De esta manera, la situación de televisiones locales como Tele K ha variado sustancialmente, y no se verán obligadas a cerrar este fin de semana tal y como estaba previsto, ya que la legislación vigente obliga al cese de las emisiones en seis meses en caso de no ser adjudicatario de licencia en el correspodiente […]
De esta manera, la situación de televisiones locales como Tele K ha variado sustancialmente, y no se verán obligadas a cerrar este fin de semana tal y como estaba previsto, ya que la legislación vigente obliga al cese de las emisiones en seis meses en caso de no ser adjudicatario de licencia en el correspodiente concurso de TDT local.
La admisión a trámite de ese recurso, ante los indicios de las supuestas ilegalidades llevadas a cabo por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, tiene como primera consecuencia que las televisiones locales podrán seguir emitiendo con total seguridad jurídica hasta que se dé un fallo definitivo en todo el proceso. Según Francisco Pérez, director general de Tele K, el proceso judicial se puede extender dos ó tres años, tiempo durante el cual tele K y algunas otras podrán seguir emitiendo amparadas en la legislación vigente.
No se trata sólo de lo que tarde en producirse la resolución del caso, sino de que una vez que se conozca la sentencia, la parte perdedora la recurrirá (bien las televisiones locales, en caso de no declararse culpable a la Comunidad de haber cometido ilegalidades, o bien la Comunidad de Madrid, intentando demostrar su inocencia y transparencia en las concesiones), alargando así el proceso algún que otro año.
Esta situación es radicalmente opuesta a la de hace unos días y que el diario ABC publicaba recientemente, lo que Francisco Pérez ha tachado de información «interesada».
Como ya publicó Mundoplus.tv el pasado mes de octubre, Tele K denunciaba algunas supuestas ilegalidades cometidas por el ejecutivo de Esperanza Aguirre, como el hecho de que una misma empresa haya obtenido licencia en todas las demarcaciones de la Comunidad de Madrid (caso de Televisión Digital de Madrid SLU., propiedad de Enrique Cerezo), o de que haya accionariados comunes en concesionarios de una misma demarcación (como ocurre con Libertad Digital TV y Homo Virtualis, ambas con Libertad Digital S.A. en su accionariado y licencia en la capital).
El G-9, la Organización de Asociaciones de Televisiones Locales que agrupa cerca de 400 emisoras de televisión de proximidad de todo el país, quiere que la Ley General Audiovisual reconozca los derechos de las televisiones locales que emiten desde 1995 o fechas anteriores, representadas en la Disposición Transitoria primera de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de televisión local por ondas terrestres. La Ley se tramitará el mes que viene en el Congreso y el G-9 quiere crear presión para que los derechos de las televisiones más antiguas queden reflejasen la nueva ley. De esta manera, se reservarían automáticamente nuevas frecuencias para las televisiones locales que operan desde 1995 o fecha anterior, igual que sucede en los casos de las televisiones nacionales y autonómicas.
Francisco Pérez es optimista y ha declarado que «Tele K se tiene que preparar para el futuro digital, debemos funcionar con una licencia que nos hemos ganado, ya que la televisión local que dirijo, en emisión desde 1993, es la única reconocida como anterior a la Disposición Transitoria dentro de la Comunidad de Madrid, por lo que sería tan sólo ella quien podría obtener una licencia automáticamente en caso de alcanzarse ese objetivo.
Doble actuación por parte de Tele K
Tele K, además de presentar un recurso-administrativo contra la concesión de licencias (recurso admitido a trámite) ha pedido además la suspensión cautelar del concurso, algo sobre lo que aún no se ha pronunciado la Administración. Si se aprobara esta medida, quedaría paralizado todo el proceso posterior a la resolución del concurso: las nuevas concesionarias digitales no podrían emitir y las antiguas televisiones locales analógicas podrían seguir operando con normalidad. Tele K estima que lo ideal sería tener respuesta antes del 6 de febrero en esta cuestión, evitando o así que algunas televisiones locales tengan que cerrar.
«Se han escudado en un concurso para darle las licencias» a empresas y personas «asociadas y afines al Partido Popular», ha expresado Francisco Pérez, vulnerando la Ley de Televisión Local, la Ley de Contenidos Audiovisuales de la Comunidad de Madrid, las propias bases del concurso y la Constitución Española.
Canal 33 ya cesó sus emisiones y Localia pide la suspensión cautelar de su fin legal de emisiones
A día de hoy, tan sólo Canal 33 ha cesado sus emisiones, debido fundamentalmente a que La Sexta, el nuevo canal nacional adjudicado por el Gobierno Central el pasado mes de noviembre, está emitiendo por la misma frecuencia que utilizaba la televisión local, haciedo imposible su recepción.
Por otra parte, Localia interpuso hace días un recurso de amparo judicial en demada de medidas cuatelares que eviten el fin de emisiones por imperativo legal de las emisoras de Localia en la Comunidad de Madrid, previsto para el próximo día 5. La resolución del concurso madrileño fue recurrida en su día por la televisión de Pretesa, pero esa medida no paralizaba la aplicación legal del final de emisiones. Sin embargo, ha sido presentado un nuevo recurso, en este caso de amparo, en petición de «medidas cautelares que paralicen» efectivamente la ejecución de la normativa argumentando la no emisión de los informes que avalaban la resolución del citado concurso por parte de la Comunidad ante las peticiones de Localia.