Luego
de un enorme operativo desplegado en la mañana del miércoles 19 de
agosto promovido por el juez Francisco Bonorino, se efectivizó el
desalojo a la comunidad mapuche Kintxikew de uno de los predios que
comparte con la comunidad mapuche Melo.
Sin embargo, a las 14:00, las
fuerzas represivas se retiraron del paraje El Pedregoso sin poder
desalojar a la comunidad Melo, argumentando que no estaban dadas las
condiciones para llevar adelante un desalojo con presencia de menores y
adultos mayores en el lugar. El operativo desplegado solo incluía
fuerzas represivas y no había ninguna otra institución para garantizar
el procedimiento. Importante movilización en defensa del territorio.
Sentencia
favorece a Benetton en Chubut. Persecución judicial en Cipoletti (Río
Negro). Arauco ejerce violencia en Misiones. Revocan sobreseimiento a
integrantes de Las Capillas (Pueblo Ocloya) en Jujuy y desalojo y
represión en Humahuaca. Acuerdo de Milei con Israel son una amenaza para
las comunidades tehuelche-mapuche.
El territorio
comunitario de las comunidades Melo y Kintxikew (Quintriqueo), a
aproximadamente 30 kilómetros de la ciudad de Villa La Angostura, aún se
encuentra bajo resguardo. Pero la amenaza persiste. La Confederación
Mapuche de Neuquén informó este jueves que las fuerzas represivas del
Estado volvieron a desplegarse en el lugar, específicamente en el sector
del Pedregoso que fue desalojado de manera sorpresiva, ilegal y
violenta el 19 de agosto.
El viernes 21 de agosto, el juez Francisco
Astoul Bonorino rechazó el pedido de la comunidad Kinxikew para frenar
la ejecución de desalojo. El fallo no define el reclamo de fondo sobre
la propiedad comunitaria mapuche, pero permite que continúe la ejecución
de una sentencia firme mientras ese otro juicio sigue en trámite.
La
decisión fue adoptada por el juez Francisco Astoul Bonorino, titular
del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Villa La
Angostura, quien resolvió que la ejecución de la sentencia de desalojo
puede continuar mientras sigue tramitando la causa principal iniciada
por la comunidad. En términos prácticos, el fallo significa que la
Justicia no frenó el desalojo y que la medida solicitada por la
comunidad fue rechazada.
Bonorino beneficia de esta manera a la
familia de origen belga Broers, que reclama la titularidad del
territorio ancestral mapuche. Villa La Angostura no es cualquier lugar
en la Patagonia: ubicada en el corazón del Corredor de los Lagos,
rodeada por el Parque Nacional Nahuel Huapi, es una locación codiciada
por su alto valor turístico.
En este contexto, el sábado 22 las
comunidades convocaron a una caravana de los pueblos en solidaridad que
tendrá dos puntos de concentración: uno a las 14:00 desde el Puente de
las Piedritas en Villa de la Angostura, y otro a la misma hora en el
estacionamiento ferroviario en la terminal de Bariloche para confluir en
el territorio en resguardo.
Amancay Quintriqueo, Lonco de la Lof
Kintxikew (Quintriqueo), y Noelia Huenumir Pigen, lonco de la Lof Melo,
convocaron a movilizar: “El día de ayer (por el miércoles 19) fue
desalojada nuestra comunidad pero el objetivo de esta caravana es
también demostrar la resistencia y que no nos van a mover de acá, que
hoy hay que resguardar también el territorio de la Lof Melo porque no
podemos seguir entregando un metro cuadrado más a todos estos
extranjeros que hace tiempo vienen quedándose con nuestros territorios”.
“Hay
que evidenciar todo lo que viene haciendo este gobierno junto con el
Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, que son ellos quienes hoy entregaron
nuestro territorio a un extranjero de descendencia. El pedido desde el
territorio comunitario es acompañar de manera presencial el resguardo,
hacen un llamado a organizaciones sociales, colectivos y vecinos y
vecinas que deseen acercarse al lugar”, expresaron.
Además,
denunciaron la complicidad del gobierno provincial de Rolando Figueroa y
del ministro Jorge Tobares. Las comunidades denuncian que el poder
político de la provincia, lejos de intervenir para evitar el desalojo
violento y teniendo las herramientas, decidió avalar un procedimiento
ilegal que pone en riesgo a las familias mapuche, a infancias,
adolescencias y adultos mayores que se encuentran en el lugar.
Caravana en defensa del pueblo mapuche
El sábado 22 de agosto con el objetivo de visibilizar la lucha, resistencia y resguardo de la comunidad Melo y Kinxikew. Los puntos de encuentro son la terminal de ómnibus de Bariloche y el Puente Las Piedritas en Villa La Angostura, a las 13:30.
Compartimos convocatoria:
AVANZA EL DESALOJO DE COMUNIDADES DE TERRITORIOS ANCESTRALES EN LA PATAGONIA
SAQUEO, NEGOCIADOS Y ETNOCIDIO
En la última semana se concretó el desalojo a la comunidad mapuche de la Lof Quintriqueo y Lof Melo; actualmente la comunidad Lof Kurache, de Cushamen, se encuentra amenazada por un fallo judicial que favoreció a Benetton en la posesión de su territorio.
Las comunidades, ancestrales cuidadores del territorio, resisten, como desde la mal llamada Campaña al Desierto, frenando con sus cuerpos la expansión furiosa de un sistema capitalista extractivo y extranjerizante. Este 22 de agosto convocan a una movilización en la ciudad de Bariloche, y merecen la solidaridad federal y más allá de los pueblos.
Invitamos a colectivos, agrupaciones, intelectuales, artistas y activistas a ADHERIR a esta lucha, que es nuestra lucha.
ADHESIONES: [email protected]
Movilización y un solo grito: ¡¡¡Paren la violencia de los desalojos!!!
Cientos
de vehículos y miles de adherentes partieron desde Villa La Angostura y
Bariloche el 22 de agosto. El objetivo: llegar a los territorios
amenazados y brindar el apoyo decidido al Lof Kinxikew y Lof Melo. Y
levantar el pedido al Poder Judicial y al Gobierno de Neuquén para que
paren la política de resolver con violencia un conflicto que requiere
responsabilidad y capacidad política para ordenar un tema que heredan y
que tiene que ver con la seguridad territorial de 70 comunidades que
existen en la Provincia.
Este escenario de violencia abarca muchos
otros escenarios de pronto desalojos, algunos ya dictados y otros a
punto de ser dictados. Estos conflictos llegan a la peor salida por la
inacción del gobierno Figueroa/Tobares.
El gobernador Figueroa no
quiere avanzar con los Relevamientos Territoriales, no registra las
nuevas Personerías Jurídicas, no aplica la Consulta Previa, que son
todas obligaciones jurídicas, para facilitar la apropiación de empresas,
terratenientes o corporaciones a quienes la ha prometido “seguridad
jurídica”. Esa seguridad jurídica siempre es garantía para el poder
establecido, nunca para los excluidos por la justicia desde que Neuquén
es Neuquén.
Caravana contra desalojos del Pueblo Mapuche: «Ellos no quieren a la tierra, quieren solo vivir de la tierra»
Compartimos
las palabras de pu logko Lucas Melo y Amancay Kintxikew en el txawun
realizado el sábado 22 en el territorio en resguardo.
Más de 800 personas llegaron a acompañar a las Comunidades Mapuche en el territorio del sur de Neuquén.
Desde
Junín y San Martín de los Andes más de 70 personas llegaron en caravana
llevando la solidaridad de comunidades y organizaciones.
Es
importante seguir atentos a lo que pueda suceder y hacer presencia en el
territorio, como también denunciar fuertemente la ilegalidad con la que
procedió el juez Francisco Bonorino con la complicidad del Gobernador
Rolando Figueroa y el Ministro Jorge Tobares.
Los Territorios desalojados serán entregados al negocio inmobiliario y al despojo, comenta el comunero.
Durante
la jornada se reclamó por la situación de las comunidades y se
cuestionó la actuación del juez Bonorino, señalando que no habría
respetado los derechos indígenas y que existiría una vulneración de los
Derechos Humanos.
La movilización también puso en discusión la
situación de los derechos indígenas en Argentina y la falta de entrega
de títulos de propiedad comunitaria a diferentes comunidades.
CIENTOS DE VEHICULOS EN EL “CARAVANAZO” CONTRA LOS DESALOJOS
La
caravana partió desde dos puntos: Villa La Angostura y Bariloche. El
primero desde el centro de Villa La Angostura y la segunda desde el
cruce de la Ruta Nacional 40 y Ruta Nacional.237. Más de 200 vehículos
desde Villa la Angostura y cerca de 100 vehículos desde Bariloche. Se
calcula que por el resguardo pasaron más de 1.000 personas en las dos
horas que duró la actividad. Una demostración que el apoyo popular es
impresionante por parte de diversas organizaciones sociales y espacios
políticos de Villa La Angostura. Además se identificaron familias de
Puelo, Bolsón, pu lof Kemkem Trew, Lafken Winkul Mapu, Kvlalef,
Nawelpan, Maliqueo, Wenuñirihuau, entre otros.
El mensaje fue
contundente por parte de las autoridades de Melo y Kinxikew, quienes
expresaron fervientemente la necesidad de unificar luchas en defensa del
territorio, la biodiverdidad y la soberanía. También sostuvieron que
debemos permanecer en alerta y movilización ante la amenaza de desalojo
inminente, que pretende ser ejemplificador y escarmiento para casos
similares. Advirtieron sobre el posible intento de desalojo al Lof
Paicil Antreao, ya que entienden que no se puede confiar más en la
palabra del gobierno provincial. Participaron también pu Lof de la Zonal
Wijice y organizaciones sociales y políticas de Junin de los Andes, San
Martin de los Andes, Piedra del Aguila, Fiske Menuko, Cipolleti y
Neuquén capital: Frente popular Darío Santillán, Marabunta, PTS, FOL,
PO, senadora Adriana Serki, diputado César Parra, Movimiento Evita Río
Negro, entre otros.
Fuente: FENXEN MAÑUM Colectivo Al Margen
PICHIKECHE (niñas/os) DEFENDIENDO SU TERRITORIO
Cada
pincelada de las niñeces y jóvenes no es solo arte; es un acto de
defensa. Muchas veces se cuestiona el uso de la palabra LUCHA, como si
fuera un concepto negativo.
Sin embargo, ver a la juventud pintando sus propias banderas demuestra todo lo contrario: luchar es un acto de amor y comunidad.
Las
niñeces nacen y crecen con resistencia. No es una elección; es la
herencia de nuestros ancestros que nos enseñaron que defender la
identidad, el territorio y la memoria es el único camino para seguir
existiendo.
Hoy, las nuevas generaciones toman el pincel y la palabra para continuar el rumbo con orgullo.
Lamentablemente, la historia ha obligado al pueblo a defenderse. Pero esa defensa hoy se transforma en color y organización.
Nuestra proyección de vida es dejarles a las generaciones venideras territorios libres de extractivismo y extranjerización.
Por la resistencia del presente y el caminar con alegría a pesar de todo:
«¡¡¡Luche.Luche.Luche como mapuche!!!»
Todo el newen al Lof kinxikew y Lof Melo.
AICA- Agencia Informativa Católica Argentina
Los
equipos diocesanos de Pastoral Aborigen (EDIPA) y de Pastoral Social de
Neuquén expresaron su «más profunda indignación» y su «repudio más
enérgico» ante el desalojo de las comunidades mapuches Kinxikew y Melo.
» https://www.aica.org/noticia-neuquen-edipa-y-pastoral…
COMUNIDAD VERA
Mari
mari kom pu che: La Lof Mapuche Vera expresa su total y absoluto
repudio al accionar llevado adelante por el Gobierno de la Provincia del
Neuquén y al desalojo de nuestras comunidades hermanas de Villa La
Angostura, Lof Kinxikew y Lof Melo.
Repudiamos enérgicamente
cualquier acción que desconozca los derechos preexistentes, ancestrales y
territoriales del Pueblo Mapuche, así como nuestra historia, identidad,
cultura y relación espiritual con el territorio.
Entendemos que los
derechos territoriales de nuestras comunidades son pre-existentes al
Estado y se encuentran reconocidos por el marco constitucional y
jurídico vigente. Por ello, consideramos fundamental que cualquier
situación que involucre territorios comunitarios sea abordada respetando
los derechos colectivos y garantizando la consulta previa, libre e
informada.
Desde la Lof Mapuche Vera manifestamos nuestra solidaridad
y acompañamiento a las familias y autoridades de los Lof Kinxikew y
Melo, y hacemos un llamado al Gobierno Provincial a respetar los
derechos del Pueblo Mapuche, cesar las acciones de desalojo y garantizar
el diálogo institucional correspondiente.
No vamos a permanecer indiferentes frente a la vulneración de los derechos de nuestras comunidades hermanas.
¡Basta de atropellos contra el Pueblo Mapuche!
¡Respeto a los derechos preexistentes y ancestrales!
¡El territorio mapuche se respeta!
Lonko Eliana Yanet Vera.
Comisión Directiva.
LOF MAPUCHE VERA
San Martín de los Andes – Neuquén
LA CÁTEDRA ABIERTA DE PUEBLOS ORIGINARIOS UNPSJB TRELEW REPUDIA
Los desalojos violentos a las *Lof Kinxikew y Melo* en Neuquén, ocurridos el 19 de agosto.
Exigimos
el cumplimiento del Convenio 169 OIT, la Constitución Nacional y el
respeto a la preexistencia y ancestralidad de nuestro Pueblo.
Denunciamos los intereses inmobiliarios detrás de un fallo irregular.
Nuestra solidaridad con las comunidades que defienden el territorio, el agua y la vida.
*¡NO A LA EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA!*
*NEWENTULEYMUN KOM PU CHE – MARICHIWEW MARICHIWEW*
Casa
Patria Neuquén acompaña a las comunidades mapuche Lof Melo y Lof
Kintriqueo ante la orden de desalojo prevista para este 20 de agosto en
Paso Coihue
Estuvimos presentes en la conferencia de prensa
realizada en Casa de Gobierno, acompañando el reclamo y reafirmando la
necesidad de encontrar una solución que respete los derechos de las
comunidades, su historia y su vínculo con el territorio.
Defender la tierra también es defender nuestra historia, nuestra identidad y la convivencia.
No al desalojo de las comunidades mapuche.
Seguimos
exigiendo justicia para las familias del Lof Kinxikeo desalojadas en el
día de ayer, exigimos la restitución inmediata de su territorio luego
de que se ejecutara el desalojo ilegal
Los animales de las
familias desalojadas quedaron en el territorio sin alimentos ni cuidado.
En el día de hoy se les negó la posibilidad de entrar a buscarlos o
asistirlos, lo que genera aún más repudio al accionar del poder judicial
y político de la provincia de Neuquén.
Los territorios de pueblos
indígenas son codiciados por terratenientes y corporaciones porque los
ven como mercancía y nos quieren sometidos y empobrecidos. Para
deslegitimarnos ejercen ilegalidades e intentan sancionar leyes en
contra de nuestro futuro como pueblos.
Acá estamos levantando una vez
más nuestra palabra y nuestra fuerza, denunciamos tanta injusticia
cometida contra nuestro pueblo mapuche para beneficiar a un puñado de
winka insaciables de tanta avaricia.
Como mapuche nos acompañamos no
sólo en la defensa de nuestros pu lamien, también del territorio y su
diversidad. Convocamos a toda la sociedad a movilizarse y acompañar a
estas dos comunidades, que son quienes resguardan el agua, la vida y la
soberanía en este lugar de la Patagonia.
El Lof Kinxikeo reclamará la restitución del territorio: «El procedimiento fue totalmente ilegal»
El
abogado de las comunidades Lof Melo y Lof Kinxikew, Virgilio Sánchez,
realizó un fuerte cuestionamiento al procedimiento judicial que derivó
en el operativo de desalojo en Villa La Angostura. Durante una
entrevista sostuvo que la defensa fue excluida del expediente, denunció
falta de transparencia en el proceso y anticipó que impulsará un pedido
de nulidad de todo el procedimiento judicial.
Según explicó, el
expediente continúa bajo reserva judicial, lo que —afirmó— le impide
acceder a la documentación necesaria para ejercer el derecho de defensa
de las comunidades.
Uno de los conceptos más contundentes de la entrevista fue la calificación que hizo del operativo.
«El
procedimiento fue totalmente ilegal porque la comunidad Melo no estaba
demandada. La causa estaba dirigida contra la comunidad Kinxikew y
avanzaron igual con el desalojo.»
Sánchez aseguró que se enteró de
distintos movimientos del expediente a través de publicaciones
periodísticas, incluso antes de recibir notificaciones judiciales.
«Vos me estás llamando y tenés más información que yo. Eso demuestra la gravedad de lo que está pasando.»
El abogado explicó que la reserva del expediente constituye uno de los principales cuestionamientos de la defensa.
«Tengo
el derecho y el deber de ver las actuaciones para poder defender a mis
representados. Un abogado merece las mismas prerrogativas y el mismo
respeto que cualquier magistrado.»
Sostuvo que el juez decidió
mantener el expediente reservado luego de varios intentos frustrados de
ejecutar el desalojo, impidiendo que tanto él como las comunidades
conozcan qué medidas se estaban tomando.
«Ni la comunidad ni yo podemos enterarnos de qué se está haciendo dentro del expediente.»
Para Sánchez, esta situación afecta las garantías constitucionales básicas.
«Cualquier ciudadano tiene derecho a controlar un expediente en el que está involucrado. Acá ese derecho fue vulnerado.»
Durante
la entrevista, Sánchez afirmó que mientras la defensa no pudo acceder
al expediente, la otra parte sí habría contado con información y
reuniones previas para coordinar el operativo.
«Estamos jugando con la cancha inclinada. A nosotros nos sacan del expediente y la otra parte avanza.»
Incluso hizo referencia a una reunión que, según indicó, se realizó en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura.
«Antes
del desalojo hubo una reunión donde participaron el juez, el abogado de
Brothers y operadores judiciales para coordinar el procedimiento.»
A su entender, esa situación rompe el principio de igualdad procesal.
«El proceso tiene que respetar la igualdad entre las partes. No pueden esconder el expediente a una sola de ellas.»
Otro de los puntos centrales de su planteo tiene que ver con la presunta venta del lote en conflicto.
Sánchez
aseguró que tomó conocimiento de esa operación por los medios de
comunicación y que la Justicia nunca aclaró oficialmente quién impulsa
actualmente el desalojo.
«Necesito saber quién está legitimado para llevar adelante el desalojo y si la propiedad ya fue vendida.»
El
abogado sostuvo que, si el inmueble fue transferido, los nuevos
compradores no tendrían legitimación para continuar un juicio de
interdicto de recobrar.
«Los compradores nunca fueron despojados de
la posesión. Si compraron un terreno litigioso, tienen que iniciar otro
juicio: una acción de reivindicación.»
También cuestionó que el juez no haya aclarado ese punto pese a que la información trascendió públicamente.
«Si el terreno se vendió, el juez debía informar. Ocultar esa información es gravísimo para el proceso.»
Frente a las presuntas irregularidades, Sánchez confirmó cuál será la estrategia judicial.
«Voy a plantear la nulidad de todo este procedimiento y voy a requerir la restitución del lote a la comunidad.»
Explicó que primero intentará acceder al expediente, pero aseguró que no esperará indefinidamente a que se levante la reserva.
«Ya estoy exigiendo que el expediente deje de estar reservado porque hay múltiples irregularidades que deben ser revisadas.»
El
abogado recordó que la defensa presentó una medida cautelar para
suspender el desalojo hace aproximadamente un año y cuestionó que
todavía no exista una resolución judicial.
«La comunidad espera desde hace un año que el juez resuelva esa cautelar y, mientras tanto, avanzaron con el desalojo.»
Según afirmó, esa falta de respuesta también será incorporada al planteo de nulidad.
Más
allá del operativo, Sánchez explicó que existe otra causa judicial en
la que las comunidades buscan el reconocimiento de la propiedad
comunitaria del territorio.
Aseguró que el Estado ya reconoció la ocupación tradicional y ancestral de las comunidades mediante el relevamiento territorial.
«El
propio Estado declaró que existe una ocupación tradicional y ancestral.
Ahora vamos a pedir que se reconozca la propiedad comunitaria.»
Añadió
que, una vez obtenida una sentencia, reclamarán que el Estado adopte
las medidas necesarias para garantizar esos derechos.
En el cierre de
la entrevista, Sánchez afirmó que las comunidades mantienen su voluntad
de diálogo político, aunque dijo sentirse decepcionado por las
gestiones realizadas hasta el momento.
«Las comunidades siempre tuvieron vocación de diálogo, pero se sienten defraudadas por el ministro Jorge Tobares.»
Por ese motivo, confirmó que el objetivo es mantener una reunión directa con el gobernador Rolando Figueroa.
Capitales nacionales compran tierra en conflicto en Villa La Angostura
Por Susana Lara
Un
grupo de capitales nacionales se expande en la costa norte del lago
Nahuel Huapi, con propiedades rurales que abarcan varios kilómetros de
acceso directo a las aguas públicas y al menos un desarrollo
inmobiliario en estudio próximo a la frontera internacional con Chile.
La familia propietaria del histórico hotel Correntoso en Villa La
Angostura (Neuquén), compró al menos dos predios más en los últimos dos
años, incluyendo una fracción en conflicto con una comunidad mapuche con
una sentencia de desalojo en vías de ejecución. La compra de esa
fracción en conflicto no fue acreditada en el expediente civil por la
demandante, omisión que buscaría forzar el desalojo fijado para el 20 de
agosto próximo por Francisco Astoul Bonorino, juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la IV Circunscripción
Judicial con asiento en Villa La Angostura.
Alejandro Ernesto
Laureano Laurence -junto a su esposa fallecida el año pasado y sus tres
hijxs-, compró el hotel Correntoso a fines de los ’90. En 2024 compró
Estancia Lago Totoral SA, cuyo principal activo era en ese momento una
parcela rural en medio del bosque nativo ubicada a escasos kilómetros
del paso internacional Samoré, dentro de la jurisdicción del Parque
Nacional Nahuel Huapi. Con esa sociedad compraron 625 hectáreas sobre el
brazo Huemul, espacio ocupado y reivindicado por la lof Melo – Kinxikew
como territorio comunitario.
El conflicto acumula 15 años
María
Cristina Broers interpuso un interdicto de recobrar contra la lof Melo
ante un juzgado en lo Civil de Villa La Angostura, logrando un fallo
favorable. Ante distintas irregularidades, la defensa logró impedir el
desalojo en seis oportunidades hasta el momento. Broers jamás vivió en
las tierras ubicadas en el paraje El Pedregoso, junto al brazo Huemul,
costa noreste del lago Nahuel Huapi. En pleno conflicto, vendió el lote a
Laurence, de acuerdo a lo que afirman distintas fuentes extraoficiales.
Laurence no podría continuar el interdicto para recobrar lo que jamás
ocupó, razón posible por la que el abogado de Broers no lo informó en el
expediente.
Poco antes, el empresario de Bariloche Emilio Ovrum, tío
de Broers, vendió a estos capitales la fracción que incluye la
totalidad del lago Totoral, junto a la Ruta Nacional 231, a poca
distancia de la costa del brazo Última Esperanza y del paso Samoré. Esa
parcela rural tiene una antigua construcción de madera, prácticamente
destruida por la ceniza de la erupción del volcán Puyehue en 2011.
Laurence presentó ante la Intendencia de Parques Nacionales un proyecto
de desarrollo inmobiliario, vecino en buena parte al de Alberto Pierri
en Inalco.
Grupo económico
Laurence viene de la banca. A
fines de los ’90 vendió su participación en el Banco Liniers
Sudamericano, que estaba controlado por el Deustche Banck AG, de
Alemania, a través de una firma radicada en Argentina. Conservó algo de
esa época en la Inmobiliaria Liniers SA.
Ya radicado en el sur,
relanzó el hotel Correntoso en 2003. Después hizo nuevas
infraestructuras para el alquiler turístico en la zona donde se unen el
río Correntoso con el lago Nahuel Huapi, para lo que formó Bahía del
Manzano SA.
Con las compras de tierras del 2024 armó un corredor
propio en unos 45 kilómetros aproximadamente, con Totoral en el extremo
oeste y el lote 42 en conflicto en el este.
El año pasado formó una nueva empresa: Altos del Correntoso SA, siempre con sus hijxs (https://www.boletinoficial.gob.ar/web/utils/pdfView?file=%2Fpdf%2Faviso%2Fsegunda%2FA1500958%2F20260611).
A la vez, también tiene presencia en Vaca Muerta, donde opera en la prestación de servicios con Centro Ambiental y Derrames SAS.
FUENTE: El Extremo Sur
Las persistentes falsedades, invisibilización y persecución sobre el Pueblo Mapuche de una ciudad que creció sobre el despojo de sus tierras
Por Ana Ambrogi
En
Villa la Angostura, la verdadera historia de la Lof Paicil Antreo es
conocida por todos, más aún por los aprovechadores de siempre,
funcionarios, instituciones y empresarios extractivistas turísticos.
Claro, hacen como si no, para poder seguir despojando tierras tan
valiosas por su alto valor turístico. Lo increíble es que tanto el
Intendente que como si fuera poco, tiene raíces mapuche, como el
gobierno de la provincia de Neuquén, actúan continuamente a favor de
estos empresarios, y no aplican las leyes locales, provinciales,
nacionales e internacionales, que garantizan los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
Todas estas leyes confirman el derecho de Paicil Antreao a
estas tierras, que no solo son tierras donde históricamente viven (como
dicen las leyes) si no que fortalece sus derechos al estar documentada
la entrega de las mismas por el gobierno nacional, luego de la mal
llamada «Conquista del desierto» a sus pobladores originarios, Paicil y
Antreo.
Las intervenciones nunca consultadas al territorio de la
Comunidad Mapuche son innumerables desde el despojo de 500 ha que les
ejecutó el gobierno provincial para crear el Municipio de Villa la
Angostura, de las cedidas a la Comunidad como Lote Pastoril 9 con un
total de 625 ha. Los acorralaron hacia el Lago Correntoso dejándoles
poco territorio para sus vidas cotidianas. El hecho es que como esas
tierras se han convertido en un botín de oro para insaciables
empresarios amantes del dinero, desde hace años esta Comunidad sufre
juicios tras juicios, que a pesar de obtener sentencias favorables,
persisten en volver a accionar y en acosarlos. Con falsas compras de
buena fe, criminalizándolos, invisibilizándolos, y poniendo como excusa,
que los Mapuche son usurpadores de sus propias tierras, para mejor
robo.
El complejo tema de la construcción de la ruta de
circunvalación desde hace 9 años, no es ajeno a todos estos atropellos.
Sin Consulta Previa, Libre e Informada como especifica el Convenio 169
de la OIT, y sin un serio y confiable Impacto Ambiental sobre traza
planteada, la Municipalidad junto al Gobierno Provincial avanzaron en su
construcción. Interviniendo y separando en dos la Comunidad. Separando
territorio, familias, servicios. De hecho la mitad de la población al
día de la fecha y por capricho de las autoridades no tiene luz
indispensable para la vida, además de otros servicios, en una ciudad
donde vacaciona el turismo de élite y quienes a escasos metros gozan de
todos los servicios de primer nivel.
En estos días el Proyecto de
Ruta de Circunvalación sale a luz pública «gracias» a la verborragia y
falta de información de la senadora nacional por Neuquén, Nadia Márquez.
Tal es el escándalo que el propio intendente salió a contestar por los
medios de comunicación.
Incluimos la nota de Angostura Informa para
dar visibilidad a las falacias del Intendente que en ningún momento
nombra la presencia del Pueblo Mapuche en las tierras donde se está
ejecutando esta obra. Quien expresa: «Atribuir la paralización o demora
de esta obra de gran magnitud de forma exclusiva a un conflicto judicial
y territorial es una afirmación que no se condice con la realidad y
desvía el foco de atención. La prolongada dilación de este proyecto
obedece a una complejidad multicausal que incluye, centralmente, graves
problemas presupuestarios y decisiones políticas de financiamiento,
además de la cuestión territorial». Un intendente que perdió la
oportunidad de informar públicamente sobre la presencia del Lof Paicil
Antreao, sus derechos, pone el acento en la de falta de recursos y
menciona como al pasar «una cuestión Territorial». Nada dice de los
componentes de esta «cuestión territorial. Una vez más insiste en hacer
oídos sordos, confirmando que es parte del avasallamiento a los Derechos
de un Pueblo Indígena que está asentado allí desde épocas inmemorables.
El
que quiera oír que oiga, el que quiera conocer que conozca. Pero no
caigamos en la trampa de los poderosos y señores no afines a la verdad.
La ruta de circunvalación no solo tiene problemas de recursos, lo más
importante es que tiene problemas de falta de Derechos Humanos.
Nota de Angostura Informa:
La verdad sobre la circunvalación y el impacto de la sub ejecución nacional en nuestra infraestructura
Desde
la Municipalidad de Villa La Angostura, ante las recientes
declaraciones formuladas en el Senado de la Nación por la senadora
nacional por Neuquén, Nadia Márquez, nos vemos en la obligación
institucional de precisar la información vertida y expresar nuestra
profunda preocupación por el diagnóstico distorsionado que se difunde en
los medios y ámbitos legislativos nacionales.
En primer lugar, es
fundamental subsanar los errores geográficos e institucionales expuestos
en el debate legislativo, donde se confundió la ubicación del Camping
Correntoso situándolo en Junín de los Andes, y se alteró el nombre de
este Intendente llamándolo “Müller”. Más allá de lo anecdótico de estas
confusiones, lo que realmente preocupa es la simplificación de una obra
estratégica para la región como la Ruta de Circunvalación, reduciéndose
discursivamente a una simple “rotonda”.
La Ruta de Circunvalación
comenzó a ejecutarse en 2017 y registra un avance significativo,
restando pavimentar aproximadamente dos kilómetros.
Atribuir la
paralización o demora de esta obra de gran magnitud de forma exclusiva a
un conflicto judicial y territorial es una afirmación que no se condice
con la realidad y desvía el foco de atención. La prolongada dilación de
este proyecto obedece a una complejidad multicausal que incluye,
centralmente, graves problemas presupuestarios y decisiones políticas de
financiamiento, además de la cuestión territorial.
De hecho, a nivel
local se ha trabajado activamente para destrabar el conflicto de la
traza, sumado a la intervención del gobierno provincial para garantizar
la continuidad del proyecto. El verdadero obstáculo para la finalización
de la infraestructura vial de Villa La Angostura y de toda la Patagonia
es la asfixiante sub ejecución presupuestaria que el Gobierno Nacional
aplica sobre los fondos que legítimamente se recaudan para las rutas.
Es
inadmisible que, mientras los vecinos y turistas de nuestra localidad
pagan cada vez que cargan combustible una tasa impositiva nacional en
alza, el Poder Ejecutivo Nacional mantiene inmovilizado el dinero de la
obra pública. Una reciente investigación periodística revela que, a
través del fideicomiso Sistema Vial Integrado (SisVial), el Gobierno
nacional recaudó más de $1,5 billones de pesos, pero mantiene una tasa
de sub ejecución del 73,8%.
Los números oficiales son contundentes:
⦁ En 2024, solo se ejecutó el 11,3% de lo recaudado para obras ($40.668 millones).
⦁ En 2025, la ejecución alcanzó apenas el 39% ($270.592 millones).
⦁ En los primeros cinco meses de 2026, la inversión descendió nuevamente al 18,5% ($83.144 millones).
Trasladar
solamente el debate hacia la judicialización del Camping Correntoso en
medios nacionales busca ocultar la realidad del ajuste y la retención
discrecional de fondos de infraestructura que sufren las provincias y
municipios del interior.
Instamos a nuestros representantes en el
Congreso de la Nación a informarse rigurosamente sobre la realidad de
sus territorios, a defender el retorno de los impuestos que nuestros
vecinos y turistas tributan en el surtidor y a exigir que los fondos
destinados por ley a obras y mantenimiento de nuestras rutas se destinen
a su fin específico en tiempo y forma.
Villa La Angostura necesita
que la obra de la Circunvalación se termine, y para eso hace falta que
el Gobierno Nacional destine a la ejecución de la obra los recursos que
ya recaudó y que nos corresponden.
JAVIER A. MURER
INTENDENTE
Sentencia desfavorable en la causa contra Benetton
La
Lof Kurache, de Cushamen, Chubut, informó a la comunidad y
organizaciones que se dio a conocer la sentencia judicial
correspondiente a la causa que la comunidad sostiene contra la empresa
Benetton, por el territorio recuperado conocido como “El Platero”. La
resolución no fue favorable a la Lof, por lo que será apelada, pero se
estima que podría derivar en un desalojo.
Desde la comunidad remarcan
que continúan en el territorio, sosteniendo la recuperación, y desde la
Lof Kurache realizan un llamado a acompañar y visibilizar lo que está
ocurriendo en los territorios mapuche, a estar atentos a los desalojos
que se vienen impulsando en la región, y a sumar acompañamiento y
difusión en las horas y días próximos.
“Pido acompañamiento, visibilización, que tratemos de acompañarnos”, expresó Mirta Curruhuinca, referente de la Lof Kurache.
Campesinos denuncian golpizas, detenciones arbitrarias y una escalada de violencia de la empresa forestal Arauco en Misiones
Mientras
las familias continúan reclamando respuestas y mantienen un acampe
frente a la Municipalidad, siguen sumándose testimonios sobre
procedimientos realizados en las chacras que describen un escenario de
violencia institucional cada vez más preocupante. Esto deriva en un
conflicto más profundo, que es la enorme concentración territorial
alcanzada por Arauco en Misiones, y un modelo forestal que durante
décadas contó con promoción, incentivos y vínculos permanentes con el
poder político provincial.
Arauco está presente en Misiones desde
1996. Se convirtió en el principal actor del sector forestal y en uno de
los mayores propietarios privados de tierra de la provincia. Su
expansión territorial acompañó el crecimiento de un modelo basado en
grandes extensiones de monocultivos de pino y eucalipto destinados a
abastecer la industria forestal. En una provincia donde existen cientos
de miles de hectáreas de bosques implantados, la empresa llegó a
concentrar por sí sola más de 230.000 hectáreas.
Esa dimensión
permite entender la desigualdad que atraviesa el conflicto actual. De un
lado aparecen familias que necesitan pocas hectáreas para plantar
mandioca, maíz, poroto, sandía o zapallo, criar animales y sostener a
sus hijos. Del otro, una multinacional que controla una superficie
extraordinaria, posee recursos jurídicos, económicos y logísticos que
responden a sus intereses porque mantiene una relación institucional
permanente con las máximas autoridades provinciales.
Productores de
Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca, La Chacrita, San Juan Bosco y
otros parajes denuncian desde hace semanas detenciones, golpes,
amenazas, secuestro de herramientas y motocicletas, incendio de sus
viviendas, destrucción de cultivos y animales muertos, desaparecidos o
heridos. En el centro del conflicto se encuentra Arauco Argentina, la
multinacional forestal chilena y uno de los mayores propietarios
privados de tierras de Misiones.
El relevamiento comenzó con unas 123
familias, pero las organizaciones que acompañan el reclamo estiman que
el conflicto podría alcanzar a 300 grupos familiares y más de 1.000
personas.
“Vivimos con miedo”
Saúl Lindao vive en
Puerto Argentino 2 y forma parte de las familias campesinas de una zona
que comprende 2.500 hectáreas, donde hacen uso de 200. Alrededor de las
10 de la mañana del miércoles 19 de agosto se encontraba trabajando en
los canteros de su chacra cuando llegaron efectivos de la Policía de
Misiones acompañados por dos oficiales de Arauco, llamados los Verdes,
por su vestimenta.
Lindao asegura que los representantes de la
empresa llevaban machetes, mientras que los policías portaban distintas
armas de fuego: escopetas, ametralladoras y una pistola calibre 9
milímetros. Los efectivos le preguntaron si podían revisar el campamento
y su vivienda, y Lindao les negó el paso sin una orden judicial. La
policía reconoció que no tenían orden de allanamiento. Esto
desencadenó una situación violenta. El personal vinculado a Arauco
insistió en que el terreno pertenecía a la empresa. Mientras permanecía
en la puerta de su casa, dos policías se acercaron por detrás y lo
ahorcaron hasta hacerle perder el conocimiento. “Cuando desperté estaba
esposado”, recuerda.
El productor denuncia que recibió golpes de puño
en el abdomen, rodillazos y golpes en la espalda. Fue arrojado al suelo
y nuevamente golpeado después de recuperar el conocimiento. Luego, fue
trasladado a la comisaría. Allí le realizaron un pedido de antecedentes,
lo encerraron y le informaron que existía una causa vinculada al
conflicto por la propiedad. En un momento, contó también, le comunicaron
que recuperaría la libertad, pero después lo volvieron a encerrar en el
calabozo.
Al retirarse, Lindao no recibió documentación que
explicara formalmente el procedimiento ni constancia de los elementos
que habían sido retirados. Entre sus pertenencias, denuncia que le
quitaron el carnet y la cédula de conducir, una tarjeta de Mercado Pago y
una motocicleta Honda Titán KS 125. También asegura que al regresar a
su vivienda encontró el interior revuelto, mercadería tirada en el piso y
que faltaban herramientas y máquinas utilizadas para el apeo y el
trabajo rural.
Lindao vive acompañado por una perra pitbull a la que
describe como su compañera cotidiana. Durante el arresto los policías
efectuaron disparos con proyectiles de goma contra el animal. También
afirma que otros dos perros recibieron gas pimienta y patadas. Cuando
regresó, su perra estaba herida y rengueaba de una pata. La violencia
contra los animales aparece repetidamente en los testimonios de las
familias de San Pedro. Los productores vienen denunciando animales de
compañía y perros heridos, animales de cría muertos o desaparecidos, y
episodios en los que encontraron sus chacras destruidas después de haber
sido retirados a la fuerza del lugar.
Para quienes viven de pequeñas
explotaciones rurales, los animales constituyen una compañía, alimento,
reproducción y parte de la economía doméstica. Atacarlos afecta
directamente las condiciones materiales y emocionales de las familias
que habitan el territorio. El productor afirma que sentía fuertes
dolores por los golpes recibidos, y se dirigió al hospital para ser
evaluado. Antes de hacerlo, un policía de apellido Fariña lo habría
amenazado para que «no llorara» y no relatara que había sido ahorcado
durante la detención. Lindao asegura que la amenaza le provocó tal temor
que, aunque finalmente llegó hasta un centro médico, no pudo contar lo
que había sucedido ni permitir que lo revisaran adecuadamente.
“Me
dio pánico contar la verdad”, contó. Hoy dice sentirse amenazado y
psicológicamente afectado. Su temor no se limita a lo qué pueda
sucederle individualmente. Lo relaciona con lo que atraviesan otras
familias de las colonias que tienen niños y se ven obligadas, por temor,
a abandonar sus lugares.
Todas estas acusaciones requieren
investigación independiente. Especialmente la denuncia de violencia
policial y la amenaza posterior para impedir una constatación médica,
Estos son hechos de violencia institucional y un intento de impedir que
quedaran documentadas sus consecuencias.
Lindao refiere que fue
precisamente durante su permanencia en la comisaría cuando se enteró de
que Ángel Rivero también había sido detenido. Según los productores, el
día anterior Rivero se encontraba limpiando un sector de tierra para
plantar zapallos cuando ingresó la Policía y lo trasladó a la
dependencia policial. Las organizaciones que acompañan a las familias
sostienen que la detención ocurrió sin mediar orden judicial.
La
producción en la que trabajaba Rivero estaba destinada al cultivo de
zapallo con acompañamiento técnico del INTA y posterior
comercialización. Su detención provocó nuevas protestas y terminó
acelerando la movilización de las familias hacia el centro de San
Pedro. La coincidencia de ambos productores, dentro de la dependencia
policial muestra hasta qué punto la judicialización dejó de ser una
cuestión abstracta para las colonias. Quienes salen cada mañana a
limpiar un terreno, plantar tabaco, preparar canteros o cultivar
zapallos se sienten en permanente amenaza, sin saber si regresarán al
término de la jornada a sus casas.
Ese miedo atraviesa también el
testimonio de otro campesino de la zona, conocido como “el Paisa”, quien
vive en la colonia San Juan Bosco. Su relato permite comprender una
dimensión del conflicto que difícilmente aparece en un expediente
judicial: la manera en que la incertidumbre territorial modifica la vida
cotidiana de una familia.
El Paisa vive de lo que produce en la
chacra. Planta zapallo, maíz, poroto, sandía y otras verduras. Tiene un
hijo con discapacidad, cuya alimentación requiere una dieta en la que
las verduras tienen un lugar fundamental. En un contexto de pobreza
creciente, cultivar sus propios alimentos no constituye una elección de
estilo de vida, sino más bien una necesidad. Por eso necesita permanecer
en la tierra.
Denuncia que Arauco busca avanzar sobre las tierras
donde viven los campesinos. Y la violencia que la empresa propina con
total impunidad contra las familias hace que se sientan completamente
desprotegidas. Y recurrir a las instituciones tampoco les ofrece
seguridad, porque existe entre los productores el temor de que reclamar
termine derivando en nuevas causas o detenciones.
El año pasado su
propia vivienda fue incendiada por la empresa Arauco, en complicidad con
la Policía de Misiones. Luego, reconstruyó su casa con el dinero
obtenido trabajando en la tarefa, una de las labores rurales más
exigentes y peor remuneradas de la economía misionera. Con esos ingresos
volvió a levantar un lugar donde vivir y continuó plantando zapallo,
maíz, poroto y sandía. Pero el miedo está latente.
El fuego adquiere
un significado que excede el daño material. Después del incendio de
viviendas, denunciado durante los últimos años, y de los seis casos
relevados en el conflicto actual, las familias aseguran vivir con el
temor permanente de que un incendio ocurra mientras alguien se encuentra
dentro. El Paisa afirma que las familias temen que alguna vivienda sea
incendiada con niños y la familia en su interior. Y la reiteración de
episodios de fuego convirtió ese riesgo en parte de su vida cotidiana.
Las familias denuncian además que en algunos de estos incendios
perpetrados, tuvieron que retirarse rápidamente de los lugares junto a
sus hijos.
El miedo transforma rutinas elementales. Ir a trabajar,
dejar la vivienda unas horas, permitir que los niños permanezcan en la
chacra o alejarse para comprar alimentos deja de ser algo cotidiano
cuando existe la sensación de que, al regresar, la casa puede haber
desaparecido. El Paisa también sostiene que los incendios benefician
posteriormente a la expansión de las plantaciones forestales, por los
mecanismos legales que permitirían extender durante décadas el uso
forestal de terrenos afectados por fuego.
La mirada de los
productores sobre Arauco no se limita a la propiedad. La preocupación
ambiental de las familias coincide con una discusión científica mucho
más amplia sobre las consecuencias ecológicas de reemplazar ecosistemas
biodiversos por plantaciones forestales intensivas. Las familias
campesinas describen una diferencia que para quienes viven allí resulta
visible todos los días. En las colonias campesinas se observan cultivos
diferentes: árboles variados, animales y una biodiversidad asociada a
las pequeñas producciones. En los grandes pinares, en cambio, existe un
paisaje uniforme, sin biodiversidad. Allí se encuentran todo el tiempo
animales muertos debido a los agrotóxicos que usa la industria durante
los primeros años de desarrollo del pinar, que además contaminan agua y
suelo
Una plantación industrial de pino no es equivalente a la selva
misionera. Investigaciones desarrolladas por científicos del CONICET y
la Universidad Nacional de Misiones demostraron que las plantaciones
intensivas de Pinus taeda modifican las condiciones ambientales, reducen
la luz disponible en el sotobosque y pueden dificultar el
establecimiento de especies vegetales nativas. Otros estudios realizados
en Misiones encontraron modificaciones en la biodiversidad y
composición de aves y mamíferos en paisajes forestales, especialmente
cuando las plantaciones se encuentran alejadas de remanentes de bosque
nativo.
Para las familias de San Pedro, sin embargo, el impacto no se
expresa en indicadores científicos sino en una experiencia directa: las
chacras donde cultivan diferentes alimentos están siendo desplazadas
por un paisaje dominado progresivamente por una única especie destinada a
una cadena industrial.
La disputa por la tierra es, al mismo tiempo, una disputa entre formas profundamente diferentes de habitarla.
Revocaron el sobreseimiento de integrantes de la Comunidad Indígena Las Capillas
Compartimos el comunicado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en rechazo a esta decisión judicial:
La
APDH expresa su profunda preocupación ante la decisión de la Sala Penal
de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy que revocó el sobreseimiento
de integrantes de la Comunidad Indígena Las Capillas, perteneciente al
Pueblo Ocloya, y dispuso retrotraer la causa iniciada a partir de una
denuncia por presunta usurpación.
La APDH advierte según los
testimonios y la información pública de los hechos, que la decisión
judicial se produce en el marco de un conflicto territorial que
involucra a la comunidad preexistente de “Las Capillas” con sectores
empresariales mineros y problemáticas ambientales. Teniendo dicha
comunidad personería jurídica y documentación estatal que reconoce su
posesión y ocupación tradicional, actual y pública del territorio
comunitario.
La APDH advierte también que cualquier decisión que
pueda afectar el desplazamiento de integrantes de la comunidad debe ser
analizada en el contexto de las garantías constitucionales e
internacionales asumidas por el Estado Argentino (art. 75 inc. 17 de la
Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).
La
APDH observa con preocupación que una disputa judicial vinculada con la
posesión ancestral de un territorio indígena pueda ser abordada
exclusivamente desde la perspectiva penal, sin garantizar una adecuada
consideración de los derechos territoriales colectivos y de las
obligaciones estatales de protección de las comunidades indígenas.
Por
ello, la APDH exhorta a las autoridades judiciales y provinciales de
Jujuy a garantizar el debido proceso, la tutela judicial efectiva y los
derechos territoriales de la Comunidad Las Capillas, evitando cualquier
medida que pueda traducirse en un despojo o desplazamiento de sus
integrantes violando la normativa constitucional protectora de las
comunidades indígenas.
La APDH exige el cumplimiento del Estado
argentino de tutelar y proteger los territorios de los pueblos indígenas
y garantizar que ningún conflicto territorial derive en la
criminalización de quienes ejercen derechos reconocidos por la
Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
La
APDH exhorta al cumplimiento del Acuerdo de Escazú y las leyes
ambientales vigentes para la evaluación de presuntos impactos
ambientales en territorio comunitario y el cumplimiento de los derechos
de participación y consulta de la comunidad.
La APDH expresa su
solidaridad y acompaña a la Comunidad Indígena Las Capillas en su
defensa del territorio comunitario y reclama que toda actuación estatal
respete plenamente sus derechos colectivos, su identidad cultural y su
posesión ancestral.
Viviendo en la intemperie tras la represión y el desalojo a las familias de la Comunidad Santa Rosa en Humahuaca
El
operativo policial con maquinaria municipal que el pasado 11 de agosto
dejó a decenas de familias sin vivienda y a siete personas detenidas. La
Comunidad Santa Rosa debió padecer la represión con balas de goma y
gases lacrimógenos en presencia de niños y adultos mayores. La Justicia
ejecutó el desalojo sin reconocer que desde la propia Dirección de
Catastro habían informado un error en la delimitación de los planos. De
esta manera, el operativo avanzó sobre territorio comunitario con el
aval del poder político provincial. Las familias desalojadas permanecían
a la intemperie y sin un lugar donde vivir, luego de que las topadoras
destruyeran sus viviendas. Ante la falta de respuestas, levantaron
precarias carpas y ranchos y buscaron refugio entre familiares y
vecinos, mientras intentan resolver especialmente la situación de niños,
niñas y adultos mayores.
La comunidad continúa en permanencia para
recuperar el territorio y en estado de alerta frente a nuevos episodios
de hostigamiento. La diputada por el Frente de Izquierda (FITU), Natalia
Morales, relató la situación complicada de las familias y el maltrato
sufrido: «las familias están tratando de proteger a los niños del clima.
Están ayudando vecinos». La legisladora había denunciado el accionar
contra la comunidad y las falsas promesas del municipio sobre la
posibilidad de otorgar viviendas.
Es así que la situación contrasta
con las versiones difundidas por diputados del oficialismo, quienes
aseguraron que a las familias se les habían ofrecido viviendas y
distintas alternativas habitacionales. Desde la comunidad desmintieron
esas afirmaciones y expresaron su indignación: “Estamos acá a la
intemperie, destruyeron todo y están diciendo todo eso”, señalaron.
Según denunciaron desde la comunidad, no existe un ofrecimiento concreto
por parte de los diputados oficialistas que permita resolver la
situación de las familias desalojadas.
La orden de desalojo estaba
dispuesta para las 10 de la mañana. Durante toda una jornada de
violencia, llanto e indignación se desató la represión en el territorio
de la Comunidad Indígena Santa Rosa. La Policía, junto al juez, les dio
media hora para retirarse y borrar toda una historia generacional,
desalojando incluso a mujeres con niños en brazos.
La medida se
ejecutó a partir del plano N.º 0809, que fue impugnado por la propia
Dirección de Catastro, omitiendo el derecho a la Consulta Previa, Libre e
Informada y en un contexto atravesado por denuncias de favores
políticos y antecedentes de hostigamiento.
La familia Soruco sostiene
que tanto el municipio como distintas áreas del Estado provincial
buscan encubrir que los planos estatales se superponen ilegalmente sobre
territorio comunitario en el marco de lo que denuncian como “favores
políticos”.
“La verdad que la única explicación que encontramos es
que todo es político, porque el abogado de la otra parte es funcionario
de la Municipalidad de Jujuy”, sostuvo Yoly, presidenta y comunera
desalojada.
El conflicto comenzó en 2009, a partir de la aprobación
del plano N.º 0809 por parte de la Dirección de Inmuebles de la
Provincia de Jujuy, con un trazado gestionado por Nélida Melitona Zerpa
Ciares de Chauqui junto a su nieto, Mauricio Ciares Chauqui, miembros de
la comunidad, sobre un sector que invade los límites históricos del
territorio comunitario.
“Es una familia que está dentro del
territorio comunitario. Eso es algo que no pueden hacer porque somos una
comunidad y tenemos el artículo 75, inciso 17, donde nos reconoce como
comunidades aborígenes”, afirmó.
Pese a que la propia Dirección de
Catastro reconoció la equivocación en la delimitación, el plano no fue
anulado por la Dirección de Inmuebles y el juez de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial Juan Pablo Calderón ordenó el desalojo sin
constatar el lugar físico que había sido aprobado.
Frente a las
detenciones, las abogadas Silvana Llanes, Mariana Vargas y Alejandra
Cejas realizaron un hábeas corpus exigiendo la inmediata liberación de
los siete comuneros —tres mujeres y cuatro varones— detenidos durante un
operativo que escaló hasta la represión y la demolición con topadoras
de las viviendas.
La solidaridad entre las comunidades se hizo sentir
durante toda la jornada. No solo resistieron la represión, sino que
también realizaron registros y difundieron imágenes que rápidamente se
viralizaron. Las imágenes del operativo mostraron la violencia
desplegada en el territorio y fueron registradas por quienes se
acercaron para acompañar a la comunidad.
“El desalojo fue brutal, fue
volver a vivenciar lo que pasa aquí en el territorio de nuestra
comunidad”, alertó Miriam Alfaro, integrante de la Comunidad Cueva del
Inca.
“Estaban destruyendo con las máquinas de la Municipalidad las
casas de las hermanas. Mucha violencia, ilegal, inconstitucional. No
hubo respeto a nada: empezaron a tirar gases, a balear, todo muy
triste”, testimonió.
La familia Soruco está integrada por 15
hermanos, con niños y adultos mayores, y vive desde hace cinco
generaciones en una comunidad donde habitan alrededor de 120 familias.
Denunciaron además a la jueza de Paz Fabiola Salas por omitir la
protección de personas vulnerables, a quienes no se les permitió
circular libremente por un cerco perimetral montado con policías,
bomberos y personal municipal que les exigía el DNI para permanecer
dentro de su propio hogar.
La escalada de hostigamiento lleva meses.
En mayo ya habían intentado desalojarlos y, ante las irregularidades, la
familia Soruco denunció por hostigamiento a la directora provincial de
Niñez, Adolescencia y Familia, Alejandra Martínez, y a la intendenta de
Humahuaca, Karina Paniagua, por ejercer presiones para que abandonaran
sus tierras ancestrales a cambio de soluciones habitacionales precarias.
Ahora,
ante el avance de una decisión política del actual Gobierno, para
contar con un marco legal que les habilite el despojo, el Pueblo Nación
Mapuche se levanta como lo ha hecho históricamente
Lof Retamal denuncia persecución judicial en Cipolletti
La
Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro (Zonal
Valle) emitió el 10 de agosto un pronunciamiento público en el que acusa
a la Fiscalía Penal de Cipolletti de impulsar acciones judiciales
tendientes al despojo territorial de la comunidad Mapuche Retamal.
Según
lo expuesto por la organización indígena, la fiscal Alejandra Altamira
dio continuidad a una causa penal contra el Lonko Carlos Retamal y su
primo Mauricio Retamal, bajo la carátula de “resistencia a la
autoridad”. Desde la Coordinadora señalan que la acusación carece de
sustento probatorio y afirman contar con elementos para demostrar que no
existió tal delito durante un procedimiento realizado en diciembre de
2025.
En dicho operativo de finales del año pasado, liderado por la
fiscalía y con intervención policial, se concretó la detención de
miembros de la comunidad y el secuestro de 75 chivas y cinco caballos.
De acuerdo con lo informado, parte de los animales murieron y los
restantes fueron entregados a la Sociedad Rural de General Roca por
intermediación de organismos provinciales. La comunidad vincula estas
actuaciones con una estrategia coordinada entre el Ministerio Público
Fiscal, el Municipio de Cipolletti y la Secretaría de Ganadería
provincial para forzar el abandono de las tierras.
En este contexto,
la representación mapuche informó que elevará el caso de la Lof Retamal
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como ejemplo
de violencia institucional y persecución judicial en la provincia,
mientras la defensa técnica de la comunidad quedó a cargo del abogado
Mariano Pedrero.
Compartimos el comunicado:
Modus Operandi de la Fiscalía para avalar el despojo de tierras Mapuche
El
viernes 7 de agosto un día después de la sanción en la Cámara de
Senadores de lo que quedó de una ley llamada de Inviolabilidad de la
Propiedad Privada que fue contundentemente repudiada por la mayoría de
la sociedad en argentina, la Fiscalía Penal de Cipolletti a cargo de la
Fiscal Alejandra Altamira puso en marcha un plan para despojar a la
comunidad mapuche Retamal de su territorio comunitario.
El plan
consiste en avanzar con causas penales contra integrantes de la
comunidad, en este caso acusando al Lonko de la Comunidad Retamal Carlos
y a su primo Mauricio Retamal. El delito… S/ Resistencia a la Autoridad
para luego presionar sobre la tierra. Este sistema se ha utilizado en
muchas ocasiones en los últimos 100 años para despojar a familias
mapuches de su territorio. En años anteriores se utilizaba apresar a
alguno de los integrantes con mayor responsabilidad en la familia e ir a
levantar alambrados para despojar la tierra.
La Fiscal Alejandra
Altamira impulsa la causa luego de 8 meses de realizado un procedimiento
ilegal en el territorio, en diciembre del 2025. Una supuesta inspección
que lideró el Fiscal Pezzetta culminó con la detención de los peñi, el
secuestro de 75 chivas y cinco caballos. De los animales secuestrados a
la comunidad, algunos murieron en el predio de la Sociedad Rural de Roca
y los que quedaron fueron regalados por el gobierno de JSRN a la misma
entidad rural.
Este mecanismo de regalar los animales también se
utilizaba hasta mediados del siglo pasado, donde los animales de las
familias mapuche eran donados a los estancieros después de cualquier
procedimiento policial. El objetivo de esta acción era dejar sin
sustento económico a las familias mapuche para que tengan que abandonar
el lugar. Una forma de desplazamiento forzado a las órdenes de los
poderosos. En este caso en particular es el Municipio de Cipolletti a
través de su intendente Rodrigo Buteler, en complicidad con la Fiscalía y
distintos organismos provinciales, como la dirección de tierras que les
niega el acceso al expte de tierras, la Secretaría de Ganadería que les
ha robado los animales para entregarlos a la Sociedad Rural y le niega
el boleto de marca y señal. Los testigos en esta causa ridícula y sin
sustento probatorio son cuatro oficiales jefes de la Policía de Rio
Negro, que cuando termine esta causa serán denunciados por falsos
testimonios. La comunidad tiene pruebas de que no hubo resistencias ni
golpes por parte de integrantes de la Lof. Existió el reclamo del Lonko
de la comunidad que es una autoridad legítima para defender los
intereses comunitarios, que además fue apresado por la espalda mientras
alegaba respeto por los acuerdos vigentes con la Fiscalía y el
Municipio. El lonko había ingresado al territorio mientras se
desarrollaba el procedimiento ilegal, la policía lo esperaba y lo detuvo
junto a otro integrante. Como siempre los golpearon en el traslado a la
comisaría. En ese contexto nuestra organización presentó un Habeas
Corpus por la seguridad de los comuneros, que fueron liberados ese día.
Cuando
la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Rio Negro denuncia
públicamente que el Poder Judicial ha sido y es el brazo ejecutor del
despojo territorial de las familias mapuche en la Provincia de Rio
Negro, nos referimos a este tipo de actuaciones, que evidencian no solo
el racismo estructural sino también las claras y evidentes violaciones
de los DDHH. Porque no aplicar el marco legal, internacional, nacional y
provincial vigente en materia de Derecho Indígena también es un delito
por parte de las magistraturas.
En el año 2025 nuestra organización
participó en la Audiencia 193 de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, donde denunciamos las políticas anti mapuche en la provincia de
Rio Negro, además de toda la violencia institucional que se aplica
contra las comunidades mapuche tehuelche. En las próximas semanas
estamos enviando nuevos informes esta vez sobre las actuaciones
judiciales en la provincia de Rio Negro. El caso de la Lof Retamal será
uno de los casos testigos que vamos a denunciar internacionalmente.
El
día 7 de agosto, la Fiscal Alejandra Altamira sostuvo la acusación bajo
pretexto de que se le vencía el plazo, y solicitó cuatro meses para la
investigación. Con las pruebas que tiene debería haber enviado a
archivar la denuncia, sin embargo la sostuvo. La comunidad tiene pruebas
de que el delito no existió, sin embargo sabe que deberá estar sometida
a la presión de una acusación sin sustento, mientras la hostigan, para
que abandonen el lugar donde nacieron.
Cuando en Argentina se discute
sobre la tierra y la propiedad privada, se deja de lado que hay
innumerables situaciones donde las comunidades indígenas continúan
luchando por su tierra. La Lof Retamal sabe que éste es el inicio de una
lucha que demandará años, por el nivel de complicidad y ensañamiento
del poder judicial y el poder ejecutivo. También sabe que tiene un
abogado defensor, Mariano Pedrero, con conciencia de la historia y que
los defenderá frente a los atropellos.
El Pueblo Mapuche Tehuelche
sabe y denuncia que estas formas, son la continuidad del GENOCIDIO.
También sabe que como hace 147 años con la llegada del General Roca a
este espacio territorial defendemos nuestra dignidad de ser Mapuche,
Gente de la Tierra.
Marichiwew, Marichiwew!!!!
10 de Agosto de 2026 Isla 3 Cipolletti
Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche Zonal Valle
Jorge Nahuel: «Los acuerdos de Milei con Israel también son una amenaza para nosotros
Por Marcelo Castro
El
dirigente mapuche dijo que el Estado sionista es un potencial ocupante
de tierras en la región. Denunció que Figueroa “incumple con la Consulta
Previa” antes de otorgar concesiones en Vaca Muerta. Críticas a la
diputada libertaria Nadia Márquez en relación a los desalojos.
El
Werken de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, analizó el
alcance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el
gobierno de Javier Milei no logró aprobar en su totalidad en el Senado
de la Nación.
El capítulo denominado “desalojo exprés” no solamente
expone la vulnerabilidad de inquilinos deudores sino que apunta a las
comunidades mapuches sobre cuyos asentamientos penden órdenes de
desalojo dictadas por la Justicia.
“Es increíble que a esta altura de
la historia, comunidades mapuches que han nacido por generaciones en
ese lugar, hoy estén con una amenaza de ser desalojadas” dijo, y recordó
que la senadora libertaria neuquina Nadia Márquez lo ratificó en su
alocución durante el debate.
También se refirió a la “alianza nefasta
de Milei con (el presidente estadounidense Donald) Trump y (el premier
israelí Benjamín) Netanyahu, que es un genocida responsable de enormes
matanzas en Medio Oriente, y que también tiene intereses y necesidad de
espacio físico para poder ocupar tierras. Los acuerdos que está haciendo
Milei con el Estado israelí también son una amenaza para nosotros”,
apuntó.
Nahuel señaló que el gobierno de Rolando Figueroa derogó la
Ley de Relevamiento Territorial e incumple con la de Consulta Previa que
establece su aplicación antes de otorgar concesiones petroleras en Vaca
Muerta. “Con el argumento que Vaca Muerta es una herramienta de
desarrollo, ellos entienden que nosotros tenemos que ser el pato de la
boda” aseguró.
-¿De qué manera impacta la extranjerización de la
tierra en las comunidades mapuches de Neuquén que aún no cuentan con
títulos comunitarios?
-Justamente esa inseguridad que genera esa
deuda histórica que tiene el Estado con casi 70 comunidades en Neuquén,
es la inseguridad sobre las tierras por no haber avanzado con el proceso
de titularización, primero de mensura, y después de titularización que
es un mandato constitucional. La Constitución desde hace 20 años,
aprobada en 2006, mandata al Estado a que regularice la cuestión de la
propiedad de la tierra. Eso está incumplido y nos deja a nosotros
totalmente vulnerables a cualquier proceso de privatización, o peor aún,
de extranjerización como lo está pretendiendo este gobierno. Por eso no
hay dudas de que estamos en un alerta permanente porque somos los que
están más expuestos en ese sentido.
-El gobierno argumenta que
vender tierras a los extranjeros atrae inversiones. Según la cosmovisión
y la economía de las comunidades mapuches. ¿Este avance inmobiliario,
turístico y extractivista amenaza a la subsistencia de las comunidades?
-Lo
primero que hay que analizar es que no va a traer beneficios al pueblo,
no solo a las comunidades. Lo que está previsto en el proceso de
transferencia de tierras a extranjeros está hecho para la especulación
inmobiliaria, para tener el control de los recursos mineros y
petroleros, y ahora en esta nueva corriente que los tecno magnates están
proponiendo, no nos olvidemos que uno de los principales se vino a
radicar a la Argentina en virtud de este panorama, Peter Thiel,
necesitan de manera imperiosa y urgente espacios liberados de cualquier
zona de conflicto y sobre todo necesitan el recurso agua. Todo eso lo
tienen en la Patagonia y en Neuquén particularmente. Esos famosos data
center que necesitan construir, requieren fundamentalmente agua ¿dónde
la van a encontrar si no es acá? Por eso es que era un anuncio nefasto,
dramático para nuestra región que se aprobara esta ley. Y eso excede la
suerte del pueblo Mapuche. Hubo una veta que se le tocó a la población
para que entendiera que esto nos amenazaba a todos como pobladores de
esta región. No quiero entrar en detalle de otra corriente que va
creciendo en cuanto a prueba y testimonio que es esta alianza nefasta de
Milei con Trump y Netanyahu que es un genocida responsable de enormes
matanzas en Medio Oriente, y que también tiene intereses y necesidad de
espacio físico para poder ocupar tierras. Los acuerdos que está haciendo
Milei con el Estado israelí también son una amenaza para nosotros.
Tengamos en cuenta que recién se ha vendido el 5 por ciento de tierras, y
tienen todavía la posibilidad de triplicar esa cifra, pero no hay
límites a la voracidad, necesitan más y expandirse aún más. Ellos están
planificando para dentro de 30 o 50 años, no están proyectando para el
próximo mandato de Milei, lo utilizan para garantizar la ocupación
efectiva de la tierra para las próximas décadas porque están entendiendo
que los lugares que ocupan son inhóspitos y necesitan esos espacios
para tener tranquilidad y poder ejercer la política colonialista que han
aplicado históricamente.
-Como responsable de Áreas Protegidas
de la Confederación Mapuche ¿qué riesgos ecológicos inmediatos avizora
si se eliminan los topes vigentes a la extranjerización de la tierra?
-En
primer lugar esas áreas que fueron declaradas de manera muy sabia como
espacio para el disfrute de toda la población, por eso son públicas,
están bajo amenaza de que pasen a ser privatizadas. La política que ha
llevado adelante Parques Nacionales en estos breves tres años que le
tocó dirigir ha sido tremenda hacia las comunidades mapuches porque han
desmantelado la política de co-manejo que venimos sosteniendo durante
prácticamente dos décadas. Expulsaron a todos quienes eran profesionales
o trabajadores de origen mapuche y están creando condiciones para que
toda esa área sea privatizada y sea administrada con criterio comercial.
Ya deja de ser un espacio accesible para el pueblo y pasa a ser un
espacio para unos pocos.
-A más de un año de vigencia de la
reglamentación de la Ley de Consulta en Neuquén, usted denunció
inoperancia estatal ¿Qué proyectos extractivos —particularmente en la
zona de Vaca Muerta— se han aprobado recientemente sin cumplir con este
estándar internacional?
-En primer lugar quisiera abordar la ley de
Relevamiento Territorial. Esa ley fue derogada porque para poder llegar a
la extranjerización de la tierra se necesitan ir limpiando obstáculos. Y
la Ley de Relevamiento era un obstáculo para el proceso de
extranjerización porque le daba garantías a las comunidades de poder
resguardar su territorio. No era ni siquiera una tarea de mensura sino
de relevamiento, contarte las monedas que tenés en el bolsillo y sin
embargo para ellos era peligrosa, por eso la derogaron. Fijate lo lejos
que estamos de mensurar o titularizar las tierras si ni siquiera nos
permitieron poder hacer el relevamiento. Era una ley aprobada en 2006,
pensada en ser aplicada en dos años, y veinte después la derogaron. Qué
lejos está el Estado neuquino de poder avanzar en esa obligación
jurídica que tiene. No aplicaron la ley, permitieron que se derogara y
en lo que va de la administración de Rolando Figueroa no se ha
titularizado ninguna comunidad mapuche y no se ha mensurado ningún
territorio. Pasemos a la ley de Consulta Previa: Figueroa la recibió
siendo una ley aprobada por unanimidad en la Legislatura, se han
entregado decenas de concesiones que afectan a los territorios
comunitarios; recordemos que en Vaca Muerta hay una docena de
comunidades y esas concesiones que se han entregado y que les han
permitido a las industrias atravesar con ductos el territorio
comunitario se hizo violando la ley de Consulta Previa. Hemos hecho
protestas, bloqueado yacimientos y varias medidas de acción directa para
poder llamar la atención y decirle al gobierno que no siga actuando en
un marco de ilegalidad, y que aplique una ley aprobada por unanimidad. A
eso nos ha respondido que no hay necesidad de aplicar la Consulta
porque nosotros podemos negociar directamente con las petroleras;
negocien prebendas y olvídense de la Consulta Previa, nos dice. Así, el
Estado no solo incumple la ley sino que nos invita a incumplirla
nosotros. El último intento que hicimos para tratar de que el gobierno
se acoja a la ley vigente, que obliga a mensurar la tierra, aplicar la
consulta y otorgar las personerías jurídicas para que las comunidades no
estén tan desprotegidas legalmente, nos costó un desalojo violento
frente a la casa de gobierno. Esa fue la respuesta.
-O sea, los manda a negociar con las petroleras como si estuviesen en igualdad de condiciones…
-Claro,
porque además ellos saben que las comunidades están en un estado de
empobrecimiento sistemático. Entonces es muy peligrosa la invitación que
les hacen a las comunidades porque saben que en un momento de apremio
económico pueden ceder. Y eso es lo que está ocurriendo. Es muy perverso
que lo haga el Estado cuanto tiene la obligación de regular esa
relación y sobre todo porque hay normas que tienen que aplicar. No
tienen necesidad de ser creativos ni arriesgados ni jugados para un lado
u otro, sino cumplir con la ley.
-¿No hay canales de diálogo ni con el gobierno provincial ni con el nacional?
-El
diálogo no es posible porque las comunidades han sufrido una enorme
decepción con este gobierno porque desde que asumió venimos dialogando y
hemos entrado veinte veces a la casa de gobierno y hemos tenido
diálogos vacíos de contenido. Más que mesas de diálogo han sido
mecedoras de diálogo porque lo que buscan es conformarte, tranquilizarte
y que no reacciones, que los dejes trabajar. Con el argumento que Vaca
Muerta es una herramienta de desarrollo, ellos entienden que nosotros
tenemos que ser el pato de la boda. Eso no lo podemos aceptar y por eso
nos parece que este gobierno no tiene capacidad de diálogo político
porque al diálogo ellos lo entienden como una manera de amedrentarte,
desmovilizarte e ir generando divisiones internas ofreciendo cosas a
algunos y otra a otros. No tiene capacidad de diálogo porque lo que se
ha propuesto es que no haya interferencias para aplicar Vaca Muerta, y
Vaca Muerta la van a aplicar no solo violando los derechos de las
comunidades mapuches sino numerosas normas ambientales que hace que Vaca
Muerta sea una amenaza para la seguridad de la gente y el ambiente, e
incluso está destruyendo la economía básica de las comunidades que es la
pequeña crianza de animales.
-La Ley que se debatió en el
Congreso, aunque dejó afuera la extranjerización de la tierra, tiene un
capítulo sobre el desalojo exprés ¿Qué riesgos conlleva ese capítulo
teniendo en cuenta los juicios por desalojos a comunidades mapuches,
sobre todo en la cordillera?
-Hoy hay un proceso de criminalización
de las comunidades mapuches, que se traduce en el procesamiento de
autoridades y en órdenes de desalojos ya efectivizadas. Si escuchamos
atentamente lo que dijo en el debate del Senado la pastora (Nadia)
Márquez, mencionó con un ejemplo práctico el porqué era necesario
aprobar la ley de Tierras: la necesidad de efectivizar los desalojos que
ya están dictados y que no se han terminado de ejecutar. Entonces eso
es una amenaza concreta y no tomar conciencia de lo que implica un
desalojo en un territorio comunitario mapuche porque está desalojando a
gente que ha nacido por generaciones en el lugar ante un título de
propiedad que ha obtenido un particular que tampoco es muy difícil
imaginar cómo lo ha logrado. La mayoría de las ventas se han hecho con
la gente adentro. En lugar de resolver ese conflicto, donde quizás algún
privado hasta pudo haber sido estafado en su buena fe si no es que
actuó en complicidad con alguna autoridad de gobierno, esta mujer
(Márquez) al igual que todo el partido que representa quiere resolverlo a
través de la violencia. Y es increíble que a esta altura de la
historia, comunidades mapuches que han nacido por generaciones en ese
lugar, hoy estén con una amenaza de ser desalojadas.
FUENTE: Va Con Firma
Fuentes: Indymedia Derechos Humanos, Resumen Latinoamericano, Diario Andino, Anred, redeco.com.ar
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