El pasado martes el Director general de la RTVA, Pablo Carrasco, anunciaba en el Parlamento andaluz de forma sorprendente el fin de las emisiones de canal Sur 2. Este canal público de televisión tiene como objetivo atender a sectores sociales que buscan o precisan una programación específica: jóvenes, infancia, programas de contenido cultural o de naturaleza. Decía Carrasco que era […]
El pasado martes el Director general de la RTVA, Pablo Carrasco, anunciaba en el Parlamento andaluz de forma sorprendente el fin de las emisiones de canal Sur 2. Este canal público de televisión tiene como objetivo atender a sectores sociales que buscan o precisan una programación específica: jóvenes, infancia, programas de contenido cultural o de naturaleza. Decía Carrasco que era una decisión difícil que le correspondía tomar a él como director del ente. Parece que olvida que la RTVA, Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión son empresas públicas, no un cortijo privado, cuya gestión, y aún más, cambios de este calado deben ser sometidos a un proceso de diálogo con organicaciones sindicales, sociales y políticas a fin de definir un futuro que debe ir más allá de lo que pueda ver o creer un director general. Este anuncio ha levantado diferentes opiniones sobre la viabilidad o la necesidad de un segundo canal andaluz, opiniones a favor y en contra, muchas interesadas, desinformadas y promovidas desde el sector audiovisual privado (en primera y última instancia el principal beneficiario del repliege de la televisión pública).
El cierre del segundo canal de la radiotelevisión pública andaluza viene precedido por una serie de decisiones que han ido preparando el terreno para medidas traumáticas como la anunciada ayer. El anuncio de venta de los inmuebles que alojan las sedes provinciales -para alquilarlos de nuevo posteriormente- y de las acciones participadas en otras empresas, el despido de trabajadores, la continua externalización de programas o servicios técnicos han puesto a la televisión autonómica en el centro de mira durante los últimos meses. Obviamente, en plena crisis sistémica, ni acciones ni inmuebles han sido comprados. A esto hay que unir una errática programación, en ocasiones llena de tópicos, que han ido desfigurando el papel divulgativo y formativo que debe tener un medio público. Todo es fruto de una gestión que muchos entendemos nefasta pero que no debe sorprendernos. A estas alturas nadie duda que Pablo Carrasco (el «servidor público» mejor pagado de Andalucía, con un sueldo que duplica al del Presidente de la Junta), no tenga preparado un retiro dorado en el sector privado de donde proviene. Se admiten apuestas.
La televisión y la radio andaluza han jugado un importante papel de vertebración social y territorial durante más de dos décadas y ha sido una herramienta de primer orden en la construcción de la autonomía andaluza. El papel jugado, aunque a distinta escala, ha sido parecido al de TVE durante la implantación de la democracia. A pesar de que nos guste más o menos su programación y de que ésta se sepa adaptar mejor o peor a los nuevos tiempos, Canal Sur es un referente de información o entretenimiento para amplios sectores de la población andaluza. El retetroceso de la televisión pública y la desaparición de un segundo canal alternativo deja paso a una mayor concentración de medios en manos privadas, tanto en su capacidad para crear opinión en beneficio de intereses concretos como en el reparto de la escasa tarta publicitaria.
Desde hace demasiado tiempo las/os trabajadoras/es de la radiotelevisión pública venimos denunciando todas estas cuestiones, defendiendo una RTVA pública como parte estratégica del sector público andaluz y planteando que otra radiotelevisión es posible, desterrando tópicos y aprovechando el potencial creativo de su plantilla. Para esto es necesario además que se garantice y promocione el derecho de acceso del conjunto de la ciudadanía a la radiotelevisión andaluza de forma que la sociedad civil, colectivos de toda índole, asociaciones de consumidores, inmigrantes, sindicatos, etc. vean en la RTVA un medio útil para el reflejo de la pluralidad y la riqueza que conforman la sociedad andaluza. Es necesario y urgente el compromiso político claro e inequívoco en este sentido para garantizar el servicio público encomendado en el Estatuto de Autonomía andaluza.
Cuando el negocio de la crisis acabe -si es que acaba o no lo impedimos- los trabajadores habrán dejado por el camino derechos conquistados durante décadas, la sociedad en su conjunto carecerá de servicios públicos que les garantice salud, educación, información, movilidad. Servicios necesarios para una socieded formada, libre y crítica con los poderes económicos. Eso es lo que está en juego y a ese propósito, por anecdótico que parezca, benefician medidas como la eliminación de un canal público de televisión.
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