En la ciudad de Córdoba, dos organizaciones presentaron amparos para exigir que se suspenda el uso de agrotóxicos y se apliquen penas a quienes violan las leyes. La justicia deberá resolver sobre decenas de reclamos realizados por vecinos y comunidades que pugnan por sus derechos a la salud y el respeto al medio ambiente. El […]
En la ciudad de Córdoba, dos organizaciones presentaron amparos para exigir que se suspenda el uso de agrotóxicos y se apliquen penas a quienes violan las leyes. La justicia deberá resolver sobre decenas de reclamos realizados por vecinos y comunidades que pugnan por sus derechos a la salud y el respeto al medio ambiente.
El Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLYMA-CTA) y la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV) realizaron sendas presentaciones ante la justicia. Eduardo Ahamendaburu, presidente del Islyma, solicita la «inmediata suspensión de la comercialización y utilización por cualquier medio de los productos glifosato y endosulfán, hasta tanto se expida la Comisión Nacional de Investigación creada por decreto 21/09 del Poder Ejecutivo Nacional» y que se «suspenda por el mismo período la comercialización de todo producto tratado con dichos químicos». (1)
Por su parte, un grupo de vecinos acompañados por la CCoDAV realizaron una denuncia penal por envenenamiento. Manifiestan que miles de vecinos beben agua contaminada. A través del canal a cielo abierto «Los Molinos», rodeado de sembradíos de soja transgénica, una lluvia de agrotóxicos arrojadas desde avionetas, mosquitos y mochilas, ingresa a los hogares de 450 mil habitantes de la zona sur de esta capital. El conducto, cuya extensión es de 64 kilómetros, desemboca en la planta potabilizadora, ubicada en la comuna de Bouwer y que abastece a populosos barrios de la capital.
Sobre esta cuestión, Gustavo Spedale, referente de la CCoDAV, explica que «la voracidad empresarial hizo que se utilizara un canal de riego que nunca se entubó porque es una obra costosa para las empresas, que priorizan la rentabilidad».
Los denunciantes responsabilizan a la empresa concesionaria Aguas Cordobesas, propiedad del Grupo Suez-Roggio, a los Gobiernos municipal y provincial, a los dueños de campos y fumigadores y piden que sean procesados en los términos del capítulo V del Código Penal que castiga a quienes cometen «delitos en contra de la salud pública, el envenenamiento y adulteración de aguas potables o alimentos o medicinas».
Desde hace unos años, diversas organizaciones denuncian que el modelo de producción agropecuaria basado en los agronegocios los enferma y mata. No sólo despojan a los campesinos de sus tierras, sino que además destruyen los bosques nativos para ampliar la frontera agropecuaria y sembrar soja. En este caso, la frontera llega a dos metros del conducto Los Molinos.
La empresa concesionaria, Aguas Cordobesas, negó la acusación a través de los medios de comunicación. Por el contrario, afirma que el agua que comercializan es «apta consumo humano» pero no se realizan análisis de control específicos sobre el contenido de agrotóxicos.
Para la CCoDAV, los gobiernos provincial y municipal, no ejercen el control correspondiente. De este modo, la concesionaria y el Estado estarían incurriendo en forma continuada, según el Cap. IV del Código Penal Argentino, en delitos contra la salud pública. Entonces, entienden que se estaría configurando una posible catástrofe sanitaria y genocidio sobre los habitantes de populosos barrios de la Zona Sur, por empresas transnacionales (Suez – Roggio, Monsanto y otras). (2)
La bolsa o la vida
A partir del alto impacto mediático que produjo la decisión de la justicia en relación a la problemática que, desde fines de 2001, viene denunciando el Grupo de Madres de Barrio Ituzaingo Anexo, se logró poner en agenda el problema de las fumigaciones y sus consecuencias sobre la salud de miles de habitantes.
En ese sentido, la investigación realizada por el científico Andrés Carrasco y su equipo sobre el efecto del glifosato en el desarrollo embrionario de anfibios es contundente: el herbicida aún en cantidades pequeñas produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas en embriones (3). Aunque, desde diferentes sectores, incluida la academia, relativizaron esos resultados.
La voz de Monsanto apareció con fuerza desde los suplementos del campo de los grandes diarios, especialmente los del Grupo Clarín. Sin embargo, el efecto fue contrario porque empujó a otros sectores como la Asociación de Abogados Ambientalistas de Buenos Aires, al Grupo de Reflexión Rural, y a numerosos ciudadanos que viven en los pueblos fumigados, a reclamar ante la justicia la prohibición del uso de agrotóxicos.
«Así como de una gran tragedia, la epidemia de fiebre amarilla de 1863, nació una empresa pública de agua, ahora se necesita hacer un reordenamiento territorial, acompañado de una movilización popular que lo haga cumplir», afirmó Spedale. De igual manera – después de los hechos de Tartagal-, se debería actuar en relación a la ley de Bosques integrando a las asambleas, movimientos campesinos y otras organizaciones ambientales que trabajan en la problemática.
Voraces
Los modos de acumulación de un capitalismo salvaje reviven aquél modelo colonial. América Latina, entonces, aparece otra vez presa del saqueo. La depredación ocasionada por la tala, los agrotóxicos, las explotaciones mineras y la instalación de pasteras extranjeras que cambian materia prima por desechos, matan.
En este esquema, el patrimonio de los bienes comunes es entregado a manos extranjeras. Sobre este punto, Adrián Scribano, director del Programa de Estudios sobre Conflicto Social y Acción Colectiva, destaca que lo extranjero es un sinónimo de usurpación injusta. «Esa apropiación indebida, es el plusvalor de los bienes comunes, que ni las regalías, ni los permisos, ni la forma de distribuir beneficios y riesgos que generan tales emprendimientos, tiene alguna participación la ciudadanía y la comunidad» (…) «Esto incluye una tercera vía donde la fantasía colonial del progreso lo engancha a una sociedad local en una forma narrativa que ocluye e impide ver que ellos nunca van a poder subirse a ese progreso de la minería, la deforestación, etc.»
Para Horacio Machado, docente-investigador e integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), «quienes tienen clara conciencia de este ‘saqueo a gran escala’ son, paradójicamente para el sentido común dominante, las poblaciones históricamente estigmatizadas como ‘atrasadas’, los pueblos originarios y las comunidades campesinas que a lo largo de sucesivas generaciones con-vivieron con el monte, administrando la ‘vida’ en su diversidad en una perspectiva de ‘sustentabilidad real’, que es la del largo plazo de los ciclos de vida».
Sobre las limitaciones de los Estados ante estas políticas, Machado explica que -incluso dentro de la retórica antineoliberal que caracteriza a los gobiernos latinoamericanos identificados como ‘progresistas’- no han modificado en absoluto estas «políticas del saqueo» instaladas en los ’90; por el contrario, «se siguen apoyando en un modelo primario-exportador que no es ambientalmente sustentable y que es engañosamente ‘redistributivo'».
Algunos gobiernos presentados como los más radicales -el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador-, igual que algunas posturas críticas al kirchnerismo en el país -como el Proyecto Sur- «avanzan un poco más en términos de poner límites a la extranjerización de la economía y pugnan por la nacionalización y el control estatal de los recursos, pero esto es a todas luces insuficiente cuando no se desmonte el paradigma extractivo» aclara.
De parche en parche
Decenas de amparos y denuncias por incumplimiento de las leyes existentes esperan resolución por parte de la justicia. Aquí la discusión se amplia entre la posibilidad de encontrar con instrumentos legales para poder formalizar las denuncias y las imposibilidad de canalizarlas y que se hagan efectivas.
Específicamente, sobre las problemáticas de la contaminación por agrotóxicos, el ingeniero agrónomo y especialista en genética, Alberto Lapolla aclara que si bien «el uso de herbicidas debe reducirse no se podrá de un día para el otro impedir que 17 millones de hectáreas con soja Round up Ready bajen a cero, de un solo golpe» (4).
En esa línea, Lapolla quien fue uno de los primeros en advertir sobre los riesgos del modelo, opina que es posible hacerlo pero de manera gradual. Medidas como la prohibición de fumigaciones aéreas con glifosato y endosulfán, la manipulación de sustancias sin protección, no permitir el ingreso de «mosquitos» en rutas, ciudades y pueblos; prohibir las fumigaciones sobre lagos, lagunas y cursos de agua «deberían ser considerados delitos contra la salud y recibir penas de prisión.» Igualmente, plantea dentro de las posibilidades «no permitir el reuso de los envases, y planear un retiro progresivo de hasta cinco años para salir del monocultivo».
Pero la justicia también tiene dificultades para resolver estos problemas. Cecilia Carrizo, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante de Paren de Fumigar, explica que «la administración de justicia cordobesa, no dispone de fiscalías ambientales y los fiscales no están capacitados ni tienen recursos para investigar. El delito de contaminación no posee una estructura que garantice su sanción, mucho menos los derechos constitucionales a la salud y el ambiente».
Desde la óptica de María Elba Martínez, asesora y abogada de las Madres de Ituzaingó, se pone el acento en las cuestiones de la legislación y aclara que «este es el momento para modificar la estructura del derecho, desde la teoría». Igualmente, destaca que existe legislación y jurisprudencia y advierte que, aún cuando se tocan «grandes intereses», es posible juzgar a una transnacional como Monsanto. Tras valorar otros caminos para la lucha como el parlamentario, subrayó que es necesario trabajar de manera interdisciplinaria.
NOTAS
(1) Eduardo Ahamendaburu señala que la solicitud se basa en «los términos de los artículos 41 a 43 incluido de la Constitución Nacional; de los artículos 11, 19, 20, 52, 53, 59, 66 y 68 de la Constitución Provincial; el artículo 2 de la ley Provincial 7343 y de los artículos 1 a 6 incluido, y 30 de la Ley Nacional 25675».
(2) Precisamente, el artículo 200 expresa que: «Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión».
(3) http://www.prensared.com.ar/indexmain.php?lnk=1&mnu=12&idnota=5557
(4) Revista Proyección, agosto 2009.
Ximena Cabral y Katy García son periodistas