La foto es horrible y la película de terror

Jubilados marcharon al Ministerio de Salud

El miércoles, la ronda ante el Congreso de jubiladas y jubilados continuó con una marcha hasta la sede del ministerio de Salud de la Nación para exigir el fin de las políticas de ajuste brutal del gobierno de Javier Milei contra la salud pública y las prestaciones del PAMI. Entre los reclamos históricos de cada miércoles, se encuentran además del aumento de haberes, la restitución de la moratoria previsional y de los medicamentos gratuitos, y el aumento del presupuesto para el PAMI y la salud pública, entre otras demandas.
El vaciamiento sostenido que el gobierno nacional de ultraderecha denomina “eficacia” y ejecuta con recortes presupuestarios, despidos masivos y cierres de áreas enteras del Estado, sumó un nuevo eslabón esta semana con la caída de la atención al PAMI en cuatro provincias. Clínicas y sanatorios de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa anunciaron que dejarán de prestar servicios por los aranceles desactualizados, dejando a la deriva a 300.000 afiliados.
En este contexto, se convocó una Jornada Nacional Solidaria con jubilados y trabajadores de la salud, con actividades en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, las jubiladas y jubilados decidieron movilizar a la sede del ministerio de Salud de la Nación, ubicada en Lima y Moreno, junto a organizaciones sindicales de la salud como la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), entre otras, organizaciones políticas y sociales.
Maximiliano Bares, trabajador del laboratorio central del Hospital Garrahan e integrante de APyT, contó que “fuimos convocados porque venimos tomando las iniciativas de las coordinaciones de los jubilados. En particular, interactuamos con nuestra organización hermana, Jubilados de Izquierda”, detalló, y agregó: “Creemos que la situación de las y los jubilados es tremenda. En particular, la orientación política que tiene el ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones, a quien nosotros sufrimos con su intervención directamente en el Hospital, bueno, está sacándole remedios a las y los jubilados, cerrando programas de distinta índole que afectan directamente a los jubilados en particular, pero también al conjunto de la población”.
Consultado respecto a la situación que atraviesa el Hospital Garrahan en la actualidad, Bares detalló que el actual interventor designado por Mario Lugones en el Hospital, el doctor Mariano Pirozzo, “pretende hacer un cambio de matriz del Hospital”.
Pirozzo está “tratando de implementar un ambiente de cuartel militar al interior del Hospital”, aseguró Bares. “Está persiguiendo a quienes estuvimos al frente de las protestas del año pasado y que seguimos protestando por todo lo que falta más allá de la tremenda conquista salarial, por la cual pudimos y logramos detener la sangría de profesionales y de trabajadores del equipo de salud del Hospital”.
“Sin embargo, nos quieren cesantear, nos quieren dejar afuera del hospital a quienes estuvimos al frente de esta pelea tremenda”, apuntó.
Entre los pasos a seguir por APyT en defensa del Hospital Garrahan, el 25 de agosto, al cumplirse un nuevo aniversario del hospital, realizarán un acto a las puertas de la entrada de Combate de los Pozos 1881. “Ahí vamos a denunciar la situación que está sufriendo el Hospital”.
Además, también en este mes, en el mes de las infancias, las y los trabajadores del Garrahan están organizando una campaña “fundamentalmente porque nuestros pacientes están llegando ya con problemas graves y serios de alimentación”, dijo Bares. “Por lo tanto, pensamos como eje la campaña ‘con hambre no pueden jugar’. Estamos organizando un festival donde vamos a recolectar alimentos, juguetes, útiles, etcétera”.

Familias endeudadas, centrales sindicales y movimientos sociales marcharon al ministerio de Economía

Las centrales sindicales (CGT, ambas CTA), la UTEP y colectivos de familias damnificadas marcharon el jueves al ministerio de Economía para protestar contra el fuerte crecimiento del sobre endeudamiento familiar y la morosidad récord en Argentina. La convocatoria fue desde las 14:00 en las esquinas de Paseo Colón e Independencia, y Paseo Colón y Estados Unidos (CABA). Las columnas avanzaron hacia el Palacio de Hacienda, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250.
Según datos del Banco Central, la morosidad en hogares escaló al 12,7% en junio de 2026, afectando a cerca de 5,8 millones de personas con atrasos graves o créditos impagos. Las organizaciones denuncian que la licuación de ingresos obligó a las familias a financiarse mediante tarjetas, fintechs y prestamistas informales para cubrir costos básicos como alimentos, medicamentos, alquileres y servicios públicos.
Endeudados Organizados, demandan una “emergencia crediticia” y un programa público de desendeudamiento. Rechazan además la postura oficial del Gobierno de Javier Milei y el ministro Luis Caputo, quienes catalogaron la situación como “un tema entre privados”.
En conferencia de prensa, el Secretario General de la CTA Autónoma Hugo Godoy, describió la situación actual: “340.000 puestos de trabajo formales que se han destruido y cerca de 30.000 empresas que se siguen cerrando. Pero a esto se viene agregando ya no solamente el endeudamiento del país de futuras generaciones para pagar la deuda externa, sino también esta situación en que la caída del consumo y la caída de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras obliga al endeudamiento”.
Además, responsabilizó al gobierno nacional por esto: “El gobierno se sigue haciendo el distraído, dice que es un problema de privados o el presidente encima dice que nadie les puso una pistola en la cabeza” y denunció que “la política de Milei es criminal, no solamente nos pone una pistola en la cabeza a los trabajadores y trabajadoras, sino que además nos mata, como mata a los jubilados y las jubiladas y como mata a los trabajadores y trabajadoras dejando a las familias sin sus puestos de trabajo”.

Will Der deja en la calle 120 familias

En los primeros días de agosto la fábrica textil Will Der, de Ricardo Rojas, Tigre, informó de palabra a sus trabajadores del cierre de la planta, por lo que 120 personas fueron despedidas. Aún no se les aseguró ninguna indemnización ni tampoco se formalizó notificación del despido a través de telegramas. Ante la incertidumbre de su futuro, las trabajadoras comenzaron a organizarse y realizaron una olla popular en las puertas de la planta, donde reciben la solidaridad de otros trabajadores de Zona Norte del Conurbano bonaerense. En una entrevista, una de las trabajadoras despedidas, describe la incipiente organización para reclamar por sus derechos.  
Ubicada en José Ingenieros 2387, Ricardo Rojas, partido de Tigre, la fábrica textil Will Der produce desde hace años para primeras marcas como Puma, Adidas, Lacoste y otras. Allí trabajaba Barby desde hace dos años, quien nos relata la crónica de los despidos, el desamparo, pero también de la organización, del reclamo y de la lucha.
“Nosotras somos empleadas de una textil que se llama Will Der. Bueno, éramos empleadas El viernes 7 de agosto nos llamaron a un galpón de la empresa, uno que ya estaba vacío, y nos dijeron que iban a hacer una reunión en la cual comunicaron que ya no íbamos a trabajar más, que se terminaba la producción, que no había más nada para hacer y que la fábrica iba a cerrar, que nosotras el lunes no nos teníamos que presentar a trabajar y sin ninguna explicación más. El dueño de la empresa empezó a alegar que era por problemas políticos, que él no podía hacer nada, que era una situación que se le fue de las manos.
El lunes10 nosotras nos presentamos de igual manera a trabajar, porque no queríamos que quede como un abandono de trabajo, donde se apersonó nuestro sindicato, la Asociación Obrera Textil (AOT), y dos representantes de ellos nos dijeron que nosotros no podíamos estar en la puerta de la fábrica si no nos dejaban entrar, porque el hombre de seguridad nos dijo que no podíamos entrar. El tema es que la fábrica está dentro de un parque industrial. Entonces, el señor de seguridad nos dijo que estaba cerrada la empresa y que nos teníamos que ir. Los del sindicato nos dijeron que nos vayamos, que esperemos en nuestras casas los telegramas y que ya no había más nada que hacer. Ese mismo día, como fueron algunos medios nacionales y alternativos que empezaron a cubrir, el abogado nos mandó un mensaje y nos dijo que en el transcurso de la semana íbamos a estar recibiendo acuerdos para llegar a un acuerdo de despido, o algo así. Y después nosotras seguimos yendo durante toda la semana, porque no tenemos ningún aval legal todavía.
Fuimos el martes, fuimos el miércoles, fuimos el jueves, creo que fue el miércoles que nos empezó a mandar ofertas, primero nos mandó un mensaje en donde decía que el viernes él iba a tener una citación en el ministerio de Trabajo, con nuestro sindicato y dos sindicatos más que también servían ahí en la empresa, creo que uno era de los cortadores y el otro de los oficinistas. Entonces dijo que se iba a reunir con esos dos sindicatos para presentar un proyecto de crisis y que lo que él nos ofrecía en ese momento, que era el acuerdo para negociar el despido, lo teníamos que agarrar sí o sí porque si no, no nos iban a pagar nada, que nos íbamos a quedar sin nada. Entonces a gente que por ahí tenía 10 años de trabajo le ofrecían, por ejemplo, 4 millones, que equivale a menos del 50% de lo que tenían que pagarle. A gente que por ahí tenía tres años de trabajo, le ofrecían un millón y medio. Y era como que a las personas que tenían tres años y las que tenían cuatro años en la empresa les ofrecían lo mismo. Pero eran números totalmente bajísimos y nos presionaban para que nosotros firmemos que en el momento les digamos sí, si queríamos el acuerdo o no, porque ellos el viernes iban a presentar la crisis y que ya no se iba a poder hacer más nada”.
“Muchas de mis compañeras no aceptaron – prosigue Barby- creo que la mayoría no aceptó y nosotros pensamos en su momento que ellos querían que nosotros firmemos o que le digamos que sí a través del WhatsApp para que ellos cuando presenten en el ministerio de Trabajo tengan una herramienta para decir que nosotras estábamos de acuerdo con lo que estaba pasando. Nosotras estábamos esperando que por lo menos nos mande un telegrama en donde diga que estamos despedidos para que nosotras podamos cobrar por lo menos el fondo de desempleo. Porque la verdad que ahora viene el cobro de la quincena y nosotras no vamos a cobrar nada y no hay respuesta de parte de los empresarios. Ellos no dicen nada. Solamente los mensajes de WhatsApp que recibimos del abogado fueron eso, una negociación muy por debajo del número que debería ser y dejándonos a todas en la calle. No hubo ningún aviso de nada, de la noche a la mañana estaba todo bien y de repente ya no tenían más trabajo para nosotras. Y bueno, desde entonces estamos reclamando.
Porque la verdad que nuestro sindicato desde el primer lunes no respondió ante nosotros, ante nuestra demanda. Nosotros fuimos, hablamos con ellos, ellos fueron y dijeron que esperemos el telegrama en nuestra casa, si queríamos poner abogado del sindicato, que lo pongamos, y si no queríamos aceptar el abogado del sindicato que ellos no iban a hacer más nada. Entonces, tanto nuestra sindicalista como el sindicato ninguno figuraron más. Estamos como desamparadas por nuestro sindicato”.
“El viernes 14 muchos partidos políticos se acercaron, muchas entidades políticas y gremiales, mucha gente, muchos vecinos, se acercaron a la puerta de la fábrica a presentarnos su apoyo, a solidarizarse con nosotras, para ver si podemos seguir reclamando, aunque sea que nos manden un telegrama”, describe la trabajadora.
Diversas organizaciones de la zona, al enterarse de la situación, se acercaron solidariamente a acompañar a las trabajadoras en la puerta de la fábrica. Tal el caso de la Mesa de Coordinación Obrera Zona Norte, quienes elaboraron videos de apoyo y difusión, así como impulsar una colecta para ayudar a sostener la lucha y abrir una página en redes sociales para divulgar las actividades y convocatorias.
“Mientras tanto nosotras seguimos siendo empleadas de la empresa  pero no podemos buscar otro trabajo en blanco, porque somos empleadas de ellos y entonces nos estamos viendo afectadas, ya que muchas de nosotras somos madres solteras, tenemos hijos que mantener, están nuestros hijos esperando que nosotras les demos de comer, tenemos alquileres que pagar, tenemos servicios que pagar, y estamos contando sinceramente con la quincena que viene.  Una de nuestras compañeras tuvo que decidir si el hijo lo iba a empezar a mandar a la universidad. Ella ahora decidió que no, que con esa plata tiene que, en vez de pagar la matrícula de la universidad, tiene que pagar la luz y el alquiler del mes que viene, porque no tenemos otra fuente de ingresos. No tenemos una manera de sustentar a nuestros hijos y la mayoría somos jefas de hogar”.
El martes 18 de agosto desde las 12:00, se realizó una olla popular en la puerta de la planta para afrontar el panorama angustiante que se abre. Con el apoyo de las organizaciones las trabajadoras se preparan para resistir y luchar por la reincorporación.

Seis meses de lucha en FATE: conferencia de prensa y jornada frente a la fábrica

El martes 18 de agosto se cumplieron seis meses del lock out patronal en FATE y los trabajadores del neumático volvieron a las calles para sostener el reclamo por la continuidad de la planta. La convocatoria del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció una gran jornada de lucha que tuvo como uno de sus puntos centrales una conferencia de prensa a las 13:00 en la Seccional San Fernando del sindicato. Además de la conferencia, hubo actividades en la puerta de la fábrica, en una jornada en la que los trabajadores volvieron a plantear el rechazo al cierre y exigieron la continuidad laboral, el fin del lock out y la puesta en marcha de FATE, y anunciaron nuevas acciones de lucha. La actividad reunió a dirigentes de distintos gremios y organizaciones, entre ellos Pablo Moyano, Hugo Yasky, Rodolfo Aguiar, Daniel Yofra, Claudio Marín y Alejandro Gramajo.
El conflicto de FATE se inició con el cierre de la planta y, desde entonces, los trabajadores vienen sosteniendo distintas medidas para defender sus fuentes laborales. En este marco, en junio de este año, la Justicia avanzó con la citación a indagatoria de 24 trabajadores y  HYPERLINK «https://www.anred.org/citan-a-indagatoria-a-24-trabajadores-de-fate/«dirigentes del SUTNA, entre ellos su secretario general, Alejandro Crespo, en el marco de una causa iniciada a partir de la permanencia en la fábrica.
En paralelo, durante ese mes creció la amenaza de un desalojo de la planta. Los trabajadores realizaron entonces una caravana y banderazo contra esa posibilidad y por la reapertura de la empresa, mientras distintas organizaciones obreras de la Zona Norte expresaron su solidaridad con el conflicto. La lucha también llegó a la Panamericana: a principios de julio, trabajadores de FATE realizaron un corte total de la autopista en defensa de sus puestos de trabajo. La protesta se inscribió en una coordinación de distintos conflictos laborales de la Zona Norte del Conurbano.
En ese marco, desde el sindicato también se impulsó una propuesta de ocupación temporaria de la planta para garantizar la continuidad productiva, mientras que un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense plantea declarar de interés público nacional y carácter estratégico la continuidad de la producción de neumáticos y dispone la ocupación temporaria de la planta industrial de FATE.

Despidos masivos en Granja Tres Arroyos

Granja Tres Arroyos atraviesa una de las mayores crisis de su historia. Con plantas paralizadas, una fuerte reducción de su producción y un pasivo de alrededor de 350 millones de dólares que busca reestructurar con sus acreedores, el deterioro financiero de la principal empresa avícola del país comenzó hace tiempo a trasladarse a sus trabajadores: salarios pagados en cuotas, vacaciones forzadas, suspensiones y, ahora, cientos de despidos.
En la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, esa crisis tiene otra dimensión. La producción permanece paralizada desde mayo y los trabajadores aseguran que acumulan salarios impagos desde la segunda quincena de abril, además del aguinaldo. La semana pasada, más de 260 empleados recibieron telegramas de despido. Uno de ellos estaba dirigido a Carlos Esquivel.
Esquivel tenía 53 años y era trabajador de La China. El lunes murió de un infarto después de atravesar, según relatan sus compañeros, meses de dificultades económicas e incertidumbre sobre su futuro laboral. Horas después de su fallecimiento, el telegrama mediante el cual Granja Tres Arroyos comunicaba su despido llegó a su domicilio.
“Por supuesto que no falleció porque le llegó un telegrama. Él no llega a recibirlo. Pero la situación que estaba viviendo era realmente angustiante y desesperante”, relató Eduardo Ramírez, compañero de Esquivel y trabajador del sector de trozado de La China.
“Había muchas carencias económicas. Una persona de 53 años no podía conseguir trabajo. En una ciudad de 100.000 habitantes, tenés 900 personas pidiendo trabajo, más todas sus familias. Es una situación muy angustiante y muy difícil de sostener en el tiempo”, explicó.
Los propios trabajadores realizaron colectas para asistir a quienes atravesaban las situaciones más críticas. También se coordinaron entregas de bolsones de alimentos con participación sindical, provincial y municipal. Sin embargo, Ramírez sostiene que la asistencia apenas permitía cubrir una parte de las necesidades básicas: “Era un bolsón de comida que servía para una semana, como mucho. Las demás cosas obviamente no se podían cubrir”.
Para Ramírez, la situación que atravesaba Esquivel no puede pensarse por fuera de un conflicto que desde hace meses afecta a cientos de trabajadores de la planta.
“Hay muchos compañeros pasando los mismos problemas, sin poder pagar alquileres, sin poder pagar servicios. Una changa la podés sostener un poco de tiempo, pero después no podés sostener mucho más. Aparte, 900 personas haciendo changas tampoco se sostiene”, afirmó.
La situación de La China se inscribe en una crisis económica y financiera que Granja Tres Arroyos arrastra desde hace tiempo. La compañía negocia actualmente con sus acreedores la reestructuración de un pasivo de aproximadamente 350,9 millones de dólares, que incluye compromisos comerciales con proveedores, obligaciones fiscales y deudas financieras. El plan contempla quitas que en algunos casos podrían alcanzar el 75%, plazos de hasta siete años y venta de activos para obtener liquidez.
La dimensión productiva de la compañía también se redujo considerablemente. Granja Tres Arroyos llegó a procesar alrededor de 760.000 aves por día y a emplear a más de 6.500 trabajadores. En medio de la crisis, su nivel de faena llegó a caer a cerca de 200.000 aves diarias.
La empresa atribuye parte de sus dificultades al impacto que tuvo la influenza aviar sobre las exportaciones, al cierre de mercados internacionales —entre ellos China—, a la sobre oferta posterior en el mercado interno y al incremento de los costos de producción. Esos argumentos también aparecen en las comunicaciones mediante las cuales justificó los últimos despidos.
La crisis, sin embargo, ya se traduce en una sucesión de cierres, suspensiones, retiros voluntarios y atrasos salariales en distintos establecimientos de la compañía. En 2024 cerró una planta en Tristán Suárez y en 2025 dejó de funcionar la planta Béccar, también en Concepción del Uruguay, cuyos trabajadores fueron trasladados a La China.
A cientos de kilómetros de Concepción del Uruguay, en El Jagüel, ciudad del partido de Esteban Echeverría, el relato de Emilio Gustavo Barrios permite reconstruir cómo ese deterioro financiero se trasladó progresivamente a los ingresos de los trabajadores.
Barrios lleva 15 años en la industria avícola. Comenzó durante la etapa de Cresta Roja, atravesó los cambios de operadores y continuó cuando Granja Tres Arroyos asumió la operación. Trabajó durante la pandemia y posteriormente en una planta destinada a la exportación, hasta que el establecimiento dejó de funcionar y fue trasladado a otra planta.
Según su testimonio, actualmente trabajan allí alrededor de 670 personas. Hace algunas semanas, la empresa les comunicó de un día para otro que comenzarían tres semanas de vacaciones por falta de producción.
“Nos dijeron que no había más pollo, que había vacaciones y que teníamos que volver el 10 de agosto”, contó.
Pero el período de descanso llegó sin que los trabajadores hubieran cobrado normalmente. Barrios asegura que acumulan un mes sin percibir el sueldo completo y que las vacaciones también comenzaron a abonarse en pequeñas cuotas.
“De las vacaciones nos pagaron creo que dos cuotas que no llegan ni a los 100.000 pesos. Una semana nos dieron una cuota y a la otra semana otra”, señaló.
Ante la falta de ingresos, los trabajadores recibieron la posibilidad de retirar mercadería de la propia empresa para cubrir parte de su alimentación, con un límite mensual de 500.000 pesos.
Para Barrios, sin embargo, el problema no comenzó con la última suspensión. Según afirma, hace aproximadamente un año y medio que los salarios son abonados de manera fraccionada. “Hace un año y medio que están pagando en cuotas. Vos las deudas las tenés que pagar y, si te atrasás, los intereses corren y nos perjudican. Una cuenta que tenés que pagar en determinada fecha, si no la pagás, te viene con interés. Y así se va sumando”, explicó.
A los pagos fraccionados se sumó, según su relato, la pérdida de otros ingresos laborales. “Los feriados ya no los pagan, perdimos los premios de fin de año. En pandemia laburamos, en exportación siempre trabajamos, siempre cumplimos”, sostuvo.
Así, mientras Granja Tres Arroyos negocia cómo reestructurar cientos de millones de dólares de deuda con bancos, organismos públicos y proveedores, sus trabajadores describen otra dimensión de la crisis: salarios en cuotas, vacaciones sin cobrar completamente, mercadería para cubrir la alimentación, changas y asistencia mediante bolsones de comida.
En Concepción del Uruguay, la muerte de Carlos Esquivel convirtió esa situación económica en algo concreto para sus compañeros.
Después de meses sin actividad, la llegada de los telegramas abrió una nueva etapa del conflicto. Los trabajadores de La China reclaman ahora la reincorporación de los despedidos, el pago de los salarios pendientes y respuestas para quienes todavía desconocen cuál será su futuro.

El Frente de Sindicatos Unidos exige un salario mínimo vital y móvil de 3.065.161 de pesos

Desde el Frente de Sindicatos Unidos reafirmaron que esa es la cifra que las y los trabajadorxs argentinxs necesitaron en julio para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Este valor representa más de ocho veces el actual salario mínimo. La presentación del FreSU se efectuó en la carpa instalada frente al Palacio Pizzurno por docentes universitarios en el marco de la semana de lucha que llevan adelante para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Para determinar el valor que debiera tener el salario mínimo vital y móvil (SMVyM), el FreSU toma como referencia los costos necesarios para cubrir las nueve necesidades vitales, establecidas por ley: Alimentación adecuada (653.231 pesos); vivienda digna (609.613); educación (279.529); vestimenta (146.631); salud (373.934); transporte, esparcimiento y vacaciones (665.055); y previsión social (337.168).
Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, los asalariados perdieron más de 69,3 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales. En los últimos 12 meses, los salarios reales del sector público cayeron 9%, mientras que los sueldos del sector privado se deterioraron 23% respecto del valor de compra que tenían en noviembre de 2023.
“Durante este gobierno, cada trabajador y trabajadora del sector privado perdió más de 2,8 millones de pesos, en tanto que cada empleado estatal perdió más de 14,9 millones de pesos. Se trata de una destrucción de salarios que obligó a las y los trabajadores a endeudarse para sostener la vida cotidiana y la deuda de las familias creció en 46 billones de pesos desde que Milei llegó a la Casa Rosada. La morosidad se multiplicó por 4 sólo en el último año y el mercado de crédito a los hogares se saturó. Los hogares ya no pueden tomar más deuda”, expresaron desde el FreSU.
Durante la conferencia de prensa realizada en la carpa universitaria, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, explicó que este Índice FreSU se elabora con datos del Indec, pero ponderado según las necesidades de las y los trabajadores: “(El índice muestra) que un trabajador necesita más de 3 millones de pesos por mes para vivir dignamente y vamos a seguir luchando por ello. Porque cada peso que le falta a los trabajadores se lo quedó un puñado de empresas con la transferencia de recursos que hizo este gobierno, que lleva acumulados 69 billones de pesos”.
En tanto, el secretario general de APLA (Pilotos), Pablo Biró, agregó: “Los que integran el gobierno no van al supermercado y son tan cínicos y salvajes que tienen pisado el salario mínimo en un nivel que no alcanza a cubrir ni una de las necesidades que establece la Constitución y le ley laboral”.
Por su parte, la secretaria general de Trabajadores Viales, Graciela Aleñá, se refirió a la necesidad de “luchar por los salarios y defender los convenios colectivos”, mientras que la secretaria general de FESPROSA (profesionales de la salud), María Fernanda Boriotti, agregó: “El ataque que sufren las universidades es el mismo ataque que sufre la Salud y las vías navegables porque la política de este gobierno es destruir puestos de trabajo y expulsarnos de una vida digna y ante eso vamos a seguir luchando”.
Cabe recordar que el FreSU está integrado por organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa, Aeronáuticos, Marítimos, Fluviales, Molineros, Papeleros y Viales.
El 1° de mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados que aprobó el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, en el que afirma: “Reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”.

Nueva semana de lucha de la docencia universitaria

Desde la Conadu Histórica, convocaron a una semana de paro nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria, del 18 al 22 de agosto. Advierten que el gobierno nacional continúa incumpliendo la ley y mantiene una deuda salarial que, a junio, alcanza el 28,5 %, sin recomposición salarial en julio y con la misma perspectiva para agosto.
Frente a esta situación, exigen: Recomposición salarial; pago inmediato del 28,5 % adeudado a junio, más los retroactivos correspondientes; restitución y pago del FONID; actualización de la garantía salarial; fondos para capacitación; cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario.
En tanto, desde Conadu organizan la instalación de una Carpa por la Universidad y la Soberanía entre el 18 y el 21 de agosto, frente al Palacio Pizzurno, donde se desarrollarán diferentes actividades.
El martes 18, a partir de las 11:00, hubo un semaforazo, un panel con la participación de integrantes del Observatorio de Tierras e Inquilinos Agrupados, y la actuación de la Murga Proteína G. Además, a las 16:00, el Frente de Sindicatos Unidos presentó el Salario Mínimo Vital y Móvil de los trabajadores con los valores del mes de julio.
Por su parte, el miércoles 19, a las 11:00, se hizo un Banderazo. Las actividades continuaron el resto de la semana.

Tercera semana de paro docente por tiempo indeterminado en Tierra del Fuego

La medida comenzó con el mes e implicó el no inicio de clases. El atraso salarial de las y los trabajadores de la educación es alarmante. Arrastra mucho tiempo. Pero se hace cada vez más insoportable.
Sucede además en una provincia golpeada por la crisis económica y en particular industrial. Ya se perdieron miles de puestos en el polo electrónico y textil. En el comercio. Las hijas e hijos de esas familias que van quedando en la calle tienen que ir a escuelas con problemas estructurales, de calefacción y con maestras mal pagas.
El reclamo docente es de un salario inicial de 3 millones de pesos, tal como fue calculado por distintos gremios para cubrir las necesidades de la canasta familiar. Ya se cumplen 20 días de huelga y las reuniones con los funcionarios del gobernador Gustavo Melella no tienen resultados. Es más, desde el gremio y la docencia lo toman como una cadena de provocaciones. “La propuesta salarial presentada por el Ministerio de Economía no contempla los meses de diciembre, enero y febrero”. Además, “en cuanto a los meses que sí están contemplados, los porcentajes ofrecidos están muy por debajo de las necesidades que tiene la docencia. El profundo deterioro del poder adquisitivo que sufrió el sector no se recupera con porcentajes por debajo de los índices inflacionarios”, dice SUTEF.
El ministro de Economía les ofreció un aumento de 59.000 pesos por un período de 7 meses. Además le exigieron que se abstenga de realizar cualquier tipo de descuento y disponga la devolución total e inmediata de los días descontados.
El mensaje del sindicato provincial termina señalando que “si el conflicto continúa, no será por falta de voluntad de la docencia, sino por falta de decisión política del Gobierno de Gustavo Melella para presentar una propuesta salarial justa y concreta”.

Acto contra despidos en Aeroparque

La Comisión Interna de GPS, la principal tercerizada de Aerolíneas Argentinas, convocó para el martes 18 de agosto, a las 18:00, a un acto en el puesto ECO del Aeroparque Jorge Newbery (ingreso central estacionamiento Sur). Fue para reclamar la reincorporación del delegado Luciano Corradi, por tratarse de un despido ilegal y anti sindical y por ser referente de la pelea contra la privatización de Aerolíneas Argentinas. Denunciaron además que se trata del puntapié para avanzar con despidos masivos en la empresa, como ya está ocurriendo en provincias como Córdoba. El lema de la convocatoria es “Aerolíneas se defiende, a quienes lucharon por ella no se los despide”.
La Comisión convocó a todos los gremios aeronáuticos, delegados y activistas de las distintas líneas aéreas, como así también a otras organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y políticas “para frenar este atropello contra la organización de los trabajadores y reincorporar a su delegado Luciano Corradi”.

Corte de calle por la reincorporación de Araceli Pintos al subte y represión policial

El Comité por la reincorporación de Araceli Pintos, que impulsan sus compañeros del subte y organizaciones de mujeres y sociales solidarias, realizó el jueves 20 una acción callejera para exigir que sea inmediatamente reincorporada a su puesto de trabajo. La concentración empezó a las 17 horas en la intersección de las calles Av. Rivadavia y Loria, desde donde se movilizaron hasta las oficinas de Emova para entregar las cientos de firmas reunidas y realizar un acto en apoyo a su reclamo. La policía respondió con represión y gases lacrimógenos, pero no pudo evitar la manifestación.
La legisladora del Frente de Izquierda presente en la movilización, Alejandrina Barry, denunció que la policía, además de golpear mujeres para defender al acosador de Araceli y a la empresa, hirió a un estudiante secundario de 15 años. Como consecuencia de la represión el joven terminó con lesiones graves, sobre todo en uno de sus hombros; fue asistido por la Posta de Salud.
Además de Barry, participaron de la acción referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto como Nina Brugo, integrantes de la directiva del gremio docente Ademys así como docentes de inicial y media de la Ciudad. Dentro de los trabajadores del subte que acompañan la lucha estuvo el dirigente de la AGTSyP Claudio Dellecarbonara y Agustina Chaves. Además, los colectivos de Asamblea Disca, Jubilados Insurgentes, Patricio del Corro dirigente del PTS y legislador (MC), Mercedes Trimarchi legisladora porteña, entre otros y otras.
Araceli trabajaba en el área de limpieza del subte cuando comenzó a sufrir situaciones de acoso por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad que prestaba servicio en su lugar de trabajo. Cuando decidió denunciarlo ante su supervisor, lejos de recibir protección, comenzó una secuencia de traslados, hostigamiento y aislamiento que terminó con su despido.
La empresa concesionaria del subte utilizó como argumento que Araceli se encontraba todavía en período de prueba. Pero el dato central es otro: fue despedida después de denunciar una situación de acoso laboral y sexual, mientras Emova no tomó medidas contra el efectivo denunciado, que sigue prestando funciones impunemente.
Ante la falta de acuerdo con Emova en el juzgado laboral, la causa que continúa por la vía judicial se acerca a su cierre. Por eso, trabajadoras y trabajadores y delegados de distintas líneas del subte, integrantes de la Agrupación Bordó, organizaciones feministas y el Comité por su reincorporación vienen realizando aperturas de molinetes y otras iniciativas, para reclamar una respuesta favorable.

En mayo volvió a caer el empleo registrado

Según datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se trata del decimotercer mes consecutivo de caída del empleo privado registrado. En mayo, 6.971 trabajadores perdieron su puesto; y si se comparan las cifras con noviembre de 2023, hay 337.365 asalariados registrados menos. La industria y el comercio son los sectores más afectados. Compartimos el análisis realizado por el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, Luis Campos.
Para Luis Campos, la fase de destrucción de empleo formal, que empezó en septiembre de 2023, ya es similar a la de 2018 – 2019, ya que en ambos casos se perdieron cerca de 300.000 puestos de trabajo registrados.
En cuanto al empleo formal, Campos considera que la crisis actual ya es mucho más fuerte que la de 2018-19: “Entre abril de 2018 y enero de 2020 se perdieron 228.522 puestos de trabajo registrados. En la crisis actual, entre agosto de 2023 y mayo de 2026, la caída fue de 376.760 trabajadores”. Advierte que en el sector privado la caída no encuentra piso: “Estamos en los niveles de fines de 2014. Si el capítulo laboral de la ley bases y la reciente reforma laboral se aprobaron para impulsar la contratación de trabajadores registrados, los empleadores todavía no se enteraron”.
“A nivel sectorial – continúa – la pérdida de puestos de trabajo se explica fundamentalmente por la dinámica en la industria y en el comercio. En ambos casos vienen expulsando trabajadores sistemáticamente desde hace un año: caídas i.a. del 4,5% y 3,1% respectivamente. Desagregados por provincia los datos son impactantes. Desde noviembre de 2023 solo se creó empleo en Vaca Muerta (Neuquén y Río Negro). Por el contrario, en siete provincias se registran caídas superiores al 10%”.
Campos explica además que en mayo la caída del empleo formal estuvo levemente amortiguada por el sector público y por el trabajo en casas particulares, que tuvieron leves incrementos en un contexto donde las variaciones en el mediano plazo siguen siendo muy negativas.
A su vez, el salario real relevado por el SIPA cayó en mayo y se ubica un 2% por debajo de los valores de noviembre de 2023: “Más llamativo aún, contra enero de este año la caída es de casi el 5%. Muy complicada la dinámica por este lado”.
Finalmente, Campos adelanta que para junio el panorama no luce alentador: “La Encuesta de Indicadores Laborales volvió a dar negativo. Veremos si el SIPA convalida esa observación, pero no hay señales de que el mercado formal de fuerza de trabajo haya encontrado su piso”.

Los salarios siguen perdiendo con la inflación en junio

Los salarios de los trabajadores registrados siguen perdiendo poder adquisitivo. El Índice de Salarios correspondiente a junio muestra que los salarios del sector privado registrado aumentaron apenas 1,9%, mientras que los del sector público avanzaron 3,4%. Así en la comparación con el mismo mes del año pasado, los aumentos fueron de 29,6% para los privados registrados y de 30,1% para los estatales.
Teniendo en cuenta que la inflación interanual fue del 33,5% queda a la vista que los salarios siguen corriendo por detrás de los precios. Si comparamos con el noviembre de 2023, último mes antes de la asunción de Milei, el sector privado registrado acumula una caída real de 3,6% desde noviembre de 2023, mientras que los estatales perdieron 16,5%. Para el conjunto de los trabajadores registrados, la caída real es del 8,2%.
Esto significa que, incluso después de dos años y medio de gobierno, los salarios no recuperaron el poder de compra perdido durante el shock inflacionario provocado por la devaluación y el programa económico de Milei y Luis Caputo. Por el contrario, el Gobierno consolidó un esquema en el que los ingresos laborales quedan sistemáticamente por detrás del costo de vida.
El caso de los trabajadores estatales es particularmente grave. En junio el índice salarial del sector público registró una mejora del 3,4%, superior a la del sector privado registrado. Pero este resultado estuvo impulsado por el aumento otorgado al personal de las universidades nacionales, incorporado en el índice del sector público total. Ese incremento fue impuesto por el Gobierno para incumplir con la Ley de Financiamiento Universitario que implicaba un aumento mucho mayor, luego del fuerte ataque a las casas de estudio.
La situación de los distintos sectores del Estado muestra, además, la magnitud del ajuste. En junio, los salarios del sector público nacional aumentaron apenas 1,1% mensual y los provinciales 2%. En términos interanuales, los incrementos fueron de 23,6% y 29,7%, respectivamente.
El ajuste salarial del Estado forma parte de una política más amplia de reducción del gasto público. Milei sostiene deliberadamente una política de contención de los salarios estatales, mientras recorta presupuesto para educación, salud, jubilaciones, ciencia y servicios públicos. El resultado es un deterioro simultáneo de los ingresos de quienes trabajan en el Estado y un empeoramiento en las condiciones en las que desarrollan sus tareas.
Con el argumento de evitar que los aumentos salariales presionen sobre los precios, el Gobierno interviene sobre las negociaciones colectivas y presiona para establecer acuerdos que funcionan como un techo salarial. De esta manera, mientras las empresas buscan preservar y aumentar sus márgenes de ganancia, los trabajadores son llamados a aceptar aumentos que quedan por detrás de sus necesidades.
El problema no se limita entonces a una cuestión estadística. La caída del salario es una transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia las empresas. Cada punto que los salarios pierden frente a los precios implica una reducción de la parte de lo producido socialmente que reciben quienes viven de su trabajo.
El Gobierno de Milei mientras ajusta salarios, jubilaciones y gasto público, sostiene beneficios para grandes empresas y garantiza condiciones favorables para los empresarios y especuladores financieros. La caída de los salarios muestra el costo del programa económico no lo está pagando “la casta”. No son los grandes empresarios, los bancos ni los especuladores quienes ven deteriorarse sus ingresos. Son millones de trabajadores que necesitan vender su fuerza de trabajo para vivir.
Frente a esta situación, es clave la organización de los trabajadores desde las bases para luchar. Las paritarias deben garantizar aumentos por encima de la inflación y permitir recuperar todo lo perdido. Para eso es necesario que las centrales sindicales rompan con la política de contención y convoquen a un plan de lucha nacional, con asambleas en los lugares de trabajo y una movilización unificada de todos los sectores afectados por el ajuste.

Triunfo clasista de azucareros de Ledesma

El jueves tuvieron lugar las elecciones en la CTA- Autónoma. En Libertador General San Martín, donde se encuentra ubicado el Ingenio Ledesma, en la seccional se impuso la Lista 6 Multicolor, una lista organizada desde abajo, por compañeras y compañeros combativos, que vienen luchando contra los ataques patronales y las entregadas de las conducciones sindicales. Le ganó a la lista oficialista por 252 votos a 171.
Parte de esa lista son Mariano Soria, trabajador de Ledesma y afiliado al SOEAIL, candidato a secretario general provincial; y Robinson Sánchez, también trabajador del Ingenio Ledesma, que encabezó la lista en esa localidad.
Ambos vienen siendo parte de duras peleas contra la patronal y contra la conducción del SOEAIL (trabajadores azucareros de Ledesma), que integra la CTA. Esa conducción dejó pasar más de 300 despidos en Libertador General San Martín y no apoyó a los trabajadores que acamparon durante meses peleando por su reincorporación.
Esa misma dirección organizó elecciones antidemocráticas y expulsó a afiliados opositores. En esas elecciones truchas, Mariano Soria y Robinson Sánchez perdieron sus fueros como delegados, lo que facilitó los ataques de la empresa. Ahora, tras el triunfo de este jueves están en mejores condiciones para afrontar estas duras peleas.
La Lista 6 Multicolor se formó trabajadores azucareros, docentes universitarios, personal de maestranza escolar, trabajadores estatales y otros sectores. Este triunfo en Ledesma es un gran punto de apoyo para fortalecer una corriente clasista, combativa e independiente de las patronales.

Primer amparo patronal contra la reforma laboral

La Reforma Laboral acaba de sufrir la primera impugnación ante la Justicia por parte de una Cámara patronal. Lo hizo la  asociación gremial empresaria que representa y promueve a la industria metalúrgica argentina ADIMRA ante el fuero laboral en contra de la limitación implantada por la norma sobre un aporte incluido en el Convenio colectivo de la actividad que define el sostén financiero de esa organización.
La presentación se concentró en un artículo de la Ley 27.802 y en la reglamentación impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Son los mismos cuestionamientos que evalúa buena parte de las gremiales empresarias frente al límite que el “Coloso” del Gabinete les impuso en los mecanismos de recaudación entre los empleadores de cada rubro. Entre ellas figuran la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME).
El amparo solicitado por Adimra apuntó contra el artículo 133 de la reforma que puso como tope el 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores a “los aportes, contribuciones y cualquier otro concepto previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores”, señala la ley. Sin embargo, el mayor perjuicio que la entidad busca revertir es el decreto reglamentario 407/26 según el cual esos aportes “sólo serán obligatorios para aquellas empresas que estén afiliadas” a una Cámara.
En el caso de los industriales la entidad mayoritaria que los nuclea, a través del Convenio colectivo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), recauda entre las empresas de la actividad 1% del salario de cada operario. Con un ingreso mínimo garantizado cercano al millón de pesos mensuales, y una nómina en todo el país aproximada de 220.000 trabajadores, los ingresos anuales de Adimra suman no menos de 20 millones de dólares. El límite fijado en el decreto 407 reduce a la mitad el monto a recaudar por cada salario pero, sobre todo, minimiza el universo de empresas sobre las cuales aplicar la retención sólo a las formalmente afiliadas a Adimra.
Ese mecanismo recaudatorio fue históricamente discutido por otras Cámaras cuyos asociados alegaban verse forzados a contribuir a Adimra a pesar de no estar afiliados. En el caso de la Asociación de Fábricas de Componentes (Afac, los autopartistas) la controversia llegó a la Justicia pero incluso con un fallo favorable, los demandantes se quejaron en los últimos años ante las autoridades de que la entidad condenada implementaba artilugios para que la contribución pareciese obligatoria.

Fuentes: www.eldestapeweb.com, Indymedia Argentina, Agencia FARCO,  ANRed, ANCCOM, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario

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