«Son 15 años de impunidad y encubrimiento», destacan desde el colectivo Justicia Ya! La Plata, al referirse a un nuevo aniversario de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, militante social en los ’70, sobreviviente del genocidio de la última dictadura y testigo en los juicios contra los represores, con cuyo caso se inauguró la figura del ex detenido desaparecido vuelto a desaparecer.
Jorge Julio López, albañil y militante peronista, nació el 25 de noviembre de 1929 en Elordi, un pueblo de General Villegas en el noroeste bonaerense. Tenía 47 años cuando el 27 de octubre de 1976 sufrió su primera detención ilegal a manos de las fuerzas represivas de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Lo trasladaron a distintos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio del denominado “Circuito Camps”, dependiente de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Miguel Osvaldo Etchecolatz, comisario y director de la Dirección de Investigaciones de la Policía de esa provincia, fue su torturador en uno de esos centros. López fue liberado el 25 de junio de 1979.
Fue secuestrado por segunda vez a los 76 años y en democracia, durante la presidencia de Néstor Kirchner. El 18 de septiembre de 2006, salió de su casa del barrio Los Hornos para escuchar los alegatos del juicio donde el día anterior había declarado contra Etchecolatz y 62 militares acusados por genocidio. Fue querellante en la causa y testigo clave. Nunca llegó al Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata y, desde entonces, nada se sabe de él.
Dos días más tarde, Etchecolatz fue condenado por primera vez a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad “en el marco del genocidio cometido en la Argentina entre los años 1976 y 1983”.
Un largo camino de (in)justicia
Justicia Ya! La Plata rememora la larga lucha que se inició desde el mismo momento en que López desapareció por segunda vez, hace exactos 15 años.
Recuerdan que durante los tres primeros meses, la Jueza de Garantías Marcela Garmendia y los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri investigaron la causa como si se tratase de un extravío o una ausencia voluntaria, «desconociendo el planteo de los organismos, que señalamos que se trataba de un secuestro político. Cuando por fin logramos que se reconozca que hubo una desaparición forzada, la causa pasó en distintas etapas a manos de los jueces federales Manuel Humberto Blanco, Arnaldo Corazza y ahora Kreplak».
Pero advierten que «la ‘investigación’ federal solo agregó miles de fojas inconducentes: realizaron allanamientos pre avisados y con el tiempo suficiente para hacer desaparecer cualquier pista útil para hallar a López, o dar con los instigadores y autores materiales de su desaparición, promovieron búsquedas alocadas inducidas por videntes, apuntaron al entorno de la víctima y a los organismos que habíamos acompañado al testigo. Pero esencialmente jamás profundizaron las pistas que iban hacia la propia Policía Bonaerense o el Servicio Penitenciario y mucho menos indagaron a los policías de la bonaerense, retirados y en actividad, del entorno de Etchecolatz».
En mayo de 2014, el colectivo de DDHH realizó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para solicitar que se investigara la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino. El 5 de septiembre de 2017 se informó que la CIDH corría traslado de la denuncia al Estado argentino y el 16 de febrero de 2018 notificó su respuesta: «iniciar una mesa de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de alcanzar una solución amistosa en el presente caso conforme lo establecido por el artículo 48(1) (f) de la Convención».
«Durante la gestión de Macri -aseveran desde Justicia Ya! La Plata- aceptamos ese ámbito pero sólo para denunciar frente a frente a los funcionarios del Ministerio de Justicia que ellos eran los responsables por la impunidad del caso López. El macrismo jamás se presentó a dar la cara. Llegado ya el gobierno de Alberto Fernández, la Comisión insistió con el mecanismo de la ‘solución amistosa’ a lo que respondimos que no vamos a negociar con ningún funcionario la vida del compañero y vamos a seguir interpelando al Estado argentino para que dé una respuesta a tantos años de impunidad y retardo de justicia. No puede haber solución amistosa cuando no sabemos qué pasó con López y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes».
Asimismo afirman que, en una reciente entrevista con integrantes de la CIDH, «expresamos nuestra exigencia de que el caso sea elevado a la Corte Interamericana en busca de una sanción al Estado argentino por la falta de respuesta». En este sentido, recalcan que «durante estos 15 años de impunidad, los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, con sus gobernadores Felipe Solá y Daniel Scioli, el de Mauricio Macri con María Eugenia Vidal, y el de Alberto Fernández con Axel Kicillof, nunca impulsaron políticas concretas que permitieran el avance en la investigación. Ellos, junto a los distintos jueces que pasearon la causa, primero en la justicia provincial y luego la federal, construyeron un verdadero monumento nacional a la impunidad».
Causa Garachico: «Es el propio Estado argentino el que tardó casi medio siglo en juzgar el genocidio»
El 30 de agosto de este año comenzó un nuevo proceso por delitos de Lesa Humanidad. Se trata de una causa residual de hechos que quedaron afuera del Circuito Camps en la que se juzga a Etchecolatz, y al ex jefe de calle de la Unidad Regional La Plata, Julio César Garachico, por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios de un grupo de militantes peronistas. Ambos tienen condenas anteriores, que el primero cumple en cárcel común y el segundo, en prisión domiciliaria.
Respecto a esta causa, Justicia Ya! La Plata, considera que «la experiencia vivida recientemente en el debate por la causa residual de los CCD de Arana, donde se proyectó el testimonio de López de 2006 y el de Nilda Eloy de 2012, nos llena de indignación. Porque es el propio Estado argentino el que tardó casi medio siglo en juzgar el Genocidio de la última dictadura y sigue sin dar respuesta cuando nuestros compañeros y compañeras mueren sin llegar a un mínimo de lo que nos prometen como Justicia, como sucedió con las compañeras Adriana Calvo, Nilda Eloy y Cristina Gioglio, o bien son nuevamente desaparecidos como en el caso de López. Ese juicio por 7 casos de Arana, incluido el del propio López (en ausencia por desaparición forzada en democracia), llega justo a 18 años de anuladas las leyes de impunidad, a 15 años de la segunda desaparición de López y con el represor Julio César Garachico con una cómoda prisión domiciliaria».
En la declaración del 2006, López reconoció a Garachico como uno de sus torturadores y detalló el paso de otras víctimas por el centro clandestino Pozo de Arana. Tras esta declaración, el represor se mudó de su casa de Puerto Madryn, localidad donde administraba un casino. «Fue detenido recién 6 años después, pero al ser procesado logró la domiciliaria en calle Nápoles 3626 de Mar del Plata en noviembre de 2017. En aquella oportunidad, López mencionó a otros 19 represores de la Brigada de Investigaciones, de los campos de Arana, de Comisaría 5ta, de Comisaría 8va y de Unidad 9 como Manuel Aguiar, Carlos Roberto Urcola, Carlos Ramón Gomez, Luis Raúl Ponce, Raúl Muñoz, Héctor Alberto Herrera, Tránsito Gigena, Oscar Acosta, Antonio Vargas, José Alfredo Orellana, Julio César Pasquale y Ángel Trotta. Ninguno de ellos tuvo ninguna consecuencia legal», confirman desde el colectivo.
«La desaparición de López no fue la primera luego de caída la dictadura»
Justicia Ya! destaca que a Jorge Julio López le llevó nada menos que 30 años llegar a juicio por su caso: «Pero está nuevamente desaparecido. Ya pasaron más de 45 años de que ocurrió el Genocidio en nuestro país y aún hay miles de compañeros y compañeras que no han accedido a un mínimo de reparación por justicia. Por esto, a 15 años de la segunda desaparición forzada de López, continuamos denunciando la política de impunidad expresada en el estiramiento indefinido de los juicios, la apelación a la impunidad biológica, las domiciliarias y los juicios a cuentagotas».
Además, enfatizan que la desaparición de López no fue la primera luego de caída la dictadura: «Ejemplo de eso son las de Andrés Nuñez y Miguel Bru en La Plata, y otras como las de Iván Torres, Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Facundo Astudillo Castro, Luis Espinoza y Ariel Valerián». Y concluyen: «el Estado argentino tardó 28 años de concluida la dictadura, y por una sanción en 2011 de la Corte Interamericana por el caso Iván Torres, en incluir en su código penal la figura de la desaparición forzada de personas. A pesar de esa formalidad, el Estado sigue sin reconocer plenamente las desapariciones forzadas que él mismo comete».
Fuente: https://www.anred.org/2021/09/18/a-15-anos-de-la-segunda-desaparicion-forzada-de-jorge-julio-lopez/