Las palabras que encabezan esta nota son del Padre Carlitos Cajade, sacerdote fallecido que dedicó su vida a los chicos y promotor, junto a Alberto Morlaqueti, de los «Chicos del Pueblo», que vienen movilizando y reiterando sus derechos y reclamando que el «Hambre es un crimen». Esa es la inseguridad que viven muchos chicos y […]
Las palabras que encabezan esta nota son del Padre Carlitos Cajade, sacerdote fallecido que dedicó su vida a los chicos y promotor, junto a Alberto Morlaqueti, de los «Chicos del Pueblo», que vienen movilizando y reiterando sus derechos y reclamando que el «Hambre es un crimen». Esa es la inseguridad que viven muchos chicos y hogares argentinos. En estos días donde volvió a aparecer una coalición de derecha montada en el reclamo por seguridad, es necesario ampliar el debate sobre que entendemos por seguridad.
Cuando pasamos cerca de un niño que a altas horas de la noche está en la calle, revolviendo los tachos de basura, buscando algo para comer, y su familia recoge cartones para vender y poder vivir; cuando vemos a chicos que viven en la calle, duermen en las estaciones de trenes o donde los encuentra el cansancio y la noche, cabe preguntarnos por su seguridad en una sociedad que los reprime y margina por ser pobres.
¿Qué le ocurrirá a un niño que vive el desamparo, la represión y la marginalidad social, la inseguridad de vida, que sufre la explotación, las violaciones y ese maldito «paco» y las drogas que los mata en seis meses? Hay que combatir a los traficantes de la muerte que está destruyendo a los jóvenes con las drogas en todos los niveles sociales, no sólo a los pobres. La pobreza no es un delito, nace de la injusticia social y la falta de redistribución de la riqueza.
Las políticas neoliberales con sus secuelas de ajustes, desindustrialización, precarización del empleo, desocupación, conformación de un estado «hood robin», que garantiza la transferencia creciente de ingresos de los pobres a los ricos, así como el desmantelamiento de políticas sociales integradoras que procuraban la justicia social, por otras focalizadas, selectivas y clientelistas de contención del conflicto social crearon un proceso de fragmentación y exclusión social. En ese contexto de anomia y desintegración de la sociedad aparecieron y crecieron diversos comportamientos delictivos principalmente en jóvenes excluidos totalmente de toda posibilidad de empleo digno y educación. El narcotráfico empezó a ocupar los espacios donde el Estado se retiraba, imponiendo sus propias reglas de terror en los territorios donde actúa.
Los chicos que mueren de hambre y enfermedades evitables y aquellos que mueren bajo las balas de delincuentes y del gatillo fácil policial revelan la continuidad de las políticas de exclusión y control social para mantener el actual modelo de concentración económica y saqueo. Aún quedan los resabios de la dictadura militar, de la policía del gatillo fácil, de las torturas en cárceles y comisarías. Frecuentemente aparece la percepción de que la policía más que combatir el delito, administra su tasa de ganancia. Basta ver las implicaciones reiteradas directas e indirectas de personal de seguridad en diversas actividades delictivas. Por eso, cuando aparecen los reclamos para otorgar mayores atribuciones de poder a la policía se refuerzan estos comportamientos de «autogestión» de ingresos y se legitima la continuidad del gatillo fácil. El pueblo debe preguntarse de qué seguridad hablamos.
Un antiguo proverbio Zen dice: «El loco corre al Este y su guardián corre al Este; ambos corren al Este pero con intenciones diferentes». Podríamos aplicarlo a las últimas manifestaciones por el tema de la seguridad. La convocatoria de Blumberg, convocó a personas principalmente de la clase media alta que priorizan en sus reclamos los problemas de seguridad ante hechos sociales delictivos. Así también familias que han sido víctimas y viven el dolor por la pérdida de un ser querido, a las cuales acompañamos y nos solidarizamos, para que ese drama no vuelva a ocurrir a ningún ser humano. Sin embargo, a diferencia de las manifestaciones anteriores en esta ocasión la convocatoria canalizó con mayor claridad la coalición política y social que acompaña al ingeniero. Los militares procesistas que reivindican la dictadura terrorista, retirados y otros en actividad, con ropa de civil, los políticos de la mano dura Patti, Ruckauf, los propagandistas del establishment Neustadt y Grondona, la guardia pretoriana de Blumberg integrada por los «sin gorra», policías sancionados por diversos delitos y separados de la fuerza por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Bs. As. Dr. León Arslanian. También sectores ultramontanos de la Iglesia católica que añoran la alianza de la cruz y la espada, así como de políticos como Macri y Lopez Murphy exponentes del neoliberalismo que aspiran a canalizar los votos del miedo para beneficio de los «mercados». Son los que presentaron la concentración en Plaza de Mayo como un «triunfo contra el gobierno». Como si esto fuera poco el dirigente piquetero Castells terminó por legitimar «¿por izquierda?» esta armada brancaleone.
Que esta derecha se exprese no sería preocupante, sino fuera por el sostén que brinda al despliegue de diversas formas de control social y represión sobre los más pobres. Entre sus propuestas Blumberg insiste en bajar la edad de imputabilidad de los menores para penalizarlos y encerrarlos en institutos y cárceles. Más del 80% de los menores internos no es por delincuencia, es por pobreza, por exclusión social, por ser víctimas de una sociedad injusta. Las cárceles son depósitos humanos, no centros de capacitación y rehabilitación. La mayoría de los presos son jóvenes.
La promocionada contramarcha encabezada por Luis D´Elia, vaciló hasta último momento en concretar una iniciativa cuyo objetivo de enfrentar la propuesta de mano dura apareció tamizada por la disputa electoral y la defensa del gobierno de Kirchner. Dicho dirigente aprovechó la convocatoria que el «Colectivo Cuidemos a nuestros Pibes» realizó en el Obelisco, a la cual personalmente y como Serpaj nos sumamos. Quiero destacar que la información periodística no fue correcta, nunca D’Elia se comunicó conmigo o con la Coalición. No se coordinó conjuntamente ningún acto.
Si bien considero que todas las fuerzas populares debemos estar alerta frente a las amenazas de esta derecha para asegurar mayor represión social, resulta lamentable que fuerzas políticas populares en este caso vinculadas al oficialismo no generen sus propias iniciativas y tengan que legitimarse y excusar sus acciones en las iniciativas del movimiento social. Ya hemos visto en diversas ocasiones intentos de aparatear iniciativas populares. Hay que señalar que la lucha por los derechos de la persona y de los pueblos presenta múltiples expresiones que lejos de debilitar fortalecen al campo popular, por eso defendemos la autonomía de cada sector y no aceptamos, ni aceptaremos aparateadas, ni la manipulación de nadie.
La iniciativa de la concentración en el Obelisco fue organizado por HIJOS, y grupos que trabajan con minoridad, bajo la Coalición «Cuidemos a nuestros Pibes».Son jóvenes con mucho coraje, decisión y humildad que quisieron expresarse en defensa de los pibes y en contra de quienes tratan de imponer políticas represivas. No pidieron palco, sonido, ni dinero; sólo pidieron a un amigo que prestó su coche y pusieron en el techo dos parlantes y un micrófono, eso bastaba para hacer escuchar su voz y decir «Si a la Vida, no a la represión». El documento leído no salió prácticamente en ningún medio.
En el Obelisco con la Coalición, salimos a defender a los chicos para que no los penalicen por ser pobres y rechazar políticas autoritarias, así como para evitar que los legisladores oficialistas que actuaron como conejos asustados, al votar el endurecimiento de penas presionados por Blumberg, vuelvan a repetir dicho comportamiento.
Hoy el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, el Dr. Raúl Zafaroni, señala que esas medidas impulsadas por Blumberg y aceptadas por el Parlamento son inconstitucionales y que hay que anularlas. ¿Tendrán los legisladores de los partidos populares el coraje y conciencia crítica para no ceder ante esta nueva ofensiva de la derecha?
En la concentración en el Obelisco participaron las Madres del Dolor, AVISE y familiares que perdieron a sus hijos por delincuentes y por la policía del gatillo fácil, que saben que esos asesinos están en libertad y gozan de impunidad; que luchan por la memoria de sus hijos y reclaman el derecho de Verdad y Justicia.
Las políticas sociales vigentes, así como las de seguridad no son suficientes en un país que fue saqueado y violentado. La violencia es estructural y esto no se resuelve con paliativos de planes, bolsones o tickets de comida, ni tampoco con medidas represivas.
Reclamamos al gobierno que avance en una urgente redistribución de ingresos y de creación de empleo genuino. Todavía se mantiene en pie las bases del modelo neoliberal y en algunos casos se profundiza con propuestas privatistas como con la actual reforma a la ley de hidrocarburos que favorece los subsidios a las petroleras y se deja que las mismas continúen llevándose la renta petrolera que podría aplicarse para el desarrollo nacional. ¿Cómo es posible que todavía no se haya aprobado la expropiación de fábricas recuperadas por sus trabajadores y la constitución de fondos de inversión para la reconversión productiva de estas empresas?
A pesar de este triste panorama, existen muchas organizaciones sociales comprometidas en desarrollar alternativas, que aunque parciales demuestran que se puede avanzar políticas de integración social y de participación popular.
Hablo desde las prácticas y la realidad concreta, el Servicio Paz y Justicia lleva muchos años de trabajo con minoridad en riesgo social; el Equipo Buenos Aires tiene el programa «Okupakalle», con guardia las 24 horas del día, con abogados, trabajadores sociales, sicólogos; coordinando con otras organizaciones y redes que trabajan con minoridad en riesgo social.
Otra área de trabajo son las «Aldeas Jóvenes para la Paz», centros educativos de formación profesional, principalmente con jóvenes raleados del sistema educativo, con quienes procuramos una toma de conciencia crítica de su realidad y de un sentido de vida y esperanza. Muchas otras organizaciones asumen su compromiso social con los chicos todos los días; los comedores barriales y las redes que trabajan con minoridad. La mejor lucha contra las redes del delito es desarrollar la organización popular en cada territorio. Volver a encontrarse con el vecino en la vereda, como antes, pero incorporando nuevos desafíos: controlar el accionar policial, asegurar los recorridos de los vecinos, mejorar la comunicación para intervenir en situaciones críticas y prepararse para una autodefensa pacífica.
Resulta urgente y central avanzar en políticas culturales, de salud, educativas y de empleo para los jóvenes pobres. Precisamos políticas de integración y no discursos que victimicen a los pobres. Como decía Carlitos Cajade. «Hay que cuidar a los chicos, no matarlos».