El fiscal que investiga el atentado explosivo contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que murieron 85 personas y hubo 300 heridos el 18 de julio de 1994, acusó este miércoles a Irán y al grupo fundamentalista Hezbollah por el ataque y pidió la captura internacional del ex presidente Alí Akbar Hashemi Rafjansani […]
El fiscal que investiga el atentado explosivo contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que murieron 85 personas y hubo 300 heridos el 18 de julio de 1994, acusó este miércoles a Irán y al grupo fundamentalista Hezbollah por el ataque y pidió la captura internacional del ex presidente Alí Akbar Hashemi Rafjansani y de siete ex funcionarios de la república islámica.
El juez Rodolfo Canicoba Corral, quien atiende el caso, considerado el mayor atentado contra la comunidad judía después de la Segunda Guerra Mundial, deberá decidir ahora si cursa las órdenes de arresto.
«Hemos acreditado que la orden de atentar el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA (…) fue una decisión tomada por las más altas autoridades del entonces gobierno de la república islámica de Irán», dijo el fiscal Alberto Nisman, durante una conferencia de prensa.
Los autores de la explosión que derrumbó el edificio de la AMIA en pleno centro de Buenos Aires nunca fueron encontrados y la gigantesca pesquisa que se montó para esclarecer el atentado, enfocada fundamentalmente en la llamada conexión local, concluyó en 2004 sin condenas por irregularidades en el proceso.
El juez Juan Galeano, quien tenía en sus manos esa investigación -luego fue destituido por esas irregularidades-, ya había pedido el arresto internacional de 12 ciudadanos iraníes, algunos de los cuales fueron reiterados en esta solicitud.
Según el fiscal Nisman, el ex mandatario iraní Alí Akbar Hashemi Rafsanjani y otros ex funcionarios de su gobierno islámico encargaron el ataque explosivo a la guerrilla libanesa radical Hezbollah, durante una reunión realizada en 1993 en la ciudad de Mashad.
El dictamen de unas 800 fojas ratifica la teoría según la cual la sede de la AMIA fue volada por un coche bomba cargado con entre 300 y 400 kilos de explosivos y conducido por el ciudadano libanés Ibrahim Hussein Berro, muerto en el ataque.
La versión fue rechazada en abril de 2005 ante una fiscalía de Estados Unidos por dos hermanos del supuesto suicida, quienes aseguraron que Berro murió en combate el 9 de septiembre de 1994.
La justicia argentina ha relacionado a Irán con esa matanza en reiteradas ocasiones, acusación que fue rechazada por la república islámica.
Después de conocerse la presentación del fiscal Nisman, los familiares y amigos de las víctimas del atentado dinamitero divulgaron un comunicado en que pidieron al juez que solicite las capturas y al gobierno argentino «que adopte todas las acciones diplomáticas y de persecución y captura internacional de los sospechosos».
El ataque a la AMIA se produjo dos años después de que otra bomba destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires, lo que dejó 29 muertos, un brutal episodio que tampoco fue esclarecido por las autoridades de la época.
De acuerdo con el escrito del fiscal, al que Reuters tuvo acceso, Argentina fue blanco del ataque por la decisión de Buenos Aires de suspender un contrato de provisión de material y tecnología nuclear a Irán.
Las dos sangrientas explosiones se produjeron durante la primera presidencia de Carlos Menem (1989-1999), quien hace dos años vinculó el atentado con su decisión de apoyar a Estados Unidos en la guerra del golfo Pérsico y a una visita que realizó a Israel durante su mandato.