In memoriam
El investigador y activista indígena Mairu Hakuwi Kuady Karajá falleció a los 30 años. No se ha revelado la causa de su muerte. Reconocido por su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por generar conocimiento desde perspectivas indígenas, Mairu era estudiante de doctorado en Derecho en Francia y se convirtió en un modelo a seguir para jóvenes indígenas de diferentes grupos étnicos.
El traslado lo había ordenado una resolución judicial tras el pedido de la defensa del lonko, a cargo de la Gremial de Abogados. Sin embargo, a último momento la Fiscalía apeló y el traslado se suspendió hasta la próxima audiencia, fijada para el 23 de junio.
En esa audiencia, la Fiscalía planteará sus argumentos para evitar el traslado, mientras que desde la Gremial adelantaron que los refutarán y volverán a avalar la decisión tomada por el juez
Cabe señalar que hace pocos días el juez federal de Bariloche Ezequiel Andreani había aceptado este traslado a la Unidad 14 de Esquel, luego de reiterados pedidos por parte de la Gremial de Abogados, para que el Lonko pudiera estar cerca de su familia y comunidad, y a pesar de los rechazos del Servicio Penitenciario Federal y la Fiscalía. Pero ante la nueva apelación presentada por la Fiscalía, la acción se demorará al menos hasta la audiencia del 23 de junio.
Este paso atrás se suma, a su vez, a la decisión tomada por el Tribunal de aceptar el pedido de la Fiscalía de prorrogar por otros tres meses la prisión preventiva de Facundo Jones Huala. Sin embargo, los magistrados también resolvieron que no había mérito para considerar que los hechos que se investigan y se le pretenden atribuir a Jones Huala hayan puesto en riesgo la vigencia de la Constitución Nacional, por lo que desestimaron ese cargo, que era la principal acusación, que contenía la pena más severa.
Jones Huala retoma huelga de hambre seca
Desde
junio del año pasado el presidente Javier Milei, su gabinete nacional y
el gobernador Ignacio Torres de Chubut, de la mano de Patricia Bullrich
y aliados al juez Gustavo Zapata y la fiscal Ángela Pagano Mata
mantienen al Lonko Facundo Jones Huala encarcelado en la prisión de
máxima seguridad de la ciudad de Rawson-Chubut sin tener fundamentos
concretos, sin condena. Nuevamente habrá una prisión por tres meses como
va sucediendo desde que se encarceló al Lonko.
La semana pasada se
apeló su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Esquel y se frenó,
ahora habrá que esperar la respuesta el día 23 de junio en la Cámara
Federal de Apelaciones de General Roca de la provincia Río Negro
mientras tanto la salud física, mental, espiritual y emocional de
Facundo depende de un hilo.
Hoy el Lonko realiza huelga seca para pedir su libertad, ya hace 49 días que está de huelga de hambre.
Desde
el Pueblo Mapuche Tehuelche solicitamos acompañamiento a los pu lamngen
y la sociedad consciente, para exigir su libertad inmediata y también
realizar guillatun ya que estamos en vísperas de wiñol tripantü, evento
muy importante en nuestro pueblo.
El Lonko Facundo Jones Huala es una
autoridad mapuche muy imprescindible en nuestro pueblo y como ser
humano necesario para equilibrar nuestra naturaleza.
15 de junio 2026
Personas y organizaciones de Argentina y distintos países solicitan la libertad de Facundo Jones Huala
A continuación transcribimos el pronunciamiento:
Las
organizaciones y personalidades abajo firmantes, nos pronunciamos ante
la gravísima situación que atraviesa Facundo Jones Huala, Lonko,
integrante del pueblo mapuche tehuelche, encarcelado desde hace un año
en la Unidad N° 6 de Rawson, cárcel de máxima seguridad, en el marco de
una prisión preventiva que se prorroga automáticamente sin una
imputación clara en su contra.
La situación legal: Facundo Jones
Huala, detenido desde hace un año en prisión preventiva, se encuentra
siendo “investigado” por el Fiscal Federal de Bariloche Oscar Fernando
ARRIGO, sin que exista aún una acusación clara por un delito.
Aparentemente las hipótesis de la investigación incluyen el delito de
asociación ilícita para poner en riesgo la vigencia de la Constitución
Nacional e imponer sus ideas por la fuerza; todas ellas figuras penales
sumamente amplias y profundamente políticas, que habilitan medidas
extremas como su prisión preventiva (sin juicio y sin condena) y afectan
su derecho de defensa y a la presunción de inocencia.
Respecto de
los hechos que forman parte de la investigación, lo que se supo es que
la detención de Facundo se produjo después de la presentación de su
libro de poemas, donde se habría expresado, metafóricamente, sobre la
necesidad de “prender fuego” el sistema. Con éste pretexto, desde hace
un año, se prorroga automáticamente su detención; ello a pedido del
Fiscal ARRIGO y con la aquiescencia del Juez Federal Gustavo ZAPATA, que
autorizó la prórroga constantemente, sin proteger las garantías del,
hasta ahora, investigado.
El poder político y mediático construyó
sobre la figura de Facundo Jones Huala un perfil orientado a la
estigmatización del pueblo mapuche tehuelche, bajo el mote de
“terrorista”; una figura que tiene suma utilidad política para el
gobierno nacional en su afán de construir un enemigo interno en la
Patagonia, para garantizar los negocios inmobiliarios y extractivistas:
Por
eso, DENUNCIAMOS que Facundo Jones Huala es un PRESO POLÍTICO, ya que
su detención no guarda relación alguna con hechos que den fundamento a
esa situación; en una prisión preventiva que lleva un año y sin que
exista una acusación concreta y un juicio para determinar su
culpabilidad.
DENUNCIAMOS que hoy la integridad física y la salud de
Facundo Jones Huala se encuentra en grave peligro, ya que, luego de 35
días de huelga de hambre líquida, hace 6 días que se encuentra en huelga
de hambre seca para visibilizar su situación de encierro injusto y por
su traslado a la cárcel federal de Esquel.
SOLICITAMOS a todos los
sectores y personalidades que defienden las libertades democráticas que
se pronuncien al respecto y efectúen acciones de visibilización y
pedidos concretos a las autoridades judiciales del Poder Judicial de la
Nación en Bariloche para que produzca la libertad de Facundo Jones
Huala y, hasta que ello ocurra, se concrete su traslado a la Unidad N°
14 (SPF) de Esquel, para que pueda estar más cerca de su familia y
territorio.
Antes de hacerse público el pronunciamiento anteriormente
transcrito, el Juzgado Federal de Bariloche dispuso el traslado de
Facundo Jones Huala a la Unidad N° 14 de Esquel, que se encuentra a
cargo del Servicio Penitenciario Federal y al día de la fecha no se hizo
efectivo. En el día previo Jones Huala había sido traslado al Hospital
de Rawson, con su salud muy delicada como consecuencia de los más de 30
días en que mantuvo una huelga de hambre. Si bien la situación de Jones
Huala mejoró, en la unidad N° 14 de Esquel, sigue vigente el pedido de
libertad, ya que su situación de detención igualmente se sigue
prolongando de manera injusta e infundada.
Son más de 300 firmas que
llegaron desde Argentina, Latinoamérica y Europa: Florencia González,
Presidenta del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de la
Provincia de Chubut, Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de la
Provincia de Chubut, Trelew, Chubut; Viviana Arancibia, Docente, Chubut;
Alejandro Todaro, Salud, Buenos Aires; Alba Bruzzoni, Jubilada docente,
Liga Argentina por los Derechos Humanos, Santa Fe, Argentina; Raúl
Ángel Mazzone, Equipo Pastoral Iglesia Evangélica Metodista Argentina de
Trevelin, APDH Regional Esquel Trevelin; Ángel Panduro, Liga Argentina
por los Derechos Humanos, CABA; Claudia Andrea Gotta, Militante por los
Derechos Humanos, Directora Programa Académico Bioceno, APDH y
Universidad Nacional de Rosario; María Elena Priego Castellanos,
Empresaria, Izquierda Unida, Madrid; Daniel Casado de Luis, Estudiante
universitario, Madrid; Radouane Zidi, Abogado mediador, Asociación
ADEME, Móstoles, Madrid; Juan Carlos Tizón García, Izquierda Unida,
Madrid; Oscar Nembrini, Jubilado, España; Mirta Emilce Sgro, Docente,
Bachilleratos Populares, CABA; Sandra Isabel Eizaguirre, Auxiliar de
educación, ATE Sur, Lomas de Zamora; Modesto Pelayo, Arqueólogo, Ateneo A
Galopar, Málaga; Ana Sánchez Paz, Labores domésticas, Jimera de Líbar,
Málaga; Inmaculada Guerra Falcón, Mediadora intercultural, Las Palmas de
Gran Canaria; María Leonor Moyano (Nora), Docente jubilada UNCuyo,
Asamblea de Las Heras por el Agua Pura y Asamblea por Necesidad y
Urgencia; Marta Berretta, Mapuche, Lof Epu Lafken, Los Toldos; Marcelo
Perini, Docente, AGMER, Entre Ríos; Gustavo Aranda, Psicoanalista,
Patria Grande; Gleice Oliveira, Historiadora y profesora, SEMED, Manaus,
Brasil; Enrique Gandolfo, CTA Bahía Blanca; Marta Maffei, Docente
jubilada, Campaña Plurinacional Agua para la Vida; Jaldía Abubakra,
Movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama; Jaldía Abubakra, Movimiento
Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina, Masar Badil; Alejandra María
Carrizo, Trabajadora de salud pública y militante de Derechos Humanos,
APDH Regional Formosa; Mar Libre de Petroleras La Costa, Ambientalismo;
Rete Internazionalista per il Popolo Mapuche; Norma Ríos, Presidenta
Honoraria APDH Argentina; APDH Regional Rosario; Marcela Santucho
Villarreal, Antropóloga, Legado de Mario Roberto Santucho; Ron,
Intérprete sanitario, JARDUN Koordinadora, Euskal Herria; Marx21.net,
Red Anticapitalista en el Estado Español; David Karvala, Activista y
autor marxista, Marx21.net; Roberto Murillo Madrigal, Filósofo,
Observatorio Ético Internacional (OBETI); La Ciega, Colectivo de
Abogadxs populares; OBETICA Observatorio, y siguen las firmas…
Apelación presentada por la defensa el 11/6
Este
jueves 11 de junio se realizó la audiencia por la apelación que
presentó la defensa del lonko contra esta nueva prórroga. A pesar de que
la fiscalía no pudo responder con claridad las preguntas de los jueces
revisores, el Tribunal confirmó tres meses más de prórroga de la prisión
preventiva. Sin embargo, consideró además que no hay mérito para
considerar que los hechos que se investigan y se le pretenden atribuir a
Jones Huala hayan puesto en riesgo la vigencia de la Constitución
Nacional, por lo que desestimaron ese cargo, que era la principal
acusación, que contenía la pena más severa.
Reproducimos comunicado de la Gremial de Abogados, a cargo de la defensa de Facundo Jones Huala
NUEVA
PRORROGA DE TRES MESES EN LA PRISIÓN PREVENTIVA DE FACUNDO JONES HUALA.
AUN ASÍ, SE LES CAYÓ EL DELITO MÁS GRAVE DE LA ACUSACIÓN FISCAL
Sin luchar es imposible conseguir algo. Y menos en la Argentina actual.
Facundo estaba acusado de delitos gravísimos que implican amenazas de altas penas.
Lo acusaban de actividades que atentan contra la Constitución Argentina. Es el cargo más grave.
Lo acusan de formar una asociación delictiva con el objeto de imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza.
Junto a la apología del crimen.
Se
cumplió un año de su prisión y cada tres meses la Fiscalía pide una
prórroga de la prisión preventiva y los jueces la otorgan.
Luego el Tribunal de Revisión de Roca lo confirma.
Durante este año la Fiscalía no trajo nada que pruebe sus pretensiones.
Absolutamente nada.
Cuenta con todo el apoyo de las estructuras de inteligencia de la Argentina, de Chile y de los gringos del norte.
Y nada.
Le hacen la segunda al Ministerio de Seguridad.
Y nada.
Dicen que trabajan codo a codo con las fiscalías chilenas.
Y nada.
Todo
es venta de humo que les ha alcanzado (hasta ahora) para que jueces y
tribunales superiores les banquen el sostenimiento de una prisión sin
ningún otro fundamento que su relato obsesivo (su famosa “teoría del
caso).
Pero el cuento se les empieza a resquebrajar.
Cada vez les cuesta más sostenerlo.
En parte porque chocan con la propia realidad y porque su “teoría del caso” es realmente insustancial.
Y en una pequeña parte también porque en frente nos tienen a nosotros que no se la hacemos fácil.
En definitiva, resultó que hoy, 11 de junio, se hizo la audiencia por la apelación que presentamos contra la nueva prórroga.
Les
tiramos con todo lo que teníamos, al punto que la Fiscalía no pudo
responder con claridad ni convicción las preguntas de los jueces
revisores respecto de los delitos por los que está preso Facundo.
Finalmente el Tribunal, a regañadientes y aclarando que es “por ahora”, confirmó los tres meses más de prórroga.
Pero, por segunda vez en pocos días, la fiscalía y los “estrategas” del Ministerio de Seguridad recibieron un gran cachetazo.
El
Tribunal consideró que no hay mérito alguno para considerar que hechos
que se investigan y se pretende atribuir a Facundo hayan puesto en
riesgo la vigencia de la Constitución Nacional.
Y por lo tanto desestimó ese cargo.
Se cayó, entonces, la principal acusación.
La que contenía la pena más severa.
Nos
rechazó nuestra petición de medidas alternativas a la prisión,
indicando que aún no hay suficientes garantías de que Facundo no se
escaparía, en contraposición con el hecho de que si resultara condenado,
la pena sería de cumplimiento efectivo.
Tendremos que ocuparnos de eso.
Facundo seguirá tres meses más en cana.
Y,
aunque la amenaza de una pena gravísima quedó diluida, nos cabe buscar y
ofrecer las garantías de que, si le otorgarán un beneficio, no se
fugará.
Así pues, ahora hay que garantizar el cumplimiento del
traslado por parte del gobierno y agregar esta nueva tarea para los
próximos tres meses.
La Red Contra la Violencia Institucional de Salta denuncia a la Jueza Diez Barrantes
Por Marianela Mamaní
La
semana comenzó con marchas y protestas en Cachi y Salta Capital, en
forma simultánea, donde miembros de comunidades originarias denunciaron
que «intereses extranjeros arrasan con la tierra ancestral» sin
importarles su historia ni cultura. Asesores legales de las familias
afirman que los niños fueron sometidos a un «asedio policial».
En
medio de la creciente tensión por los desalojos en Las Pailas, el
abogado Martín Plaza habló con Gente de Salta e indicó que presentó
un hábeas corpus preventivo y colectivo de urgencia contra la Policía de
la Provincia, particularmente contra el Cuerpo de Infantería y la
Unidad Regional Nº 12 de Cachi.
La acción judicial solicita el cese
inmediato del hostigamiento, del cerco policial y de cualquier amenaza
de desalojo forzoso o detención «por vías de hecho», al considerar que
las fuerzas de seguridad excedieron los límites de la orden judicial
original.
El recurso fue interpuesto en favor de integrantes de la
familia Guzmán, entre ellos dos menores de edad y un joven con
discapacidad, identificado en la presentación como sujeto de preferente
tutela constitucional.
Uno de los puntos más sensibles del planteo es
que, según el escrito, la familia Guzmán no forma parte del expediente
civil «Wayar vs. Mamaní», origen de la orden de desalojo. De acuerdo con
la presentación, sus integrantes nunca fueron demandados ni tuvieron
participación en el proceso judicial, por lo que denuncian que quedaron
sometidos a un «asedio policial» producto de un exceso en la ejecución
material del procedimiento.
En ese sentido, el hábeas corpus sostiene
que la orden de desalojo debía limitarse originalmente a una fracción
de cuatro hectáreas y a la situación particular de Agustín Mamaní. Sin
embargo, denuncia que el despliegue de las fuerzas de seguridad derivó
en el cercamiento de la vivienda de terceros ajenos al litigio, mediante
un operativo calificado como violento e intimidatorio.
Asimismo, se
solicitó la intervención urgente de la Asesoría de Menores e Incapaces
y, de corresponder, de la fiscalía penal competente, con el objetivo de
verificar la legalidad del procedimiento y los límites geográficos de la
medida ejecutada.
En este contexto, organizaciones indígenas y de
derechos humanos se manifestaron en las calles salteñas para denunciar
este desmedido operativo policial que comenzó el viernes por la noche y
se extendió hasta el domingo, en el paraje Las Pailas, de la localidad
de Cachi, donde varias familias de la comunidad Diaguita-calchaquí
fueron desalojadas de territorios que consideran ancestrales.
Según
referentes de la comunidad, el procedimiento afectó a varias viviendas y
familias que no estaban incluidas en la orden judicial original.
De
acuerdo con las denuncias, participaron cientos de efectivos policiales
y el operativo derivó en el retiro de pertenencias y el desplazamiento
de familias que habitan la zona desde hace décadas.
La comunidad
sostiene que se violaron derechos territoriales reconocidos por la
Constitución Nacional y tratados internacionales sobre pueblos
originarios.
Puntualmente, el operativo judicial y policial se
concretó este viernes, en el paraje San Gabriel, del departamento de
Cachi, donde efectivos de Infantería y personal de la Justicia avanzaron
con una orden de desalojo sobre seis familias que residen en la zona de
Las Pailas, en el marco de un conflicto por tierras que se extiende
desde hace unos 15 años.
El expediente que dio origen a la orden
judicial fue iniciado en 2010, por los propietarios de los
terrenos, encabezados por María Florencia Wayar y otros integrantes de
esa familia.
A modo de protesta, miembros de diferentes
comunidades se congregaron este lunes por la mañana, en la Plazoleta IV
Siglos, para expresar su apoyo a la comunidad diaguita calchaquí y
reclamar por la restitución de las tierras.
En ese marco, Elba Coyo,
originaria del paraje Agua Negra, expresó a este medio su indignación
por el “trato indigno” que recibieron las familias de Las
Pailas: “Estamos solidarizándonos, apoyando a los hermanos de Las Pailas
que fueron desalojados de manera violenta e ilegal. Los han dejados sin
sus tierras”.
Y lamentó: “No tuvieron piedad con los abuelos, niños
y discapacitados. La gente vive del campo y de lo que producen, de los
animalitos. No tuvieron piedad de nada, los dejaron afuera, imagínense
con el frío este. Están armando carpas a la orilla del camino porque no
tienen otro lugar a donde ir”.
Elba se mostró acongojada por la
situación que atraviesan estas familias pero aseguró que teme que sigan
avanzando con la expropiación de más tierras ancestrales: “Ahora la
mayoría de los dueños de las tierras son extranjeros, a los que no les
interesa la contaminación del medio ambiente, de lo que sufren los
animales y sus consecuencias. Es injusto lo que están haciendo”.
Con
lágrimas en los ojos, la mujer advirtió: “No va a quedar nadie ahí. No
sabemos qué propósito tienen pero sí sabemos que son mezquinos y los
extranjeros no saben convivir con los originarios, se molestan, no
entienden de nuestra cultura”.
Consultada sobre si el gobierno
nacional o provincial intervienen a favor de los originarios, Elba fue
tajante y expresó: “El gobierno es el que se encarga de todo esto. Ya
nos bajó una ley que nos protegía en contra de los desalojos. El
Gobierno nos abandonó porque somos los pobres”.
Y agregó: “Ellos
están para los ricos, para las grandes multinacionales y todo lo que sea
dinero. A nosotros no nos quieren”.
Por su parte, el abogado
Martín Plaza, que asiste legalmente a la comunidad, denunció que el
desalojo “es ilegal por donde se lo vea”, ya que se ordenó en la previa
del fin de semana largo, con lo que cualquier presentación judicial de
defensa indígena debe esperar hasta este martes.
El letrado también
se mostró indignado por la “furia institucional” y la presencia policial
en la zona, que arrasaron con familias enteras, ancianos,
discapacitados, animales y la producción en la que habían trabajado: “el
desalojo fue totalmente ilegal y con una fuerza totalmente
desproporcionada, ya que se comisionaron a más de 600 efectivos de la
Infantería provincial para realizar el desalojo, que empezó el viernes a
la tarde y continuó hasta ayer a la noche, desalojando a las últimas
familias, muchas con niños menores y adultos mayores”.
“Se avasalló
de manera brutal a la comunidad originaria de Las Pailas en Cachi”,
enfatizó Plaza y adelantó que este martes ingresará a la Justicia un
pedido de nulidad para que se restituya justamente las viviendas a los
comuneros y a todas las personas desalojadas de la comunidad.
La
pelea judicial por las cuatro hectáreas se retrotrae a una sentencia
dictada por la justicia salteña, en 2012, que reconoció a Florencia,
Carolina y Oscar Wayar la propiedad de ese predio, que Agustín Mamaní
arrendaba, una práctica habitual en la provincia, donde personas que
habitan y trabajan un terreno no tienen el título de propiedad y son
obligadas a pagar a un titular registral para seguir produciendo en el
lugar.
En este caso, se le exigía a Mamaní que devolviera las cuatro
hectáreas por haberse vencido un contrato de arriendo, que se acordaba
desde 2001, antes de la ley 26160.
La falta de reconocimiento de
los derechos de las comunidades indígenas antes de la existencia de la
ley 26160 (2006), y del artículo 9º de la Ley provincial 7658 (para
evitar el desalojo de campesinos), permitió a titulares registrales
hacerse de las tierras como propias a través del cobro de arriendo.
Si
bien la ley 26160, que declaraba la emergencia de la propiedad
comunitaria indígena, ordenaba un relevamiento catastral y suspendía los
desalojos de comunidades indígenas, fue eliminada por el gobierno de
Javier Milei, los legisladores provinciales omitieron tratar la prórroga
del artículo 9 de la ley provincial en 2025.
Sin esa prórroga, hay
un alto riesgo de desalojos en tierras trabajadas por el
campesinado. Fue a partir de esta desprotección legal y la caducidad del
contrato de arriendo que los Wayar lograron la medida de desalojo
ejecutada el viernes.
FUENTE: Gente de Salta
La Red Contra la Violencia Institucional de Salta denuncia a la Jueza Diez Barrantes
Destacan que actuó de manera grosera e ilegal en el desalojo de familias diaguitas en Las Pailas, sin contemplar derechos indígenas. Además falló con arbitrariedad judicial, a favor de Florencia Wayar y su familia.
Compartimos Comunicado:
Ante el violento desalojo sufrido por la comunidad Diaguita Kallchaqui de Las Pailas (Cachi) el día 10 de junio, los integrantes de la Red contra la Violencia Institucional de Salta denunciamos a la Jueza María Fernanda Diez Barrantes del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5, quien ordenó esta acción ignorando las presentaciones del Instituto Provincial de Pueblos Originarios (IPPIS), de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas de la provincia, de la senaduría provincial y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y negando así a la comunidad su derecho a defensa.
Denunciamos que la medida ordenada ilegalmente por la jueza Diez Barrantes desconoce los Derechos Constitucionales de los Pueblos Originarios, establecidos en el Art, 75 Inc. 17 y 22 y que la arbitrariedad judicial se lleva a cabo con el único fin de favorecer a la terrateniente Florencia Wayar y flia., quien pretende usurpar y tomar posesión de territorios originarios.
Denunciamos que Diez Barrantes actuó de manera tan grosera e ilegal que mientras la sentencia afectaba a una sola familia y se reducía a 4 hectáreas, el mandamiento de la jueza fue firmado por 40 hectáreas afectando a muchas familias que nada tenían que ver con esta causa, dañando gravemente a todo el pueblo, arrasando con rastrojos de siembra y animales, arrancando a las familias de sus hogares y privándolas de sus medios de subsistencia.
Pero denunciamos también al Estado Nacional y Provincial porque lo que hoy sufren las familias de Las Pailas es lo mismo que vienen sufriendo las comunidades originarias de todo el país, perseguidas y criminalizadas como usurpadoras de su propia tierra.
Como afirma Osvaldo Bayer, desde la colonización occidental cristiana y europea hasta la Campaña del Desierto del genocida Roca y desde allí a la negación de los derechos a los auténticos habitantes de la tierra por los gobiernos que se sucedieron, la “Conquista del Desierto” continúa hoy bajo otro ropaje del sistema económico depredador. Es lo que sucede en Salta con los pueblos originarios despojados de sus tierras y sus recursos por terratenientes y empresarios con la connivencia del poder judicial represor y con el apoyo de gendarmes y policías.
De lo que se trata es de un exterminio planificado que condena a las comunidades a la expulsión y el abandono para garantizar los negocios de empresas inmobiliarias, corporaciones agropecuarias, mineras, terratenientes, multinacionales, etc.
De un plan de despojo sistemático impulsado desde el Estado Nacional y Provincial que se profundiza y recrudece con la anulación de la ley 26160 que protegía la propiedad comunitaria y que fue derogada por decreto por Milei en 2024.
Hoy la infantería siguió reprimiendo en Las Pailas, bajo órdenes de la jueza Diez Barrantes y del fiscal Escalante. Fueron a desalojar a una familia con niños menores y un chico con discapacidad y en este momento la comunidad se encuentra en lucha por su territorio y sus derechos.
Desde esta Red nos sumamos a su lucha y convocamos a una *conferencia de prensa que tendrá lugar el martes 16 de junio a horas diez en el bar Los Tribunales y que contará con la presencia de diversas asociaciones de abogados y de la abogada que representa a las familias de Las Pailas, la doctora Verónica Huber.*
NO A LOS DESALOJOS ARBITRARIOS
NO A LA JUSTICIA FRAUDULENTA
NO A LA VIOLENCIA ESTATAL
Video: @lxsfierxs_abyayala
Ordenan desalojo de una comunidad mapuche en favor de una firma de la dictadura
Con
las firmas de los jueces Liliana Laura Piccinini, Sergio M. Barotto y
Sergio Gustavo Ceci, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro
desestimó el último recurso de queja que presentó la defensa de la
comunidad mapuche Lof Peñi Núñez Álvarez de la Costa del Colorado, en el
Paraje La Japonesa, departamento de Avellaneda. De este modo, los
magistrados dejaron firme la orden de desalojo que impulsó la
firma Exelia S.A. sobre las fracciones del Lote identificado como X. La
resolución prioriza los tecnicismos de forma por encima del
reconocimiento de la preexistencia étnica y los derechos humanos
fundamentales.
La controversia jurídica, una vez más, expone la
brecha entre una supuesta legalidad registral y el derecho indígena de
raigambre constitucional. Mientras la firma demandante exigió la
devolución del predio en base a títulos de propiedad, los comuneros
demandados, bajo la representación de Alberto Alfredo Núñez y el
patrocinio de la letrada Ana Dominga Huentelaf, invocaron la posesión
actual, tradicional y pacífica que las normativas nacionales e
internacionales garantizan a las comunidades originarias.
A través de
un comunicado público, el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río
Negro expuso la raíz histórica del despojo y denunció el sesgo del
aparato estatal. “La Comunidad Álvarez Núñez tiene posesión Actual,
Tradicional y Pública en las tierras que ancestralmente se han
desarrollado criando animales”, remarca el texto. El escrito detalla
que “sus abuelas y abuelos se asentaron allí porque era territorio sin
alambrados y tierra Mapuche“, un espacio geográfico donde sostenían una
gran movilidad para el cuidado de sus ovejas, chivas, vacas y caballos.
El
trasfondo histórico del nacimiento de la Sociedad Anónima arroja
severas dudas sobre el origen de la titularidad de la tierra. Según el
fallo de primera instancia, Exelia S.A. nació en1974 bajo el objeto de
recuperación de “tierras áridas y forestación”. Cuatro años más tarde,
en pleno desarrollo de la última y sangrienta dictadura cívico-militar,
la empresa consolidó su dominio sobre estos suelos. De acuerdo con los
registros del Juzgado Civil, Comercial y de Sucesiones N° 31 de Choele
Choel, Umberto Francisco Conforti transfirió y cedió las fracciones en
disputa a su empresa bajo la figura de un “aporte de capital”, acto que
quedó formalizado mediante la Escritura Pública Nº 98 del 14 de marzo de
1978.
Sin embargo, el expediente judicial adolece de una omisión: el
fallo de primera instancia no especifica a qué persona o entidad
pública le compró originalmente las tierras Umberto Conforti antes de
transferírselas a su propia empresa. El tribunal consideró suficiente
remontarse al año 1978, ignorando el proceso de adquisición previo en
una época signada por el terrorismo de Estado y la apropiación ilegal de
bienes; hechos que las comunidades mapuche tehuelche sufren desde las
campañas militares que, a sangre y fuego, anexaron las tierras indígenas
al Estado argentino a finales del siglo XIX.
El werken Orlando
Carriqueo, integrante de la Zona Valle del Parlamento Mapuche Tehuelche
de Río Negro, aportó precisiones fundamentales sobre el arraigo de la
lof en el paraje. Su testimonio destruye la versión corporativa de
“terreno improductivo” y remonta la presencia mapuche a épocas muy
anteriores a la conformación de la sociedad anónima. En una comunicación
explicó: “La comunidad está en ese territorio desde antes de 1950. Al
reconstruir la historia, se observa que el abuelo Álvarez ya vivía allí;
su padre nació en el lugar, su madre también nació allí y aún reside en
la zona con más de 90 años de edad. Asimismo, los Núñez tienen sus
raíces en el territorio: sus abuelos ya lo habitaban y, de hecho, la
abuela Núñez vivía en el lote conocido como Lote 11”. Este lazo
ininterrumpido con el territorio expone, según describió, “la típica
historia de las familias que son corridas del territorio, sin trámites
legales y sin la posibilidad de acceso a la justicia”.
El relato del
referente indígena también expone las estrategias de engaño y
subordinación que los supuestos propietarios emplearon históricamente
para regularizar el despojo. Al respecto, detalló: “Tenemos datos que
estos desplazamientos se hacían y que tenemos mucho conocimiento de eso
en otras situaciones, en otros campos en el sur, donde el ‘turco’
aparecía con los papeles del campo y al que había nacido ahí lo dejaba
de puestero y le dejaba tener sus animales. Esa misma situación sucedió
acá, lo único que cambia es que le hicieron firmar un comodato, en esa
situación de vulnerabilidad las personas no tenían otra opción que
firmar o irse con sus animales de ahí”. De acuerdo con su análisis, este
escenario de desprotección absoluta frente a las presiones
empresariales “recién cambia cuando aparece la posibilidad de registrar a
la comunidad, de relevar la historia”, muchas décadas después.
El
comunicado del Parlamento Mapuche Tehuelche conecta de forma directa el
nacimiento de la firma con ese período del país: “En los años de la
dictadura llegaron empresas de Buenos Aires que corrieron a la gente del
lugar. Venían con papeles y la fuerza pública, situación que vivieron
familias de la Costa del Río Colorado, expulsados de su propia tierra”.
Los pobladores explican que, tras el retorno democrático en 1983, “las
empresas también fueron abandonando el territorio, por eso las familias
mapuche, como Álvarez Núñez, regresaron a reivindicar las tierras en las
que nacieron sus padres y vivieron sus abuelos”. Durante las décadas
siguientes, el conflicto sumó denuncias de especulación e
irregularidades. Las críticas de la comunidad apuntan ala estructura
judicial y administrativa de Río Negro: “Avalados por el Poder Judicial,
han reclamado empresas extintas con poderes notariales de dudosa
procedencia. Abogados inescrupulosos con boletos de compra venta,
amenazas de la policía”.
La actualidad fiscal de Exelia S.A. añade un
manto de sospecha sobre la legitimidad operativa de la actora. Al
consultar los registros oficiales de la Agencia de Regulación y Control
Aduanero (ARCA), el sistema arroja una advertencia taxativa: “La CUIT
del contribuyente fue limitada en los términos de la RG AFIP 3832/16.
Motivo: CUIT LIMITADA – Falta Inscripción en Impuestos o
Regímenes”. Adicionalmente, el organismo recaudador señala que la
firma “registra pendiente la constitución del domicilio fiscal
electrónico”. Resulta paradójico que una entidad comercial con su clave
tributaria restringida por incumplimientos sustanciales reciba el aval
absoluto de la justicia para activar el desalojo forzoso de familias que
el Estado vulnera históricamente.
En este sentido, el referente
mapuche enfatizó la concepción extractivista y mercantil frente al valor
existencial que el territorio representa para su pueblo, “una
contraposición que refuerza la ilegitimidad de una corporación que ni
siquiera regulariza su situación fiscal”. Asimismo,
concluyó: “Claramente son sociedades anónimas que aparecieron en la
década de los 70, en plena dictadura militar, y que hoy a través de
esas compañías que están extintas reclaman un pedazo de tierra que para
ellos sigue siendo un negocio, pero para la comunidad es una proyección
como familias mapuche, como crianceros y de su cultura”.
La comunidad
adjudica el desenlace de la causa a una connivencia política y
económica que bloquea la aplicación de los derechos indígenas. Según
expresaron, “la corrupción de los gobiernos y la Dirección de Tierras es
avalada por el poder judicial que no aplica el derecho indígena y los
fallos se suceden en contra de las comunidades. No se reconoce la
preexistencia. Tampoco la ocupación ancestral de la tierra“. En el mismo
sentido, denunciaron que el poder político local operó para impedir el
relevamiento catastral que prevé la legislación nacional: “El poder de
la derecha, la prensa, los sectores económicos y los gobiernos
provinciales como el de Río Negro propiciaron la no conclusión del
relevamiento de la ley 26.160”.
El Superior Tribunal de Justicia de
Río Negro optó por rechazar la queja de la comunidad argumentando una
deficiencia técnica insalvable en relación con su objeto. El fallo
sostiene que la defensa insistió en impugnar sentencias de fondo
anteriores en lugar de centrar su argumentación en rebatir la
denegatoria de la casación que emitió la Cámara de Apelaciones.
Asimismo, los jueces aplicaron de forma rigurosa la Acordada 09/23,
castigando formalidades como el exceso del límite obligatorio de diez
páginas y el uso de tipografía en negrita a lo largo de siete carillas.
Para la corte rionegrina, estos errores de diseño impiden cualquier
flexibilización de los rituales del proceso y parecen prevalecer sobre
los derechos indígenas.
La resolución judicial deja el camino
despejado para el uso de la fuerza pública en el Paraje La Japonesa,
bajo las directivas de la jueza Natalia Costanzo de Choele Choel. Ante
este panorama de vulneración y despojo, Carriqueo remarcó el
acompañamiento de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche y la
intervención del Consejo de Desarrollo de Comunidades
Indígenas (CODECI): “Se está trabajando en el marco del cumplimiento del
Artículo 59 de la Ley 5705 donde el CODECI, a partir de la Resolución
05/2025, mantiene un registro de posesión indígena que incluye la
georreferenciación y la localización de todas las comunidades y familias
mapuches dispersas en la provincia de Río Negro”. En este marco, la lof
anunció que sostendrá la permanencia en el territorio ancestral,
concluyendo su proclama con una advertencia contundente: “La comunidad
mapuche va a resistir en el territorio, porque no existe la posibilidad
de desaparecer. Porque luchar por el territorio es luchar por vivir y
por tener un futuro”.
Saquear nuestros bienes comunes no es un orgullo
577
onzas de oro son 17,95 kg de oro, un lingote y medio estándar que
entraría en un cartón de leche/vino de un litro. Esas 577 onzas ni
siquiera fueron procesadas en la provincia de Río Negro; la primera
parte se hizo en Santa Cruz y la segunda se hará en Canadá.
Pero el
gobernador declaró que si no fuera por el proyecto Calcatreu hoy ese
lugar seguiría siendo una roca, hoy es “Progreso”. Ese es el concepto
que tiene el gobernador de los territorios de la línea sur, de la meseta
rionegrina. No hay comunidades, no hay producción ganadera y agrícola,
no hay vida, el territorio es solo una roca que para progresar debe ser
dinamitada, volada por los aires, extraída con químicos, transitada por
cientos y miles de camiones. Un territorio que para que se dé el
progreso que pregona el gobierno debe estar cubierto de polvo con sus
aguas subterráneas contaminadas y consumidas.
¿A cambio de qué se
realiza este sacrificio del territorio y de nuestros bienes
comunes? Usemos el dato que nos da la prensa y el gobierno para
cuantificar el “progreso”. Para sacar 577 onzas de oro (ese lingote y
medio que entra en un cartón de un litro) hay que volar 8505 toneladas
de roca. Por cada tonelada de roca se sacan 2,11 gramos de oro, (sí: por
cada 1.000.000 de gramos de roca se sacan 2,11 gramos). Esas 8505
toneladas se bañan en una sopa química que usa y contamina las
aguas. Para mover esas 8505 toneladas se utilizan más de 300 camiones.
¿Cuánto se
lleva la empresa por esas 577 onzas que entran en un recipiente de un
litro? 2.350.000 dólares, o si se quiere 3.416.000.000 de pesos. ¿Y
cuánto le queda a la provincia? 70.500 dólares, o si se quiere 103
millones de pesos. Dinero que no cubre ningún plan mínimo de verdadero
desarrollo ganadero o agrícola, pero sí completaría el sueldo de un mes
que recibía la actual secretaria de minería en YPF puesta por el propio
gobernador.
Vienen por todo, con promesas falsas, con beneficios que son migajas.
Desde las
Asambleas del Curru Leufu reivindicamos la producción que genere vida y
no que la destruya, que genere trabajo verdadero y duradero, que cuide
nuestros territorios y nuestros bienes comunes.
¡NO A LA MEGAMINERÍA METALÍFERA CONTAMINANTE!
Fuerte apoyo de organizaciones frente a orden de desalojo a la Lof Inalef
Hace unas semanas, el juzgado que preside la Jueza Paola Bernardini de El Bolsón ha solicitado el desalojo de un territorio histórico de la familia Inalef, llamado no casualmente ‘Rinconada de Inalef’. Las jugadas sucias de los políticos-empresarios con sed de explotación territorial habían comprado el terreno haciendo trampa, pero la familia Inalef ha sabido continuar su presencia territorial habitando y recuperando el territorio en diferentes momentos.
Luego de haber sufrido dos desalojos en los años 1982 y 1997. Zunilda Inalef hizo una reivindicación territorial en el año 2018 recuperando terrenos que la familia Merino había explotado y que se encontraban totalmente abandonados. Zunilda y su familia han ido desmalezando las moreras que se expanden sin control, generando sembradíos y pasturas para sus animales.
El 6 de junio, la Lof Inalef convocó a un Trawn para organizar colectivamente el apoyo frente al desalojo, recibiendo una enorme presencia de organizaciones sociales presentes en la Comarca Andina y reforzando la idea de que el territorio mapuche debe ser restituido a sus pobladores originarios, y no seguir entregándose a los intereses especulativos del poder político y económico que hasta el día de hoy colonizan la región.
Podés escuchar la entrevista a Zunilda y Ayelen Inalef que le hicieron en el programa Territorios en Resistencia de FM Alas en este link:
https://archive.org/details/entvta-lof-inalef-01.06.26-territorios-en-resistencia
Comunicado de agradecimiento
Mallín Ahogado, 8 de junio de 2026
Desde el Lof Inalef de la comunidad Newenche ubicado en La Rinconada de Inalef, en el paraje rural Mallín Ahogado, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que se acercaron al trawn el día sábado 6 de junio de 2026. También queremos reconocer a todas las organizaciones que colaboraron y acompañaron esta jornada: Lof Coronado‑Inalef, Lof Pu Huayteka, Lof Che Buenuleo, Lof Quemquemtrew, Lof Margarita, Lof Pu Kona Ñankupel, Comunidad Pulgar, Comunidad Newenche, Frente Peñi(Cushamen) Lof Wefu Wechu (Cerro Alto), Lof Kallfu‑Gallardo, Lofche Buchile‑Oyarzo Kallfu, Movimiento Río, MTE, H.I.J.O.S Bariloche, Territorios en Resistencia (programa radial), Frente Rural, Central de Trabajadores C.T.A, La Huertota, S.E.R, APDH Río Negro El Bolsón, APDH Noroeste del Chubut, Consejo Local de Mujeres y Disidencias, CTA‑A El Bolsón, Red de Apoyo Pu Weye, Pañuelos en Rebeldía, Frente de Lucha Docente El Bolsón, Codeci, Coordinadora del Parlamento Mapuche Río Negro, Centro Mapuche Furi Lofche, Asamblea por los Glaciares, Mercado Rural Newen, Consejera Zona Andina, Argentina Humana, A.H. Trevelin, Caricatura, Radio FM Alas 89.1, Red Jarilla, Nómadas Comunicación Feminista, Asociación Sur, Unter Bariloche, Grupo de Apoyo Gremial de Abogados, Movimiento Evita (Partido Comunidad Organizado), Brigada comunitaria (peñi) Brigada Comunitaria Kume Che, Mamül Mapu, Movimiento Estudiantil Julio César Schwartz, y Trabajadores de la Salud Huerta úrtica e imprenta juglar.
Su presencia, acompañamiento y buena energía hicieron de este encuentro un momento muy especial. Cada visita, cada gesto de apoyo y el trabajo conjunto tienen un valor enorme para nosotros, y nos llenan de satisfacción haber podido compartir este día en nuestra querida mapu.
¡Rume Mañum!
FUENTE: El Vespertino
El 9 de junio se inició el «Foro: Debates urgentes del Movimiento Mapuche»
El
9 de Junio se dio inicio a la primera jornada. La propuesta es un ciclo
de conversaciones donde se abordarán temas como la prisión política, la
usurpación, retomada y recuperación territorial, la autonomía, la
autodeterminación y los desafíos de los procesos de reconstrucción
nacional mapuche.
Los Expositores de esta primer Jornada fueron:
Facundo Jones Huala (Puelmapu)
Lonko
de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, en Puelmapu. Ha participado en
procesos de recuperación territorial mapuche frente al avance de grandes
terratenientes y empresas sobre territorio ancestral. Su trabajo
político se ha desarrollado en torno a la autodeterminación, la
autonomía y la reconstrucción nacional mapuche. Actualmente se encuentra
en prisión en la Cárcel de Rawson y en huelga de hambre a la espera de
su traslado a la Cárcel de Esquel donde reside su familia y es su
territorio de vida.
José Huenchunao Mariñán (Ngulumapu)
Proveniente
del territorio lafkenche de Lleu Lleu, es uno de los fundadores de la
Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Ha participado en procesos de
recuperación territorial y en la construcción de propuestas políticas
vinculadas a la autonomía, la autodeterminación y la reconstrucción
nacional mapuche.
Raúl Zibechi (Uruguay)
Periodista, escritor e
investigador uruguayo. Su trayectoria ha estado vinculada al
acompañamiento y análisis de experiencias de autonomía, organización
comunitaria y resistencia territorial en distintos pueblos y movimientos
de Abya Yala. Sus reflexiones abordan los desafíos de la
autodeterminación, la construcción de poder desde los territorios y las
formas de organización que emergen fuera de las estructuras estatales.
Organizan:
• TerritoriAL – UNESP (Brasil): Grupo de investigación sobre territorios y movimientos sociales.
• LASInTec – UNIFESP (Brasil): Laboratorio dedicado al estudio de territorio, tecnología y sociedad.
•
Guerra dos Mundos – UNIFESP (Brasil): Proyecto de investigación y
difusión sobre conflictos territoriales y luchas de los pueblos.
• PROLAM – USP (Brasil): Programa de estudios latinoamericanos de la Universidad de São Paulo.
•
Coletivo Latinoamericanista Berta (Brasil): Colectivo comprometido con
el pensamiento crítico y las luchas de los pueblos de Abya Yala.
Esta
primer jornada fue presentada por Silvia Beatriz Adoue, quien expresa
esta introducción al debate: Wallmapu vive una situación colonial, ha
sido invadido por los Estados Argentino y Chileno al final del Siglo XIX
y la situación de militarización, de persecución, además de la
usurpación territorial, trae muchos problemas para la organización, y
para estos debates. Queremos ofrecer una oportunidad para que estos
debates ocurran, aun sabiendo que es necesario que ocurran dentro de las
instancias y de los protocolos del mundo Mapuche. Queremos contribuir
para que estos temas se instalen en el debate. No solamente en el mundo
Mapuche sino en todo el Cono Sur, América Latina, donde pueblos
preexistentes a la colonización, también luchan por su autonomía
FUENTE: RED DE APOYO AL LONKO FACUNDO JONES HUALA
Comunidades indígenas denuncian desmontes, incendios y avance del negocio inmobiliario en Córdoba
Por Anahí Avila
En el Día Mundial del Ambiente, comunidades indígenas, organizaciones socioambientales y vecinos de Punilla convocaron a una jornada de denuncia pública contra el avance de la autovía de montaña, los desmontes y la expansión del negocio inmobiliario en el valle cordobés. La movilización se produce mientras continúan paralizadas más de 150 causas ambientales y persisten los reclamos por los incendios que en 2024 consumieron unas 70.000 hectáreas. La tensión en el departamento Punilla continúa debido a los conflictos en torno al proyecto de la autovía y a las disputas por el uso del territorio. Aunque las obras aún no alcanzaron algunos de los sectores considerados más sensibles por organizaciones ambientales y comunidades locales, los cuestionamientos sobre el impacto ambiental del proyecto permanecen vigentes.
En diciembre de 2024, luego de los incendios forestales que afectaron gran parte de la región, vecinos y organizaciones que participan activamente de la defensa ambiental presentaron una denuncia formal ante la Justicia. Según explican los impulsores de la iniciativa, el objetivo fue frenar el avance de la autovía y otros proyectos que, a su entender, podrían generar consecuencias ambientales significativas para la provincia.
Durante el proceso judicial se registraron episodios de tensión vinculados a intentos de ocupación de territorios comunitarios. Desde la Organización Territorial Kami Henen, integrada por algunas de las 46 comunidades indígenas preexistentes en Córdoba, sostienen que los incendios forestales han coincidido en distintas oportunidades con intentos de avance sobre tierras que habitan o resguardan. También denuncian haber sufrido hostigamientos, amenazas y acusaciones durante los últimos años.
Los denunciantes sostienen que detrás del proyecto vial existe un interés vinculado al desarrollo inmobiliario de las tierras afectadas por los incendios, una acusación que las autoridades provinciales no han reconocido públicamente. Según esta interpretación, determinados sectores económicos podrían beneficiarse de futuras transformaciones en el uso del suelo de la región.
Tras inaugurar el primer tramo de la obra y enfrentarse a la resistencia inquebrantable de los pueblos y ciudadanos organizados, Llaryora frenó el avance de los trabajos. Frente a los medios masivos de comunicación, el mandatario señaló como causa principal la reducción de recursos nacionales y anunció oficialmente que el segundo tramo de la autovía no se ejecutaría durante su mandato. Esta gestión ya venía perdiendo el apoyo de la sociedad cordobesa que la eligió y, en las últimas horas, vuelve a ser severamente cuestionada en el contexto del crimen de una niña, cuyo femicida formaba parte del círculo social y laboral del actual gobernador.
Continuando con la agenda ambiental —eje de esta nota—, se destaca que un mes atrás el gobernador se reunió en San Juan con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros mandatarios provinciales en la Expo Minera [1] para el lanzamiento de la Mesa Federal Minera. Con este paso, la gobernación busca posicionar a Córdoba como “proveedor estratégico de bienes, servicios e industria para los grandes proyectos mineros y energéticos del país”.
Sin embargo, en los territorios los conflictos continúan, las causas judiciales están paralizadas y los relevamientos territoriales, junto con las capacitaciones ambientales, están siendo orquestados por el Estado provincial. Las organizaciones denuncian que esto se realiza con la misma impunidad que se observa en otras áreas públicas como Educación, el Ministerio de Trabajo y Justicia, Desarrollo Social y Tránsito, por mencionar algunas.
La lógica del negocio inmobiliario sobre el bosque nativo
Los defensores del ambiente sostienen que estas maniobras responden a la lógica del negocio agroinmobiliario, orientado a inversiones turísticas y desarrollos urbanísticos privados. La zona afectada albergaba originalmente un bosque nativo que, tras los incendios, sufrió la proliferación de especies exóticas como pinos y olmos.
A pesar de esta degradación, los guardianes del monte aclaran que el ecosistema conserva su categoría de bosque nativo. Afirman que, mediante la erradicación de las especies invasoras, el monte es capaz de recuperarse por sí mismo. No obstante, la presencia de agentes externos en el territorio y el avance de las topadoras amenazan de raíz esta posibilidad de restauración.
Ante esta coyuntura, los damnificados, junto a asambleas socioambientales y organizaciones de la sociedad civil, mantienen un debate permanente en torno a la estrategia legal y la judicialización del conflicto. Hoy, en el Día Mundial del Ambiente, diversas organizaciones y comunidades se manifestarán frente a la Secretaría de Ambiente de Córdoba y en otros puntos de la provincia para denunciar la destrucción de cuencas, los desmontes, los incendios y la criminalización de la protesta bajo el actual modelo extractivista.
Los convocantes responsabilizan de la inacción estatal y de la falta de respuestas a la gestión de Martín Llaryora, encabezada en el área por Victoria Flores, Federico García, Pablo Riveros, Carlos Guzmán y Miguel Magnasco, a quienes les exigen soluciones urgentes para frenar el saqueo territorial y destrabar las más de 150 causas ambientales paralizadas a la fecha.
Organización territorial y cosmovisión ancestral
Kami Henen es la organización territorial que nuclea colectivamente a los habitantes en defensa del monte. Desde su cosmovisión, el territorio excede el valor económico: representa la memoria ancestral, el resguardo de las vertientes hídricas y el equilibrio de la tierra.
Los estudios ambientales advierten que una obra de la envergadura de la autovía de Punilla ocasionaría daños irreversibles en el ecosistema del valle. Si todavía persisten áreas de monte nativo, es gracias al rol de resistencia que las comunidades originarias han sostenido como guardianas de la tierra desde hace más de doscientos años.
Actualmente, el proyecto vial se encuentra frenado debido a la oposición comunitaria. Sin embargo, los trabajos preliminares ya se habían iniciado, y las asambleas advierten que, de completarse el segundo tramo, el impacto ambiental será devastador sobre los cerros, una zona clave donde brotan las fuentes de agua y donde un ojo de agua fundamental corre el riesgo de desaparecer.
Respuestas institucionales y criminalización de la protesta
La estrategia de defensa también escaló al plano internacional. A través de la CTA Autónoma de Punilla, y con el respaldo de los gremios ATE y Cispren, se presentó un pedido de intervención ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Diversas comunidades firmaron una denuncia formal por el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el cual garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios. El seguimiento de este trámite se mantiene activo de manera regular a través de la delegación gremial.
Con el fin de generar alternativas productivas y sustentables, miembros de las comunidades realizaron una diplomatura en ordenamiento territorial. El objetivo era capacitarse para diseñar propuestas culturales y turísticas basadas en el turismo comunitario, rural e intercultural, generando así fuentes de trabajo locales. Estaba previsto que el plan comenzara en septiembre de 2024, pero el inicio de nuevos incendios frustró el lanzamiento.
Los integrantes denuncian que existió una marginación deliberada que les impidió presentar formalmente estos proyectos de desarrollo sostenible, mientras que las propuestas entregadas con anterioridad fueron rechazadas. Estas barreras culturales y administrativas son las que enfrentan históricamente para mejorar sus condiciones económicas; estrategias que, según señalan, el Estado despliega cuando la población en condición de vulnerabilidad busca su autonomía.
En paralelo, la lucha socioambiental derivó en la criminalización de varios referentes, existiendo actualmente integrantes de las comunidades judicializados por oponerse a la autovía. Los afectados señalan serias irregularidades en el proceso judicial: de manera coincidente con las fechas de las audiencias, se registraron robos y amenazas de muerte contra los defensores ambientales. En uno de estos robos sustrajeron una computadora que contenía pruebas y escritos legales clave para el sostenimiento de la causa.
Las organizaciones que han mantenido una mayor presencia en las acciones de lucha y en la presentación de denuncias penales pertenecen a la organización Kami Henen, la cual agrupa a comunidades indígenas —principalmente de los pueblos Kamiare-Comechingón y Sanavirón— que habitan de forma preexistente en la provincia de Córdoba.
Los hermanos afirman que “deberían valorarse y proteger a las comunidades que defienden el monte y rechazan estos proyectos que solo lo destruyen. Que seamos valorados como parte importante de la sociedad, por resguardar la memoria de nuestro pueblo y proteger los territorios. Que dejen de perseguirnos y reconozcan nuestros derechos. Que los gobiernos ya no lucren reventando a la madre tierra y piensen en el legado que estamos dejando a las próximas generaciones. Tenemos en nuestras manos el poder de destruir, pero también tenemos el poder de sembrar. ¿Para qué usamos nuestras manos, nuestros recursos, tiempo y energía? ¿Es progreso para quién? Alguna vez nuestros ancestros caminaron por bosques milenarios, hoy caminamos por desiertos monocultivos fumigados, y si seguimos así mañana no sabemos si el planeta será capaz de sostener la vida. Tenemos que abrir los ojos, volver a las raíces. Reconocernos como hermanos, unirnos como pueblo para sanar a nuestra tierra. El agua nos une, todo lo demás es una ilusión, parte de una gran mentira para saquearnos y esclavizarnos, para tenernos peleando entre nosotros mientras se llevan todo para afuera”
Revisión del relevamiento territorial en la Comunidad mapuche Santa Rosa Leleque, provincia de Chubut
Por Silvina Ramírez
Los
derechos territoriales indígenas siempre se encuentran en disputa. Una
frase redundante, pero no obstante una situación que vale la pena
revisitar. Su reconocimiento, en el mejor de los casos, se logra a los
mordiscones, esforzadamente, mediante modos intrincados, demandas y
movilización, y a veces transitando una intrincada judicialización. La
derogada ley 26.160 habilitó un caminito escarpado e insuficiente. Abrió
una rendija, pero nunca la puerta completa. Y esa rendija, en un
contexto de impunidad frente a la vulneración de derechos, se va
cerrando peligrosamente.
Es el caso de la comunidad Mapuche Santa
Rosa Leleque. Después de años de lucha, de recuperación territorial, de
atravesar una larga judicialización, de obtener la carpeta técnica
producto del relevamiento territorial -esperando que algún día puedan
llegar a alcanzar el tan preciado título colectivo que acredita la
propiedad comunitaria indígena- actualmente están padeciendo un nuevo
avance sobre sus territorios y sus derechos.
La conjunción de un
empresariado voraz -la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A.-, y de una
gestión de gobierno inescrupulosa representada por la ahora
desjerarquizada Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas, vuelve a generar inseguridad, y con ella sufrimiento, para la
comunidad. La decisión de la reapertura del expediente justificada en
“el respeto de la legalidad, de la propiedad y en el debido respeto a
las facultades concurrentes consagradas en el Artículo 75 inciso 17 C.N y
el respeto a la tutela administrativa efectiva”, desnuda una política
clara de despojo.
Después de 14 años, la Compañía de Tierras alega
violación del debido proceso administrativo y del derecho de defensa.
Ahora se duda de la genuinidad del reclamo indígena que en su momento se
interpuso, otra vez se retoma un relevamiento finalizado hace casi una
década y media, y se decide reabrir un expediente cuando a pesar del
tiempo transcurrido la comunidad no pudo titular colectivamente sus
tierras.
Que el INAI insista con las facultades concurrentes y
requiera la intervención de la provincia, es una muestra más de que el
Estado está dispuesto a cambiar las reglas del juego para satisfacer sus
intereses. Cuando se llevó adelante el relevamiento territorial, la ley
26160 no señalaba la necesidad de la intervención de las provincias, y
muchas veces éstos eran realizados en convenio con alguna instancia
estatal local.
Una resolución como la aquí señalada, dictada el 2 de
junio de 2026 por la Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas dependiente del Ministerio del interior, enciende luces de
alarma en todo el país. No bastó con derogar uno de los pocos
instrumentos jurídicos que pretendieron iniciar una suerte de
reordenamiento territorial y así permitir el reconocimiento de la
propiedad comunitaria indígena. Se avanza un paso más en el
desconocimiento y la violación de derechos, desconociendo a su vez lo
que el propio Estado -a través de un acto administrativo que constató la
ocupación indígena- había realizado.
Con esta medida, cualquier
relevamiento territorial podría ser cuestionado, cualquier carpeta
técnica entregada a una comunidad indígena podría ser cubierta por un
manto de sospecha. El Estado no sólo quiere eliminar una ley o una
política pública. El Estado hoy pretende que las comunidades indígenas
no existan; por lo tanto, sus derechos tampoco. El caso de la comunidad
Mapuche Santa Rosa Leleque no es el primero sometido a revisión y
eventualmente a anulación, y según parece no será el último. Los
derechos están siendo pisoteados.
Calcatreu contamina Comunidades Mapuche
¿Cómo
se puede festejar el robo? ¿Acaso la Mina de Potosí no funcionaba
igual? ¿Cuál sería la diferencia con Calcatreu? ¿Acaso hay alguien
millonario en Jacobacci? ¿Hay más trabajo? ¿O cada familia integrante de
la Comunidad Peñi Mapu tiene un buen pasar económico ya que le están
destruyendo su territorio??
¿La comunidad mapuche es socia de la
minera Patagonia Gold? ¿O solo está perdiendo la tierra, el agua y su
producción ganadera? ¿Qué parte de esa «producción»? ¿Y «exportación?»
de oro y plata le corresponde a la comunidad mapuche? Porque es su
territorio, y en los próximos años nadie podrá vivir en ese espacio
contaminado y roto. ¿El gobierno de JSRN le ofreció trasladarlos a otra
tierra más extensa y productiva para que se desarrollen e indemnizarles
por las pérdidas? ¿Cuanto plata le queda a la provincia de Río Negro en
Canon minero e impuestos? ¿Quién se hace cargo del pasivo ambiental?
Cosas que no pasan ni se discuten en favor de la Comunidad y respuestas que el gobierno corrupto de JSRN nunca podrá dar.
¡¡¡Por estas cosas no pueden llamarle «producción ni exportación»!!!
¡¡¡Se llama saqueo, contaminación y despojo de tierras!!!
Denuncian a la intendenta de Tilcara
Compartimos
a continuación el comuncado oficial de la Comunidad Aborígen Cueva del
Inca tras denunciar por incumplimiento de sus deberes de funcionaria
pública contra Sonia Pérez, intendenta de la localidad jujeña. También
se la denuncia por discriminación y otros atropellos a sus derechos como
pueblos indígenas.
Hoy, 4 de junio de 2026, al cumplirse el cuarto
día de permanencia pacífica frente al Honorable Concejo Deliberante, y
luego de haber realizado una marcha hacia la Municipalidad para expresar
nuestro pedido de respuestas a la Intendenta SONIA PÉREZ, informamos
que continuamos sin recibir información fundamental para comprender y
resolver la situación.
¡INTENDENTA! Necesitamos acceder a la
sentencia de primera instancia del juicio por Daños y Perjuicios, así
como a otra documentación e información de interés público que, hasta el
momento, no nos ha sido proporcionada.
Ante esta falta de
respuestas, hemos tomado la decisión de iniciar las acciones judiciales
correspondientes por posible INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE
FUNCIONARIO PÚBLICO, actos discriminatorios, etc.
Porque la
Intendenta SONIA PÉREZ, el DR. BENAVIDEZ y el DR. VERA son los
responsables de esta situación; ya que la medida cautelar que usan como
pretexto para vetar la ordenanza 11/2026 de los nombres de nuestras
calles no está vigente.
Nos preguntamos: si la sentencia resultó
favorable a la Municipalidad, ¿por qué, al pasar la causa a la Cámara de
Apelaciones, el Municipio no contestó el recurso presentado? Como
consecuencia de esa omisión, la Cámara deberá resolver con las
actuaciones obrantes en el expediente y sin la posición formal de la
Municipalidad.
Con este accionar, se genera la percepción de que
existiría una posible COMPLICIDAD entre la Intendenta y sus abogados,
los Dres. Benavidez y Vera, la familia Mendoza y su abogada, la Dra.
Citro, tendiente a dilatar el dictado de una sentencia definitiva,
favoreciendo a estos últimos y continuando con el perjuicio hacia un
barrio integrado por más de 300 familias.
DR. BENAVIDEZ | DR. VERA ¿ESTO NO ES UNA MALA PRAXIS?
Agradecemos
a toda la población, Comunidades y amigos por el acompañamiento. En
breves estaremos dando más información de los pasos a seguir, y
agradeceríamos mucho la difusión.
¡LUCHAREMOS! ¡HASTA QUE LOS NOMBRES DE NUESTRAS CALLES SEAN LEY!
¡SERA! JUSTICIA!!!
JALLALLA!!! JALLALLA!!
COMUNIDAD ABORIGEN
CUEVA DEL INCA
Comunidad Nahuelpan: «La justicia favorece al poder»
En
el año 2023 el electo Gobernador de la Provincia de Chubut, Ignacio
Torres, durante la jura de investidura, brindó un discurso en que hacia
hincapié en la transparencia institucional, citamos sus palabras «Quiero
que mis primeras palabras como Gobernador sean como siempre les hablé, y
como siempre les voy a seguir hablando, con franqueza y sinceridad, en
un momento donde hay tanta hipocresía y se miente tanto. Quiero
hablarles desde el corazón y decirles la verdad, aunque muchas veces
duela»
¿Que franqueza? ¿Que sinceridad? ¿Que transparencia? ¿Qué «verdad»?
La
fiscal Bottini la misma que decide archivar la causa por contaminación
ambiental producto de la planta de residuos GIRSU del Municipio de
Esquel, habla descaradamente del cuidado AMBIENTE como un BIEN COLECTIVO
¿Qué raro no tuvo el mismo argumento con la causa de contaminación
ambiental en el que la Comunidad Nahuelpan es víctima?
Tuvieron que
defender el discurso del gobernador, para no dejarlo en ridículo y
expuesto nuevamente, ya que denunció públicamente y falsamente al peñi
Héctor Quilaqueo. Lo acusaron sin pruebas mientras el luchaba por su
vida. Aclaramos nuevamente que el incendio fue un accidente dentro de
nuestro territorio.
No fueron 70 hectáreas, el incendio fue mucho
menor y parte de que no se propague más fue la rápida acción del peñi
Héctor, luego las tareas de los profesionales.
En la justicia winka
no podemos confiar, porque nunca va a defender nuestros derechos como
pueblos preexistentes, la «justicia» favorece al poder, a la riqueza y a
los bocones que creen que pueden llevarse el mundo por delante…pero si
creemos en la nuestra y les decimos que a pesar de todo lo oscuro,
sucio, corrupto, falso, nefasto e injusto, NOSOTROS VAMOS A SEGUIR
RESISTIENDO, CON LA FRENTE EN ALTO Y SOSTENIENDO NUESTRA VERDAD E
HISTORIA…
NAHUELPAN SIGUE FIRME, SIGUE EN PIE
MARICHIWEW
Conflicto territorial junto a la costa del río Alto Chubut
Por Susana Lara
Un
directivo de un laboratorio farmacéutico argentino reclama la
copropiedad de tierras rurales que ocupa tradicionalmente una comunidad
mapuche en Río Negro, protegida por un fallo judicial firme de 2004. Los
particulares iniciaron una acción judicial por casi 2.000 hectáreas con
un simple acuerdo entre privados celebrado en Buenos Aires en 2009,
cuando la justicia local ya había reconocido que esas mismas tierras son
parte del territorio de la comunidad Kom Kiñé Mu (KKM) y dispuso la
nulidad de cualquier acto administrativo que lo vulnere.
Patricio
Claudio Fabbri (miembro del directorio de laboratorios Gador SA) y
Judith Pruden Cavanagh buscan ejercer derechos sobre dos parcelas que
suman 1.792 hectáreas, ubicadas sobre la costa del río Alto Chubut y
atravesadas por el arroyo Las Minas, en el sur-oeste de la provincia.
Con el patrocinio legal de un abogado de Consenso Patagonia, la
coalición de derecha antimapuche y de defensa de la propiedad privada,
abrieron un nuevo conflicto territorial en la zona que tiene como
vecinos a la estancia El Maitén, del grupo Benetton, y el fideicomiso
Amaike, de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros.
Fabbri y
Pruden iniciaron acciones civiles en un juzgado de El Bolsón esgrimiendo
el acuerdo de compra-venta por dos lotes realizado 2009 con Catalina y
Félix Sede, hermanos ya fallecidos. La familia Sede es uno de los casos
típicos en la Patagonia Norte de comerciantes ambulantes de origen
sirio-libanés que, desde las viejas casas de ramos generales, acumuló
poder y tierras. Estos latifundistas se radicaron en Ñorquinco, pequeña
localidad ubicada a unos kilómetros de la tierra en conflicto, al
noreste de El Maitén (Chubut) y al este de El Bolsón (Río Negro), las
localidades más cercanas.
Desde la década del ‘30 participaron del
despojo a la población mapuche y criolla pobre, al punto que en 1975 el
gobierno provincial investigó su acaparamiento y decidió que levantara
los alambrados de una usurpación. La medida del gobierno del peronista
Mario Franco no se cumplió porque se produjo el golpe cívico-militar.
Esta misma familia participó del despojo de las 14.000 hectáreas que,
después de pasar por varias manos, terminaron en poder de Amaike, lo que
se ventiló en un juicio oral reciente.
De acuerdo a la documentación
extraoficial a la que accedimos, lxs demandantes compraron a los
hermanos Sede una fracción de 689 hectáreas, con acceso directo a la
costa oeste del río Alto Chubut, por 150.000 dólares; y otra de 1.105
hectáreas, atravesada por el arroyo Las Minas hasta su desembocadura, a
40.000 dólares. La parcela más grande es llamada El Mirador por la KKM y
lxs pobladores de la zona, usada tradicionalmente como tierra de
veranada. Las dos fracciones son parte del espacio de casi 22.000
hectáreas que el juez Emilio Riat de Bariloche reconoció como territorio
comunitario de la KKM, descendientes de la antigua ocupación
del ülmen (persona con poder o líder influyente, en lengua mapuzungun)
Fernando Cayunao Pinda, precisaron Claudia Benavídez Cayunao y Oscar
Napal, vocerxs de la comunidad. Al cierre de esta nota, la KKM no había
sido notificada del inicio de ninguna causa civil en su contra,
aseguraron.
Durante mayo se realizó una constatación judicial en el
lugar, identificándose a algunxs de lxs mapuche que viven allí, unos
durante todo el año y otrxs solamente en invierno. También se realizó
una audiencia de conciliación, que no se completó porque Fabbri estaba
de viaje en el exterior. Esas son las únicas actuaciones judiciales que
le constan a la KKM, aunque un funcionario le anticipó informalmente el
inicio de la demanda a una de sus integrantes durante una constatación
en el territorio.
Paola Bernardini, jueza a cargo del Juzgado de
Familia, Civil, Comercial, Minería y Sucesiones 11 de El Bolsón, que
entiende en el caso, es la misma que dispuso el desalojo de otra
comunidad asentada a unos pocos kilómetros de distancia, la lof Inalef
Coronado de Mallín Ahogado. Mariano Sarmiento representa a los
particulares.
Nuevos actores
Fabbri es miembro del
directorio de Gador SA, un laboratorio nacional de larga trayectoria en
el mercado, tanto para la producción de medicamentos propios como para
el uso de licencias de firmas internacionales. Tiene plantas fabriles en
la Argentina y Uruguay. Participa en la fundación creada por ese
laboratorio para incentivos a la investigación y la divulgación. Ha
ocupado cargos directivos en Farmanet SA, asociación de laboratorios
para una cadena de distribución de productos de especialidades
medicinales, atención primaria y el segmento de venta libre.
Vive en
San Jorge Village country club, uno de los más tradicionales barrios
cerrados de la zona norte del gran Buenos Aires, diseñado por el
arquitecto y paisajista Carlos Thays. Sus intereses empresarios están
diversificados. Con un hijo, integra el directorio de Mirador del Oeste
SA, un proyecto productivo en Mendoza, en sociedad con Patricio
Eppinger. Por períodos, integró la comisión directiva de la asociación
civil San Isidro Golf Club, siempre según la documentación pública de
los boletines oficiales.
Por su parte, Margarita Judith Lucrecia
Pruden Cavanagh actúa en condominio con Fabbri. Integra una empresa
familiar, A.G. Pruden y Cía. SA y Energía y Repuestos SA, entre otras
firmas.
Ninguno de los dos ejerció la ocupación del lugar. De todos
modos, Catastro de la provincia los inscribió como titulares de dominio
en los registros oficiales, según nuestro relevamiento.
* Javier Grosso, docente investigador en geografía, realizó la cartografía para esta nota.
FUENTE: El Cohete a la Luna
Preocupación en Pindoty’i por intento de loteo dentro de su territorio
La
Comunidad Pindoty’i, San Ignacio, se encontró con un cartel de venta de
lotes -bajo el nombre “Santa Mónica”-, lo que constituye un nuevo
avance sobre territorio indígena en Misiones.
La preocupación radica
en que este negocio inmobiliario no sólo busca desarrollarse dentro del
territorio relevado en el marco de la Ley 26.160, sino también en el
sector donde actualmente se encuentran las viviendas de la Comunidad,
agravando aún más la situación.
Por ello, manifestaron su profundo
rechazo a este y a cualquier proyecto de comercialización de tierras que
afecte espacios utilizados ancestralmente para sus actividades
culturales, espirituales y agrícolas.
Bertolino Ortega, mburuvicha de
la Comunidad, manifestó: “Salí a la ruta y vi que estaban limpiando el
camino con una máquina. Después vinieron a poner el cartel. Quieren
vender lotes, yo hice la denuncia en la comisaría, porque es territorio
Mbya relevado, no se puede vender”.
Y agregó: “Hace años sufrimos
intrusiones de los jurua (no indígenas), no nos respetan ni nos
reconocen. Queremos que respeten nuestros derechos, ellos vienen y se
adueñan de nuestro territorio”.
Además, aseguró que nunca fueron
informados oficialmente sobre la existencia de este proyecto ni
convocados a instancias de consulta o participación, pese a que la
legislación nacional e internacional obliga al Estado a garantizar estos
procesos.
La situación vuelve a encender las alarmas sobre el avance
inmobiliario y privado en territorios habitados históricamente por
Comunidades Mbya, en una provincia donde los conflictos territoriales
continúan creciendo mientras los mecanismos de protección y consulta, en
la mayoría de los casos no se cumplen. Otra vez, el Estado provincial y
municipal son cómplices del avasallamiento de derechos indígenas.
Equipo Misiones de Pastoral Aborigen
Fuentes: Resumen Latinoamericano, argentina.indymedia, Mink’a Comunicación, Red Eco Alternativo, Prensa EMiPA
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