals, destaca cómo “la persecución al movimiento en solidaridad con Palestina, la restricción del espacio cívico, las vulneraciones al derecho a la protesta y la libertad de expresión han sufrido represalias graves en Alemania”.
La escalada ha afectado asimismo a periodistas y medios de comunicación; Hüseyin Dogru, periodista alemán de origen turco y residente en Berlín, fundador de la plataforma Red Media, fue incluido el 20 de mayo de 2025 en el régimen de sanciones de la UE por un presunto apoyo a actuaciones del Gobierno de Rusia; se trataría de actos que, según la versión oficial, “amenazan la estabilidad y la seguridad en la UE”.
El periodista se ha significado por la denuncia de las violaciones de los derechos humanos y el genocidio en Gaza; pero el Consejo de la Unión Europea considera, como justificación de las sanciones, que los periodistas de Red Media difundieron imágenes de “actos de vandalismo” que se llevaron a cabo durante la “ocupación violenta” de una universidad alemana, para protestar contra la masacre en Palestina.
El 24 de marzo, Berliner Zeitung informó que el Tribunal de Distrito de Frankfurt Main había rechazado el recurso de urgencia planteado por Hüseyin Dogru, lo que confirmaba el bloqueo de sus cuentas ordenado por la UE; el diario destacó cómo el periodista, padre de tres hijos, carecía de recursos para pagar el alquiler y los gastos corrientes; dos meses después, Dogru anunció en las redes sociales que la cuenta bancaria de su madre, jubilada, también fue bloqueada (asimismo fue congelada la cuenta de su esposa).
La inclusión de Dogru en la lista de sanciones por actividades desestabilizadoras de Rusia, ordenada por el Consejo de la UE, se ha producido sin imputación penal, audiencia previa ni control judicial efectivo.
La decisión de la UE adoptada en mayo de 2025 se ha justificado oficialmente por supuestas “amenazas híbridas de origen ruso”; entre las personas y entidades afectadas por las sanciones figura la empresa de comunicación turca AFA Medya, que gestiona la plataforma Red Media y de la que es promotor Hüseyn Dogru.
Las llamadas “medidas restrictivas” incluyen la inmovilización de los fondos y recursos económicos cuya propiedad, titularidad, tenencia o control correspondan a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos; y también, en el caso de las personas físicas, la adopción por parte de los Estados miembros de las medidas necesarias para impedir la entrada en sus territorios, o el tránsito por ellos.
En octubre de 2025, un informe de la exjueza del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Ninon Colneric, y la profesora de Derecho Internacional, Alina Miron, concluye que el régimen de sanciones de la UE “no se limita a los casos en que la información es desinformación”; ni tampoco a los que sea manifiesto “que la desinformación en cuestión contribuye a las actividades desestabilizadoras de Rusia”; de este modo, señalan las autoras, se estaría violando el Artículo 11 sobre la libertad de expresión e información de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
Además, Dogru ha difundido en las redes sociales una parte de la respuesta del Consejo de la UE ante el recurso que el periodista planteó ante el Tribunal General de la UE: “El Consejo no está obligado a demostrar ‘vínculos actuales’ con el Gobierno de la Federación Rusa”.
Hüseyin Dogru ha contado con testimonios de apoyo; es el caso de la Relatora Especial de Naciones Unidas en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, quien denuncia la tendencia actual a eliminar la libertad de expresión con el fin de proteger a un estado genocida (a finales de mayo, Estados Unidos incluyó nuevamente a Albanese en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro).
Pero se da la circunstancia que el 16 de mayo de 2025 Red Media anunció el cierre ante la campaña que estaba sufriendo de criminalización, intimidación y demandas legales.
Otra muestra de respaldo al periodista es la campaña de recogida de firmas La libertad de prensa no se negocia, que lleva recolectadas 7.887 rúbricas para exigir al gobierno alemán que vote en el Consejo de la UE el levantamiento de las sanciones contra el periodista.
“Se trata de una sanción política dirigida contra su periodismo crítico, incluida su cobertura de las protestas propalestinas en Alemania”, concluye la petición formulada en ocho idiomas.
Por otra parte, cinco activistas del Reino Unido, Alemania, Irlanda, Alemania y el estado español -conocidos como los cinco de Ulm– han sido acusados de participación en organización criminal y sometidos a juicio en Alemania; los cinco jóvenes solidarios han permanecido varios meses en prisión preventiva, están vinculados a Palestine Action y, en septiembre de 2025, desarrollaron una acción de sabotaje en las instalaciones de la empresa de armamento israelí Elbit Systems, en la ciudad de Ulm (Baden-Wurtemberg).
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