La denuncia fue formulada por uno de los detenidos, quien logró probar que ni siquiera se encontraba en aquella ciudad cuando ocurrieron los hechos por los que fue detenido
La causa judicial iniciada por la pueblada de Corral de Bustos, continúa mostrando un largo rosario de circunstancias que debieran erradicarse en cualquier sistema judicial que pretenda buscar la verdad real. Por estos días un procesado por los hechos del 4 de diciembre de 2006, de acusado pasó a ser acusador de aquellos que le apuntaron seriamente en el caso del incendio de los Tribunales.
Se trata del camionero Héctor Osvaldo Romani, quien denunció, ante la fiscalía de Bell Ville, a los empleados del Tribunal de Corral de Bustos Rosana Andrea Tombeta, Paola Minetti, Ariel Alberto Nistal y Luciano Antonio Sopranzi, junto al policía Elías Mauricio Mielgo. Estas personas habrían declarado que Romani era cliente del abogado llamado Anonne, había golpeado a sus tres hijos y en momentos del incendio del edificio de Tribunales se encontraba en el lugar liderando acciones. También dijeron que junto al periodista Pasquini y el abogado Barbero, actualmente detenidos por la pueblada, se reían de los empleados de Tribunales y que los provocaban para producir una reacción de ellos.
Pero resulta que Romani, quien estuvo 11 días preso por su supuesta participación en el incendio de Tribunales, logró su libertad a partir de presentar testimonios y una carta de porte demostrando que cuando se produjo la revuelta en Corral de Bustos se encontraba, trabajando como camionero en Puerto de Punta Alvear, a cientos de kilómetros del lugar.
En la denuncia, presentada por quien fuera acusado de realizar cosas en un lugar, encontrándose en otro, se detallan datos que permiten intuir algunas posibles conexiones entre los testimonios falsos y las razones que empujaron a decir algo que no fue. Romani, con el patrocinio del abogado Víctor Barbero, el 7 de noviembre de 2006 había denunciado al juez sustituto de Corral de Bustos, Jorge Omar Farías, acusándolo por el secuestro de sus tres hijos. En esa misma fecha también solicitó, en la Legislatura provincial, el jury a este juez que se encontraba al frente del Tribunal de Corral de Bustos cuando sucedió la pueblada.
En su denuncia Romani ha pedido que se libre oficio al Consejo de la Magistratura de la provincia para que remita los datos del examen que, como aspirante a Juez, Jorge Farías rindió el 18 de mayo de 2006. En esa circunstancia quien sería nombrado juez sustituto no pudo superar la instancia escrita para realizar la parte oral.
Por otra parte Romani aporta el acta de la restitución de sus hijos firmada por la Comisaria Viviana Gramajo. En el documento se señala que los niños fueron regresados junto a su padre por disposición de la Secretaría de Control de Menores y Faltas del Juzgado de Competencia Múltiples de Corral de Bustos, a cargo de la ahora denunciada Rosana Tombeta, luego que el médico A. Candelero constatara el perfecto estado de salud de los menores. Esto sucedió luego que el juez retirara los chicos y pocos días antes que Romani y su abogado lo denunciaran por haberlos secuestrados.
Pero no fue esta la única vez que un juez de Corral de Bustos ha sido denunciado por el secuestro de niños. Tiempo antes, el juez Sergio Segura, fue acusado de excederse en sus funciones por la detención ilegítima de tres menores el 24 de julio del 2000. En esa oportunidad la denuncia había sido presentada por Luciana Patricia Silva con el patrocinio de la abogada Graciela de Lourdes Díaz.
La denuncia por no haber testimoniado con la verdad que presenta Romani, adquiere una trascendencia enorme al acusar a miembros del Poder Judicial. Pero, como podrá verse a partir del caso de Segura, el conflicto entre quienes estaban encargados del servicio de justicia en Corral de Bustos y la sociedad del lugar, parece venir desde hace mucho tiempo.