Milei avanza con las privatizaciones y la entrega del agua y la energía

El gobierno pretende avanzar con nuevas privatizaciones entre las que se encuentra AYSA, Intercargo, energéticas, Belgrano Cargas. Los dólares que se obtengan por la venta de los bienes públicos no se destinarán a mejorar la salud, la educación o las jubilaciones sino que irán directo al FMI para honrar la deuda fraudulenta.
El viceministro de Economía, José Luis Daza, durante su presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) reconoció que le prometieron al FMI que iban a “comprar U$S 7000 millones de reservas, más U$S 3.000 millones de privatizaciones”. Si bien el Gobierno viene comprando reservas, aún se encuentran en un nivel crítico y lejos de la meta que exige el organismo multilateral. Por eso, el interés oficial en avanzar con las privatizaciones.

Agenda de saqueo

– Aysa: el Gobierno nacional lanzó el viernes 15 de mayo la Licitación Pública Nacional e Internacional para avanzar con la venta y transferencia del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) que permanecen en manos del Estado como lo anticipó el ministro de Economía.
– Transener: el Gobierno informó este lunes que Genneia y Edison Transmisión fueron los ganadores de la licitación para obtener la totalidad de la participación accionaria del Estado en Citelec, sociedad controlante de Transener. La operación se cerró por U$S 356 millones.
Transener opera la red troncal de alta tensión que conecta a casi todo el país. El retiro del Estado significa el control total por parte de empresas privadas del transporte de la energía. En la agenda de privatización también están las centrales térmicas Manuel Belgrano y General San Martín.
Vale recordar que en febrero Impsa fue la primera empresa privatizada durante la era Milei. También, adjudicaron las represas del Comahue, una operación por la que recibieron U$S 707 millones en diciembre de 2025.
El manejo de la energía por parte de privados implica nuevos cortes de luz y más tarifazos.
– Intercargo: Milei busca vender el 100% del paquete accionario de la empresa estatal que presta servicios de rampa y de transporte de pasajeros en los principales aeropuertos del país. Hasta el 10 de junio, los privados interesados pueden participar de la licitación y el precio base es de U$S 45 millones.
– Ruta y transporte: este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. “Son más de 1800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100% privada y mejores estándares de servicio para los argentinos”, afirmó el ministro a través de la red social X.
También se anticipó la privatización de Belgrano Cargas y Logística, que incluirá a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

El negocio de los servicios públicos

Durante el gobierno de Menem se privatizaron las empresas prestadoras de servicios públicos y significó una profunda transformación en las condiciones en las que se prestan los servicios públicos de electricidad, gas, así como del transporte de trenes y subte.
Lo que hasta ese momento eran servicios públicos, cuya prestación corría a cargo de empresas del Estado, se convirtieron en un negocio. Esta herencia neoliberal no fue revertida en lo esencial en los gobiernos posteriores, ni tampoco durante el ciclo de crecimiento «a tasas chinas» durante el kirchnerismo. Ahora el gobierno de Milei busca rematar las pocas joyas de la abuela que quedaron de los 90.
El acceso al agua, a la energía eléctrica, el gas, o el transporte son un derecho esencial y no pueden estar sometidos a la medida de la ganancia capitalista. Es necesaria la estatización de todo el sistema energético, la gestión democrática por parte de sus propios trabajadores, de técnicos especializados y en la cual participen comités de usuarios populares. Esto permitiría una planificación racional, garantizar el acceso de toda la población a un servicio económico y de calidad, en camino hacia el abaratamiento de los costos energéticos en base al desarrollo productivo y llevar adelante la transición energética.
Basta de honrar la deuda odiosa, el desconocimiento soberano es una salida integral basado en una investigación de los fraudes de la deuda e impuesto por la movilización obrera y popular.

El agua se va a manos privadas

El Gobierno nacional confirmó la licitación para privatizar la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). La decisión fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X, donde adelantó que se publicarían “en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90 % de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”.
El convenio será por 30 años, con posibilidad de prórroga. Caputo dice que con los privados la empresa “va a andar mejor”. Sin embargo, los antecedentes revelan lo contrario: durante la anterior privatización, la compañía paralizó la extensión de la cobertura porque delegaba en los usuarios el pago de las obras para garantizar el servicio esencial de agua y cloacas que, por contrato, se había comprometido a brindar. Con la re estatización posterior en 2006, por decisión del presidente Néstor Kirchner, se avanzó con la expansión en infraestructura y cobertura que actualmente llega a más de 14 millones de personas en el área metropolitana.
En su sesión del jueves pasado, el Senado aprobó una moción de preferencia impulsada por Wado de Pedro para priorizar el tratamiento del proyecto de ley que declara a AYSA “de interés público y estratégico para el desarrollo humano”, en un intento por impedir esta privatización.
“La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”, afirmó el titular de Hacienda, con un discurso que repite el libreto de los años noventa y desconoce lo que ocurrió con la firma en la anterior pase a manos privadas.
¿Cómo será la privatización de AySA?
Desde Economía, informaron que el Ejecutivo busca concretar la venta de al menos el 51 % de las acciones a un “operador estratégico” y que el resto salga a la Bolsa.
La empresa que resulte ganadora de la compulsa pública se regirá por el nuevo contrato de concesión, aprobado a fines de abril, que fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más.
AySA es una de las ocho empresas que el Gobierno prevé privatizar en el marco de la reglamentación de la Ley Bases. Las otras que figuran en la lista a rematar son Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
La decisión se enmarca en la desesperación de la administración libertaria por conseguir divisas que le permitan equilibrar las cuentas públicas. En esa carrera, afectan intereses de la mayoría de la población, mientras mantienen los privilegios del sector financiero y primario. Se estima que el Estado busca recaudar cerca de 500 millones de dólares, por esta transferencia.
El proyecto contempla una etapa de transición (2024-2026), donde la gestión de la firma tendrá que cumplir con el Plan de Acción vigente para reorientar su gestión y sanear sus cuentas. Y otro momento que el Gobierno llama “Nueva era” (2027-2031): comienza en enero del año próximo con el “Primer Ciclo Tarifario” bajo el control privado y el desarrollo de las metas de inversión acordadas.
Los involucrados por adquirir la mayoría de la empresa, que debe proveer agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, son Edison Energía (la familia Neuss junto a los dueños de Havanna y Newsan), Mauricio Filibert (dueño de Transclor), el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento y la chilena Aguas Andinas.
En el caso de las últimas se da una paradoja: son las firmas que compraron la francesa Suez. Se trata de la compañía que manejó Aguas Argentinas desde 1993 hasta su posterior re estatización, por incumplimiento del contrato. Sin embargo, Suez demandó al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Mientras el 90 % de las acciones pasan a grupos privados, el 10 % restante quedará para los trabajadores.
En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó la vuelta de la prestación del servicio de aguas y cloacas al Estado. Les rescindió el contrato a Aguas Argentinas y creó Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Por entonces, el Gobierno acusó a la firma de “poner en peligro la salud de la población”, por nivel de nitratos encontrado en algunas localidades, y de paralización de la infraestructura que había sido acordada en el contrato.
Con esa decisión del Ejecutivo inició una etapa de fuerte inversión para expandir la cobertura y garantizar el acceso. En agua potable pasó del 76 % al 85 % en 2024. Cloacas creció del 57 % al 72,6 % en 2022.
Las grandes obras de infraestructura a cargo del Estado en ese tiempo incluyeron el saneamiento del Riachuelo, con un mega colector de 30 km, una planta de pretratamiento en Dock Sud y un emisario que se interna 12 km en el Río de la Plata para mejorar la capacidad cloacal de 4.3 millones de personas; la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas, en Tigre, para abastecer a la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires; y el sistema Agua Sur, que aseguró el abastecimiento de agua potable en los municipios del sur del Conurbano.

La sombra de Mekorot

Las íntimas relaciones de Milei con el genocida Benjamín Netanyahu, que se suman al desembarco de la empresa israelí en varias provincias durante los últimos años (facilitada por ex funcionarios peronistas como Wado de Pedro), posicionan a Mekorot como candidata firme para quedarse con AySA.
Mekorot no es cualquier multinacional. A nivel internacional la empresa está denunciada por implementar lisa y llanamente un “apartheid hídrico” contra la población palestina en Gaza y Cisjordania. Allí sus CEO deciden cómo, cuándo y dónde negarle el acceso al agua potable a miles de habitantes de los territorios ocupados por Israel. Lógicamente, a quienes priorizan en el servicio es a los colonos israelíes, la primera línea colonizadora del sionismo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras cada israelí consume 300 litros de agua por día, cada poblador de Cisjordania y Gaza apenas accede a 70. En el campo, apenas 20 litros diarios por persona. A diferencia de otras regiones con ríos caudalosos, casi la totalidad del agua disponible en Gaza no es potable. Allí, una de cada cuatro muertes evitables se asocia al consumo o manipulación de agua contaminada.
Mekorot llegó a Argentina en 2022, durante el gobierno del Frente de Todos encabezado por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. A través de vidriosos acuerdos, en los que participó el entonces ministro de Interior De Pedro, diez provincias y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) aceptaron que la empresa israelí sea la única responsable de la “propiedad intelectual” de esos contratos y que cualquier litigio sea tratado en tribunales extranjeros.
Sea o no Mekorot la multinacional que se quede finalmente con AySA, lo que es seguro es que la privatización de la distribución del agua potable para millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires jamás podrá traer algo bueno. El sólo hecho de que ese bien natural común sea convertido (una vez más) en una mercancía vaticina nuevos conflictos sociales, nuevas corruptelas entre funcionarios y empresas, nuevas restricciones al acceso sanitario y, claro, un nuevo saqueo privado a lo que lo que nos pertenece a todas y todos.
El pueblo trabajador no necesita que sus bienes naturales comunes sean “administrados” por saqueadores capitalistas. Ellos no podrán garantizar nunca agua potable y saneamiento. Sólo una nacionalización plena de AySA , no como lo hizo el kirchnerismo sino bajo control y gestión directa de sus trabajadores y usuarios, podría poner fin a décadas de decadencia. El agua no es una mercancía, es un derecho.

El saqueo avanza

Mediante la Resolución 673 del Ministerio de Economía, el Gobierno oficializó la adjudicación de la participación estatal en Citelec —la sociedad que controla Transener— a las firmas Edison Energía y Genneia por U$S 356 millones, un 70% por encima de la tasación oficial.
Transener no es una empresa más: opera la red troncal de alta tensión que conecta a casi todo el territorio argentino. Es una pieza central de la infraestructura energética nacional que hasta hoy contaba con la participación del Estado y el control operativo del Grupo Pampa Energía (encabezado por Marcelo Mindlin). Su privatización total representa la pérdida absoluta del control estratégico sobre cómo se transporta la energía en el país.
Detrás de Edison Energía operan los hermanos Juan y Patricio Neuss, junto a Rubén Cherñajovsky y Luis Galli (vinculados al Grupo Newsan). La familia Neuss, cuya fortuna se originó en el negocio de las sodas y jugos en el Conurbano bonaerense, experimentó un salto extraordinario desde la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada.
Los hermanos Neuss mantienen una relación personal desde la infancia con Santiago Caputo, el principal armador político de Javier Milei.
Además, el grupo mantiene estrechos vínculos con la Fundación Faro, señalada en diversos ámbitos como la principal caja de financiamiento de la maquinaria política libertaria.
Gracias a este amiguismo explícito, el holding ya venía acumulando adjudicaciones clave: se quedaron con las represas hidroeléctricas Alicurá (Río Negro y Neuquén) y Cerros Colorados (Neuquén), además de adquirir la generadora Potrerillos en Mendoza.
Mientras las familias trabajadoras sufren tarifazos impagables, el Gobierno rifa los activos estratégicos de la Nación. Los U$S 356 millones obtenidos por la entrega de Transener no se destinarán a mejorar el servicio, evitar cortes de luz o reinvertir en el país, sino que irán a parar a la misma canilla de siempre: el pago de los vencimientos de deuda con el FMI.
La privatización de la energía funciona, en los hechos, como un mecanismo de extracción de riquezas diseñado para satisfacer a los acreedores externos, con negociados de por medio donde el Gobierno garantiza tarifas a los compradores. Se liquida el patrimonio público para juntar divisas y cumplir con los dictados de Washington.

Privatización habilitada por la Ley Bases

La operación se enmarca en la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, que declaró a ENARSA sujeta a privatización, y en el Decreto 286/2025. Para su aprobación fueron decisivos los votos de los 12 senadores de la UCR y de tres senadores peronistas, entre ellos Edgardo Kueider.
Los fondos obtenidos se destinarán a financiar pagos de deuda pública durante 2026. Se sumarían así nuevos recursos al Tesoro, luego de que ya ingresaron más de USD 700 millones mediante la reprivatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue.
Transener cumple un rol estratégico central: transporta la energía desde las centrales generadoras hacia los principales nodos de distribución y sostiene la circulación eléctrica del país. Es una pieza fundamental para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de 500 kV que atraviesan el país de norte a sur y constituyen la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Junto con su subsidiaria Transba, concentra el 85% de la transmisión eléctrica nacional. Opera además más de 20.000 kilómetros de líneas de alta y media tensión y 160 estaciones transformadoras. Se trata de un monopolio natural regulado.
Citelec S.A. controla el 52,65% de Transener y también tiene participación indirecta en Transba y en Transener Internacional LTDA.
Enarsa, además de tener el 50% de Citelec, tiene el 80% de Enarsa Patagonia y de Vientos de la Patagonia, el 50% de UTE Escobar, el 65% de Termoeléctrica Manuel Belgrano y el 68,8% de Termoeléctrica José de San Martín.
La privatización no resolverá la crisis energética ni mejorará la calidad del servicio. El Estado dejó de invertir en nuevas redes de transporte eléctrico desde 2014, mientras la demanda crece alrededor del 3% anual y se profundizan los límites para incorporar nueva oferta de generación.
Frente a este nuevo negociado entre funcionarios y grandes empresarios, hace falta una salida de fondo: declarar de utilidad pública todo el sistema energético, rescindir las concesiones sin indemnización y re estatizar el servicio como una empresa única de energía bajo gestión de trabajadores, técnicos y comités de usuarios. Con servicios de calidad y accesibles para el pueblo trabajador, que integre desde la extracción de los bienes comunes naturales, priorizando su cuidado, hasta el transporte y la distribución en los hogares.
La energía eléctrica es un derecho social, no una mercancía para enriquecer a un puñado de grupos empresarios.

Milei habilitó la venta de todos los activos de la Comisión Nacional de Energía Atómica

El Gobierno de Javier Milei inició el trámite administrativo que da inicio a la venta de los activos “materiales e inmateriales” de la Comisión Nacional de Energía Atómica, justo en el mismo momento que una delegación del Departamento de Estado de Estados Unidos visitó las centrales nucleares de Atucha y los Centros Atómicos del país.
El 5 de mayo que se inició el procedimiento “Acceso Preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de Iniciativas Privadas” coincidió con la visita de una delegación del Departamento de Estado y las autoridades nucleares de los Estados Unidos.
La Administración Milei pretende privatizar todo lo que sea rentable en el sector nuclear. A sus funcionarios los guía la doctrina de que el Estado debe retirarse de los “negocios nucleares maduros” como la energía, la medicina y los servicios para abrir de par en par la puerta a capitales privados; especialmente los que lleven la bandera de Estados Unidos. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) aprobó un procedimiento administrativo para “el acceso preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de iniciativas privadas”, expediente iniciado el pasado 4 de mayo.
La orden del presidente Javier Milei a sus funcionarios de Ciencia y Tecnología, según se ve hasta ahora, es que aprovechen los recursos del Estado para beneficiarse personalmente mientras avanzan los procesos de desmantelamiento y venta de los activos estratégicos, al menos en el sector de Ciencia y Tecnología. Así se entiende el hermetismo durante la visita de los funcionarios estadounidenses y las innumerables causas de corrupción de los funcionarios del sector.
Con este expediente se abre la posibilidad de que empresas privadas, nacionales y extranjeras pidan autorización para visitar los activos estratégicos que se encuentren bajo su radar de negocios como primer paso para la venta de estos activos. El procedimiento se inició el mismo día en que arribó al país la delegación del Departamento de Estado y la autoridad regulatoria de los Estados Unidos para inspeccionar los centros atómicos del país.
La CNEA pondrá a disposición de los privados interesados “todo bien, recurso, derecho, instalación, infraestructura, equipamiento, sistema, material, yacimiento, complejo, planta, documentación técnica asociada, antecedente operativo, capacidad institucional o elemento patrimonial, material o inmaterial, que integre, se vincule o se encuentre bajo administración, uso, custodia, guarda, intervención o competencia de la CNEA, y respecto del cual un Interesado requiera información, documentación, antecedentes, acceso, relevamiento o autorización de visita en el marco de una Solicitud Preliminar”.
Este acto administrativo, denominado: “Acceso Preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de Iniciativas Privadas”, no es un simple trámite; es la llave maestra para que el sector privado —con especial énfasis en el de EE UU— audite los activos nucleares nacionales antes de su adquisición definitiva.
Remate de la CNEA
La documentación revelada es taxativa sobre el alcance de lo que el Estado pone a disposición de los “interesados”. La CNEA abrirá sus puertas para que privados releven:
Recursos y Materiales: Material nuclear, sistemas y yacimientos.
Infraestructura: Plantas, complejos, instalaciones y equipamiento.
Patrimonio Inmaterial: Documentación técnica asociada, antecedentes operativos y “capacidad institucional”.
Derechos: Cualquier elemento patrimonial, material o inmaterial, que esté bajo custodia o competencia de la CNEA.

Tecnología y uranio

Desde la junta interna de ATE indicaron que el objetivo de esta avanzada privatizadora podría estar en el desarrollo del reactor de investigación AR 10 y los yacimientos de uranio que actualmente se encuentran bajo la jurisdicción de la CNEA como Sierra Pintada (Mendoza), Cerro Solo (Chubut), Don Otto (Salta) y Laguna Colorada (Chubut).
La administración Milei obturó el desarrollo de la cuarta central nuclear –que podría abastecerse con el uranio extraído y procesado en el país- al igual que el CAREM. El avance privatizador se enmarca en el memorándum de entrega de los minerales críticos a Estados Unidos rubricado, en una primera instancia, en agosto de 2024 y ratificado el 4 de febrero de este año.

La visita de funcionarios de Trump en total hermetismo

Hubo una sincronización entre la inspección realizada por la comitiva del Departamento de Estado y Energía de los Estados Unidos a los centros atómicos de Ezeiza, Constituyentes y Bariloche con el inicio del proceso para privatizar activos claves bajo la tutela jurisdiccional de la CNEA.
Los funcionarios estadounidenses llegaron el pasado 4 de mayo, comitiva integrada por Sarah Dickerson, Andrew Lyman, Eleanor Krabill, Charles Teal, Oleg Bukarin, Sean Greenley y Angeles Coscolla.
La avanzada privatizadora tiene blancos específicos que coinciden con los intereses de seguridad nacional de Washington:
El Reactor AR 10: Un proyecto de investigación clave que ya había sido blanco de presiones externas, bajo el argumento de que “Argentina no puede darse el lujo” de tales desarrollos.
Los Yacimientos de Uranio: Encuadrado dentro del “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro de Minerales Críticos” firmado con EE. UU., los ojos están puestos en Sierra Pintada (Mendoza), Cerro Solo (Chubut), Don Otto (Salta) y Laguna Colorada (Chubut). Argentina posee recursos identificados por un total de 38.740 toneladas de uranio.
Aparecen nombres propios que vinculan al poder económico local con los intereses extranjeros. Además de corporaciones conocidas como UrAmerica Ltd o Blue Sky Corp, surge la firma Fisherton Mining SA, creada en junio de 2025. Llamativamente, esta empresa aparece mencionada en un expediente titulado “Informe Nuclear Reservado”, iniciado en septiembre de 2025, lo que sugiere que el terreno para este saqueo se viene abonando hace meses en las sombras.
La visita de la delegación estadounidense funcionó como una “auditoría de compra”. Al mismo tiempo, funcionarios de la Embajada y del Tesoro de EE UU ya hablan abiertamente del “compromiso argentino” para la extracción de uranio y tierras raras.
Mientras se desguazan proyectos de vanguardia como el CAREM, la administración Milei reduce décadas de desarrollo científico a una simple liquidación de activos. Lo que se entrega no es solo material; es la autonomía energética del país y el presente y futuro de su soberanía científica.

El gobierno avanza con el plan de privatización de la energía atómica

La Comisión Nacional de Energía Atómica atraviesa un proceso de deterioro institucional que combina el ahogo presupuestario con una profunda modificación de su cúpula jerárquica. Desde la llegada del ingeniero Martín Porro a la presidencia del organismo en 2026, se ha consolidado el desembarco de funcionarios sin experiencia en el área nuclear en sectores estratégicos de conducción administrativa, jurídica y de relaciones laborales. Esta tendencia genera una creciente preocupación entre los cuadros técnicos, quienes advierten que la prioridad de la gestión se ha desplazado desde el desarrollo científico hacia una lógica de control y ajuste.
Entre las designaciones más cuestionadas destaca la de León Javier Grinspun al frente de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. El abogado cuenta con antecedentes recientes en procesos de auditoría y reorganización, habiendo desempeñado tareas de cierre en el INADI hasta diciembre de 2025. También se lo incorporó al directorio de Nucleoeléctrica con un sueldo bruto de más de $6 millones. A esta línea se suma Felipe Randle en la Gerencia de Área de Articulación Institucional, un bachiller cuyo historial laboral se centra exclusivamente en la Jefatura de Gabinete de Ministros y el ámbito parlamentario, careciendo de antecedentes técnicos vinculados a la energía atómica. A Randle lo ubicaron en la presidencia de ENSI con un sueldo bruto por encima de los $10 millones. Otro funcionario clave en el vaciamiento con sueldo y préstamos de privilegios es Ignacio Bruera, que comanda tras las sombras la venta de desarrollos científicos que llevaron décadas de estudio y trabajo del personal.
El contraste entre la nueva estructura burocrática y la realidad de los laboratorios resulta evidente al analizar las cuentas públicas. El Centro Atómico Bariloche registra deudas que superan los 1.200 millones de pesos con la Cooperativa de Electricidad Bariloche y más de 138 millones con Camuzzi Gas del Sur a abril de 2026. A pesar de esta emergencia, la administración autorizó el pago de un servicio de mudanza por un total de 19.299.500 pesos. Esta decisión se produce en un marco de paralización de compras de insumos básicos y equipos para el presente ejercicio.
La desarticulación del plan nuclear argentino se refleja con mayor crudeza en el presupuesto devengado para proyectos de soberanía tecnológica. Los indicadores muestran que programas de alta complejidad, como la puesta en marcha del módulo de enriquecimiento de uranio y el desarrollo de máquinas centrífugas, han visto reducida su inversión a niveles prácticamente nulos durante 2026. Esta falta de horizonte ha provocado la baja de más de 300 agentes calificados en los últimos dos años, una fuga de capital intelectual que, según los especialistas del sector, podría tardar décadas en subsanarse.
La gestión actual avanza además en una readecuación de la estructura organizativa bajo un hermetismo total, sin difundir objetivos ni criterios de evaluación que permitan anticipar el impacto sobre las áreas técnicas. Esta incertidumbre se profundiza con la precarización del personal, donde conviven contratos temporales de renovación trimestral y becarios excluidos de los bonos paritarios, mientras la conducción central se refuerza con perfiles externos bajo modalidades de contratación diferenciadas. El destino de la CNEA, pilar histórico del desarrollo científico nacional, parece hoy quedar supeditado a una reestructuración administrativa que prioriza el desmantelamiento sobre la producción. El lunes 11 de mayo con la firma del Jefe de gabinete Manuel «Cascada» Adorni, aplicaron un recorte brutal al magro presupuesto de la CNEA.
Por estas horas se pudo conocer que en un documento interno de la CNEA detallan el procedimiento para facilitar la privatización de sectores de la Comisión. La Ley Bases habilitó esta entrega y debe ser derogada. Ya están queriendo liberar sectores mineros de uranio para la explotación de empresas privadas. Este esquema no es algo nuevo. Luego de los 90 la CNEA sobrevivió vendiendo servicios a otros sectores productivos para poder mantener algunas líneas de investigación y desarrollo. Durante el kirchnerismo y el albertismo no se revirtió este esquema: a pesar de haber recibido inversiones estatales relevantes los primeros dos períodos, los servicios y productos continuaron siendo vendidos a terceros sin recibir financiamiento asegurado por el Estado. No se modificó la estructura para impedir, o al menos dificultar, las privatizaciones. Las empresas que se desprendieron de la CNEA (NASA, Dioxitek, Conuar, FAE, ENSI) que generan ganancias, no sólo no se revirtieron sino que las transformaron en cajas que la política utiliza a discreción y que hoy el libertarianismo está aprovechando para financiar su política de entrega a EE UU.
Es imperioso continuar la organización de asambleas democráticas de todos los trabajadores de CNEA para frenar el desguace, junto al CONICET, el INTI y demás organismos y empresas de Ciencia y Técnica. Las conducciones de los sindicatos tienen que impulsarlas en todos los lugares de trabajo para avanzar en un plan de lucha en camino a la huelga general. Tienen que romper la pasividad y llamar a la lucha en las calles, es el único camino que puede derrotar el ajuste de Milei.

Un nuevo paso para entregar el desarrollo nuclear argentino a Estados Unidos
Por Pablo Esteban

La Comisión Nacional de Energía Nuclear avanza en la puesta en venta de sus activos. Ahora abre la puerta a que grupos privados se tienten con el reactor RA-10, casi finalizado por el gobierno anterior, y para que EE UU se lleve un recurso estratégico: el uranio.
Cuando el Gobierno afirma que está interesado en la energía nuclear no está diciendo que está interesado en que el Estado argentino aproveche sus propios recursos para impulsar su desarrollo. En realidad, todo lo contrario: la administración libertaria está interesada en rifar todos sus activos científicos y tecnológicos, con el único fin de obtener dinero fresco y cumplir con las órdenes del amo del norte. La Comisión Nacional de Energía Nuclear acaba de concretar un nuevo paso en esa línea: mediante un procedimiento administrativo, formalizó cómo sería la presentación de iniciativas privadas. Básicamente, avanzó en un manual de actuación para que los privados nacionales e internacionales que tengan intención de quedarse con los activos nucleares de Argentina puedan visitar las instalaciones y ver qué aprovechar. Es curioso, porque semanas atrás, durante la presentación de su informe de gestión en Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, indicó que “el plan nuclear anunciado por el presidente en diciembre de 2024 aún no entró en vigencia”. En verdad, hay un plan y es rifarlo todo.
A partir de ahora, todos aquellos actores que quieran obtener documentación, información o directamente realizar una visita a los predios que posee la CNEA en todo el territorio nacional podrán hacerlo sin problemas. Como si fuera un supermercado, de esta manera, los privados interesados pueden pasear por las góndolas nucleares y postularse para quedarse con lo que más les guste. Quien saca los colmillos es Estados Unidos, que quiere el desembarco próximo de sus empresas. De hecho, el funcionario de la Casa Blanca Scott Bessent lo había anticipado en septiembre pasado: “Argentina es rica en uranio. Están comprometidos con la entrada de empresas privadas estadounidenses”.
Entre los productos más codiciados figuran el reactor RA-10, artefacto prácticamente finalizado durante la gestión anterior, y el uranio, un recurso estratégico, bajo la jurisdicción de CNEA, que está presente en Chubut, Mendoza y Salta. Aunque por ley las provincias son dueñas de los recursos, el organismo de energía nuclear es responsable de tutelar. Una controversia no resuelta por los marcos legales vigentes.
Esta movida que concreta la CNEA tiene como telón de fondo la firma del memorándum de cooperación para la gobernanza, la inversión y seguridad de las cadenas de suministro a nivel global. El documento, acordado entre Argentina y EE UU, forma parte de la estrategia norteamericana denominada ‘Alianza para la seguridad de los minerales críticos’. Los minerales críticos tienen una demanda global y desempeñan un rol en la transición energética.
Nicolás Malinovsky, ingeniero electricista (Universidad Nacional de Río Cuarto) y especialista en energía nuclear, afirma: “Estados Unidos tiene bien en claro sus objetivos con Argentina y el rol que quieren que cumplamos en su proceso de reindustrialización, que es parte de la disputa hegemónica en curso con China. Por un lado, busca desarticular y desmantelar las capacidades que hemos logrado en ese desarrollo y, por otro, quiere que Argentina compre la tecnológica desarrollada en su país”. De hecho, uno de los pilares de la nueva doctrina de seguridad nacional en EE UU se vincula con el control de los recursos de energía nuclear en el hemisferio occidental.
A su turno, Diego Hurtado, físico del Conicet y con una amplia experiencia en gestión de organismos científicos y tecnológicos, explica que “está pasando algo que ya ocurrió de manera calcada en los 90. Como las autoridades de CNEA tienen la garantía de que no recibirán inversión pública, salen a buscar actores privados. Negocios que, en realidad, se concretan a partir de la entrega de activos públicos. Dejan entrar capitales extranjeros para que se lleven el uranio porque viene derechito el cordón umbilical al alineamiento incondicional con Estados Unidos. Es un pedido de Trump a Milei: quieren el uranio argentino”. Por eso, ahora habilitan la visita de privados a las minas de uranio que son incumbencia de la CNEA y le ponen un marco a procedimientos que ya estaban sucediendo de manera informal.
Ignacio Cortés, trabajador de la CNEA, observa: “A nivel administrativo, la CNEA todo el tiempo genera procedimientos como este, que tienen que ver con normas de gestión. Son procedimientos de calidad. Son algo normal”. Al mismo tiempo opina: “Se habla de información confidencial que la CNEA puede otorgar a privados y en cierta manera, genera un marco normativo que puede dar lugar a contratos con privados para avanzar con lo que este gobierno declara abiertamente que quiere hacer: destruir el Estado y delegar cualquier tipo de actividad y ordenamiento de la economía al sector privado”. Y remata: “Si uno lee el procedimiento con detalle, las gerencias que quedan a cargo de las decisiones sobre los acuerdos apoyarán este programa de privatización”.

Reactores a la venta

Entre los principales activos que posee la CNEA se encuentran los reactores y un recurso estratégico que, precisamente, sirve como combustible para el funcionamiento de las centrales nucleares: el uranio.
Por un lado, se halla el Carem (Central Argentina de Elementos Modulares), que constituye el primer reactor nuclear de potencia diseñado y desarrollado integralmente en Argentina. Con esta tecnología, ahora paralizada por el gobierno de Javier Milei (faltaba un 30 % para concluirla), el país se ubicaba a la vanguardia en materia de nucleoelectricidad y energía limpia. Como aún son muy pocas las naciones que cuentan con uno, el diseño de este prototipo se proponía abrir la puerta para que más naciones alrededor del mundo quisieran tener el propio. La venta de un reactor de la magnitud del Carem podría significar un ingreso de 4.000 millones de dólares.
Por otra parte, se halla el RA-10 (Reactor Nuclear Argentino Multipropósito), que comenzó a construirse en 2016 en el Centro Atómico Ezeiza. Aunque tiene diversos objetivos, el principal se vincula con garantizar el autoabastecimiento de radioisótopos de uso médico, esenciales porque alimentan los centros de medicina nuclear del país, en donde se diagnostican y tratan pacientes con cáncer. A diferencia del Carem, este reactor está casi listo y será finalizado por el gobierno libertario que, casi sin esfuerzo, se llevará los créditos. No le tienta la ciencia local, sino el rendimiento que este avance puede lograr. Una vez que esté en marcha, con voluntad política y muy poco esfuerzo, podría significar ingresos de 90 millones de dólares al año.
En concreto: aunque Argentina podría aprovechar los beneficios económicos que darían como resultado la puesta en marcha de ambos reactores, se estima que podrían ser las primeras tecnologías en ser vendidas. Y a precios insignificantes.

El recurso estrella que quiere Trump

El otro aspecto que llama poderosamente la atención de Estados Unidos y los grupos privados es el uranio. ¿Por qué? Porque es el insumo que mueve a los reactores que, en última instancia, mueven la inteligencia artificial. Malinovsky comenta: “La explotación de uranio en el país no apunta a fortalecer el desarrollo local, sino a garantizar la exportación de mineral para abastecer a la industria estadounidense, que busca independizarse del uranio ruso”.
En 2023, EE UU importó el 99 % del uranio necesario para sus centrales nucleares, principalmente de Canadá, Australia, Rusia, Kazajistán y Uzbekistán. Asimismo, cuenta Malinovsky, tras los conflictos entre Estados Unidos y Rusia, el ex presidente Joe Biden logró aprobar la Ley de prohibición de las importaciones de uranio ruso, que justamente restringió la importación a partir del 12 de agosto de 2024.
Argentina posee alrededor de 40.000 toneladas de reservas de uranio. El experto sigue con el detalle: “El consumo anual de nuestras centrales nucleares –Embalse, Atucha I y Atucha II– es de apenas 220 toneladas, que hoy se importan principalmente de Kazajistán. La minería de uranio en nuestro país fue cancelada en 1997, durante el menemismo, como parte de las políticas neoliberales orientadas al desmantelamiento de sectores estratégicos, entre ellos el nuclear, bajo el argumento de que ‘importar era más barato’”.
El paso administrativo que da ahora el gobierno a pedido de los grupos concentrados nacionales e internacionales es una manera de allanar el camino hacia la privatización de activos. Argentina, una vez más, tenía todo para convertirse en una potencia mundial en el rubro, pero ahora deja escapar una chance única.

Reestructuración y deterioro institucional

Para colmo, a la CNEA le sucede lo mismo que a todo el sistema científico y tecnológico: básicamente, desde que se inició la gestión libertaria, sus trabajadores denuncian desmanejos institucionales y ajustes que los invitan, prácticamente, a dejar la institución en busca de mejores posibilidades en los privados, o bien, en otros rubros. De manera reciente, trabajadores del sector difundieron un informe en el que destacan la “incorporación de personal sin experiencia previa en el sector nuclear”.
El documento menciona: “Estas incorporaciones (en puestos directivos) se realizan en condiciones contractuales distintas a las del resto del personal y en un contexto de deterioro salarial, precarización laboral y restricciones presupuestarias. Esta situación genera preocupación entre trabajadores y sectores técnicos respecto de las capacidades estratégicas de la CNEA y del plan nuclear argentino”. En síntesis: hay cada vez menos trabajadores calificados y cada vez más puestos directivos improvisados.
Un plan nuclear argentino que, vale destacar, presentó el físico Demian Reidel, quien en el presente también se ve envuelto en bretes judiciales, imputado por compras llamativas con la tarjeta de Nucleoeléctrica. Una comparsa al mando de un sector estratégico: nada puede salir bien.

Hidrovía del Paraná: ¿el próximo gran botín?

Este entramado de empresarios y funcionarios ya apunta a la logística nacional. El nuevo foco de disputa es la Hidrovía del Paraná, la arteria principal por donde sale la enorme mayoría de las exportaciones argentinas y fuente de enormes recursos para las economías locales.
El Gobierno impulsa la privatización del dragado y balizamiento de esta vía navegable por un período de 25 años. Se trata de un negocio colosal que asegura ingresos de entre U$S 200 y 300 millones anuales, totalizando cerca de US$ 7.000 millones durante toda la concesión.
El Grupo Neuss ya se posiciona para quedarse con este negocio, en una compulsa donde también figuran otros empresarios de peso como Juan Ondarcuhu (con fuertes intereses en las terminales de Rosario) y Gustavo Elías (referente del puerto de Bahía Blanca). Este último, de hecho, ya está siendo mencionado para desembarcar en la administración privada del puerto de Tierra del Fuego, evidenciando un plan sistemático para entregar el control de los puertos y ríos a manos del gran capital.
El modelo de La Libertad Avanza queda completamente expuesto: mientras recorta derechos laborales y jubilaciones, orquesta un festival de privatizaciones a la medida de la verdadera casta empresarial y financiera. Entregando nuestros bienes comunes naturales y sectores estratégicos, un saqueo a pedido del FMI.

Una confirmación de los negociados de Milei y Caputo
Por Ulises Valdez

Le pusieron un precio de venta de 45 millones de dólares, cuando solo el año pasado ganó la mitad de esa cifra. Empresarios amigos entre los interesados.
Intercargo es una empresa estatal que presta servicios de rampa y de transporte de pasajeros en los principales aeropuertos de la República Argentina. Sus más de 1500 trabajadores y trabajadoras hacen un buen trabajo, a pesar de las campañas que montan de tanto en tanto las autoridades o algún medio amigo.
Pero hace tiempo que es un botín preciado para otras empresas aeronáuticas, nacionales y extranjeras. Y un botín también para los funcionarios de un gobierno que no solo profesa ideológicamente la entrega nacional y de sus bienes, sino que le gusta mucho la guita. El caso del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni o la jefa Karina Milei nos exime de más argumentos.
En estos días se conocieron los pliegos para avanzar en la privatización de AySA, de energía eléctrica y ahora se conoció el inicio del proceso de valuación y licitación para Intercargo.
El tema venía con perfil bajo hasta que la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y también el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss.
El gremio, que representa a los trabajadores “de tierra” de Aerolíneas e Intercargo, entre otras empresas, pide que se investigue el delito de defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica.
En un comunicado señalaron que “la Resolución 282/26 del Ministerio de Economía publicada el 26 de marzo de 2026 se aprueba el pliego que le pone como precio base para la venta de Intercargo 45 millones de dólares. El proceso en el cual se llega a esta cifra resulta, cuanto menos, inentendible debido a que la empresa en el balance del último año dio un superávit superior a los 20 millones de dólares”.
Otro dato que marcan es que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitió en su informe en el Congreso que la empresa tiene activos corrientes por 55 millones de dólares.
El gremio además cuestionó la decisión de asignar la tasación al BICE, en vez de hacerlo con otros organismos especializados. Por eso pidió una investigación judicial sobre el proceso administrativo que fijó el valor para la licitación.
Hay un punto. El gobierno se ha nutrido de muchos ex gerentes y hombres de confianza de Eduardo Eurnekián, el empresario millonario que es dueño de Aeropuertos Argentina 2000. El jefe del Grupo América, del que era empleado Milei, es uno de los interesados en avanzar con las privatizaciones aeronáuticas.
Pero ni siquiera el caso Adorni los convence de que tienen que disimular sus negociados y corruptelas.
Desde el gremio señalaron: “esperamos que se investigue a los responsables de este intento de vaciamiento del patrimonio público nacional. Esta denuncia busca frenar una posible estafa al pueblo argentino, evitando también el riesgo de la continuidad laboral de 1.500 familias aeronáuticas y el futuro del sistema aerocomercial argentino”. Además anunciaron que las presentaciones judiciales se acompañarán con medidas “en aeropuertos y las calles”.
Es importante este último punto. Cada vez que hubo ataques a Aerolíneas y las empresas nacionales, la única forma de enfrentarlos fue con la lucha de sus trabajadores y trabajadoras, así como el apoyo de otros gremios y la población. En Intercargo hay tradición de lucha. La mejor forma de que se exprese es con asambleas y medidas que permitan la participación de todos y todas las que hacen funcionar la empresa.

Extranjerización de la Hidrovía

Esta semana se realizará la apertura del tercer sobre para definir qué empresa ganará la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, un negocio que dejará 300 millones de dólares por año hasta el 2056.
El doctor en geografía Álvaro Álvarez explicó de qué se trata el proyecto: “El río Paraná es un medio natural y sobre ese medio natural hay un artificio que es una hidrovía, en este caso una hidrovía Paraguay- Paraná, que centralmente es una hidrovía Paraná porque el grueso de la ruta troncal por donde salen buques de gran porte, para eso se necesitan intervenciones técnicas constantes que erosionan el medio natural”.
Además, detalló que la obra implica un impacto ambiental que debe ser estudiado: “toda intervención que nosotros hacemos para profundizar el calado, que permita sacar un buque que naturalmente no podría salir por ahí, es un impacto ecológico que estamos generando sobre el río Paraná. Por otro lado queremos saber las consecuencias ambientales y económicas de esto y quiénes son las empresas interesadas en llevarlo a cabo”.
Alvarez afirmó que se trata de “la extranjerización de la principal arteria de circulación fluvial de la Argentina, es decir, la extranjerización de donde sale el 80% de la producción nacional, eso en términos económicos”.
Es el segundo intento de licitación por parte del gobierno nacional, la anterior fue dada de baja por denuncias de irregularidades. Esta semana se sabrá cuál es la definición.

El control del Paraná, en la disputa geopolítica de China y Estados Unidos

La navegación por la mal llamada Hidrovía es una de las claves del comercio exterior. Lo fue desde que comenzó la historia argentina, y los datos confirman que hoy, cerca del 70% del comercio exterior nacional transita por esta vía fluvial, que comienza en Confluencia (a la altura de Chaco) y llega hasta el Océano.
Como en tantos otros ámbitos, el gobierno nacional desconoce el rol estratégico de la soberanía y apuesta a una cesión al sector privado, sin ningún control del Estado, que desde hace cinco años lleva adelante las obras y las tareas del mantenimiento del canal de navegación.
El escenario suma otro dato contundente: el gobierno eliminó el Ente de Control de la Vía Navegable (ECOVINA), el espacio donde las provincias podían hacer un seguimiento de la concesión y formular pedidos al estado nacional para distintas obras.
Ese ente, que debía existir por ley, fue derogado, lo que excluye de facto a los gobernadores de las provincias ribereñas del Paraná, muchos de ellos aliados al propio gobierno de Javier Milei. Así, de concretarse la licitación en marcha, ni el gobierno nacional ni las provincias tendrán lugar en la toma de decisiones sobre su principal ruta del comercio exterior.
La privatización del Paraná coincidirá con otras políticas similares del gobierno nacional en lo portuario, como el intento de desregulación del cabotaje y la intervención del Puerto de Ushuaia, entre otras.
La licitación tuvo un primer intento fallido, que terminó en febrero del 2025, cuando se presentó una sola oferta, tras denuncias cruzadas y sospechas de direccionamiento. Ahora, el gobierno decidió avanzar en un segundo llamado, que ya transitó dos de las tres etapas de evaluación de las ofertas.
Las empresas que se disputan el control del Paraná son tres: Jan de Nul, que hace el mantenimiento del canal de navegación desde la privatización menemista de la década del 90; la también belga DEME NV, y la brasileña DTA Engenharia.
Pese a su capacidad probada en nuestra propia región, y a que públicamente anunció que ofertaría por debajo del presupuesto oficial determinado por el gobierno de Milei, DTA fue descalificada en el primer paso de las evaluaciones, por no presentar garantías burocráticas.
Entonces, el negocio –que promete facturar cerca de 300 millones de dólares cada año durante los próximos 25 años- quedará para alguna de las dos firmas belgas.
Tal como sucedió en 2025, las denuncias por direccionamiento se multiplican a medida que avanza el proceso. Ahora, el diputado nacional Jorge Taiana pidió suspender toda la privatización del Paraná, asegurando que no se realizaron los estudios de impacto ambiental.
Mientras el Foro por la Recuperación del Paraná denuncia el riesgo ambiental de profundizar aún más la Vía Troncal de Navegación, las decisiones sobre cómo será el río se toman bien lejos de las provincias argentinas.
Conscientes de la relevancia estratégica de la vía, el gobierno de Milei buscó blindarse en su alianza con Dondal Trump e incluyó una cláusula específica que prohíbe a empresas chinas –que realizan el dragado en otros países de la región y el mundo- participar en la licitación.
Pese a eso, tanto China como Estados Unidos buscan influir en aspectos centrales de la licitación: desde la venta de tecnología a las alianzas con la empresa que se adjudique el negocio.
Y, con el lobby a toda marcha, las propias firmas buscan conseguir el respaldo internacional a su propuesta. Así, DEME pegó primero: dejó trascender informalmente un acuerdo con firmas de Estados Unidos para ser socias si ganaba la compulsa, y denunció que Servimagnus –aliada de Jan de Nul- tenía socios chinos.
En el círculo rojo, la movida sirvió para instalarla como la empresa del lado de Estados Unidos. Esto, pese a que las propias firmas del gigante norteamericano desmintieron tener acuerdos con DEME, y a que dichos entendimientos no están en la oferta que DEME presentó al gobierno argentino. La segunda parte de la jugada tuvo efecto: Jan de Nul tuvo que salir a desmentir un acuerdo con China.
En realidad, ambas empresas de tamaño global tienen antecedentes con empresas del gigante asiático. El dragado es un negocio que suele realizarse con la unión entre distintas empresas, que hoy compiten en Argentina, pero mañana son socias en Brasil, Uruguay o los Países Bajos.
Es un negocio donde pocas empresas de tamaño global suelen participar en las licitaciones, con acuerdos que se tejen para cada uno de los negocios en disputa.
Así, Servimagnus efectivamente fue socia de una empresa china en un trabajo de dragado en nuestro país. Ese contrato finalizó en 2020.
Pero también DEME registra antecedentes junto a CCCC Shanghai Dredging Co, la principal empresa de dragado china –que, por ejemplo, realiza tareas en Montevideo, Uruguay-. Por ejemplo, se presentaron juntas en Guayaquil (Ecuador), en 2018, o en la propia licitación que intentó hacer el gobierno de Alberto Fernández, en 2022.
Más allá de las empresas chinas, hasta tal punto suelen mezclarse las competidoras que incluso DEME y Jan de Nul son socias en distintos contratos, como el proyecto de una isla artificial que ambas realizan frente a las costas de Bélgica.
Mientras el lobby se centra en los antecedentes con empresas chinas, la verdadera disputa se da en el capítulo tecnológico de la licitación.
Si bien la gestión estatal avanzó en la instalación de bases con radares y monitoreo de la navegación, su desarrollo quedó a mitad de camino, y el nuevo contrato implica profundizar las tareas de vigilancia de una ruta siempre cuestionada.
En ese capítulo, los papeles parecen invertirse, y ser DEME la más cercana al gigante asiático que el gobierno tanto busca bloquear. La propuesta incluye tecnología de países tan disímiles como Alemania, Australia, y Canadá, pero también de China.
Según trascendió, la empresa retadora ofrece instalar un sistema de seguimiento satelital de los buques (VTS) de la firma Wartsila. Si bien es de origen finlandés, la tecnología es de origen ruso, y los principales contratos de la firma son con empresas bajo la órbita de Vladimir Putin.
Ese mismo sistema vendió la empresa a China para realizar el seguimiento de flotas navales en las distintas hidrovías del gigante asiático. La firma, que incluye además distintas ramas de ingeniería civil, se asoció a otra firma china para el desarrollo de energías renovables en China.
En el rubro cámaras de video vigilancia, la cercanía entre DEME y China es aún mayor: la firma propuso instalar unidades de la firma Raythink-Tech. Pese a su nombre, se trata de una empresa China con sede en Shandong, República Popular China.
Desde la otra vereda, Jan de Nul presentó una propuesta donde mantiene proveedores argentinos, pero el origen de la tecnología sería de Estados Unidos y Países Bajos.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Página 12, Periferia, El Destape, Tiempo Argentino, Perfil, Radio La Compañía / Agencia FARCO, La Izquierda Diario

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